Intentaremos por medio de estas líneas dar respuesta a dos artículos publicados en Bichos del Campo. Nos referimos a las declaraciones de la diputada nacional María Fernanda Vallejos  y al titulado “El Consejo Agroalimentario se despega de una posible Fideicomiso para el Maíz”.

En primer lugar, nos referiremos a lo expresado por la diputada. No nos pronunciaremos en defensa de lo que expresó, sino en defensa de lo que venimos proponiendo desde el año 2005 en adelante, pronunciamiento que no fue producto de una noche alocada, sino de haber contratado a dos prestigiosas  y reconocidas  instituciones de estudios internacionales que nos asesoraron sobre el tema que nos ocupa.

Respecto a la expresión de la diputada, se tomó sólo la primer parte de sus declaraciones y los dirigentes y medios se quedaron con “el primer renglón”, bardeándola.  Lo importante, viene en la segunda frase, que nadie se detuvo en analizar y es el centro de lo que se debe hacer: “Es imperioso desacoplar precios internacionales y domésticos, ya que los domésticos deben regirse por la capacidad de compra (en pesos) de los argentinos”.

Gracias a la mala interpretación que se hizo respecto de las declaraciones de la diputada, se visibilizó nuestra propuesta, la que venimos trabajando en silencio en conjunto con la Cámara de Productores Lecheros de Córdoba (Caprolec) desde el año que referenciamos y que casi nadie prestó atención, tal vez porque somos unos subestimados simples y pequeños productores de leche y no tenemos el prestigio y llegada a círculos de poder que otros tienen.

Desacoplar los volúmenes y precios para el mercado interno y externo y la conformación de un “fondo anticíclico” o “estabilizador”, administrado por  privados con participación del Estado nacional, quien debe aportar información y supervisión, es lo que las cámaras empresariales nucleadas hoy en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) deberían haber propuesto al gobierno nacional.

Entendemos que todos avizoran que a medida que la pandemia de Covid-19 se vaya controlando, las economías de los distintos países se irán recomponiendo y fundamentalmente los mercados asiáticos y el chino en particular, por lo que habrá una tracción de mayores volúmenes por exportar, como también precios superiores a los que puede pagar el mercado interno. La problemática del maíz es la punta del iceberg de lo que pronto vendrá  para las cadenas agroalimentarias argentinas.

De lo poco o mucho que estudiamos (pocas cadenas se pusieron a estudiar el mecanismo), el problema para la Argentina será una maldición o una bendición, dependiendo de lo que los representantes de las cámara agroalimentarias y no alimentarias definan hacer en términos políticos.

O vamos por el concepto de ganar-ganar (ganamos todos) o dejamos al gobierno actúe solo y sin ayuda, el cual, como otros de diferentes tendencias (ultra derecha, derecha, centro izquierda, socialista o comunista), ante situaciones similares, recurrieron y recurren a la implementación de retenciones, precios controlados o máximos,  prohibición de exportar y/o la combinación de las tres herramientas,  para no dejar a sus pueblos sin comida.

Sin acciones que compatibilicen los intereses de los productores, industriales, consumidores en consonancia con la política económica del gobierno nacional, se lo deja acorralado y no cuenta con otras herramientas en sus manos, como tampoco reeditar organismos como la CAP, la Junta Nacional de Granos o el IAPI, ya que es probable que naciones competidoras presenten al respecto denuncias ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Consecuentemente, y a pesar de que tenemos todas las ventajas competitivas para posicionarnos dentro de los diez mejores países lecheros del mundo, veremos “pasar el tren” desde lejos, ya que no  estuvimos en el andén en el horario justo para abordarlo.

De lo poco o mucho que estudiamos, el comportamiento general de la dirigencia agroindustrial (expresamente nos exceptuamos) es que cuando la cosa va bien no quieren que El Estado se meta, mientras que, cuando se da vuelta la torta, primero le bajan los precios a los productores y, cuando están al límite, piden que el Estado se meta y ayude a sus economías (no tenemos antecedentes que alguna venda bienes que compraron con las ganancias de la actividad principal) y  anteponen como “escudo” para pedir ayuda la cantidad de mano de obra que tienen, solicitando se le aumenten los precios de venta y/o solicitar compensaciones por los mayores costos. Entendemos que esta situación es injusta y perversa, maximizar ganancias  para cuando va bien y sociabilizar las pérdidas para cuando va mal.

No nos creemos los que “inventamos la pólvora”, sólo estudiamos lo que han hecho otros países, como el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, la Reservada del Cobre de Chile, el Fondo Anticíclico Alemán y el Fondo Colombia Sostenible, para adaptarla a la realidad Argentina.

Aparte de estudiar lo que pasa en el mundo, tuvimos la posibilidad de participar en la gestión del gobierno desde octubre 2009 hasta mediados del 2016 y desarrollamos las herramientas, como también las articulaciones necesarias, con los distintos organismos del Estado Nacional para ponerla en funcionamiento.

Los objetivos a presentar al gobierno nacional, deberían estar orientadas en los siguientes puntos:

1. Para todas aquellas producciones y/o industrializaciones que tengan excedentes al mercado interno, desdoblar volúmenes y precios.
2. Para todas aquellas producciones y/o industrializaciones que sólo tengan mercado externo, se arregla con retenciones.
3. Para todas aquellas producciones y/o industrializaciones que no tengan excedentes para el mercado interno, incentivarlas para incrementar la oferta. Dicha situación debería ser mantenida hasta tanto sean excedentarias. Cuando pasan a ser excedentarias, implementar el punto primero.

Para explicar en detalle la propuesta, hemos solicitado audiencia  al Jefe de Gabinete de Ministros, ViceJefe y Secretaria de Comercio. Por último, y para cerrar, nos ponemos a disposición del Sr. José Martins, vocero del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), para interiorizarlo y que junto a otras cadenas presentemos al gobierno Nacional una salida inteligente donde todos ganaremos.

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“Hoy los precios que recibimos contrastan con la realidad de la economía global de las últimas semanas”, apuntaron en dupla Oracio Saluzzo, de Caprolec (la cámara de productores de leche de Córdoba) y Fernando Córdoba, de Meprolsafé (productores de Santa Fe). Luego explicaron que el virtual congelamiento de los precios de la leche cruda contrasta con “el permanente incremento de todos nuestros costos, y en especial el más importante, la alimentación, debido a la constante suba internacional de los cereales y la modificación de los derechos de exportación, lo que nos ha puesto en una situación de absoluto quebranto para producir”.

Esta situación es visible en el último tablero sectorial difundido en las últimas horas por el Ministerio de Agricultura: en septiembre pasado los tambos cobraron por esa materia prima un promedio de 19,07 pesos por litro, con una suba intermensual de solo 2% y del 21% respecto del mismo mes del año pasado. Mientras, los costos -muchos de ellos dolarizados- suben mucho más rápido. Y en dólares la leche se deprecia, ya que ahora vale 24 centavos de dólar (tomando el oficial), contra más de 29 centavos en la primavera del 2019.

“Ante esta incontrastable situación, imposible de desconocer por los actores del sector, vemos como nadie se acuerda ni reclama por nosotros. La Industria no se acuerda, como así tampoco los gobiernos de nuestras provincias, como tampoco el gobierno Nacional”, dijeron las cámaras de Córdoba y Santa Fe, que solicitaron una “audiencia urgente” con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y los otros actores de la cadena láctea.

Desde el gobierno contestaron con una reunión, pero con otros actores de la lechería. En efecto, un comunicado de Agricultura informó que a última hora del martes se reunieron Basterra y el director de Lechería, Arturo Videla, con representantes de la Fundación PEL (FunPEL), que nuclea a las principales entidades de la producción y la industria lechera, pero no a las cámaras que pidieron la reunión.

El gerente ejecutivo de FunPEL, Gustavo Mozeris, destacó en el comunicado oficial que la charla con los funcionarios “fue una muy buena oportunidad para contar lo que venimos trabajando para la promoción y el desarrollo de la cadena láctea argentina”.

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El que sí participó fue José Di Nucci, de la Cámara de Productores Lecheros de la Cuenca Oeste (Caprolecoba). Siempre según el comunicado, este dirigente sostuvo que fue “muy satisfactoria la reunión, se comparte la misma sintonía con los conceptos que planteó el ministro; y se observa que en adelante hay un camino para andar juntos, con cosas concretas que están al alcance como es la simplificación de trámites”.

De la situación de quebranto a la que parecen -una vez más- expuestos los productores de leche, ni una coma se les cayó a las autoridades de Agricultura. Por el contrario, difundieron el gran potencial que se supone para ellos tiene la actividad, que “posee casi 180.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, que se distribuyen 42.800 en tambos y 35.000 en la industria”.

La suma no da, pero bueno.

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Frente a este panorama, los Bichos de Campo le preguntamos: ¿Y el Gobierno qué les dice?

“La respuesta que obtenemos es casi nula. Asistimos a reuniones con el gobierno nacional y con gobiernos provinciales, pero nos aseguran que ellos no van a meterse en relaciones de privados. Pero cuando evaluamos la transparencia de la cadena y observamos quién se lleva la tajada del león, reparamos en que el Estado se lleva el 40% en impuestos en este negocio”, disparó Leveratto.

Escuchá el reportaje completo al directivo de Caprolec.

“En 2017 el Centro de Almaceneros de Córdoba emitió un ránking de países que cobran los más alto los precios al consumidor, concluyendo en que la Argentina estaba segunda. Pero además el informe relevó que Argentina es el país que menos paga al productor”, describió el vicepresidente de los tamberos cordobeses.

Luego añadió: “Queremos tener una lechería en expansión. Para eso hay que exportar. Pero resulta que de 1.000 industrias, sólo 30 exportan. Entonces ¿Cómo hacer para que el crecimiento se garantice y no vaya al mercado interno, sobreofertándolo y poniendo así a la cadena comercial en una posición dominante?

Ver: Crónicas robadas: El tambero que necesita vender 15 mil litros de leche para pagar la factura de luz

En función de la gestión de Alejandro Sammartino y su equipo en la Subsecretaría de Lechería, ahora simple Dirección Nacional, Leveratto dijo que “ellos nos argumentan que sueñan con otra lechería, pero nosotros somos los que firmamos los cheques a los proveedores, no Sammartino”.

“Pareciera que a ellos les alcanzara con publicar datos en las redes sociales para que después nos arreglemos con los industriales, y no es así. Necesitamos otra presencia del Estado en la lechería para que haya una participación mayor en el mercado externo”, reclamó.

Y concluyó: “Desde Caprolec y la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (MeProLSaFe) pedimos medidas de regulación donde haya acuerdos sectoriales amplios que sean respetados para que todos, o bien crezcamos o suframos, pero del mismo modo, por igual”.

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