En diálogo con Bichos de Campo, Raúl Pagnoni, presidente de Casem, explicó que “se trata de un proyecto que venimos desarrollando y perfeccionando desde el 2007. Es totalmente innovador a los ya presentados, porque contempla a todos los sectores que integran el sistema de producción de semillas del país”.

“Es un proyecto integral que pone el acento en aquellas empresas que desarrollan biotecnología, criaderos, semilleros multiplicadores, comercio, usuarios, técnicos, ingenieros agrónomos, y propone al INASE como único ente de fiscalización y control del sistemas”, detalló el presidente de Casem.

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Pagnoni remarcó que hay que lograr que la nueva ley de Semillas que surja del Congreso “sea imperiosamente de orden público, para salvaguardar el funcionamiento, ya que la semilla la consideramos un bien estratégico nacional”.

Y agregó: “Casem no adhiere al uso oneroso e ilimitado de la semilla (algo que piden las multinacionales del sector) porque eso implica legalizar la bolsa blanca, sino que adhiere a un desarrollo armónico e integral de toda la cadena semillera, propiciando el libre comercio y asegurando al usuario que la semilla le llegue con la calidad correspondiente”.

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A la vez Pagnoni aclaró que “no adherimos a la presencia de terceros controladores que solo entorpecen el funcionamiento del sistema y agregan costos extras al costo de la semilla”. Lo dijo en referencia a los controles compulsivos que intentó en su momento impone Monsanto y que luego fueron continuados por el sistema Bolsatech.

Lo que sí se propuso desde la entidad es que “debe existir un uso propio gratuito limitado a las micropymes, y quien supere este límite deberá adquirir semilla legal todos los años”.

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Aunque ya hubo una reunión bastante concurrida el último miércoles, en ella solo se decidió convocar a una una serie de jornadas para escuchar a todos los sectores involucrados en el tema. 

Según contó el sitio Infobae, Desde Cambiemos hubo una propuesta de elaborar un dictamen hacia fines de octubre, pero la propuesta no fue aceptada por la oposición, que expresaron “Nos tomaremos el tiempo que sea necesario para  escuchar todas las voces”. Ese razonamiento fue compartido por el titular de la Comisión, el diputado Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos).

Entre los proyectos en danza figuran los de Alicia Terada (0977-D-17: Modificaciones, sobre declaración de uso público restringido);  Alejandro Echegaray (2558-D-17: Semillas y creaciones fitogenéticas);  Cornelia Schmidt Liermann (3187-D-18: De Ley. De Semillas y Creaciones Fitogenéticas); Omar Príncipe, presidente de Federación Agraria (0064-P-18: Proyecto de Ley de Semillas) y Luis Contigiani (4473-D-18: Promoción de la producción y comercialización de semillas).

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Este último, ex ministro de la Producción de Santa Fe, trabajó una iniciativa en conjunto con la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (Casem). Esta es una de las voces que intentan terciar en la discusión. El presidente de la entidad, Raúl Pagnoni, explicó que se trata de un proyecto que la entidad viene desarrollando y perfeccionando desde el 2007.

“El proyecto que presentamos es innovador y contempla a todos los sectores que integran el sistema de producción de semillas en nuestro país, abriendo ventanas a un desarrollo futuro. Empresas que desarrollan biotecnología, criaderos, semilleros multiplicadores, comercio, usuarios, técnicos (ingenieros agrónomos) y el INASE como único ente de fiscalización y control del sistemas”, detalló el presidente de Casem. 

Además Pagnoni dijo que se deben poner límites a los intereses de las grandes multinacionales del negocio agrícola, con la ex Monsanto a la cabeza. “No adherimos a la presencia de terceros controladores que solo entorpecen el funcionamiento del sistema y agregan costos extras al costo de la semilla”, enfatizó. Y agregó: “Planteamos que la ley sea imperiosamente de orden público, para salvaguardar el funcionamiento, ya que la semilla la consideramos un bien estratégico nacional”.

Por otro lado, la Federación Agraria Argentina y otras organizaciones de la llamada “agricultura familiar” también moverán fichas para hacer escuchar su opinión y defender su propio proyecto. Para el próximo miércoles 5, desde las 10 horas, anuncian la realización de un “Semillazo” en Plaza de Los Dos Congresos. El lema es “Para decir NO a la LEY MONSANTO”, en referencia a la ley oficial, que cuenta con el consenso de la mayor parte de la cadena agrícola. 

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“Ratificamos la plena vigencia de la ley de semillas 20.247, en línea con el acuerdo UPOV 78, el carácter de orden público de lo dispuesto en ese régimen legal y la función indelegable del Estado en materia de protección de los derechos de la cadena de la semillas, tanto sea la propiedad intelectual de los obtentores como los derechos de los investigadores y de los agricultores a hacer uso propio”, señaló la FAA.

La entidad, que se abrió de la mesa de consenso impulsada desde Agroindustria y la industria semillera, dijo que hay una serie de principios que deben ser reflejados en cualquier nueva iniciativa vinculada al tema:

• Declarar de orden público las disposiciones de la Ley relativas a derechos y limitaciones, así como el régimen de licencias obligatorias y de cláusulas antimonopólicas;
• Mantener UPOV 78’ (Convenio Internacional de la Unión Para la Protección de las Obtenciones Vegetales);
• Establecer el principio de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual con la compra de la semilla;
• Determinar un marco específico para los agricultores familiares e incorporar definiciones de semillas nativas y criollas;
• Mantener el uso propio como derecho del agricultor con una excepción para los grandes productores;
• Declarar la invalidez de condiciones abusivas en la compra de semillas;
• Incorporar un sistema de licencias obligatorias para prevenir los casos de abuso;
• Mejorar y fortalecer las estructuras institucionales del Instituto Nacional de Semillas (INASE), de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) y del Consejo Federal de Semillas;
• Determinar el régimen de sanciones civiles y comerciales, claras para casos concretos y sin asimilaciones a tipos penales; limitando el rol del INASE y prohibiendo cláusulas contractuales anticompetitivas.

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