El lunes, pero también ayer martes y seguramente hoy miércoles, en la mayoría de los frigoríficos de bovinos que tienen un pie en el negocio exportador había ejecutivos agarrándose la cabeza porque no se entendían bien los alcances del decreto y las resoluciones emitidos por el Ministerio de Agricultura en las primeras horas de 2022 y que justamente determinaron un nuevo esquema para las exportaciones de carne vacuna. “Van a hacer falta varias resoluciones aclaraciones, porque hay muchos puntos grises”, decían en una de esas plantas. “Cuando llamás a Agricultura a preguntar te dicen que lo vemos la semana que viene”, contó otro empresario preocupado.

Pero donde la mala calidad de la política pública se expresó a sus anchas fue en la Resolución Conjunta 10 firmada por los ministros de Agricultura, Julián Domínguez, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Dispone sucintamente que habrá más tiempo para implementar la decisión argentina de dejar de comercializar la carne vacuna (el productos emblemático del país) en medias reses. Sí, algo tan trascendental también viene muy mal parido.

En la reunión que el lunes se realizó en Agricultura varias cámaras de la industria frigorífica (UNICA, Cadif y FIFRA, para empezar) y también la Cámara Argentina de Matarifes (Camya) expresaron sus reparos con lo que establece esa resolución, que básicamente dispuso una prórroga en la fecha de aplicación del cuarteo o troceo obligatorio de la media res de seis meses o un año dependiendo del tipo de frigorífico. Los de matrícula nacional (es decir, auditados por Senasa y con tráfico federal) tendrán ahora seis meses más para adaptar sus instalaciones a las nuevas exigencias del negocio. Los de habilitación municipal o provincial, hasta un año de plazo.

¡Qué suerte que a partir de ahora ya no se puede bajar al hombro la media res en la carnicería! ¿Ah, no?

Es decir que el primer grupo de plantas podría seguir mandando medias reses al mercado hasta por lo menos el 1° de julio mientras que el segundo conjunto extendería el periodo de gracia hasta el 1° de enero de 2023.

Todo el mundo dice querer dar el demorado salto de un sistema a otro y avanzar en las reformas necesarias en la industria frigorífica (más capacidad de frío o salas para el troceo) para dejar atrás la comercialización de la media res y comenzar a sacar de las plantas de faena piezas de no más de 32 kilos de peso. El problema es cómo, cuándo y quiénes.

En la reunión del lunes los frigoríficos y matarifes más enfocados en el mercado interno (que absorbe el 75% de la carne vacuna producida) pidieron rever el diferente tratamiento otorgado a los distintos tipos de plantas (las federales versus las de habilitación provincial/municipal), porque advierten que podría suceder un corrimiento de operadores desde un tipo de matrícula a otra, de modo de ganar tiempo y hasta de evitar las nuevas exigencias.

Esto, en la jerga del negocio frigoríficos, podría acentuar el “doble estándar” sanitario entre los lugares habilitados para faenar vacunos en el país, que suman 400, ya que muchos podrían recurrir a matrículas provinciales o municipales justamente para esquivar las nuevas exigencias nacionales. Esto ya sucedió en los años 90 y tomó más de veinte años repararlo. Fue cuando Felipe Solá, el ex secretario de Agricultura del menemismo, impulsó un programa llamado “Corte por lo Sano” que justamente impulsaba el cuerteo de la media res: muchos matarifes y plantas del conurbano tomaron matrícula de la provincia de Buenos Aires, donde el ex gobernador Eduardo Duhalde se mostraba mucho más permisivo.

Las medidas anunciadas para contener los precios de la carne vacuna y modernizar la cadena con bendecidos y castigados con plazos diferenciales, al igual que ocurre con la energía, marchan rumbo a un rotundo fracaso. Reinciden en los mismos errores cometidos de 2006 en adelante

— Marcelo Rossi (@marcelorossi52) January 4, 2022

“Advertimos que esta medida no será viable por cuanto introduce una profundización en el doble estándar sanitario al fijar plazos diferentes de adecuación a las plantas de tráfico federal en relación con las provinciales y municipales. Adecuar las plantas requiere inversiones tanto en las plantas industriales como en la logística de distribución que impactan en los costos y requieren plazos de amortización razonables, que si son desiguales ponen en distintas condiciones de competencia a los actores del mercado”, avisó la Cámara de Matarifes.

CAMyA, al igual que otras organizaciones de frigoríficos consumeros, pidió unificar y estirar los plazos para la entrada en vigencia del troceo, y al parecer las autoridades de Agricultura aceptaron que debían hacerlo, porque lo que habían hecho estaba mal.

Según los matarifes, la nueva resolución 10 “facilita la competencia desleal a favor de las plantas provinciales y sus operadores comerciales, ya que inevitablemente el sistema ajustará para abajo y actores inescrupulosos del sector, seguramente minoritarios pero con fuerza suficiente para alterar el normal funcionamiento el mercado, buscarán sacar ventaja mediante la desinversión y la especulación sobre nuevos plazos y prórrogas, lo que podría llevar al fracaso de la medida y la afectación de la actividad y fuentes de trabajo de los sectores vinculados al circuito federal”.

Los únicos que quedaron fuera de este reclamo, según los testimonios, fueron los grandes frigoríficos exportadores del Consorcio ABC, históricamente los mayor impulsores del troceo obligatorio de la media res, tanto en tiempos de Solá como ahora. Es que fueron ellos los que negociaron a mitad de año pasado con el ministro Kulfas esta imposición y propusieron la fecha de entrada en vigencia para el 1° de enero de 2022, que ahora ha sido postergada.

Este de la media res es un claro caso de cómo se hacen las cosas en la Argentina: de mal modo, sin consensos necesarios, siempre entre tironeos de intereses cruzados.

La discusión comenzó como una imposición del Ministerio de Trabajo, que a pedido de los sindicatos del sector legisló que ningún trabajador de la carne podría cargar o descargar piezas mayores a los 25 kilos de pesos. Esto implicaba erradicar de plano las medias reses, que todavía se cargan al hombro desde el camión hasta las carnicerías.

La fecha de vigencia de esa norma laboral era 2019, pero nadie la respetó porque lo que menos importa acá es la salud de los trabajadores. Pero la exigencia quedó latente.

En el marco del cierre de las exportaciones de carne, el Consorcio ABC negoció con Matías Kulfas (la voz cantante del gobierno en esta negociación hasta octubre pasado) avanzar decididamente hacia el troceo obligatorio y entonces se emitió una resolución conjunta con Agricultura para establecer como fecha tope para la media res el 31 de diciembre de 2021.

Previamente a eso, y como para confirmar que aquí lo menos importante era la salud de los trabajadores, se dispuso que las piezas de carne debían tener ya no un máximo de 25 kilos sino hasta 32 kilos de peso, pues esto era lo aceptado internacionalmente y blá, blá, blá. En realidad, esto se adapta mejor a los intereses de los frigoríficos, que pueden entonces realizar menos cortes debido al peso del animal usualmente comercializado en la Argentina.

Un requiem para la media res: Confirman que la carne no podrá venderse en piezas de más de 32 kilos desde el año próximo

En su momento, Kulfas anunció la implementación de una línea de créditos para ayudar a los frigoríficos a hacer las reformas necesarias de sus instalaciones para el cuarteo, pero estos préstamos jamás aparecieron. Mientras tanto, el ex ministro Luis Basterra fue reemplazado por Julián Domínguez en Agricultura, y éste reclama concentrar bajo su mando todas las cuestiones vinculadas con la carne. Este tema de la media res también queda bajo su órbita.

Recién a principios de diciembre, con los plazos casi cumplidos, Domínguez y Kulfas introdujeron la posibilidad de financiar este tipo de obras en la línea de prestamos a tasa subsidiada por supuestos 100 mil millones de pesos (porque hay que decirlo, nadie sabe si en realidad habrá tanta plata disponible).

Ahora se dispone esta prórroga que estaba cantada. Pero con la discriminación entre los diferentes tipos de plantas habilitadas, que según los propios privados degenerará en una explosión del “doble estándar” sanitario, que luego termina siendo también laboral e impositivo. Ahora se reclama una nueva revisión de esos criterios.

Parece hecho a propósito, pero no. Es la Argentina, un país especializado en el arte de gobernar mal.

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Luego, con la llegada del nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se habilitó un nuevo cupo de exportación para la carne de vaca vieja que iba dirigida a China. Aunque se pensó en principio que ese nuevo reparto iba a subsanar la injusticia cometida antes con los “exportadores sin planta”, volvió a suceder lo mismo y los nuevos cupos quedaron “atados” al reparto original. Matarifes y grupos de productores se quedaron de nuevo con la ñata contra el vidrio, mirando como otros se apoderaban de todos los resortes del negocio.

En la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya) se quedaron mascullando bronca. Y lo hicieron saber este viernes en una carta enviada al coordinador de la Mesa de Ganados y Carnes, Dardo Chiesa, a la que accedió Bichos de Campo. Allí recordaron que, como si fueran narcotraficantes o algo parecido, a “partir de la Resolución conjunta 5/2021 del Ministerio de Desarrollo Productivo y del Ministerio de Agricultura, prácticamente se ha prohibido exportar carne a los exportadores que no cuentan con planta de faena propia”. Como si matar vacas, producir carne y exportarla fuera una actividad ilícita.

En la nota, los matarifes marcaron con todas las letras que a partir de ese andamiaje legal “en las áreas operativas del Ministerio de Agricultura (en referencia a la ex ONCCA) se regulan las exportaciones mediante la administración de cupos y matrículas trabando o impidiendo las operaciones de exportación genuinas de empresas con probada trayectoria en el mercado de carnes”.

“Esta política además de afectar fuentes de trabajo e ingresos de divisas raya la ilegalidad y se presta a la decisión arbitraria de los funcionarios de turno”, enfatizaron los matarifes, que reclaman “un trato igualitario al que se les da a las plantas exportadoras de carne y a las exportaciones de otros rubros”.

Quienes hace posible esta discriminación tan obvia, además de los ministros que firmaron las resoluciones que favorecieron la concentración del negocio exportador solo en manos de los frigoríficos que ya exportaban, barriendo de la cancha al resto de los operadores, son el secretario de Agricultura, Jorge Solmi, y el actual director de la ex ONCCA, Luciano Zarich, responsable de administrar las Declaraciones Juradas de Exportación de Carnes (DJEC). Ambos entraron juntos al gobierno en marzo de este año, con la decisión tomada por el gobierno de comenzar a meter mano en el negocio de la exportación de carne.

“Cuando llegue a la Secretaría a fines de febrero me encontré con un problema muy complejo respecto a la carne. Había muchas empresas fantasmas actuando que presumiblemente exportaban carne y los dólares no ingresaban nunca por el circuito legal, lo cual era una competencia desleal para los frigoríficos. Las resoluciones que sacamos fue para ir ordenando el mercado de la carne, hoy no hay intermediarios que le agreguen precio a la carne. Con esto buscamos que nuestras políticas sean transparente para la cadena”, declaró esta semana el secretario Solmi en una visita a Tres Arroyos.

En realidad, es falso que el Ministerio de Agricultura haya eliminado a una gran cantidad de operadores ilegales, como dice Solmi. En rigor, no hay denuncias judiciales presentadas desde el Ministerio por esas presuntas irregularidades. Y a las sucesivas consultas hechas por Bichos de Campo sobre este asunto se contestó apenas con tres casos de empresas que habrían intentado exportar unos pocos contenedores, que representaban menos del 1% del total de carne exportada. Pero el argumento se utilizó como excusa para dejar fuera de competencia a unas 40 empresas sin planta legalmente constituidas.

“Perdimos todos”, dicen en la cadena ganadera frente al cepo exportador. Pero es falso: los grandes frigoríficos del Consorcio ABC están faenando más cabezas que antes del cepo

En ese sentido, en la carta a Chiesa la CAMyA recordó que una vieja resolución de Agricultura, la E-21 del 2017, estableció la categoría de Matarife Abastecedor “entendiendo por tal a quien faena hacienda de su propiedad para el abastecimiento propio o de terceros con destino al consumo interno y/o exportación”. Es decir que el propio Ministerio que ahora los deja afuera reconoció “al matarife abastecedor con la categoría de exportador en la asignación de matrículas sin plantear exigencia de contar con planta propia”.

Para cualquier observador atento resulta muy visible que la asignación de los cupos -tanto los originales como los nuevos para vaca conserva- se limitaron a los operadores que cuentan con planta para sacar competidores del mercado y dejarle el camino allanado a los grandes frigoríficos del Consorcio ABC. En rigor, los tonelajes de carne disponibles para exportar se distribuyeron en base a los números de habilitación de las plantas en Senasa, dejando afuera los CUIT de exportadores sin planta del reparto. El principal asesor del ministro Kulfas para diseñar esta estrategia, además de Solmi y Zarich, fue el vicepresidente del Senasa, el santacruceño Carlos Milicevic.

Para los matarifes que quedaron fuera del negocio, la serie de normas que conformaron los diversos cupos de exportación “restringen esta posibilidad a algunos operadores al exigir una past-perfomance exportadora arbitraria y fuera de toda lógica, ya que solo reconoce la faena realizada por las plantas faenadoras y no por cada matrícula, con lo que se ha transferido a las plantas un derecho a cupo que no es de ellos”.

“Además se impide la operatoria de exportadores con y sin planta que se inician en la exportación y que, pese ha haber realizado importantes inversiones en adecuación de las plantas, desarrollos comerciales y logística, lógicamente no cuentan con antecedentes en este campo”, agregaron los matarifes, denunciando que también algunos frigoríficos nuevos quedaron fuera de los cupos.

Al final el gobierno terminará cagando a los ganaderos: Para “liberar” la vaca conserva creará otro cupo y estirará el cepo hasta fin de año

Esta situación había sido reconocida por el ministro Domínguez, quien prometió corregir la situación de “5 o 6 plantas a pedido de los gobernadores” en la nueva distribución de la vaca conserva para China. Pero nada de eso sucedió. Se volvió a repetir la misma matriz injusta.

Para la asociación que agrupa a los matarifes, esta conjunto de medidas “van en sentido contrario a favorecer la producción y el trabajo, promueve la concentración en grandes plantas desalentando a las Pymes violan las normas legales vigentes, y afectan los derechos constitucionales que nos asisten para trabajar todos en igualdad de condiciones”.

En la carta se solicitó a Chiesa “que se incorpore a la agenda de la Mesa de Ganados y Carnes la problemática planteada y se analice que camino tomar para su solución, por afectar esta situación los intereses de toda la cadena de valor”.

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La reunión de las próximas horas será para alquilar balcones. Por un lado, porque las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace pedirán al resto de la cadena que los acompañen en una muy preanunciada protesta contra la reciente decisión del gobierno de extender el cepo cárnico hasta el 31 de octubre. Según un mensaje filtrado por error por el secretario de Agricultura, Jorge Solmi, esa decisión no fue técnica sino que ha sido tomada por los organismos pertinentes, sino directamente por Máximo Kirchner.

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Hasta ahora, la Mesa de las Carnes -que es coordinada por el ex ruralista Dardo Chiesa-  se ha mostrado sólida y homogénea a la hora de criticar el cierre de las exportaciones de carne, porque rememora el daño que se produjo a la cadena entre 2006 y 2015, en las primeras gestiones kirchneristas. Su propia génesis, el último año de gobierno de Cristina Kirchner, surgió del rechazo a aquel intervencionismo.

Pero a la hora de manifestarse activamente en contra de este tipo de políticas, las aguas se dividen. Por un lado, entre quienes no son convocados a la mesa de negociaciones (y los ruralistas casi nunca lo han sido) y quienes en cambio sienten que todavía pueden influenciar sobre las decisiones palaciegas. Desde fines de 2020 y hasta horas antes de la extensión del sistema de cupos, el Consorcio ABC (la entidad que agrupa a 25 grandes plantas exportadoras) mantenía un diálogo constante y fluido con los ministros Luis Basterra y Matías Kulfas, buscando una apertura gradual. Pero -como se dijo- la palabra final la tenía Máximo. La decisión era política.

Será entonces el primer tema de la conversación en la reunión de la Mesa: ¿Qué hacer como colectivo, ahora que se confirmó que el titular del Consorcio ABC, Mario Ravettino, fracasó en sus intentonas conciliadoras con el gobierno?

Los dirigentes de la Mesa de Enlace ya han dicho que preparan una expresión de su descontento y que en la reunión de mañana invitarán a los demás eslabones de la cadena de ganados y carnes a sumarse a la misma. Pero el propio Ravettino les avisó hace un par de semanas que su entidad -cuyos socios se quedaron con el 80% de los cupos de exportación- solo los acompañaría “hasta la protesta”. Es decir, que los frigoríficos exportadores no se plegarían a una eventual medida de fuerza.

La posición casi siempre conciliadora de las empresas del Consorcio ABC es fácilmente comprensible: en los hechos no han perdido tanto dinero por efecto de la limitación de las exportaciones, porque si bien los tonelajes exportados se han reducido en torno a un 35% respecto de 2020, la fuerte suba de los precios internacionales de la carne (que ya llega al 35%) los compensa en buena medida.

Más allá de las complicaciones que vinieron con el cepo, para algunas plantas del Consorcio es casi una situación ideal: la hacienda (su materia prima) detuvo su escalada y hasta bajó de precio, pero ellos obtienen casi las mismas ganancias aún exportando menos cantidad de carne. Los que pierden, en este escenario, son claramente los productores.

Pero no todas son rosas dentro del Consorcio ABC, porque hay un grupo de plantas mucho más China-dependientes que otras, que sí están sufriendo seriamente el impacto del cepo y hasta han comenzado a reducir sus días de faena. Estas empresas no participan tanto de los cuotas de exportación que han quedado a salvo de los recortes, como la Hilton o la 481, ni tampoco de los envíos de carne kosher a Israel, rehabilitados recientemente. Su principal mercado era China y por lo tanto su volumen de negocios se redujo bastante más que el del núcleo duro de frigoríficos del Consorcio ABC, que son los que históricamente han sostenido a Mario Ravettino como su presidente. Éste es un directivo sin planta: no es empresario sino simplemente un lobbista de la carne que ha sobrevivido a todos los gobiernos y a todos los cepos, incluyendo el de Guillermo Moreno. Hoy aparece cuestionado por una parte de los suyos.

Otro sector de la Mesa de las Carnes que está levantando temperatura contra Ravettino y sus negociaciones “exclusivas” con el gobierno es el que usualmente se dedicaba a abastecer de carne el mercado interno y eventualmente comenzó a exportar recién cuando China comenzó a comprar más fuerte, a partir de 2018. Matarifes y Frigoríficos consumeros se ven afectados por el cepo por esta doble vía: perdieron negocios con China y a la vez soportan una mayor competencia a nivel doméstico, porque hay varios frigoríficos impedidos de exportar que vuelcan sus excedentes a ese lugar. Esto es lo que deprimió en julio y agosto los precios de la carne, mientras los costos siguen subiendo.

Los más duros con Ravettino y por añadidura con Dardo Chiesa, el coordinador de la Mesa que también participó de varias negociaciones con Kulfas, serán los directivos de la Cámara de Matarifes y Abastecedores (Camya), que pedirán a la Mesa de las Carnes que se ponga a la cabeza de varios reclamos al gobierno. A saber:

• “Liberar de inmediato las restricciones a las exportaciones de carnes sin condicionamientos de ningún tipo”. (Esto permitiría reanudar las ventas de ese sector consumero, focalizadas sobre todo hacia China)
• “Permitir exportar dentro de las normas de la libre competencia y de igualdad ante la ley a los exportadores sin planta frigorífica”. (Esto corregiría varios puntos negociados por Ravettino con el gobierno, que no solo adjudicó los cupos a las plantas de faena -sobre todo las del Consorcio ABC- dejando fuera a los exportadores sin planta, sino que se ensañó especialmente con los controles sobre ese sector de operadores, facilitando la concentración en el negocio).
• “Abordar de inmediato las soluciones a la creciente informalidad del sector minorista especialmente los carniceros que impiden el normal funcionamiento del resto de la cadena”. (Es decir, se reclama reanudar el proceso de formalización de operadores que implementó el gobierno de cambiemos y fue discontinuado durante este gobierno).
• “Revisar el actual sistema de otorgamiento de matrículas que, merced a su burocratización y arbitrariedad en los procedimientos, están impidiendo la normal operación de los comerciantes serios favoreciendo el aumento de la informalidad y el crecimiento de las matrículas de falsos operadores” (La ONCCA perdió transparencia a partir del recambio forzado allí de Marcelo Rossi por el contador Luciano Zarich, quien se transformó en el brazo ejecutor del cepo cárnico gracias a las DJEC o nuevos ROE).
• Y “prorrogar la implementación del cuarteo en el mercado interno hasta tanto no se tenga la seguridad de que las plantas frigoríficas del consumo hayan adecuado sus instalaciones y la logística del transporte. De lo contrario dicha medida se convertirá en una nueva barrera de exclusión y concentración en beneficio de la marginalidad, profundizando el doble estándar impositivo, laboral y sanitario, llevando al fracaso una buena iniciativa en el camino de la modernización del comercio de carnes”.

Este último planteo, reclamar una postergación de la fecha de entrada vigencia del cuarteo de medias reses acordada por Kulfas y Ravettino a espaldas del resto de la cadena, el 1 de enero de 2022, es el estilete más profundo que los matarifes intentarán clavar en la negociación dentro de la Mesa de las Carnes. Pero resulta muy real que después de ese anuncio, el gobierno hizo poco o nada para que las plantas dedicadas al consumo interno (usualmente venden medias reses) puedan adaptar sus instalaciones a esa normativa de índole sanitario y laboral.

Una vez más hay alguien que corre con ventaja: Los frigoríficos del Consorcio ABC, en cambio, ya cuentan con instalaciones para el cuarteo y hasta la despostada por cortes.

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“Es un decisión arbitraria que solo concentra el negocio en pocas manos, para cerrar un ‘Plan de Precios Populares’ que es un espejismo, al que solo acceden quienes tienen el suficiente poder adquisitivo para comprar en un supermercado”, añadió.

En el último informe mensual emitido por la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), Rafael resaltó que el precio de la hacienda, si bien inicialmente cayó, luego se recuperó, al tiempo que es cada vez mayor el escenario de plantas industriales con personal suspendido, reducciones de horarios de trabajo y clientes desatendidos en el exterior.

La faena en julio fue de 1.061.665 cabezas, un 12,3% menos que en julio de 2020. Tomando el acumulado en lo que va del año (enero-julio), la faena registró una caída de un 7,3%. Los datos, claramente, muestran que existe una restricción de oferta de hacienda.

Los precios minoristas de la carne registraron un ajuste. Pero la pregunta clave es si se recuperó el consumo interno de carne vacuna. La respuesta, según el representante de los matarifes, es que eso no ocurrió y que continúa en niveles mínimos históricos.

“Las restricciones a las ventas externas de carne no dio los resultados esperados y, en ese sentido, remarcamos que prevalece más el daño causado al sector que los beneficios”, sostuvo Rafael.

El presidente de CAMyA volvió a reiterar que considera inviable que el negocio exportador, por orden del gobierno, haya quedado en manos de un sector del eslabón comercial. “Un punto que nos toca de lleno es la decisión de las autoridades nacionales de permitir exportar solo a quienes tengan una planta industrial. Esto es insólito, porque en cualquier otra actividad venden al exterior quienes tienen el producto y la cartera de clientes”, señaló.

Rafael consideró que las políticas orientadas a favorecer la concentración, lejos de promover una mejora de la situación para los consumidores, termina perjudicándolos. “El gobierno debe dar marcha atrás con esta decisión. Si nos quitan el pie de encima, no necesitaremos un ‘Plan Ganadero’ para abastecer el mercado interno y cumplir con los compromisos externos”, concluyó.

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Como adelantó Bichos de Campo, quedaron afuera del reparto los exportadores sin planta y los grupos de productores exportadores.

Ese cupo será de sólo 30.000 toneladas por mes, un volumen chico y del que no podrán participar los matarifes exportadores o los grupos de productores exportadores salvo que las plantas de faena les ceden una parte de “un bien escaso”, tal como lo definió Fernando Herrera, presidente de la Asociación de Productores Exportadores (APEA).

Herrera explicó que este sistema de distribución de los cupos “nos afecta y mucho, porque cada exportador va a tener que sentarse a negociar con la planta frigorífica para que le ceda parte de ese cupo, lo que implica una negociación desventajosa, porque ya está asignado el volumen que se hizo con la performance del segundo semestre del año pasado”.

“Lo curioso es que se incluyó lo que exportamos nosotros, quiere decir que alimentamos el cupo pero luego no lo tenemos”, explicó el productor no sin razón. Es que los frigoríficos que recibieron cupo anotaron como suyas exportaciones que realizaron otros alquilándoles la planta, algo que es muy usual en el sector cárnico. Eso se hubiera evitado si en vez de definir los cupos a partir de los datos de cada planta ofrecidos por Senasa se hubieran tomado los datos de la Aduana a partir del CUIT de cada empresa exportadora.

Herrera se lamentó porque a partir del criterio elegido por el gobierno “quedamos a expensas de la buena voluntad de las plantas y se nos abre un panorama de total incertidumbre”.

“Hay grupos que ya fueron convocados por los frigoríficos para renegociar pero no sabemos qué va salir de esto. Es probable que quieran renegociar tarifas, costos, lo que viene seguro será peor que lo que teníamos”, añadió.

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El empresario exportador de carne vacuna también indicó que con la medida oficial también se produce un incremento de la concentración: “Los cupos están en cabeza de 60 establecimientos y los exportadores el año pasado fueron más de 100. Los 40 que no están en la lista son los que tienen que sentarse a negociar con las plantas. Las medidas que se van tomando no son buenas. No es esta la forma de solucionar problemas macroeconómicos”.

El otro eslabón de la cadena cárnica afectado por esta decisión es el de los matarifes que en los últimos años hicieron pie en la exportación de carne vacuna, especialmente con destino a China.

Ariel Morales, directivo de la Cámara de Matarifes y Abastecedores (Camya), fue duro tanto con los funcionarios, con los frigoríficos exportadores.

“Esta es una resolución que concentra el negocio. Vale decir que el gobierno con esta resolución habilita a solo 63 plantas frigoríficas y deja afuera a matarifes y productores. Así unos pocos terminan manejando el negocio y no les dan la posibilidad a los que estamos en el negocio de la carne que podamos exportar”, indicó el matarife.

Morales además indicó que ese sector se siente discriminado y que debería haber sido convocados a la reunión en la cual se informó cómo iban a ser las nuevas condiciones para exportar, teniendo en cuenta que varios de los asociados a su cámara venden carne al extranjero.

Con respecto a la actitud de los funcionarios dijo: “Fijan pautas para que nosotros no podamos acceder a la exportación. Esta es una normativa hecha a medida de los exportadores. Se trabaja con un lobby que hace presión para que los actores del consumo no podamos entrar en el negocio exportador. El gobierno no puede sacar una resolución privándonos de exportar”.

En tal sentido indicó que el acceso de los mercados internacionales les permite subsidiar el precio de la carne en el mercado interno, como hace el Consorcio ABC con los cortes baratos que envía a los supermercados, pero que eso ya no será posible y deberán por consiguiente competir contra la oferta que hagan los exportadores que llegaron a un acuerdo de precios con el Gobierno.

“Para nosotros era la única manera de darle más barata la carne a la gente, subsidiando con la exportación el precio al mercado local, pero ahora no vamos a poder llegar de ninguna manera a los valores de los 7 cortes que impuso el gobierno”.

Al respecto agregó: “la medida de impedir la exportación de 7 cortes nos afecta directamente. Es una competencia desleal, porque nos vamos a encontrar con sobrantes de la exportación a precios subsidiados mientras nosotros tenemos que comprar la hacienda en un mercado de valores firmes, con invernada y comida cara y no podemos luego vender a 350 pesos el kilo de asado. Por eso queríamos exportar pero le dan el beneficio a un grupo reducido con una resolución que nos traba el trabajo a nosotros”.

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La cadena comienza por los ganaderos, que son los que crían las vacas, les echan kilos encima alimentándolas a pasto y a veces con granos. CRA es de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace la que mayor cantidad de productores ganaderos representa, pues tiene adheridas casi 300 sociedades rurales en todo el país. Empecemos por allí:

“Rechazamos enfáticamente una vez más el esquema de exportaciones dispuesto, firmes en nuestra convicción de que será ineficaz y perjudicará a toda la cadena cárnica, sin resultados ciertos y duraderos en el precio en mostrador de la carne. En el tiempo quedó harto demostrado el fracaso de la receta de cierres, cupos y retenciones, y el costo de ese fracaso siempre lo pagaron los extremos de la cadena, productor y consumidor”, nos dijeron en esta entidad agropecuaria.

Este jueves CRA publicó un extenso comunicado lamentando los sucesos de los últimos días, en los que fueron convocados a Casa Rosada, pero no para discutir la política ganadera sino para ser anoticiados de una decisión ya tomada: la continuidad del cepo a las exportaciones, una fórmula que el kirchnerismo ya probó entre 2006 y 2015 con pésimos resultados, comprobables en cualquier estadística pública.

“Fuimos con el ánimo de aportar propuestas que evitaran avanzar con la pésima medida de cerrar exportaciones y evitar sus perjudiciales consecuencias, esperanzados en que el Gobierno revea la medida”, dijeron desde CRA, pero párrafo seguido mostraron desencanto: “Rápidamente esa reunión se convirtió en una nueva desilusión dado que se insiste en castigar una vez más al sector primario, que es quien resigna el precio de su producto para que el Estado -sin ningún esfuerzo- distribuya carne a precios especiales”.

Avancemos entonces en la cadena. Los frigoríficos, donde llegan las vacas y se faenan, donde se enfrían las medias reses, y se despostan para separar los diferentes cortes de exportación.

Daniel Urcía, presidente de Federación de la Industria Frigorífica (Fifra), que agrupa plantas tanto exportadoras como de consumo interno, hizo pública la evaluación del sector. “Desde FIFRA nos expedimos especialmente en contra del cese de exportaciones porque no consideramos que sea una herramienta que sirva para corregir precios internos, tampoco creemos que cualquier otro mecanismo de restricciones a la exportación sirva para cumplir con ese objetivo”, explicó el directivo industrial.

El razonamiento de Urcía es que no es tan cierto que la carne esté cara pues “tiene un precio competitivo ya que aumentó mucho menos que sus insumos”. Entre enero de 2018 y abril de 2021 se observa que la invernada subió 410%, el maíz 501%, la hacienda para faena 457%, el dólar oficial 377%, el dólar blue 699% y y la carne al consumidor 365%, enumeró.

“Es decir que la carne al consumidor aumento menos que sus insumos directos y casi la mitad que el dólar no oficial, lo que significa que su precio es competitivo”, remarcó el empresario, quien consideró que el problema no se soluciona cerrando las exportaciones. 

Bueno… Sin éxito entre ganaderos y frigoríficos, recurrimos en nuestra búsqueda a los matarifes, que  son un actor clave en el abastecimiento de carne a la población local, pues faenan sus animales en plantas de terceros y distribuyen la carne hasta el mostrador, especialmente en los rincones más profundos del conurbano. ¿Les sirve a ellos el cepo exportador?

“Ante el anuncio del Gobierno nacional de reapertura parcial del comercio exterior de carne vacuna, volvemos a remarcar que el camino no es el cupo a las exportaciones de carne. En primer lugar –y como hemos advertido en reiteradas ocasiones- esta mercadería (la que se exporta) no se consume para mostrador, tiene destino en la industria del chacinado”, afirmó ese sector a través de un comunicado.

La CAMyA (Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores) consideró, peor aún, que el recorte de las exportaciones de carne “solo promueve la concentración de cortes a los grupos exportadores para la venta en grandes superficies, con el consiguiente monopolio del negocio. Así, esto lleva a la destrucción sistemática de los distintos oferentes, que hacen su faena para el consumo interno, además de representar una amenaza para las fuentes de trabajo vinculadas al consumo doméstico”.

“Las autoridades nacionales parecen no entender es que el consumidor de menor poder adquisitivo -que tendría que ser el más favorecido por esta medida- no frecuenta la grandes cadenas para abastecerse. Con esta decisión, quedan fuera de juego tanto el argentino de menores recursos como los comerciantes de barrio. Con esta competencia, que roza lo desleal, deberán bajar sus persianas”, advirtieron los matarifes.

Nos damos por vencidos.

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El cierre de las exportaciones de carne vacuna anunciado por el gobierno nacional generó un fuerte debate sobre el impacto de China en la disponibilidad de la carne que llega cada día a la mesa de los argentinos. Hasta el ciudadano más desprevenido sabe que el fuerte de las ventas externas bovinas es el gigante asiático.

En paralelo a este dato, existe una gran confusión sobre el tipo de mercadería que se carga en los contenedores y la que llega a carnicerías y supermercados en todo el territorio argentino. Un abordaje inicial consiste en diferenciar las categorías destinadas al ámbito doméstico y exportación.

En el primer renglón, los argentinos consumimos novillitos y vaquillonas. Se trata de bovinos de 18 a 24 meses de edad que son comprados en remates ganaderos con un peso que oscila entre los 300 y 390 kilos. Al momento de faena, estos animales permiten obtener una media res que oscila entre los 100 y 120 kilos. Esta carne presenta un color rosado brillante, con una grasa de coloración blanca y se trata de animales que en su gran mayoría son terminados a corral.

En el otro rincón, el destino excluyente de las exportaciones del complejo carne es China, con casi el 80% de las ventas totales. De esta cifra, un 90% corresponde a las categorías conocidas como vaca conserva o manufactura. Son animales de casi diez años de edad, que se encuentran en el final de su vida reproductiva y que generan pérdidas económicas en el rodeo. Al sumar estos animales improductivos a las ventas externas, se generaron una serie de beneficios.

Por un lado, se oxigenaron los esquemas ganaderos y se percibieron subas en los márgenes rentables. Y un dato no menor es que los productores también financian con estas vacas viejas la compra de vientres nuevos para los esquemas de cría.

Si un consumidor argentino encuentra esta mercadería en un mostrador, es casi seguro que no la comprará, más allá de su precio. Se trata de una carne de un color que oscila entre el rojo oscuro y marrón y una grasa amarilla.

Con esto lo que queremos dejar bien en claro es que en la Argentina no se consume la vaca con destino China y nuestros novillitos y vaquillonas –base del mercado local– no tiene destino de exportación. El tonelaje exportado de vaca no tiene ningún tipo de impacto en el mercado interno.

Si el cierre de exportaciones se mantiene en el tiempo y aumenta el volumen disponible de vaca conserva, su único destino posible será la industrialización. Se trata de una carne de baja calidad, imposible de comercializar por los canales habituales. Sin eufemismos: ningún consumidor argentino llevará a su cocina o parrilla esa mercadería.

Manual básico para entender qué es una vaca conserva y por qué nosotros no la consumimos

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En el último informe mensual emitido por la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), fue el turno de Leonardo Rafael -su presidente- de analizar la “letra chica” de las nuevas reglas de juego.

“Es una realidad que esta decisión de ir hacia el troceo nos corre de nuestra zona de confort. Cuando empiece a implementarse, creemos que habrá un incremento en los costos, tanto por logística, como el transporte y los insumos. Con estas medidas, y según nuestros cálculos, la carne en los mostradores tendrá un aumento del 15%. Esto es contradictorio porque entendemos que la idea es bajar los costos de nuestra actividad”, señaló Rafael.

Un requiem para la media res: Confirman que la carne no podrá venderse en piezas de más de 32 kilos desde el año próximo

Y eso no es todo. Según el matarife, el acuerdo de “Precios Populares”, surgido de las negociaciones entre el gobierno y los frigoríficos exportadores que conforman el Consorcio ABC, “solo estará disponible en los hipermercados, donde ninguna persona con bajos recursos puede acceder”. Entonces, ¿se cumple o no con el objetivo propuesto por el oficialismo?

Rafael indicó que la nueva exigencia requerirá más espacio para el troceo e inversiones en tecnología de enfriamiento. “Como matarifes, podemos adaptarnos a esta normativa, siempre y cuando las fábricas lo hagan. Está claro que esta normativa en algún momento entrará en plena vigencia y toda la cadena de ganados y carnes tendrá que acompañar. Pero será muy difícil si no se supervisan los frigoríficos, para ver qué necesitan y cuál es la inversión para poner en marcha el troceo”, afirmó.

Los argumentos del gobierno: Para Paula Español, el troceo de la media res “va a impactar positivamente en los precios de cada corte”

El presidente de CAMyA también mencionó el interés de ese eslabón para acceder a destinos internacionales, de manera tal de poder mejorar los ingresos de las empresas del sector y contribuir así a ofrecer precios más convenientes a los consumidores argentinos. Pero esa iniciativa, justamente, está reñida con lo establecido por la resolución 60/2021.

Finalmente, planteó la preocupación del sector matarife por el regreso del programa “Carnicerías Móviles” promovido por las cámaras frigoríficas, que en algunos casos puede implicar riesgos sanitarios para los consumidores sino se controlan las habilitaciones sanitarias correspondientes.

“¿Cumplen con los requisitos sanitarios básicos? El segundo interrogante que se nos presenta es el origen de esta mercadería, habida cuenta que no es provista por el eslabón de matarifes y consumo interno. Los manteros de la carne, ¿tienen sus impuestos al día?”.

Renovaron el “acuerdo cárnico” con 8000 toneladas mensuales que cubren el 5% del consumo interno: Se viene el asado a 359 $/kg

Foto: Puntual

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La exigencia implica cambios en la faena y en la logística comercial del producto, que a primera vista significa un incremento de los costos en los frigoríficos del consumo. Por un lado habrá que hacer inversiones en las playas de faena, pues implica el agregado de un proceso de desposte que hoy no se hace en muchas plantas. Pero además habrá que mejorar la capacidad de frío, porque los cortes ocupan más espacio que las medias reses. Otra consecuencia es que se deberá incorporar personal en ese proceso y también en la distribución de la carne.

Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara de Matarifes (Camya), puso en dudas que se pueda implementar la medida en los plazos establecidos por el gobierno: “Vemos muy complicado que se pueda lograr el cuarteo para el 1 de enero, porque hay muchas plantas en el interior que no tienen ni el dinero ni el tiempo para hacerlo. En el conurbano lo pueden hacer algunos frigoríficos del consumo y otros no”, explicó.

Escuchá el reportaje:

El matarife dijo que sin los créditos necesarios será muy difícil hacer las obras. Además en el contexto de la pandemia, que ralentiza todo. “Hoy pedís un equipo de frío y te dan turno para dentro de 4 meses”, explicó.

Por eso Pedace cree que lo más probable es que la medida se termine postergando. “En lugar de empezar en 2022, quizás sea en 2023 y en el medio les deberían dar dinero para adaptar las plantas” a los frigoríficos que lo necesiten, señaló el matarife.

Pedace cree que, debido a estos costos adicionales, la medida terminará impactando en el precio de la carne.

“Algún eslabón o todos van a perder. A la corta o a la larga esto lo paga el consumidor. Por ejemplo, si sube el cuero se pueden absorber gastos y trasladar ese ingreso al precio de la carne, pero esto (el costo del cuarteo) no se va a poder trasladar”, evaluó.

Por eso reclamó que el gobierno trabaje en habilitar más frigoríficos para la exportación, a los efectos de poder lograr mayores ingresos en los mercados internacionales y poder mantener a raya los valores de los cortes que se venden en el interno.

“Se tienen que autorizar más frigoríficos para exportar para que se pueda mantener el precio de la carne a doña rosa. Hay que vender lo que no compra el consumo en los mercados internacionales”, enfatizó el matarife, insinuando que existe cierta demora de las autoridades sanitarias para conceder dichas habilitaciones.

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La historia ya determinó sobradamente que cuando Néstor Kirchner y Guillermo Moreno intervinieron las exportaciones de carne vacuna -entre 2006 y 2009- los resultados fueron catastróficos para la cadena de ganados y carnes: se perdieron 8 millones de cabezas de ganado, cerraron más de 100 frigoríficos y se perdieron 20 mil puestos de trabajo especializado, además de que se fundieron miles de pequeños productores y los precios del alimento finalmente subieron. No hace falta machacar con esto. Existe la estadística.

Ver Regresan los ROE y la “doble botonera”: Los exportadores de carne deberán pasar el filtro tanto de la ex ONCCA como de Comercio Interior

Pero también hubo ganadores en aquel dramático proceso. Un grupo de grandes frigoríficos (varios de los cuales habían pasado a manos extranjeras poco tiempo antes) hicieron enormes diferencias con los cierres temporales de las exportaciones. Sabían cuando comprar hacienda y cuando vender la carne. Recibían de modo más que oportuno los ROE (permisos de exportación) y hasta cobraron subsidios de la ex ONCCA. Pese a que el país reduciría a partir de 2010 a expresiones mínimas su negocio de exportación de carne (se cayó hasta el 5% de la producción total), en los años de intervención ese grupo de empresa tuvo s enormes ganancias y hasta eran récord los embarques debido a la gran liquidación.

Perdían los ganaderos. Ganaban los grandes frigoríficos exportadores. Después perdieron todos. No podemos ignorar ese detalle.

En aquel momento, Guillermo Moreno montó una “escuelita”, que era una reunión semanal donde tenían que acudir los integrantes de la cadena que quisieran ser parte de ese juego o acaso sobrevivir en el reinado de la discrecionalidad. Los que criticaban la intervención quedaron afuera, marginados. Muchos dirigentes alumnos agachaban la cabeza y mantenían silencio, resignados. Pero había otros que aprovechaban su cercanía con el poderoso funcionario. Negociaban y le prometían “carne barata” en los supermercados, para que el INDEC  -intervenido por el propio Moreno- pudiera tomar de allí los precios que le permitieran construir un índice mentiroso de inflación.

La gente usualmente no encontraba aquella carne barata. Y cuando lo hacía era en bandejitas de pura grasa.

La historia, dicen, se repite como farsa. Desde principios de año rige un “acuerdo de precios” para vender una serie de cortes populares a precios de diciembre. Es decir, el asado debe ser colocado a 400 pesos por kilo, cuando en el resto del mercado vale 590. Los volúmenes no son grandes sino todo lo contrario: los grandes frigoríficos del Consorcio ABC y los supermercados (la mayoría tiene faena propia) pactaron con Comercio Interior, a cargo ahora de Paula Español, colocar 6.000 toneladas de carne por mes a bajos precios, lo que es el equivalente a 2 o 3% del consumo total. Se venden solo en las grandes cadenas, con lo cual los minoristas se quejan de la competencia desleal.

Por suerte, al menos por ahora, el INDEC no toma esos valores, y por eso el IPC sigue mostrando que la carne vacuna siguió subiendo este primer trimestre de 2021.

Y como la carne sigue subiendo -por una serie de factores- el Gabinete Económico anunció este jueves una nueva ofensiva y la reimplantación de un registro de exportadores: se comenzará así a monitorear los embarques desde Comercio Exterior, al tiempo que se extremarían los recaudos para inscribir operadores en el RUCA, el registro de la cadena agroalimentaria que funciona en el Ministerio de Agricultura. Quien no figura allí no podrá exportar.

La excusa de las autoridades para extremar estos controles es evitar un delito: posibles maniobras de subfacturación de las exportaciones. Pero el riesgo de que ese monitoreo termine por complicarles las exportaciones a unos y beneficie a otros quedó más latente que nunca, a pesar de las promesas de transparencia de las autoridades. ¿Por qué creer a funcionarios que dicen que no van a obstaculizar las exportaciones cuando ya lo hicieron en el pasado reciente y jamás expresaron autocrítica o arrepentimiento?

Ver Paula Español avisa que “no se van a prohibir ni limitar exportaciones siempre y cuando tengamos un buen cuidado del mercado interno”

Moreno no está. Y la escuelita ya no abre sus puertas. Pero en la negociación con las nuevas autoridades de Comercio Interior no participan todos los integrantes del sector, sino los mismos de siempre que ya se vieron beneficiados en el pasado: los grandes frigoríficos exportadores del Consorcio ABC. El acuerdo de precios es solamente con ellos y los supermercados, con los cuales son como primos hermanos. A la par, este sector de la industria (que representa 75% de los embarques, pero solo 30% de la faena) logra imponer sus recetas, como la prohibición de la media res a partir de 2022.

Desde 2015 a esta parte funcionó un conglomerado de organizaciones llamado Mesa de las Carnes, donde están los productores, los consignatarios, los matarifes, los frigoríficos del consumo y también los exportadores nucleados en el Consorcio ABC. Ese bloque se dio el lujo, durante el gobierno pasado, de reunirse hasta una decena de veces con el presidente Mauricio Macri, para revisar la agenda del sector. Llegó Alberto y no hubo nunca más una reunión, a pesar de que la Mesa cambió al coordinador, buscando en la figura de Dardo Chiesa, el ex presidente de CRA, un dirigente más moderado que pudiera lograr mantener las vías de diálogo con el muevo gobierno.

Nada de eso sucedió. En el primer acuerdo de precios de diciembre pasado, la Mesa de las Carnes ni siquiera opinó y lo suscribieron solamente el Consorcio ABC y otras cámaras frigoríficas que se comprometieron a abastecer de cortes baratos el Mercado Central, como UNICA, FIFRA y CADIF. Estas últimas parece haber sido desplazadas ahora en esta nueva negociación para extender el acuerdo solicitado por Paula Español. Es decir, el gobierno tiene ahora solamente un solo interlocutor: el Consorcio ABC que preside Mario Ravettino.

Es muy interesante, en este contexto, releer la editorial que escribió horas antes del anuncio sobre un nuevo registro de exportaciones el presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), Leonardo Rafael. En esas líneas, el empresario más vinculado a los operadores que proveen de carne al conurbano bonaerense hablaba de una evidente tensión entre “mercado interno y exportación”, especialmente “a partir de la disparidad de condiciones que el sector de matarifes debe afrontar frente a los grandes frigoríficos exportadores al momento de comprar hacienda, situación que impacta de manera directa en los precios de venta al público”.

Rafael representa a operadores que mueven miles de cabezas de ganado pero que no suelen tener una planta propia, por lo cual contratan el servicio de faena de un tercero. Ese sector se viene quejando porque mientras los grandes frigoríficos vienen ganando posiciones en el mercado interno (por ejemplo, a través de los acuerdos de precios con Comercio Interior), a ellos se les hace cuesta arriba convertirse en exportadores.

“Nuestro eslabón está listo para acceder a los mercados externos, hemos realizado inversiones y cumplimos al pie de la letra con los requisitos sanitarios para llegar a todo el mundo con el fruto de nuestro trabajo. Pero vemos con preocupación cómo se cierran las puertas, tanto desde el Estado como el sector privado”, estableció su directivo en la editorial, y luego preguntó: “¿Será muy fuerte la presión de los principales jugadores del negocio de la carne vacuna, para que no habiliten ninguna planta más y se consolide un monopolio exportador?”

A las horas de divulgada esta editorial, el gobierno anunciaba los nuevos registros en Comercio Interior y mayores controles en el RUCA. Allí, días antes, las autoridades de Agricultura designaron a un contador llamado Luciano Zarich y de inmediato comenzaron a suceder cosas sospechosas y poco transparentes (o al menos pésimamente explicadas): “Se han suspendido las actividades de 15 empresas exportadoras de carne”, informó el propio gobierno, sin jamás dar a conocer el nombre de esas empresas ni precisar qué falta cometieron. Tan burda era la información de Agricultura que ni siquiera definía de qué registro se las había suspendido, pues esos “exportadores sin planta” ni siquiera estaban inscriptos en el RUCA.

¿Puede ser el RUCA utilizado como filtro para que unos puedan exportar y otros queden inhabilitados para hacerlo? Es una posibilidad concreta. También es cierto que los matarifes representados por Rafael vienen tropezando con una segunda piedra, a la hora de pedir la habilitación sanitaria del Senasa para algunas plantas de faena con las que trabajan.

A diciembre de 2020, según estableció la CAMyA, había unos 82 matarifes abastecedores que contaban con matrícula para exportar y hasta había 14 de ellos que integraban grupos de productores de Cuota Hilton, casi la mitad de los existentes. Pero al parecer había algunos más querían ingresar al negocio dominado por los grandes frigoríficos del Consorcio ABC. Esto era lo que planteaba Rafael en su editorial: “Desde el 2018, el Senasa habilitó algunas plantas para exportaciones puntuales, pero en líneas generales no se abrió el juego para los frigoríficos del mercado interno que están en carpeta para comercializar a China”.

Los matarifes argumentan incluso que si se los dejara exportar también podrían subsidiar cortes de consumo a precios populares, como hacen exclusivamente los socios del Consorcio ABC. “Nuestra participación en este plan de rebajas nos permitiría llegar a donde los exportadores no pueden: al bolsillo de los sectores con menos recursos”, escribió Rafael..

“Los frigoríficos del mercado interno, responsables del 80% de la carne que llega a la mesa de los argentinos, reclamamos nuestro espacio a la hora de abrir el juego exportador. Estamos preparados”, añadió el presidente de la Cámara de Matarifes, dejando expuesto que ahora -como en tiempos de Moreno- podría haber hijos y entenados a la hora de acercarse a negociar con el gobierno.

Queda flotando una pregunta obvia, ahora que al parecer habrá nuevos controles de precios y hasta un nuevo registro de exportaciones como fueron los ROE. ¿Por qué no se reúne el gobierno con toda la Mesa de la Carne y se sacan todos estos trapitos al sol? ¿Por qué los acuerdos de precios no incluyen a todos los operadores?

Es lo que debería suceder: Cualquier manual básico de política pública exige a los funcionarios definir una política transparente y aplicar una ley pareja para todos.

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