La entrada Parece increíble pero resulta cierto: Denuncian que en la cadena de la naranja, el único que no tiene ganancias es quien produce la fruta se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El análisis efectuado, que se realizó durante los últimos tres meses de 2021, tomó en cuenta el recorrido de la naranja desde su producción en la localidad enterriana de Chajarí –provincia que concentra el mayor porcentaje productores-, hasta su comercialización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De los 69,8 pesos en los que se vendió el kilo de cítrico dulce en CABA –precio promedio de noviembre 2021-, el 21,1% corresponde a ganancias ($14,7); el 36.8% a costos ($25,7) y el 42,1% restante a impuestos y otras tasas ($29,4).
Ahora bien, respecto a las ganancias netas, sólo tres de los cuatro eslabones que conforman la cadena lograron alguna. El galpón de empaque obtuvo 1 peso, el mayorista 5,7 pesos y el minorista 8,1 pesos. El productor fue el único que no registró ganancias, a diferencia del 2020 en donde obtuvo el 3,9% de ganancia neta respecto al precio de venta final.
Así, el estudio evidenció que los eslabones que generan valor agregado (producción y empaque) sólo explican el 13% del precio final del cítrico dulce.
“Un productor que no tiene ganancias, pese a haber invertido y arriesgado a cielo abierto, no está en condiciones de aumentar su productividad ni reconvertir. Al no ser sustentable en el tiempo, a mediano o largo plazo, es un productor que tiende a desaparecer”, afirmó Eduardo Rodríguez, director del sector de Economías Regionales de CAME.
Por otro lado, la presión tributaria del Estado, en todos sus niveles, creció en casi cuatro puntos respecto al 2020, pasando de 38,3% a 42,1%.
Según indicó CAME, por año el sector citrícola destina al menos 500.000 toneladas anuales de fruta al mercado interno. En el caso particular de las naranjas, el país cuenta aproximadamente con 46.000 hectáreas productivas, distribuidas entre las provincias de Entre Ríos (con más de 1.780 productores), Corrientes (con más de 980 productores) y Misiones (con más de 220).
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]]>La entrada CAME advierte que ya no hay más margen para seguir aumentando impuestos provinciales se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En ese marco, los representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), advirtieron que las “pymes no soportan más tributos provinciales”.
“Estamos convencidos de que, a partir del crecimiento de las pymes existentes, y con la generación de nuevas empresas en todo el país, saldremos adelante, creando empleo y dinamizando las economías locales. Para lograrlo, quienes impulsamos el sector productivo pyme nacional necesitamos estabilidad fiscal y desarrollo federal”, indicó CAME por medio de un comunicado.
Los representantes de las Pymes argentinas solicitaron que se reduzca progresivamente la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos en un plazo no mayor a tres años para toda empresa calificada como micro, pequeña y mediana (tramo I).
Suspender por 180 días todo régimen de retención y/o percepción, hasta tanto una comisión arbitral establezca un sistema claro y uniforme que evite la apropiación indebida de base imponible al cobrar impuestos que no corresponden. Y solicitaron crear una cuenta corriente única que permita que la retención y/o percepción indebida realizada por una provincia pueda ser tomada por el contribuyente en la provincia que corresponde.
Además, requirieron uniformar los requisitos para la obtención de certificados de no retención y/o percepción, evitando así que “algunas provincias establezcan requisitos de imposible cumplimiento para las Pymes”, además de la devolución automática de saldos a favor generados a través de la cuenta corriente única.
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]]>La entrada Alberto prometió que los trabajadores rurales no perderían sus planes sociales, pero la gente no cree y vuelve a quedar fruta tirada por falta de mano de obra se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Pero al parecer un decreto no alcanza para modificar comportamientos sociales ni pautas culturales, y mucho menos en un país en el cual cerca de la mitad de la población es pobre y percibe esos beneficios sociales desde hace años. La población más vulnerable sigue temiendo perder esos ingresos por aceptar un trabajo formal.
Jorge Pazos, del área economías regionales de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), dijo que este tipo de producciones zafreras demandan anualmente de 600 mil trabajadores y que -bien entrada la primavera- está faltando nuevamente la mano de obra en actividades que ingresaron en época de cosecha.
“No conseguimos personal para las cosechas de cítricos, de té, de arándanos y pronto arranca la de cerezas. Lo cierto es que la medida (de la complementariedad de ingresos) no llega a los trabajadores por temor a perder los beneficios y eso hace que estemos en serias dificultades para conseguir mano de obra”, indicó el directivo.
El dirigente de CAME aclaró no están en contra de la continuidad de los planes sociales ni nada parecido. Consideró que el problema actual está en la comunicación y en la falta de confianza de los trabajadores.
“Antes del decreto hubo casos de trabajadores que se desacoplaron de los planes para formalizarse y luego cuando quisieron volver a cobrar el plan tardaron mucho tiempo en ser incluidos. Eso no alienta la formalización y terminan percibiendo que a los planes como beneficios mayores al de trabajar”, explicó Pazos.
Por otro lado, consideró que “desde hace tres generaciones se viene perdiendo la cultura del trabajo. Es un tema cultural que llevará tiempo revertir”.
Pero las cosechas no entienden de los tiempos políticos ni sociales y así se estima que mucha fruta podría volver a quedar tiradas en las chacras por la falta del personal necesario para su recolección. Este año ya quedaron, por ejemplo, naranjas en el suelo en muchos campos citrícolas, al tiempo que la gente se quedaba sin trabajo.
En tal sentido, el productor entrerriano Víctor Hugo Pezzellato confirmó que están quedando cítricos sin levantar del campo: “Sucede porque no se consigue personal, no se completan las cuadrillas. Además estamos en la temporada del arándanos así que la poca gente que hay se reparte entre las dos actividades”, indicó desde el Noreste de Entre Ríos.
Al respecto, confirmó Pazos: “Hoy no conseguimos gente para trabajar. Evidentemente el instrumento pensado para la gente más necesitada atenta contra la actividad privada, que requiere del recurso humano para llevar adelante su trabajo y el funcionamiento de las empresas. Necesitamos que el Estado recree la cultura productiva porque estas actividades dan trabajo y generan fuentes de divisas, ya que en su mayoría están vinculadas a la exportación”.
El dirigente señaló que es necesario difundir que los planes sociales son compatibles con el empleo formal y “defender el trabajo como forma de vida y que no sea a través de los planes”.
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]]>La entrada CAME también pide ser parte del Consejo Directivo del INTA en representación de las economías regionales se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Primero fue el turno de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid). Y ahora también solicitó el mismo trato la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que reúne a cientos de entidades representativas de producciones regionales (desde la miel y el arroz hasta la horticultura, la cría de búfalos y la producción de alimentos orgánicos, por citar unos pocos ejemplos).
“Hace once años que esta entidad gremial empresaria representa a pequeños y medianos productores y, en su nombre, reclama ser parte del Consejo Directivo del INTA”, señaló hoy CAME por medio de un comunicado.
“Según el Censo Nacional Agropecuario 2018, el segmento denominado ‘Economías Regionales’ representa a más del 63% de las explotaciones agropecuarias de nuestro país, por lo que comenzar a considerarlo es una necesidad estratégica al momento de diseñar políticas de desarrollo productivo tanto regional como nacional”, argumentó.
Desde ya, las autoridades de CAME rechazaron la iniciativa de excluir del máximo órgano de decisión del INTA a las entidades agropecuarias y al sector académico, pero decidió “llevar la discusión hacia otro nivel: ampliar la representación vigente, considerando los cambios que presentó la estructura socioproductiva desde la fecha de creación del INTA, en el año 1956, y visibilizando a los nuevos actores sociales agropecuarios”.
“La activa participación del sector privado ha sido fundamental para que este organismo con más de 60 años de historia haya superado los diversos contextos políticos y económicos. Mirar para otro lado en vez de sumar nuevas miradas es actuar en desmedro del desarrollo equitativo de todas las regiones del país, a través de la producción primaria y/o la agroindustria”, añadió.
El decreto 287/1986 del presidente Raúl Alfonsín estableció la obligación de integrar el Consejo Directivo del INTA con un total de diez consejeros, de los cuales cinco deben ser designados por CREA, Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA).
Además de los cinco integrantes de la producción, el Consejo Directivo del INTA está integrado por el presidente y vicepresidente del organismo –designados por el Poder Ejecutivo nacional–, un representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y dos representantes del ámbito académico (un decano por las facultades de agronomía y el otro por las de veterinaria).
El hecho de que se definiera que los productores debían ocupar la mitad del órgano principal de gobierno del INTA no es casual, sino que se hizo así, precisamente, para que las políticas del organismo surgiesen a partir de consensos logrados con el acuerdo de los usuarios finales de los servicios del INTA.
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]]>La entrada Desde el miércoles los trabajadores temporales del campo deberían poder cobrar su salario sin perder por eso los planes sociales se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>¿Y esto que quiere decir? Que los trabajadoresdel agro argentino podrán ser contratados en blanco por cierto lapso de tiempo sin que por ello la ANSES les dé de baja los subsidios sociales que cobran, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el plan Argentina Trabaja.
A pesar de que se habían presentado en el Congreso numerosas iniciativas para resolver esta problemática de la incompatibilidad que existía hasta ahora, la presión de las cámaras empresarias y los serios problemas para encontrar mano de obra disponible en las provincias agilizó el trámite y Alberto Fernández terminó por nuclear dichas propuestas en un decreto presidencial.
Dicha medida plantea una solución a la falta de mano de obra rural para actividades zafreras, provocada por el temor de los cosecheros de tomar trabajo registrado. Hasta ahora, si axceptaban ser contratados de modo legal por una empresa privada se les suspendían beneficios como la AUH.
¿Pero se podrán superponer los ingresos desde el 1° de septiembre, como dice el decreto? Marcos Williams Prim, director nacional del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), indicó a Bichos de Campo que desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial se encuentran trabajando junto al Ministerio de Trabajado para hacer operativa la medida.
“Estamos trabajando a contrarreloj desde ese día para ajustar los detalles relacionados al ANSES, a la AFIP y al Ministerio en sí, principalmente para compatibilizar los sistemas informáticos que son los que permiten dar de alta un trabajador y hacer realidad la continuidad de los planes”, dijo.
Por otro lado explicó que desde las distintas delegaciones de RENATRE se ha iniciado un trabajo con las provincias y municipios para que se acojan a la nueva mecánica, de modo que quien acepte trabajar en el campo no pierda subsidios de índole provincial. “Estamos difundiendo todo esto porque lo importante, entre otras cosas, es que tanto el trabajador como los productores rurales sepan que pueden a partir de ahora contratar en blanco a las personas y que no se perderán los planes si los regularizan”.
En ese sentido, Pablo Vernengo, del área de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) –una de las entidades que más trabajó sobre esta problemática- señaló a Bichos de Campo que planean realizar “una comunicación masiva a través de radios locales para informar a los trabajadores golondrina que está este beneficio. Hay trabajadores que no están enterados y no lo podrán usar en la próxima cosecha”.
“Tenemos que difundir esto que se ha logrado a pedido de CAME. Esperemos por el bien de todos que se llegue con la fecha porque están en juego las próximas cosechas del período 2021/2022”, agregó el director de esa entidad.
El decreto, que entrará en vigencia pasado mañana, tendrá en principio una vigencia de dos años.
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]]>La entrada Alberto no lo debe poder creer: Trabajadores y empresarios lo felicitan por haber tomado una medida se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Ahora Alberto debe estar pellizcándose porque no lo debe poder creer: la m3edida no fue criticada por nadie y por el contrario fue felicitado por tomarla de los dos costados, por trabajadores y empleadores. Es una gran prueba de que una decisión así se necesitaba, en serio.
Por un lado, el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, expresó la “profunda satisfacción” del gremio por los anuncios. “Hace años que venimos planteando la dificultad o el dilema que enfrentaban los compañeros y compañeras, titulares de planes sociales, de incorporarse a la actividad laboral temporaria y perder ese beneficio si el empleador los registraba”, explicó el gremialista.
Que, luego, exageró un poco al definir la medida como “un claro hecho de justicia social que implementa nuestro presidente y que respaldamos con toda nuestra fuerza”. Justicia social sería que no hubiera necesidad de planes sociales, y que los trabajos rurales sean pagados con salarios dignos.
Por otro lado, la entidad que más impulsó la posibilidad de que se acumulen los planes sociales con los ingresos de las cosechas, fue la CAME. “El reclamo por la falta de disponibilidad de mano de obra para la realización de tareas temporales por temor a perder los beneficios sociales, fue visibilizado en reiteradas oportunidades por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y sus entidades adheridas”, recordó esa entidad, al saludar la definición presidencial.
“El anuncio se anticipa al inicio de la temporada de cosecha 2021/22 de varios cultivos y se transforma en un guiño positivo no sólo hacia los productores agropecuarios pymes, quienes sentirán alivio frente a una problemática que ya se tradujo en la pérdida de entre un 25% y un 50% de la producción total, sino también hacia los sectores más vulnerables, que tendrán mayor protección social, más oportunidades de poder insertarse o reinsertarse en el mercado laboral y, a su vez, podrán percibir mayores ingresos”, evaluó la CAME.
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]]>La entrada Hippies versus fachos: Está bien ser “agroecológicos”, pero el problema surge cuando esa definición se introduce en casi todas las resoluciones oficiales se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En una carta dirigida al ministro de Agricultura, Luis Basterra, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), pidió precisiones sobre el alcance de la resolución 91/2021, que fue publicada la semana pasada creando un “Programa de Impulso al Desarrollo de las Economías Regionales (IDER)”. Allí se promete apoyo a los productores de actividades extrapampeanas. Pero no queda claro si para ser sujetos de la ayuda del Estado deberán ser prioritariamente productores “agroecológicos”.
Es lo que preguntó la CAME, que tiene una activa representatividad sobre las Economías Regionales. “Celebramos y promovemos iniciativas que tengan por objeto fomentar el desarrollo sustentable de la agroindustria nacional (BPA, BPM, Triple Impacto, etc.). Sin embargo, en esta oportunidad entendemos que el mencionado programa estaría destinado únicamente a las actividades realizadas en zonas agroecológicas, excluyendo a la mayoría de las producciones regionales”.
En el anexo que acompaña esa resolución, en rigor, se define que serán beneficiarios del Programa aquellas actividades que “se ubican en una región agroecológica específica y necesaria para su desarrollo”, entre otras condiciones. Pero luego se precisa que entre los proyectos que pidan apoyo oficial tendrán prioridad aquellos que, entre otras cosas, realicen “procesos que resulten ambientalmente sostenibles y/o vinculados con la economía circular o con la bioeconomía en todas sus ramas, o prácticas que tiendan a la transición hacia sistemas productivos agroecológicos”.
¿En qué sentido se utiliza aquí la palabra agroecología? Curioso sería, un programa destinado a fomentar las economías regionales que excluiría a la mayor parte de los productores de las economías regionales, que por cierto no aplican ese conjunto de prácticas que algunos vulgarmente definen como “agroecología”.
Esta es la carta enviada por la CAME a Basterra:
Nota a BasterraDesde CAME, en busca de aclaraciones, recordaron que dentro del segmento de economías regionales hay “más de 30 complejos productivos y representa el 63% de las explotaciones agropecuarias nacionales, las que exportaron en 2020 por un monto de 7.015 millones de dólares y emplean al 70% de la mano de obra rural, dando trabajo a alrededor de 625.000 temporarios”.
Por supuesto, en ese enorme flujo de trabajo y dinero son muy pocos las actividades que se encuadrarían en lo que difusamente el Estado define como “agroecológico”. En realidad, como no existe un parámetro para definir qué es agroecológico y qué no lo es (vulgarmente se supone que un planteo sin agroquímicos ni transgénicos encuadra en esos modos productivos), siempre quedan dudas. Y el criterio oficial de fomentar los planteos de ese estilo figura cada vez más en las disposiciones estatales.
Es lo que le dice CAME a Basterra sobre el flamante programa de fomento que se desarrollará desde el Ministerio: advierte que se vislumbra en la resolución “un sesgado recorte en cuanto a los posibles destinatarios de los beneficios que supone el IDER: los micro, pequeños y medianos productores agroecológicos de las economías regionales”.
¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Qué los define? No se sabe.
“Dado que existen diversos modelos de producción que generan tanto o más impacto positivo en la comunidad y el medio ambiente, desearíamos conocer qué actividades contempla el Programa y si la condición de ‘agroecológico’ es excluyente para poder aplicar -o bien es solo una expresión mencionada en el Anexo de la resolución-“, reclamó saber la entidad.
Otro tema de preocupación sobre el flamante IDER es si su ejecución dependerá solamente de la disponibilidad presupuestaria del Ministerio. Si así fuera el caso, una buena iniciativa “será inviable en el tiempo”, evaluaron los dirigentes.
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]]>La entrada Del campo a la góndola: en mayo pasado el consumidor pagó 4,7 veces más de lo que el productor cobró por esos alimentos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Este dato surge del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) elabora desde 2015, en base a los precios de origen de 24 alimentos de las principales zonas de producción y a más de 700 precios de cada producto en destino. La diferencia origen-destino indica la cantidad de veces que aumenta el precio del producto desde su salida del campo hasta su comercialización en góndola.
Según el estudio, la suba mensual del IPOD fue impulsada por un aumento de 3,6% en los precios al productor, mientras que los precios al consumidor tuvieron una suba de 2,8% en los comercios de cercanía y de 3,6% en los hipermercados.
En mayo, las mayores brechas entre precios de origen y destino se dieron en: la zanahoria, con una diferencia de 12,4 veces; el limón, con 9,6 veces; el zapallito, con 9 veces, y la calabaza, con 8,6 veces.
Los productos con menores brechas, en tanto, fueron: la frutilla, con una diferencia de 1,7 veces; el pollo, con 2 veces; y los huevos y la acelga, ambos con 2,1 veces.
Los resultados generales demostraron que el IPOD frutihortícola subió en 3% en el mes y la brecha para esos productos fue de 5,11 veces en promedio. El IPOD ganadero bajó un 1,6%, con una brecha promedio de 3,2 veces.
En cuanto a la participación del productor en el precio final, la misma fue de 28,1%, manteniéndose igual que en el mes de abril.
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]]>La entrada De cada dos bocados de un durazno, casi uno se lo engulle el Estado en impuestos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Tras analizar los costos, impuestos y ganancias netas de cada eslabón, la conclusión de este trabajo fue que de los 210,8 pesos en los que se vendió un kilo de durazno fresco en Capital Federal –precio promedio de marzo 2021-, el productor explicó el 12.8% (27 pesos); el galpón de empaque y la cámara de frio el 15.8% (33.4 pesos); el mayorista –puestero del Mercado Central de Buenos Aires– el 10.9% (23 pesos); y el minorista –verdulería e hipermercado de Capital Federal– el 15.7% (33.1 pesos). Por su parte, la presión tributaria del Estado, en sus tres niveles, asciende a 44.8% (94.3 pesos).
“Una vez más, el peso del Estado queda expuesto: el 75.1% son impuestos de origen nacional, mientras que el 24.9% son provinciales o tasas municipales”, explicó la CAME.
Al analizar los tributos específicos de la cadena de valor desde la cosecha del durazno en la provincia de Mendoza hasta su venta en Capital Federal (aproximadamente 1150 ilómetros), el 38.4% corresponde al IVA, el 30.8% a Ganancias, el 12.8% a otros impuestos provinciales o tasas municipales, el 12.1% a Ingresos Brutos y el 5.9% a contribuciones patronales de la mano de obra.
Recordó la CAME que la Argetina se encuentra entre los tres principales productores de durazno del Hemisferio Sur, con más de 100 mil toneladas anuales -para industria y fresco-, destinando más del 60% a la industria, más del 30% al consumo en fresco y más del 1% a la exportación en fresco.
La provincia de Mendoza concentra el 83% de la producción de duraznos del país, con aproximadamente 6000 hectáreas implantadas, seguida por Río Negro y Neuquén, con unas 750 hectáreas implantadas, según el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). En cuanto al volumen comercializado entre los meses de noviembre a abril en el Mercado Central de Buenos Aires, se estiman aproximadamente unas 19.500 toneladas de durazno en fresco.
“La pelusa que causa verdadero malestar son los impuestos y no solo en el durazno, sino en todos los agroalimentos. En detrimento de la rentabilidad, la carga fiscal en Argentina sigue en aumento y nos obliga a cancelar o, en el mejor de los casos, a postergar cualquier tipo de inversión”, afirmó Eduardo Rodríguez, presidente del sector de Economías Regionales de CAME.
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]]>La entrada Avanza en el Congreso una iniciativa para compatibilizar trabajos temporarios en el agro con el cobro de planes sociales se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La excepción contempla a los programas nacionales de asignación universal por hijo y por embarazo, siempre y cuando la remuneración percibida por el trabajador no supere dos salarios mínimos por mes (una cifra que en la actualidad es de 58.320 pesos).
La iniciativa pretende resolver un inconveniente presente en muchas producciones regionales que requieren trabajadores temporarios, quienes no aceptan “blanquearse” al realizar tareas estacionales para no perder los ingresos percibidos por planes sociales.
Por eso, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) vienen reclamando a legisladores de los diferentes bloques que instrumenten un régimen orientado a solucionar el problema.
Del Valle Giménez aseguró a Bichos de Campo que “el proyecto tiene fuerte adhesión de los senadores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio”.
“Hay consenso favorable para que en la primera semana de junio tenga dictamen y tratamiento en el Senado”, afirmó la legisladora, quien además dijo que “ya tuve conversaciones con los diputados (de las comisiones correspondientes) y están trabajando en la misma línea”.
La ley tendría una duración de dos años, plazo en el que se espera haya una reactivación de la economía que no haga necesario el pago de subsidios sociales.
Escuchá la entrevista completa a Nora del Valle Giménez:
Desde la CAME se ilusionan con que la futura normativa resuelva el problema. En ese sentido, Pablo Vernengo, directivo de la entidad, dijo a Bichos de Campo que “para nosotros es sumamente importante, porque estamos hablando de 625.000 puestos de trabajo que requieren las economías regionales para levantar la cosecha”.
“Este año estamos todavía teniendo grandes impedimentos para conseguir personal. Hay productores, como por caso los citrícolas, que en algunos casos les quedó hasta el 30% de la cosecha sin levantar en un país donde hay gente que pasa hambre”, advirtió.
Vernengo dijo que el problema arrancó en 2013 y que recién año pudieron acceder a la vía legislativa para obtener una respuesta que no pudieron encontrar en el Poder Ejecutivo. “La solución podría ser inmediata, dado que, por ejemplo, con el personal doméstico mediante un decreto resolvieron que pueden percibir su salario más la asignación universal por hijo o embarazo”, argumentó Vernengo.
Escuchá la entrevista completa a Pablo Vernengo:
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