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]]>Los análisis de los vecinos denunciantes fueron hechos por el INTA Balcarce, el cual, con la firma de Virginia Aparicio, indicó que el herbicida 2,4-D fue encontrado en proporciones diez veces superiores a las autorizadas y también sostuvo que se detectó glifosato en grandes concentraciones debajo de los juegos de la plaza principal.
Frente a esta situación, las autoridades de la Sociedad Rural de Lobos enviaron a técnicos los análisis realizados por el INTA Balcarce para que los evaluaran y, por otra parte, la entidad decidió realizar sus propios estudios ambientales para contrastar los datos obtenidos por el INTA Balcarce.
“Hemos concluido que de los 47 productos analizados sólo se encontraron residuos de once, estando todos ellos muy por debajo de lo que exige nuestra ley y nuestro Código Alimentario, como así también con valores inferiores de lo que exigen todas las legislaciones de los mayores países productores de alimentos”, indicaron desde la Rural de Lobos.
Asimismo, la entidad ruralista argumentó que en sus propios estudios encargados verificaron “calidad de aguas del nivel freático y superficial dentro de los establecimientos agropecuarios y en contacto con suelos destinados a la agricultura y ganadería. En dichos estudios, destinados a detectar residuos de fitosanitarios, no se encontraron niveles detectables de ningún activo químico dentro de una paleta analizada de 100 productos”.
Muestra 1 del estudio ambiental realizado por la Sociedad Rural de Lobos
Muestra 2 del estudio ambiental realizado por la Sociedad Rural de Lobos
En diálogo con Bichos de Campo, Francisco Bourdieu, presidente de la Sociedad Rural de Lobos, dijo que “se armó un revuelo grande pero queríamos nuestro derecho a réplica. Estos estudios que hicimos desmienten lo que presentaron los ambientalistas en Lobos”.
Bourdieu también argumentó porqué no optaron por muestrear agua en los mismos lugares que sí eligieron los vecinos denunciantes en conjunto con el INTA Balcarce. “Nosotros sacamos muestras de agua de un canal interno cercano a un campo porque es en el campo donde se hacen las aplicaciones”, aclaró.
Por su parte, los denunciantes eligieron muestrear en la plaza principal de Lobos y en la laguna. Al respecto, Bourdieu acotó que “en lugares como plazas el municipio suele hacer tratamientos con fitosanitarios, ya sea para control de hormigas o para evitar que los yuyos no avancen sobre las veredas, de modo que no nos pareció un lugar o parámetro de medición adecuado, porque tampoco sabemos en qué dosis aplica esos productos o si están capacitados al respecto; es como cuando vos aplicás insecticidas en aerosol en tu casa; generalmente estos contienen clorpirifós, el cual se suele utilizar en las casas para control de insectos”.
Por otra parte, Bourdieu acercó a esta redacción un informe perteneciente a Eugenia Magnasco, abogada especializada en derecho ambiental, a quien la Rural de Lobos le encargó una evaluación del estudio ambiental presentado por el INTA Balcarce.
El estudio de Magnasco determinó que en ninguna de las muestras de agua, incluso en las provenientes de aguas superficiales, se superó el valor máximo establecido por el derecho argentino y especificó que, al hacer un análisis comparado de valores por molécula no definidas en el derecho local, tampoco se superaron los umbrales establecidos en otras legislaciones, incluida la de la Unión Europea.
InformeEl presidente de la Sociedad Rural de Lobos agregó que la entidad que representa viene trabajando desde hace tiempo en conjunto con Campo Limpio, una organización que tiene como misión recuperar los envases vacíos de fitosanitarios en el campo. “En Lobos está finalizando la construcción de un CAT (Centro de Acopio Transitorio de envases), pero ya venimos desde hace rato trabajando en la recepción y envío de bidones vacíos de fitosanitarios, todo de acuerdo a la normativa vigente, es decir, salen del campo con triple lavado y perforados para evitar su reutilización”, explicó.
“Queremos llevar la mayor tranquilidad y seguridad a la comunidad y decirles que la producción agropecuaria no es generadora de procesos de contaminación de agua ni suelos. Nosotros también somos de acá y tomamos la misma agua. Trabajamos siempre con las disposiciones y normativas vigentes y los productos fitosanitarios utilizados están autorizados por Senasa y el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires”, informó la Rural de Lobos en su comunicado.
A su vez, la entidad ruralista pidió que se agilice una ordenanza municipal apropiada que permita que las aplicaciones sean auditadas para corroborar que se realizan de acuerdo a la normativa vigente. En este sentido, presentaron en el Concejo Deliberante local un proyecto al respecto y, del mismo modo, creen que el propio Municipio de Lobos debería realizar controles periódicos de muestreos de agua y seguir la evolución de los mismos a través del tiempo.
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]]>Pero la noticia periodística es ver el vaso semivacío y marcar lo que falta por llenar.
La Ley 27.279, por medio de la cual se definió el esquema de devolución y reciclado de envases vacíos de fitosanitarios, solamente puede comenzar a implementarse una vez que sea validada por las autoridades de las diferentes provincias argentinas.
Por ese motivo, si bien la norma está vigente desde fines de 2016, a la fecha solamente el sistema está funcionando con cierto dinamismo en las provincias de Buenos Aires y de La Pampa, mientras que recién está comenzando a implementarse en el NOA.
La provincia de Buenos Aires cuenta con 14 Centros de Almacenamiento Transitorios (CAT) habilitados por la Fundación Campo Limpio, entidad integrada por la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa), que tiene a su cargo la instrumentación del sistema de devolución y reciclado de envases vacíos (en el marco de lo dispuesto por el decreto 134/18 reglamentario de la Ley 27.279). Allí se reúnen unas 100 empresas fabricantes de insumos agrícolas, que representan un 90% de los bidones plásticos que salen a campo. Tienen, según define esa ley, la responsabilidad primaria de organizar su retiro.
La provincia de Salta tiene cuatro CAT habilitados, La Pampa cuenta con tres y Tucumán acaba de inaugurar su primer centro de recepción de envases vacíos. En el resto de las provincias se realizan recolecciones “itinerantes” de envases por medio de camiones.
Con tal panorama, no resulta extraño que del millón de envases vacíos recolectados este año, el 83% y 14% de ese volumen provenga de las provincias de Buenos Aires y La Pampa respectivamente, mientras que otro 1,7% se originó en Salta.
Esto no quita que en algunos otros lugares del país funcionen galpones privados que recolectan bidones usados para luego alimentar el circuito del reciclaje. Es un negocio privado, por fuera de la Fundación que tiene la responsabilidad de hacer ese trabajo.
En las otras provincias de base agropecuaria –como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos o Chaco– aún no existe un solo CAT habilitado a pesar del elevado consumo de fitosanitarios presente en las mismas.
“Nuestro objetivo para 2021 es que todo el país tenga el sistema de gestión de envases Campo Limpio en funcionamiento y tener centros de almacenamiento transitorio en cada una de las provincias”, aseguró Ignacio Stegmann, director Ejecutivo de Campo Limpio.
“Estamos muy contentos por el avance que logramos: en un año con alta complejidad por la adaptación a los protocolos y cuidados adicionales que tuvimos que implementar por la llegada del Covid-19, avanzamos muchísimo en nuestro objetivo de mayor sustentabilidad y cuidado del medio ambiente en el campo argentino”, añadió.
Por cierto, el evidente atraso -que es responsabilidad compartida entre el sector público y el privado- no quita lustre a los datos del trabajo de Campo Limpio este año, ya que recogió más de 1 millón de kilos de plástico de envases vacíos. Eso se luce en comparación al 2019, año en que se recuperaron 236.364 kilos en total. Pero el resultado queda escaso frente a la cantidad de bidones, que hace unos años era estimada oficialmente en unas 13 mil toneladas.
La Ley 27.279 determina que es necesaria la intervención de las provincias para que se aprueben los sistemas de gestión, de manera tal que los mismos se implementen una vez que sean validados por las autoridades provinciales. Para eso Campo Limpio presenta en cada jurisdicción una propuesta de gestión de envases que debe ser aprobada por la autoridad designada en cada provincia. Esto ha demorado bastante las cosas, argumentan desde el sector privado.
Para diagramar la estrategia por seguir, Campo Limpio toma en consideración los CAT existentes en las diferentes provincias para determinar cuáles estarían en condiciones de ser incluidos en el sistema, además de adaptar los presupuestos mínimos contenidos en La Ley 27.279 con las legislaciones provinciales en la materia.
Brasil, con una superficie agrícola del orden de 66 millones de hectáreas –considerando cultivos tanto invernales como estivales– recupera todos los años 45 millones de toneladas de envases, cifra que representa alrededor del 94% del total de envases comercializados en un año.
El encargado de esa tarea es desde 2002 el Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (Inpev), el cual, tal como sucede en el Argentina, es gestionado por las empresas elaboradoras de fitosanitarios. Argentina, con unas 56 millones de hectáreas agrícolas anuales, tiene aún un largo camino por recorrer en la materia.
La responsabilidad del sector público también es evidente. Sin ir demasiado lejos, este martes se publicó en el Boletín Oficial una resolución compartida, la Resolución 1/2020, entre los Ministerios de Ambiente y de Agricultura. Cinco años después de la sanción de la Ley, ambos organismos aprobaron el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Consultivo que, por parte del Estado, debe supervisar el proceso para dar por cumplidos los objetivos.
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