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]]>“En este contexto, con un superávit comercial explicado fundamentalmente por un factor exógeno, por fuera del control del gobierno y que bien podría ser transitorio como los es el de los precios internacionales, y con una actividad económica que tanto en febrero como en marzo mostró la interrupción de la recuperación que veíamos desde mediados del año pasado, el gobierno decidió suspender por 30 días las exportaciones de carne vacuna”, apunta el último informe de la consultora económica Invecq.
“Lo que sorprende un poco es que el gobierno se anime a tomar riesgos de tal magnitud con este tipo de medidas. La cadena de valor de la carne vacuna podría ser señalada casi sin lugar a dudas como un diamante en bruto en los últimos años en el contexto de la economía argentina”, añadió.
Desde el año 2016 el sector logró incrementar su producción y nivel de puestos de trabajo en una economía en recesión con destrucción de empleo asalariado. Y fue el complejo exportador que más incrementó sus exportaciones al pasar de unos 1000 millones de dólares en 2015 a 3500 millones en 2019 y 2020.
Ese proceso se consolidó al transformarse en uno de los principales proveedores de carne vacuna de China, nación que, según declaman los propios funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, es un aliado estratégico de la Argentina.
“Arriesgarse a dañar la dinámica virtuosa de un sector, a la luz de los efectos negativos y tan duraderos que generó una intervención similar en marzo del 2006, parece algo irresponsable si se piensa en clave de consistencia macroeconómica de mediano y largo plazo”, advirtió la consultora presidida por Esteban Oscar Domecq.
¿Qué habría pasado si el entonces presidente Néstor Kirchner no hubiese intervenido el mercado cárnico en 2006? En función de los precios internacionales vigentes para la carne entre 2006 y 2019, es posible advertir que la Argentina habría podido generar 16.000 millones de dólares más de exportaciones de los que efectivamente concretó.
La cuestión es que el contexto social y económico presente en la Argentina del año 2021 es sustancialmente diferente al del año 2006. “La economía se encuentra con serias dificultades para reencauzarse en una senda de recuperación económica y de generación de empleo y, al mismo tiempo, esta situación es resultado final de una crisis de balanza de pagos que explotó en 2018 y tenía como principal fundamento un déficit de cuenta corriente y de balanza comercial significativo”, señaló el informe.
“Contradiciendo completamente esa idea, el gobierno decidió poner un palo en la rueda al complejo exportador que más aumentó sus volúmenes y dólares exportados desde 2015. Por este camino estamos yendo derecho, aún si haber salido, a buscar un nuevo ‘stop’ en un ciclo de ‘restricción externa’ que pareciera que se quedó sin la fase del ‘go’ al menos desde el año 2011”, concluyó.
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]]>Sin embargo, muchos de los principales productos que se envían a mercados externos están gravados con derechos de exportación, al tiempo que todos los bienes exportables están sujetos a la “retención cambiaria” que licúa los ingresos de los exportadores.
Pero cuatro de los diez principales productos argentinos de exportación adicionalmente están intervenidos, lo que implica que la comercialización de los mismos es regulada por funcionarios del gobierno nacional.
La comercialización de los cereales –trigo y maíz– se realiza en el marco de un sistema de “autorregulación” con “responsabilidad social”, el cual se instrumenta a través de dos ámbitos (“mesa del maíz y del trigo”) en el que los integrantes del sector privado coordinan la distribución de la oferta entre las diferentes demandas internas e externas bajo la mirada atenta de funcionarios nacionales.
Esa metodología, si bien no se encuentra formalizada por ninguna normativa oficial, fue reconocida públicamente por los propios integrantes de la cadena del trigo en el evento virtual “A Todo Trigo 2021”.
Por su parte, las empresas elaboradoras de aceite de girasol, además de aportar fondos propios a un fideicomiso destinado a subsidiar el precio del producto comercializado en el mercado local, tienen la obligación de asegurar el pleno abastecimiento interno de ese alimento básico.
El último producto en sufrir la intervención oficial es la carne vacuna, la cual, si bien experimentó esta semana un cierre directo de exportación, ya venía acumulando sucesivas disposiciones tendientes a regular su comercialización, entre las cuales se incluyen las Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC), versión actualizada de los viejos “ROE Rojos” que promovieron una liquidación masiva de hacienda durante la década pasada.
Las intervenciones son el tercer componente, que se suma a los derechos de exportación y el “cepo cambiario”, de una política económica orientada a disociar los precios internacionales respecto de los internos, algo que, continuado en el tiempo, no es gratuito en términos de generación de divisas.
Tal disociación, en el mejor de los casos, no permite que se incremente la oferta de bienes exportables por falta de incentivos económicos, mientras que, en el peor de los casos, puede generar desmantelamientos de cadenas de valor completas con el daño que eso genera no sólo en términos económicos, sino fundamentalmente sociales.
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