Frente a esta situación, la Red recomendó a sus adherentes que no vendan hacienda a este grupo de frigoríficos y menos cuando el DTE (Documento para el Tránsito de animales) sea redactado con destino de exportación. Entre los que convocaron a este boicot figuran varios de los principales organizadores del acto del viernes 9 de julio, que reunió por lo menos unos 30 mil productores a la vera de la ruta 9.

“Como es de público conocimiento el ‘cártel de frigoríficos denominado ABC’ negocia con el gobierno arrogándose la representación del sector agropecuario, al que traiciona cuando debiera sentirse parte solidaria”, indicó la Red en un corto comunicado que de todos modos tiene seis carillas: la primera con el texto y las otras cinco con las firmas de todos los delegados regionales de este grupo de productores que no están enrolados en las entidades tradicionales de la Mesa de Enlace.

Según esta visión, “la jugada de estos ‘cazadores en el zoológico’ (en referencia a los frigoríficos que exportan) es conocida: cierres de exportación, baja del precio al productor, compra de vaca barata que stockean mientras la exportación está cerrada y venden con grandes beneficios cuando esta se abre, como ocurría en tiempos de Moreno con la carne y el trigo”.

Los autoconvocados creen que esto implica un “negocio redondo que sería imposible sin las restricciones e intervenciones con las que el gobierno ‘socialista’ afecta el libre comercio”. Es decir, sospechan que se trata de “negocios patrocinados y regenteados por el Estado (que a la larga funde a todos, incluso a los que beneficia, como pasó con empresas avícolas, lácteas y metalmecánicas que creyeron encontrar El Dorado vendiendo a Venezuela)”.

Para los autoconvocados, existe entonces una manifiesta complicidad de los frigoríficos socios del Consorcio ABC, la entidad que preside Mario Ravettino ( en la foto) y que integra a unas 25 plantas que concentran el 80% de los embarques de carne, y las autoridades gubernamentales, que desde junio han impuesto cupos a la exportación de carne vacuna, de los cuales la inmensa mayoría recayó en las plantas de los socios de esa entidad. Por otro lado, alimenta las sospechas el hecho de que ha sido el Consorcio ABC la única organziación de la cadena de la carne vacuna que tuvo línea directa todos estos meses con el ministro de Producción, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

“Del gobierno no vale la pena hablar”, afirma sin embargo el comunicado, que vuelve a endilgar a la gestión de Alberto Fernández tener una ideología socialista. “Sabemos con que bueyes aramos. Socialismo y concentración son frutos del mismo árbol. Su interlocutor natural nunca fue el mercado libre sino el monopolio, con el que se sienten a sus anchas”, explicaron los autoconvocados.

Pero en el escrito, este grupo no ahorra críticas al Consorcio ABC, que agrupa a empresa locales como Rioplatense, Friar, Coto, La Anónima, Gorina y Arre Beef, con otras extranjeras como Marfrig y Swift, del grupo Minerva.

“Del cartel ABC si podemos decir mucho. Medran con el trabajo de los productores que se están fundiendo, de los frigoríficos pequeños que quedan fuera, de los obreros que pierden su trabajo y de la ciudadanía que ve menguar sus libertades y bienestar mientras una ‘nomenklatura’ parasitaria y millonaria se apropia de todo en nombre del socialismo (como en Cuba, China, Nicaragua y Venezuela)”, insisten.

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Al rechazar la denuncia por monopolio, el tribunal determinó que el grupo de demandantes no había “presentado evidencia directa con suficiente detalle” como para respaldar “una inferencia de una conspiración para fijar precios”, estableció el juez principal John R. Tunheim el pasado 29 de septiembre en su fallo.

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La decisión de abrir un sumario se adoptó a principios de diciembre, en el marco de una denuncia realizada en abril de 2017 por la asociación civil Impulsar, una ONG ligada a pequeñas empresas nacionales. Allí se acusó a Cañuelas de llevar adelante presuntas “conductas anticompetitivas”.

La denuncia, en concreto, hace referencia a un acuerdo firmado el 13 de agosto de 2015 (antes de las elecciones presidenciales) en una reunión de más de 100 molinos realizada en el hotel Sheraton. Allí fueron socios de la FAIM, de Apymimra (que representa a los molinos más chicos) y de CIM (Cámara de la Industria Molinera).

Según la denuncia, en dicho pacto se establecieron valores de referencia para las bolsas de 50 kilos de harina de trigo, que estarían vigentes para los meses de octubre y noviembre de 2015. También se definió que todas las empresas deberían “abstenerse” de comercializar harina por debajo de los costos de referencia establecidos. Según los denunciados, ese acuerdo nunca llegó a aplicarse.

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En julio pasado, luego de reunir las primeras pruebas, la CNDC ya había “inferido la presunta existencia de un acuerdo” entre todas las cámaras de la industria molinera argentina para fijar precios e intercambiar información”. Lo que siguió desde entonces fue una serie de reuniones para que todos los sectores involucrados hicieran su descargo.

El representante de Molinos Cañuelas, Santiago César del Río, lo hizo el 6 de agosto pasado. Básicamente atacó aspectos legales de la denuncia que involucra a la empresa controlada por la familia Navilli. Y aclaró que la firma no impone las decisiones sobre el resto de los molinos que integran la Federación Molinera.

Los votos allí, según su explicación, no se determinan en función de la capacidad de molienda de cada socio, sino por la mano de obra ocupada. “Si Cañuelas tiene más votos que otros molinos asociados a la FAIM se debe a que es el mayor empleador”, indicó. Aunque luego aclaró que ni siquiera así tiene “los votos suficientes” como para imponer sus criterios al resto.

El apoderado de Cañuelas desestimó que haya habido un acuerdo de precios, ya que se trató de un borrador de los muchos que surgen en el seno de la FAIM, y que finalmente nunca fue implementado.

Diego Cifarelli, el presidente de la FAIM, también calificó de “absolutamente falsas” las acusaciones sobre un presunto acuerdo motorizado por Cañuelas para producir una mayor concentración en el mercado local de harina. También aclaró que esa empresa solo tiene uno de las quince sillas de la Comisión Directiva de FAIM, y que en esos términos resulta “imposible” que pueda imponer una hoja de ruta al resto de los molinos. Sobre el supuesto acuerdo de precios, Cifarrelli repitió que nunca pasó de ser un proyecto.

Algo parecido aportaron los representantes de la CIM, al aclarar que el grupo Cañuelas solo tiene 2 de los 22 votos que definen el rumbo de esa cámara. Enrique Gastaldi, el presidente de esa entidad, dijo que le resultaba “inverosímil” que el grupo molinero pudiera por si solo alinear a todos los molinos del país detrás de un acuerdo de precios.

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Finalmente declaró Oscar Martino por Apymimra. Negó que esa asociación, que nuclea desde 2001 a las Pymes molineras que se espantaron por el desembarco de Cargill en el negocio (eso fue a fines de los noventa, porque mucho más acá en el tiempo, la multinacional vendería sus plantas a Cañuelas), pudiera formar parte de un acuerdo de “cartelización” y mucho menos seguir el camino marcado por los grandes jugadores del negocio. “La venta por debajo del costo es lo que justamente perjudica a nuestras empresas”, razonó.

Pero pese a tanto descargo, la CNDC consideró que todas estas explicaciones “no resultan suficientes como para descartar la posible comisión de conductas anticompetititvas”.

“Ninguna de las investigadas ha ofrecido prueba con entidad suficiente como para descartar la existencia del acuerdo para fijar precios mínimos”, insistió el organismo. Y remarcó que, por el contrario, tanto FAIM como Cañuelas reconocieron la existencia de un “borrador”, aunque este no llegara a aplicarse.

Tampoco desechó la Comisión oficial de expertos en competencia que Molinos Cañuelas no tenga poder de decisión dentro de la FAIM, ya que detenta allí 22% de los votos, frente a otros socios que en ninguna instancia superan el 4%. La única excepción es Cargill, que habría contado con 11% de los votos y, como es vox pópuli, fue absorbida por Cañuelas.

En función de esta lectura, la CNDC decidió habilitar el sumario para continuar con la investigación.

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