“Paren la comercialización de soja hasta que se arregle esto: es el único castigo que puede tener el gobierno”, solicitó Etchepare a los representantes de la Comisión de Enlace Agropecuaria en referencia a las protestas lanzadas contra el cierre de las exportaciones de carne vacuna instrumentado por la administración de Alberto Fernández.

Etchepare indicó que, si bien Confederaciones Rurales (CRA) y Sociedad Rural (SRA) tienen el mandato de sus bases para extender la protesta e iniciar un cese de comercialización de granos, los dirigentes de Coninagro y Federación Agraria (FAA) no están de acuerdo con esa metodología.

El analista indicó que, cuando realizan una medida de fuerza los gremios de los trabajadores que se desempeñan en los diferentes sectores agroindustriales o portuarios, lo hacen a costa de la completa paralización de las exportaciones hasta conseguir el objetivo propuesto.

“Los productores (al realizar una protesta por una medida oficial) mezclan política y ahí se equivocan: tienen que defender su negocio y la forma de defenderlo es parar la comercialización de soja y no la de carne”, argumentó.

Los productores argentinos están a punto de finalizar la recolección de soja y, según datos oficiales, vendieron por anticipado casi 20 millones de toneladas de una cosecha 2020/21 estimada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en 43,5 millones de toneladas, lo que implica que cuentan aún con más de la mitad de la producción en su poder.

Datos oficiales (Indec) muestran que en el primer cuatrimestre de 2021 las exportaciones netas de productos del complejo sojero generaron divisas por 6088 millones de dólares, una cifra que representa nada menos que el 28% de las exportaciones totales de bienes realizadas por la Argentina en ese período.

“¿Por que el gobierno no negocia con los productores? Porque necesita negociar con quiénes traen los billetes (por las divisas), no con quienes los fabrican”, explicó.

Etchepare se quejó además al indicar “el sector productor no logra hacer entender lo que le está pasando” al resto de la sociedad y remarcó que el cese de comercialización de hacienda –que fue extendido hasta el próximo miércoles– puede resultar contraproducente en términos de percepción pública.

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Se supone que para resolver estos dilemas existe la política, que debería buscar fórmulas ingeniosas y modernas, que además no alteren los procesos de formación de precios. Pero no es lo que sucede en la Argentina, donde las clases dirigentes nunca logran dar con una fórmula de equilibrio. Tampoco ponen en juego la suya, ni sus salarios ni la recaudación. Entonces meten mano en los negocios de los privados, haciendo más daño que otra cosa. Es lo que pasó con el reciente cierre de las exportaciones de maíz, por ahora suspendido.

¿De qué hablamos cuando hablamos de desacople? De tomar los precios de algunos productos que cotizan en dólares en el mercado internacional (básicamente los granos, pero también el petróleo) e implementar alguna fórmula para que no impacten linealmente en el proceso de formación de los precios internos de los alimentos. Dividir los caminos, si esto fuera posible.

La Argentina ya tiene los precios de sus tres principales granos desacoplados: no pagan por ello lo mismo los argentinos que los extranjeros, por el impacto de las retenciones o los derechos de exportación.

La soja es el caso más claro: el viernes cotizaba a 580 dólares el valor FOB oficial, que es lo que pagarían los extranjeros que quisieran comprarla en mayo. Pero en el mercado interno, a ese valor había que descontarle el 33% del tributo aduanero y por eso la soja disponible cotizaba a unos 350 dólares.

Ahí, con solo la aplicación de las retenciones, el desacople es mayúsculo, pues se pagan casi 200 dólares menos por tonelada, que son aportados por el productor no solo como descuento compulsivo desde el Estado sino también como un subsidio explícito para quienes compran la soja en el mercado interno.

Los productores argumentan que el desacople es todavía mayor, pues hay que sumar el impacto del “desdoblamiento cambiario”. ¿Qué quiere decir? Que esos 340 dólares nominales que cobran por la soja no valen realmente 340 dólares sino mucho menos, porque ellos cobran sus granos en pesos a la paridad oficial (el dólar mayorista del BNA) y cuando quieren comprar divisas no tienen acceso a ese valor sino que deben pagar bastante más.

Este gráfico, cuyo autor es Carlos Etchepare, el director periodístico de Canal Rural, muestra con claridad el impacto de lo que el analista denomina “distorsiones”, que es un descuento teórico que recibe el productor por impacto de la existencia de varios tipos de cambio. En dólares reales (tomando una cotización de 145 pesos por dólares, la del Contado con Liquidación), su ingreso cae a unos 200 dólares por toneladas. Así el productor de soja argentino termina cobrando por su producto (que es igual al de otros orígenes) solo un 35% del valor internacional. Es claramente injusto.

Para hacer estas cuentas, Etchepare tomó un valor FOB de casi 600 dólares, porque ese era el valor el 14 de enero de la soja disponible. En ese caso, el productor cobraría en dólares de mercado solo 209 dólares, mientras que 389 dólares quedarían en el camino del desacople, una parte por las retenciones y otra parte por efecto de las distorsiones en el mercado cambiario.

Hay que aclarar que se trata de un ejercicio teórico y que no es lineal, porque los productores de soja tienen costos que deben cubrir cuando venden su cosecha: algunos de ellos se toman a dólar libre, otros a dólar oficial y otros han  sido directamente pesificados. Ninguno de ellos cobra y destina todos sus pesos a la compra de dólares. Puede ser ese el caso de algún rentista que alquila el campo para que otro lo produzca.

Pero este desacople es claramente injusto. Finalmente en pesos, el productor de soja cobra 30.000 pesos. A dólar oficial son unos 350 dólares, pero su capacidad de compra de dólares libres se reduce a 206 dólares.

Si no existiera el desdoblamiento cambiario, los productores de soja deberían cobrar unos 51 mil pesos por tonelada. Y si además no existieran las retenciones, las cotizaciones internas de la soja deberían ronda los 84.000 pesos por tonelada. Casi tres veces más de lo que cobran.

Las retenciones son menores en trigo y maíz (de 12%), pero la distorsión por el desdoblamiento cambiario es similar para todos los granos. Por eso, según los cálculos de Etchepare, los productores terminan cobrando por esos dos cereales menos de la mitad del valor internacional.

Como hay miles de productores de granos que cotizan en dólares y sufren esta “injusticia”, en la Argentina hay otros miles de productores de otras cosas (a veces son los mismos) que tienen esos granos como insumos: los productores de leche, los feedloteros, los avicultores, las granjas porcinas, las fábricas de bioetanol, los fabricantes de polenta.

Claramente todos estos sectores son beneficiados por esta situación de desacople forzoso. Pero a la vez, como su principal mercado es el interno y allí sus productos cotizan en pesos (a lo sumo trasladan los movimientos del dólar en tiempos mucho más lentos que los granos), tienen un problema real y concreto cada vez que suben las cotizaciones de los granos. Por eso algunos de ellos consideran justo que exista algún sistema de desacople.

Así las cosas, para ellos los precios de esos insumos han crecido aceleradamente por efecto de la suba internacional en dólares y la devaluación del peso argentino (más allá de la existencia de varios tipos de cambio). La tonelada de maíz cotizaba a unos 8.500 pesos a principios de 2020 y ahora lo hace a 18.500 pesos. También en la comparación contra el año pasado, la cotización interna de la soja saltó de 13.500 pesos a unos 30.000 pesos. En ambos casos, las subas fueron de más del 100%.

¿Es injusto la situación de quien produce soja y maíz? Sin duda que sí, pues sus ingresos han sido “desacoplados” de modo más que grosero.

¿Es injusta la situación para quien utiliza esos granos para producir otros alimentos? Es injusta porque por h o por b no puede trasladar el aumento violento de sus costos de producción a los precios de venta de los alimentos a los mercados internos. A veces porque los políticos de turno no los dejan. Y otras veces porque es el propio consumidor argentino -cada vez más desahuciado- el que le pone ese límite.

De esta suma de injusticias está hecha esta charla entre dos productores, uno de granos y el otro de leche:

https://twitter.com/johnnpol/status/1350062834382733313?s=20

https://twitter.com/johnnpol/status/1350091893741416449?s=20

https://twitter.com/johnnpol/status/1350066519615614976?s=20

https://twitter.com/johnnpol/status/1350068027707039744?s=20

https://twitter.com/johnnpol/status/1350088405066117121?s=20

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Este año, con el régimen en marcha, hubo un incremento notable de las importaciones de la oleaginosa.

Según un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), “en el mes de septiembre, se importaron cerca de 563.000 toneladas de soja, principalmente del Paraguay, tres veces por encima del mismo mes del año previo, al mismo tiempo que se estiman importaciones por entre 400.000 y 500.000 toneladas para el mes de octubre. En total, la estimación de importaciones para los primeros 10 meses del año arroja 5 millones de toneladas de soja”.

La situación puntual del último bimestre (septiembre/octubre) puede obedecer a la necesidad de las fábricas de mantenerse activas en un contexto en el que los productores argentinos realizaron pocas ventas de su soja. Pero sumando el acumulado anual, el ingreso de soja importada es 16% superior a todo lo importado en 2019.

A su vez, de continuar la tendencia en noviembre y diciembre, se llegaría a un flujo de unas 6 millones de toneladas, lo que implicaría un salto interanual de casi 40%. En 2018 se importó mayor cantidad de soja, pero en aquel momento la sequía había hecho estragos en la producción local, y la industria aceitera llegó a traer el poroto incluso desde los Estados Unidos.

El volumen importado este año se acerca mucho a los embarques del poroto sin procesar desde la Argentina, que según lo que informa el Ministerio de Agricultura llegan a 6,5 millones de toneladas en el período enero-octubre.

Ver también Mitos y verdades sobre Vicentin y las barcazas de soja que bajan por la hidrovía del Río Paraná

Desde la industria aceitera suelen argumentar que este esquema de importaciones temporarias le agrega materia prima a un sistema que tiene alta capacidad ociosa, por las inversiones realizadas por las empresas aceiteras que no fueron acompañadas por el crecimiento de la producción. En rigor, se estima que la Argentina tiene capacidad para moler unas 70 millones de toneladas anuales de soja. Pero, castigada por los sucesivos gobiernos con derechos de exportación que desincentivan la siembra, la oferta local se estancó en 50 millones de toneladas.

Con respecto a esta cuestión, el analista de mercados Carlos Etchepare dijo que no resulta comprensible el argumento de los privados ni el aval que se hace desde el Estado. “Cuando se importa 1 tonelada de soja y se fabrica la harina y el aceite con ella se genera el mismo ingreso para la empresa que cuando se procesa soja nacional, pero al Estado le ingresa el 29,5% por derechos de exportación sobre el agregado de valor, es decir, por la diferencia entre el valor del poroto y el de la harina y el aceite”.

Etchepare calculó que por 1 tonelada de soja importada, la industria ubicada en Argentina le paga al productor paraguayo 498 dólares y cuando se vende la harina y el aceite entran al país 542 dólares. Pero como se pagan retenciones de 29,5% solo por el agregado de valor, cuya diferencia es de 48 dólares, el Estado percibe 13 dólares por tonelada por dicho tributo.

En cambio, al Fisco le ingresan 160 dólares por el poroto que se produce y se exporta sin procesar en la Argentina.

Así, según el analista, la diferencia por el agregado de valor que se logra en el procesamiento es menor medida en dólares y no justifica la vigencia de un sistema que le resta ingresos al Estado y le genera una competencia desleal a los productores argentinos, porque se genera más oferta en el mercado.

A los productores locales, además, se les descuentan las retenciones, que volverán a ubicarse en poco tiempo más en 33%. La soja argentina, después de retenciones, ronda los 340 dólares que además se liquidan al tipo de cambio oficial. El dólar oficial menos retenciones a la soja resulta de solo 55 pesos.

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Y muchos comienzan a acusar al sector por supuestamente “no ser solidario”, ya que de las ventas de soja dependen también el ingreso de divisas que se necesitan para mantener en calma el mercado cambiario. De hecho, la soja y sus derivados explicaron el año pasado el 24% de las divisas ingresadas al país.

La entrada Carlos Etchepare justifica a quienes retienen su soja: “Todos sabemos que el tipo de cambio oficial de 60/65 pesos mucho tiempo más no va a aguantar” se publicó primero en Bichos de Campo.

Y explicó: “Este sector tuvo privilegios durante más de 30 años e incluso hasta hoy los tiene, lo que le permitió desarrollarse hasta ser de las (industrias) mas modernas y competitivas del mundo. Por lo cual, pensar que por 3 puntos (de retenciones) ese sector va a desaparecer o entrar en problemas no es serio”.

Escuchá el reportaje completo a Carlos Etchepare:

El analista reforzó la idea de que la competitividad que caracteriza a la industria aceitera no depende ya de un diferencial cambiario y en este punto expresó: “Todos sabemos que algún día la soja pagará 0% de retención. Entonces, cuando eso pase, me pregunto: ¿Qué hará el sector aceitero? ¿Pedirá subsidios?”

“Lo ideal es que no haya retenciones en un país como Argentina. Pero en cambio se optó por un camino pausado frente a un escenario de tormenta, como se lo pasa diciendo nuestro presidente”, agregó el analista del mercado de granos.

Ver: Las aceiteras le pedirán a Macri que “revierta” los cambios en las retenciones

Etchepare consideró que esto “no va a afectar al productor agropecuario, debido a que los beneficios de diferenciales siempre quedaban en manos de la industria, excepto en situaciones muy coyunturales en donde, por alguna desesperación como la de conseguir poroto, la industria pagó ese diferencial y lo trasladó a la producción”.

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La consultora Agroeducación organizó un viaje por China con un contingente de 50 productores de diferentes regiones de nuestro país. Carlos Etchepare, analista del mercado de granos y director de noticias de Canal Rural, forma parte de la comitiva que está recorriendo zonas productivas y los centros de consumo más importantes del gigante asiático.

En diálogo con Bichos de Campo, Etchepare comparte algunas de sus impresiones sobre la sociedad china, sus necesidades de abastecimiento de alimentos y las características de su estructura productiva.

– ¿Cuál fue la primera impresión al llegar a China?

Realmente la sorpresa fue grande. Llegamos a Beijing, una ciudad de 20 millones de habitantes que al igual que otras, también enormes, cuentan con una infraestructura muy moderna y con una población que incrementó y modificó su nivel de consumo.

#chinaporelrural @elrural @AgroEducacion en la despedida de Shanghai pic.twitter.com/3HIecWNB0R

— CARLOS ETCHEPARE (@carlosetchepare) June 4, 2018

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Será por falta de mercadería para procesar por la sequía que castigó a muchos productores argentinos que perdieron gran parte de la cosecha de soja. Será porque para algunos la “triangulación” de operaciones, ante el conflicto por los aranceles entre EE.UU. y China puede ser un negocio alternativo interesante. Será por los diferenciales de “primas” que conforman los precios y permiten un negocio adicional para algunos. O será por las razones que cada uno considere mas oportunas. La cuestión de la importación de soja volvió a surgir en los grandes medios y otra vez hay opiniones de todo tipo, muchas de ellas interesadas en función de los sectores a los que pertenecen los “opinologos”.

Sin embargo, más allá de las opiniones hay una realidad que sólo puede demostrarse con hechos y que permitirá a cada uno sacar sus propias conclusiones en base al análisis de tales hechos. En este sentido, llama la atención el silencio del gobierno nacional, tan proclive a mostrar supuestos éxitos de su política de integración al mundo, como el de las entidades que dicen representar los intereses de los productores. Excepto la FAA en un comunicado no demasiado expresivo, nadie se refirió al tema.

Un poco de historia reciente. Ni bien asumió ele gobierno, en diciembre de 2015, Mauricio Macri dio cumplimiento a las promesas más importantes que le había hecho a los productores. Devalúo, unificó el mercado cambiario, abrió las exportaciones y eliminó los derechos de exportación, excepto para el principal producto castigado por este tributo a la producción (más allá de su nombre técnico) y que por otra parte fuera el origen del mayor conflicto del “campo” con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), la soja.

Pocos días después, el mismo gobierno también cumplió con unos de los reclamos que le hicieran los representantes del Centro de Exportadores de Cereales y de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CEC-CIARA). Este sector durante los años kirchneristas hizo importantes diferencias en los negocios de trigo y maíz, fomentados por las políticas oficiales del gobierno nacional que favorecieron la concentración y cartelización en perjuicio de los productores.

A tal punto (ese beneficio) que en un acto recordado -por ser la única vez que ocurrió en la historia argentina-, el presidente de entonces de esa entidad empresarial, Raúl Padilla, agradeció en la Casa Rosada a la entonces presidenta CFK las políticas aplicadas para el sector. Con ese acto se estaba avalando los ROES, cupos y cuotas de exportación y retenciones con que el kirchnerismo lograba una transferencia de recursos de los productores, no sólo al propio Estado, sino también a exportadores e industriales.

Antecedentes – La prehistoria reciente: También vale recordar que luego de varios años de gestiones, el gobierno de Néstor Kirchner firmó el decreto 1.330 en 2004, que permitió a las aceiteras importar soja bajo el régimen de importación temporaria. Sus alcances fueron ampliados en 2006.

En ese momento, CARBAP, entidad representativa de los productores de Buenos Aires y La Pampa, emitió un duro y concreto comunicado cuestionando la medida.

Hasta el momento de redactar este informe, por una medida similar nada ha dicho al respecto. Podría hacer un “copiar y pegar”, ya que la realidad es la misma, agravada por la falta de ayuda oficial frente a la emergencia que hoy soportan miles de productores sojeros, quienes recibirán como competencia la soja producida no solo en los países limítrofes sino también en un país que subsidia a sus productores, como es el caso de Estados Unidos, provocando una baja en los precios del mercado interno. Ocurre, que en algunas entidades de productores varían su opinión en función del gobierno o funcionario de turno. Tal vez ahí está la razón de su cada vez menor representatividad y de la desconfianza que con sus actos generan en sus supuestos representados.

Pero volvamos a la historia. Luego del conflicto entre el “campo y el gobierno K” no todo era color de rosa en la relación entre los empresarios que manejan el comercio internacional de nuestros productos y las autoridades.

En 2009,el gobierno de CFK emitió la resolución 109 por la cual se excluyó a la soja del régimen de importación temporaria. Los argumentos citados en esa norma son indicativos de la puja que acompañó los sucesivos cambios del régimen. Según el texto de esa disposición, el cambio fue para “proteger los ingresos de los productores al privilegiar la utilización de materia prima nacional”.

No obstante, y más allá de la verdad de este argumento, el gobierno estaba imponiendo una represalia sobre un sector que mediante diferentes métodos, aunque tratando de pasar lo mas desapercibido posible como ocurre casi siempre con sus acciones, había apoyado la “rebelión del campo”: los exportadores y los industriales aceiteros.

Por otra parte, a partir de las desastrosas medidas tomadas por la administración K, en materia impositiva y por su “sorprendente” desprolijidad, en particular desde el aumento a los derechos de exportación de la soja en noviembre de 2007, el sector exportador-industrial pudo hacer grandes diferencias entre los descuentos de precios que pudo hacer a los productores en sus compras y lo que efectivamente trasladaron al fisco. Utilizaron para ello un artilugio que les permitía el régimen legal vigente y sobre el cual el kirchnerismo “sorprendentemente” no advirtió. Esto generó una nueva y vergonzosa transferencia de recursos de los productores al sector comercializador externo y a la industria.

Las repercusiones de esta situación en diversos medios especializados motivo que el tema llegará al Congreso de la mano del entonces diputado Martinez Raymonda, asesorado por el conocido abogado Ricardo Monner Sanz. Ello permitió la salida de una engorrosa ley, muy mal redactada e implementada, pero que de alguna manera ponía a la AFIP en condiciones de reclamar a los compradores esas diferencias no liquidadas. En los hechos se generó una deuda de los compradores con la AFIP.

Algunos llegaron a algún tipo de acuerdo, otros prefirieron litigar. Siempre es bueno recordar que se trataba de una disputa por dinero extraído a los productores.

Otro aspecto a recordar de la política de entonces, era la permanente falta de “dólares” que sufría el gobierno K en sus últimos años. Esto era siempre “solucionado” por el sector exportador que actuaba como rueda de auxilio permanente del gobierno en este tema.

Tal vez por eso en 2012, se volvió a abrir el régimen de importación temporaria, aunque condicionado a la inscripción de los operadores en un Registro de Operadores de Soja Autorizados (ROSA), para lo cual había que estar al día con la AFIP.

Modificación y posibles trampas, con otros beneficiarios: La Bolsa de Comercio de Rosario, zona clave en el desarrollo de la industria sojera, recordó que el régimen de admisión temporaria de soja se reestableció a pleno durante los primeros días del gobierno de Cambiemos.

“Dos resoluciones de los ministerios de Producción y Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación resolvieron a comienzos de esta semana eliminar el requerimiento de estar inscripto y habilitado en el ROSA (Registro de Operadores de Soja Autorizados) para poder participar del régimen de importación temporaria para procesamiento industrial. Dicha exigencia se había creado en el año 2012 cuando se restableció el sistema derogado en 2009. Pero desde el 2012 y al existir diferendos entre las empresas del sector con la AFIP (en su mayoría derivados de la denominada Ley Martinez Raymonda; relativa al tema derechos de exportación) su vigencia no tuvo ningún impacto en la actividad de las plantas argentinas durante los últimos años. No hubo prácticamente operaciones de importación de soja desde Paraguay o Bolivia en los últimos tiempos (hasta 2015).  La normativa publicada el lunes en el Boletín Oficial dispuso que ‘cuando el producto resultante a exportar sea aceite de soja, harina o pellets de soja, no se requerirá la inscripción en el ROSA’, y encarga a AFIP la fijación de los valores de importación a deducir para la determinación de la base imponible de los tributos a pagar al momento de exportar”.

Sigue al análisis efectuado por la BCR a comienzos de 2016: “El sistema de importación temporaria habilita a la industria a deducir el costo de la importación de la base imponible de los derechos de exportación, calculada a partir de la cantidad declarada para embarque multiplicada por el valor FOB oficial informado por el Ministerio de Agroindustria. De este modo, el exportador solo paga al fisco por el valor agregado local, y no por el valor total de la harina o el aceite que está exportando. De alguna manera, concede un tratamiento diferencial al industrial que tuvo que originar la materia prima a precios internacionales”.

Volvemos a nuestro análisis. En muchos casos esa ecuación hasta puede resultar “negativa” no solo evitando el pago de los derechos de exportación sino también reduciendo el pago de un eventual impuesto a las ganancias. Ello es posible porque en muchos casos el “calculo efectuado por las empresas y su documentación” determina que se puede haber gastado mas en la compra de la materia prima a precio internacional lleno que lo obtenido por la venta del producto derivado (valuado como grano considerando sus costos de transformación). No siempre es así, pero es una posibilidad.

El argumento que utiliza el gobierno macrista, asesorado por los empresarios del sector, y tal como lo menciona en las resoluciones citadas, es el siguiente: “Conforme a la experiencia recogida y al actual contexto económico corresponde tomar las medidas que permitan impulsar la actividad agroindustrial y la generación de valor agregado en el territorio nacional, así como la plena ocupación de la capacidad industrial instalada, con la consecuente generación de empleo, sin que ello implique atentar contra la producción nacional de soja”.

El impacto en el precio interno es ineludible. Sencillo, a más oferta menor precio:  En la nota ya mencionada, la Bolsa de Comercio de Rosario, que se mostró muy satisfecha por la medida, incluía el siguiente párrafo:

“Uno de los temores que se abre con esta medida es que la oferta doméstica pueda sufrir una mayor competencia con el ingreso de producción extranjera, lo que podría deprimir los precios y restar rentabilidad al cultivo. Esta preocupación se sustenta en el hecho de que -por la vigencia de los derechos de exportación- los productores argentinos sufren descuentos del 30% en los valores que reciben de los compradores. Los productores paraguayos o bolivianos, por caso, recibirán el ‘precio lleno’ cuando su soja se destine a procesamiento industrial en Argentina. Si bien es un argumento atendible, creemos que no corresponde justificar la inconveniencia de la medida por la vigencia de otra (las retenciones) que se encuentra en un plan gradual de disminución de acuerdo a lo planteado por las autoridades”.

De alguna manera se está reconociendo en ese párrafo que la existencia de los derechos de exportación para los productores argentinos los pone en una clara competencia desigual frente a sus competidores de otros países. A la fecha los derechos de exportación de la soja siguen existiendo y están en el 28%.

Una medida de esta naturaleza como es la apertura sin aranceles de importación de soja, debió haber contemplado esta situación.

Sin embargo, también es una realidad que no puede desconocerse que la industria aceitera argentina es la mas desarrollada y moderna del mundo y tiene una capacidad de procesamiento mas allá de la producción argentina de soja. Pero acá también valen algunas consideraciones.

Una industria eficiente construida en gran parte al esfuerzo de los productores y sus recursos:  En primer lugar, gran parte del crecimiento de dicha industria fue construido en base a una transferencia de recursos del sector productor a través del diferencial de retenciones entre las exportaciones de poroto y la de producto con elaboración como los aceites y las harinas.

Al productor se le descuenta el porcentaje de retenciones lleno del poroto y el procesador paga menos por el diferencial existente. Se aclara que no es un subsidio (reintegro) que sale de las arcas del Estado sino que sale del bolsillo de los productores. Esta normativa con diferentes niveles de diferenciales esta vigente desde la década del 70.

También durante gran parte de los últimos 40 años, las inestables políticas económicas argentinas le permitieron a este sector obtener recursos adicionales de los regímenes de prefinanciación de exportaciones vigentes en cada momento.

Asimismo hay que reconocer que sin este desarrollo de la industria aceitera, a lo mejor, no tendríamos la producción de soja actual y que ayudo a muchísimos productores a “sobrevivir” a las nefastas políticas aplicadas al sector por diferentes gobiernos.

¿Pero, y si no hubiesen existido las retenciones? ¿De cuanto sería hoy la producción de soja? Miremos a Brasil, que en 10 años paso de 50 a 115 millones de toneladas, mientras la Argentina se quedo en los 50 millones, con un máximo de 58 millones.

¿A dónde vamos?: Llegado a este punto es necesario mencionar que comparto absolutamente la idea del agregado de valor. Comparto absolutamente la idea de abrirse al mundo siempre y cuando la apertura sea de ida y vuelta. Comparto absolutamente la idea de competir con el mundo siempre y cuando sea en igualdad de condiciones para los productores locales con aquellos de los países de los cuales se están importando esos productos.

Comparto absolutamente la idea proclamada por el Presidente Macri de convertir a la Argentina en supermercado del mundo (solo le falta definir si eso significa que la Argentina va ser a ser un proveedor de alimentos a ese mundo o las góndolas de los supermercados argentinos van a estar llenas de productos importados). Por ahora su política va por la segunda alternativa.

Comparto absolutamente la idea de siempre recordar de donde venimos, pero me gustaría que quienes tienen la responsabilidad, por el voto popular, de conducir el país me dijeran claramente a dónde vamos.

Si creemos que todas estas condiciones ya están dadas en la Argentina, bienvenida la importación de soja de países limítrofes como Brasil, Paraguay o Bolivia, y mucho mas de Estados Unidos, cuyos productores reciben -vía su política agrícola- importantes niveles de subsidios. Ahora, si mal no recuerdo al productor argentino le cobran 28% por producir soja, adicional a todos los demás impuestos que pagan las actividades económicas. Repito la pregunta, ¿si eso no fuera así y más allá de la situación climática faltaría soja en la Argentina?

Más realidades que suman argumentos y muchos interrogantes: Quedan algunas cuestiones más, algunas de de fondo y otras de forma.

De fondo. En momentos en que las mismas empresas reclaman por la falta de mercadería para alimentar sus fábricas, todos los años destinas alrededor del 20% de la cosecha a exportar grano sin procesar. Eso lo hacen porque en determinado momento del año esto resulta mejor negocio. Las empresas están en todo su derecho de privilegiar su beneficio, eso es el fin de toda actividad empresaria, pèro el gobierno, debiera impedir con sus políticas que eso se haga perjudicando a los productores y no a la inversa, como en este caso de la apertura de la importación temporaria de soja.

De forma, pero no menor. Lamentablemente las estadísticas oficiales están empezando a sufrir el mal “Echegaray-Moreno”. En la actualidad no sabemos la magnitud de las perdidas por la sequía ya que el Ministerio de Agroindustria sigue sin informarlas y además, desde hace dos meses ha dejado de publicar el nivel de existencias, con lo cual es muy difícil de determinar la realidad de la situación de oferta y demanda del principal complejo de las exportaciones argentinas.

Y hablando de balanza comercial, el resultado de la importación de soja, por la razones ya explicitadas hasta puede profundizar el déficit comercial (se exporta por menor valor al que se importe). Es posible que esto ocurra por la forma en que se liquiden las operaciones según se explicara previamente) y, por supuesto el gobierno dispondrá de menos recursos por derechos de exportación y no por habérselos reducidos a los castigados productores argentinos sino por transferírselos a los productores de los países competidores: Brasil, Paraguay, Bolivia y ESTADOS UNIDOS.

Se trata de una forma muy particular de promover la producción interna. Salvo que como tal se entienda favorecer a los de siempre que han sido “amigos” de todos y cada uno de los gobiernos de las ultimas décadas.

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Los productores ya vendieron el 50% de la cosecha de trigo 2017/18. Según las cuentas del Ministerio de Agroindustria, la exportación lleva compradas 7,4 millones de toneladas y los molinos 1,5 millón más. Entre ambos se hicieron de casi 9 millones sobre una cosecha de 18 previstas por la cartera agropecuaria.

Este año los productores anticiparon la venta del cereal y negociaron un porcentaje mayor que en 2017. A la misma época del año pasado los productores habían vendido sólo el 38% de la producción de trigo.

Los buenos precios forward que hubo en los meses pasados y las necesidad es de financiamiento de los productores aceleraron la comercialización del cereal.

Hace pocos meses hubo precios tentadores de trigo para contratos anticipados que permitían asegurar un piso de precio y cierta rentabilidad. Eso también se correspondió con la necesidad de los exportadores de hacerse de mercadería para cubrir los compromisos de embarques, explica el analista Gustavo López quien además consideró que los productores prefieren financiarse con la venta de trigo y conservar la soja.

López consideró que “el ritmo de embarques es muy bueno entre diciembre y enero, y en función de los barcos anunciados se estima un volumen de exportación de 3 millones de toneladas. Y hasta ahora unas 700 mil fueron a Brasil, lo que significa que el resto va a países de África ,como Argelia, Kenia, Sudáfrica, y el sudeste asiático”.

Si bien siempre es conveniente tener una variedad importante de mercados abiertos, y más en un escenario de alta oferta mundial, la venta a destinos de África y Asia -que son de poco valor y en los cuales entra a tallar el costo del flete-, hacen que el precio FOB del trigo argentino se deprima. Al respecto, López indicó: “el FOB de Argentina es el más bajo del mundo, en torno a los 180 dólares, cuando  en EE.UU. Golfo de México es de 205 dólares, en Francia de 197 o en Rusia de 195 dólares”.

Por este tema, el consultor Carlos Etchepare se preguntó: “¿Conviene seguir fomentando la exportación de trigo a mercado que pagan poco y encima en plena cosecha? En ese esquema el que pierde es el pequeño productor que tiene menos espaldas para aguantar y menos acceso a los instrumentos del mercado de futuros”.

Para el analista es conveniente intentar la postergación de la venta siempre que la situación de cada uno lo permita, ya que “en pocos meses aparecerá la demanda de Brasil y eso apuntalará los precios. De hecho ya lo estamos viendo en la posiciones futuras”.

En tal sentido López agregó que “la menor oferta prevista para los meses que vienen ya se está reflejan do en los valores del mercado a término, donde el trigo julio vale 178 dólares contra los 170 que se pagan en la venta disponible”.

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