Se trata de pequeñas empresas de Santa Fe, reunidas todas en la Cámara Santafecina de Energías Renovables (CASFER), que vieron a este proyecto como uno que defiende los intereses originales de la ley 26.093, cuyo objetivo inicial fue federalizar la bioenergía otorgándole un marco normativo.

La nueva norma, que reduce los porcentajes utilizados para el corte con biodiésel y bioetanol de maíz, trajo el descontento de empresas integrantes de la Cámara Argentina De Biocombustibles (Carbio), que consideraron que detrás de este supuesto beneficio para las pequeñas empresas, que se afirmaba desde el oficialismo, había únicamente negociados políticos.

También desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) expresaron sus temores sobre que la nueva ley provoque un cierre forzoso de pequeñas fábricas alejadas de los puertos.

Afectadas por la nueva ley, las Pymes del biodiésel se aferran al sueño de una buena reglamentación para mantener los niveles de corte

Frente a esto, Bichos de Campo decidió preguntarle a Federico Pucciarello, titular de Rosario Bioenergy, sobre los porqué de la recepción positiva que las pymes productoras, que él representa, le dieron a esta nueva regulación.

-¿Cómo ven a esta ley que se aprobó?

-Es el único proyecto que contuvo la realidad pyme de nuestra provincia. Que CARBIO, que reúne a empresas como Cargill, Bunge, Dreyfus, se queje de cuatro o cinco pymes que estén dando vuelta realmente es patético. ¿Qué hacen las cerealeras? El mercado interno de bioenergía les subsidia parte del costo de la compra de soja por el diferencial de retenciones que tienen. La ganancia que tienen con el bio les permite comprar o competir por el poroto con más precio. Escuchar de las multinacionales las mentiras continuas realmente es extraordinario.

Se aprobó el proyecto kirchnerista de biocombustibles con el apoyo de los senadores jujeños y tucumanos de Juntos por el Cambio

-¿Cómo se vieron beneficiados ustedes ahora?

-La ley 26.093 es una ley de promoción de pymes en economías regionales. El proyecto de ley aprobado mantiene el espíritu de esa ley, con la única diferencia de que esta fue muy clara al delimitar el marco. Las grandes petroleras aceiteras no pueden entrar. Para las aceiteras, la ley establece que ellas nos venden el aceite crudo de soja, por lo tanto participan del mercado a través del aceite. No hace falta que produzcan la soja, hagan el crushing, exporten, estén adentro del mercado de bio interno, produzcan el bio, hagan la glicerina, refinen la glicerina. ¿Qué queda para las pymes? Nada.

-¿Considerás entonces que al dejar afuera a las grandes aceiteras la ley mantiene esa protección hacia las pymes?

-Por supuesto. ¿Por qué la mantiene? No porque sean ineficientes como dicen ellos. La mantiene porque así es en cualquier ámbito de negocio energético. Los países han dividido los negocios justamente para evitar la concentración energética. De lo que ellos nos acusan, es de lo que ellos viven haciendo. De qué eficiencia me hablan si el costo de hacer una tonelada de bio en una multinacional o una pyme es exactamente lo mismo, porque es química. El valor de venta es mismo valor al que lo venden ellos porque lo fija el Estado. Es una irrealidad.

Carbio alertó que el proyecto oficialista de biocombustibles “beneficia a ciertas empresas que se muestran como Pymes y no lo son”: ¿De quién hablan?

-Se habló mucho de la baja en el porcentaje de corte. ¿Qué opinión les merece eso?

-No hubo una baja del corte. Ahí también hubo una falsa noticia impartida por ellos. La Ley 26.093 nació con un 5% de obligatoriedad en el corte, nunca con un 10%. Por resolución se llevo a un 10%. Pero atención: un 10% de corte obligatorio sobre el consumo automotor. El proyecto de ley que se aprobó es del 5% del 100% del biodiesel que se comercializa en Argentina. Por lo tanto, ¿Qué es más alto? ¿El 5% de 100% o el 10% de 10? El 5% de 100%. Por eso el 5% es más de lo que era el 10% antes. En volumen las pymes van a estar cubiertas.

Sobre este punto Pucciarello agregó: “Las que quedan afuera son las grandes multinacionales encubiertas en pymes ‘no pymes’ que tienen participación de mercado. El caso de Explora, de Unitec Bio de Eurnekian, son casos emblemáticos que tiene cupo y que nada tienen que ver con una pyme. Te dicen que las pymes son ineficientes pero ellos mismo están incluidos ahí. Es un lobby bastante absurdo”.

-Justamente son las empresas de CARBIO las que dicen que ustedes son las pymes “no tan pymes”. ¿Qué pensás de eso?

-Te lo digo muy fácil: ¿Cuánto factura Bunge y cuánto facturamos nosotros? ¿Cuánto factura Cargill y cuánto factura Bojanich? Entrar en esa discusión me parece que no vale la pena. Si hubiera alguna irregularidad, la Secretaría de Energía las hubiera clausurado. Las grandes multinacionales son las que manejan casi el 20% del PBI de la Argentina. Una planta de 50.000 toneladas es pyme, punto. ¿Por qué? Porque su facturación no supera los mil millones según la ley de Pymes Argentinas. Ahora si ellos quieren modificar la ley o quieren todo y este país no les dio más de lo que ya tienen, perdieron.

-¿Por qué considerás que unieron a tu empresa con la de Bojanich?

-Porque ellos politizan todo. Si vas a despotricar contra alguien o desmerecer el trabajo de otro, cuando lo único que hacemos es rompernos el alma para tener todos los días una empresa más sustentable, y ninguna multinacional jamás logro la sustentabilidad que logramos nosotros, estamos hablando de dos mundos distintos. Esto no es PRO contra Kirchnerismo. Les guste o no, la Ley 26.093 la hizo un gobierno kirchnerista pero la votaron todos. Y este proyecto lo votaron un montón de diputados y senadores del PRO también.

La entrada ¿Están todos en contra de la nueva Ley de Biocombustibles? Federico Pucciarello, de Rosario Bioenergy, la defiende y apunta contra el lobby de las multinacionales se publicó primero en Bichos de Campo.

Con esta nueva normativa, que le da marco legal al sector por los próximos 10 años, al achicarse el negocio se pone en riesgo el funcionamiento de muchas empresas pymes nacidas en los últimos 15 años. La producción de biocombustibles fue quizás la última industria que se creó en la Argentina. Surgió en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner al calor de la ley 26.093 y se tradujo en el desembolso de inversiones millonarias.

Alejandro Abad, presidente de Cepreb, la Cámara de Empresas Elaboradoras de Biocombustibles, dijo que “el lado positivo” de contar con una nueva ley es “que da marco regulatorio para que exista el sector por 10 años”. Pero de inmediato aclaró que “la parte negativa es que hay un retroceso importante en los volúmenes (de producción) y eso hará que la plantas produzcan al 50% o lo que es peor, que gran cantidad de ellas cierren”.

Escuchá la entrevista a Alejandro Abad:

El empresario explicó que en el país se instalaron 26 pymes productoras de biodiésel, algunas cerca de los puertos pero otras -por el incentivo fiscal que dio la ley- en provincias periféricas con la intención de mejorar su desarrollo industrial. Hay fábricas en las provincias de San Luis o La Pampa que “son mucho más vulnerables y no pueden tener el mismo nivel de eficiencia por los costos logísticos”.

Abad no pierde las esperanzas de una corrección en este camino de achicamiento. “Ojalá haya un camino por el cual a través de reglamentaciones se puede subir el corte, que no solo es un tema es un desarrollo de estas 26 empresas sino por el cumplimiento de compromisos (asumidos por el país) en cambio climático, energías renovables. Cuando el mundo hace pasos hacia adelante nosotros hacemos pasos atrás”, explicó.

El titular de Cepreb destacó que la política con esta ley terminó favoreciendo a las empresas petroleras, que ahora tendrán una porción mayor del mercado de combustibles en perjuicio también de otras industrias que se desarrollaron de la mano de las de biocombustibles.

“Con la ley anterior se desarrollaron 26 empresas y las que proveían materias primas para esas industrias, como el metilato de sodio; se dio salida al metanol que produce YPF; se establecieron empresas que procesan subproductos como la glicerina. Era un mercado virtuoso de industrialización y cuesta creer que se desande ese camino”, lamentó el empresario.

La entrada Afectadas por la nueva ley, las Pymes del biodiésel se aferran al sueño de una buena reglamentación para mantener los niveles de corte se publicó primero en Bichos de Campo.

“El gobierno nacional, una vez más, ha decidido de manera arbitraria, ilegal y discriminatoria, no determinar el precio ni exigir el cumplimiento de los porcentajes legales de corte obligatorio de biodiésel con gasoil, en abierta violación a lo dispuesto por la Ley 26.093. Esta situación ha acrecentado y agravado la crisis económica y financiera del sector, colocándolo en un estado terminal”, sostuvieron los integrantes de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) y de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) por medio de un comunicado.

“La inexistencia de alternativas que permitan al sector volver a operar de manera sostenible y sustentable, genera una enorme contradicción y ambigüedad entre lo que el gobierno nacional sostiene y las acciones que efectivamente realiza para lograr el desarrollo de las economías regionales, la diversificación de la
matriz energética, la sustitución de importaciones, el agregado de valor en origen y la preservación de la salud y el ambiente”, agregaron.

Pero el milagro podría llegar. Bichos de Campo habló con Alejandro Luis Abad, presidente de Cepreb, quien informó que luego de la difusión del comunicado, representantes de la Secretaría de Energía se pusieron en contacto y para dejar entrever que podría publicarse el precio de junio antes del fin de mes.

“Todavía no hay certeza. El comunicado era para tratar de motivar que se resuelva esta situación. Si bien será fuera de tiempo, en principio sería inminente que exista una publicación que cubra el remanente del mes de junio y julio”, dijo Abad a este medio.

El programa obligatorio de mezcla de biodiésel con gasoil está virtualmente descontinuado debido a que muchas pymes dejaron de producir el biocombustible. En abril pasado, según los últimos datos oficiales disponibles, se mezclaron apenas 36.287 toneladas cuando en el mismo mes de 2019 y 2018 esa cifra había sido se 96.413 y 105.105 toneladas respectivamente.

“Nuestro comentario normalmente es que el biodiésel representa solo el 10% del gasoil. Los combustibles han aumentado considerablemente en este tiempo, a pesar de que no ha habido un cambio sustancial en el biodiésel. A veces pareciera que cuando sube por el petróleo está bien, pero cuando sube por el biodiésel es algo inaceptable, cuando hay una dinámica que se tiene que respetar”, sostuvo Abad.

En paralelo, negociaciones en el Congreso entre el oficialismo y la oposición llegaron a buen puerto y la semana que viene habrá una sesión en la Cámara Baja, que se estima que durará al menos dos días, en cuya agenda está incluido el tratamiento del proyecto de biocombustibles diseñado por el kirchnerismo.

Esquizofrenia: El mismo gobierno argentino que se comprometió a impulsar los biocombustibles para descarbonizar la economía es el que promueve un menor uso de los mismos

La entrada En junio el biodiésel no tuvo precio: Las pymes productoras denunciaron al gobierno por tener una actitud “arbitraria, ilegal y discriminatoria” se publicó primero en Bichos de Campo.

Hay cerca 33 plantas de biodiésel en Argentina que ven un futuro negro por delante. Las hya muy grandes, pero también muy chicas. Uno de esos casos es el de la planta de Marcelo Rossini, ubicada en Piamonte, Santa Fe. “Estamos haciendo un esfuerzo enorme para que mis 30 empleados no queden en la calle, pero no podemos trabajar 15 días y parar otros dos meses”, dijo el empresario en diálogo con Bichos de Campo.

Rossini comentó que su empresa viene mal desde 2018, cuando se enfrentaron a la primera devaluación en el país. Luego, con el advenimiento de la segunda devaluación luego de las elecciones Paso de 2019 y con la disparada de tasas de interés, se vieron obligados a pedir concurso preventivo para poder darle solución a su complicada situación financiera, dado que se les dificultó afrontar los costos crecientes de la materia prima con que trabajan para elaborar el biodiésel, que es el aceite de soja. Y que cotiza en dólares.

“Ahora que la soja llegó a 600 dólares, el aceite de soja vale mas de 900 dólares la tonelada, y para  pymes como la nuestra es imposible costearlo, no nos dan los costos y esto nos pasa hace mucho tiempo”, explicó el empresario.

Rossini comentó que el aceite de soja esta expresado en dólares y las petroleras a ellos les pagan en pesos el biocombustible para el corte obligatorio del 10% del gasoil. “Esto siempre fue así, pero ante una adversidad o devaluación del 40% la empresa entra en ruinas. Cualquier pyme pierde dinero con el actual costo de la materia prima. Hoy no sabemos cómo sostener los puestos de trabajo”, manifestó.

La firma de Rossini, Energías Renovables Argentinas SA (ERA), además de fabricar biodiésel tiene otras unidades de negocio tales como la distribución mayorista de combustible, la operación de tres estaciones de servicios, lubricantes y agro productos. Eso le permite aliviar algo las cosas.

¿Qué opinan los productores de biocombustibles sobre la prórroga por 60 días del régimen vigente?

Rossini destacó la ayuda que le brindan tanto la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) como la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) y los proveedores de aceite de la zona a los que les compran. “Todos ellos nos ayudaron muchísimo, sobre todo Sergio Bernardi, presidente de la Cámara Industrial de Extrusado y Prensado de Santa Fe (CIDEP). Tanto a él como a otros extrusores de la zona les compramos el aceite de soja y no tengo palabras de agradecimiento con ellos”, expresó.

¿Por dónde pasaría una posible solución? Rossini declaró: “Más allá de que estallamos en el gobierno anterior de Macri, creo que no hay que ponerle nombre y apellido a ningún gobierno como responsable directo. Hoy nadie tiene en cuenta a la materia prima nuestra que es el aceite de soja. Por eso yo creo que tenemos que tener una ley tiene que esté atada al costo del aceite y luego debemos sentarnos entre todos para buscarle la vuelta, petroleras, cámaras de biocombustibles y políticos”.

Para Rossini hay una evidente falta de entendimiento entre las partes que deben tomar las decisiones. “Hay que poner reglas de juego claras. Quizás, pienso, una solución sería darles impuestos diferenciales a las petroleras de modo tal de incentivarlas a que nos compren el biodiésel para cortar sus naftas. Pero esta situación tiene que terminar. Es una locura trabajar 15 días y parar dos meses. Estamos todos desanimados, hasta los empleados. Necesitamos que se llegue a un número que nos cierre a todos”, enunció.

En cuanto a la errática publicación de los precios del biodiésel, que deben ser fijados por el propio Estado, Rossini recordó que hubo valores fijados a inicios de 2021, lo que les permitió trabajar durante el primer trimestre, pero con la posterior suba del aceite perdieron rentabilidad y tuvieron que parar nuevamente la producción.

ERA comenzó a operar en el año 2011 y da trabajo a unas 30 personas de modo directo y a otras tantas de modo indirecto, mas las empresas de transporte que contratan para que les haga llegar el aceite de extrusadoras de la zona cercanas a su planta.

Hasta el 15 de abril de este año en Rossini pudieron entregar biodiésel a las petroleras. “Por tonelada nos pagaban aproximadamente 900 dólares, pero en ese momento el aceite valía menos, estaba algo de 700 dólares, entonces había una relación. Ahora el aceite subió y esto nos deja fuera de margen”, resumió.

“Esto no es en contra de ningún actor puntual sino que involucra a muchas personas. Hay que dejar de discutir en torno a partidos políticos. Es muy importante aplicar una política de promoción de los biocombustibles”, concluyó Rossini.

Desde el sector piden un debate amplio y un tratamiento que remarque la importancia de los biocombustibles para el desarrollo de las economías regionales, pero ahora no reina más que la incertidumbre porque desde hace tiempo que no se respetan los precios ya fijados ni los cupos.

Hay una veintena de iniciativas acumuladas en el Congreso que están frenadas. A su vez, para sumar más incertidumbre, desde el oficialismo impulsan un proyecto de ley que propone cambiar el esquema actual, bajando los porcentajes de corte de biodiésel con gasoil del 10% a un rango ubicado entre el 5% y el 3%, según lo disponga la Secretaría de Energía, mientras que el corte obligatorio de bioetanol elaborado con caña de azúcar con nafta se mantiene en un 12% pero podría pasar al 6% según lo decida Energía.

Si se aprobara ese proyecto del Gobierno, muchos empresarios piensan que la industria bioenergética entraría en decadencia. Lo más probables es que Rossini forme parte de ese proceso. Su localidad, Piamonte, tiene menos de 4.000 habitantes que de seguro la extrañarían.

La entrada Marcelo Rossini tiene una planta de biodiésel en Piamonte, Santa Fe: “Estamos haciendo un esfuerzo enorme para que mis 30 empleados no queden en la calle” se publicó primero en Bichos de Campo.

Con el “agua hasta el cuello”, las empresas productoras de biocombustibles recibieron un período de gracia de 60 días más, durante los cuales continuarán los debates legislativos en torno al marco regulatorio.

Si se tiene en cuenta que en el Senado se dio media sanción a un proyecto que propone prorrogar la ley actual unos años más, una extensión de ocho semanas no parecería ser suficiente. Sobre todo si se tiene en cuenta que además de ese proyecto hay más de 20 iniciativas acumuladas, una de las cuales es el proyecto oficialista que pretende desmantelar buena parte del régimen aún vigente. 

Prorrogaron el régimen de biocombustibles hasta el 12 de julio, pero es probable que dure más tiempo por lo idiota que es la política doméstica

En ese marco, Bichos de Campo consultó la opinión de los representantes del sector productor de biocombustibles. Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), aseguró que las prórrogas siempre son útiles, pero que lo importante es que “dentro del ámbito del Congreso podamos hacer un buen debate sobre una nueva ley que tiene que ser superadora de la actual”.  En este sentido, recordó que, desde la Liga de Provincias Bioenergéticas se presentó un proyecto, junto al diputado cordobés Carlos Gutiérrez, que esperan que sea tratado pronto.

Por su parte, Francisco Jauregui, director de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), dijo que “sesenta días en el marco de un proceso parlamentario no son nada; es una ‘compra’ de tiempo para organizar un proyecto que no se encuentran consensuado con todos los sectores”.

Y solicitó un marco de continuidad para las pymes productoras de biodiésel. “Que se aumente el porcentaje de mezcla obligatorio que propone la ley. El 10% es el mínimo punto de equilibrio que permite a todos los productores de biodiésel a operar. Con el nuevo texto (del proyecto oficialista), las pymes automáticamente dejan de operar y rápidamente desaparecen”.

Por el lado de los productores de bioetanol a base de caña de azúcar, Jorge Freijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), señaló que la prórroga, aunque sea por 60 días, sirve porque la zafra en el sector ya ha comenzado y podía verse afectada por la incertidumbre.

“Esperamos que en este plazo se trate el proyecto (oficialista). El corte debería ser por lo menos del 12% y que progresivamente se aumente teniendo en cuenta las condiciones agroecológicas del país. Nos pareció bien que se contemplara la sustitución de importaciones del combustible fósil. Eso permitiría un crecimiento en la producción de alcohol, tanto de maíz como de azúcar, muy significativo”, afirmó.

Desde la división de Insumos Agropecuarios e Industria de ACA, de la cual depende la planta de bioetanol de ACABio, Víctor Accastello consideró que para el bioetanol “el corte debería ser mínimo y obligatorio del 15% sin ninguna posibilidad de que baje”. Y justificó que eso debe ser así para atender los compromiso de reducción de emisiones contenidos en el “Acuerdo de Parías”, la salud pública y la calidad de las naftas. También solicitó que la fórmula para calcular los precios de venta de los biocombustibles destinados al corte interno debe contemplar “el 100% de los costos” reales.

En la misma línea, Patrick Adam, director Ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, sostuvo que estos dos meses abren “un período de diálogo e intercambio entre los productores, con especialistas en energía, con las provincias energéticas”. Y añadió que mínimamente se debe mantener el corte actual (12%), pero que también se debe contemplar “un mercado libre donde el bioetanol pueda competir con la nafta y el gas comprimido.”

Feliz Día de la Tierra: Ingresó al Congreso argentino el proyecto que desmantela el régimen de biocombustibles para beneficiar a las petroleras

La entrada ¿Qué opinan los productores de biocombustibles sobre la prórroga por 60 días del régimen vigente? se publicó primero en Bichos de Campo.

En octubre del año pasado, la situación de emergencia seguía un continuado y hasta se había agravado por la pandemia. Entonces el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.569, que estiró la vida útil de la primera norma durante un año más y extendió los beneficios a las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Catamarca. Con esta pequeña reforma, la ley alcanzaba también a la poderosa actividad limonera tucumana.

“Extiéndase por el término de trescientos 365 días desde su vencimiento el plazo previsto en el artículo 1° de la ley 27.507”, decía esta segunda ley de octubre pasado. Sin embargo, han pasado casi la mitad de esos días y nadie la puso en vigencia. Por lo tanto, los beneficios para estas economías regionales no se aplican.

La historia de La Calandria: Una empresa citrícola que recién pudo volar cuando anidó en el mercado

¿Qué beneficios? Pues no demasiados pero vitales. Al ser declarados en emergencia, los empresarios del sector citrícola pueden patear para más adelante (no ser eximidos) los denominados aportes patronales, que resultan bastante pesadas en una actividad que es mano de obra intensiva. Cuando en octubre de 2019 la AFIP reglamentó la primera de las leyes dispuso la prórroga para el pago de esas obligaciones y la suspensión de la emisión y gestión de intimaciones y de los juicios de ejecución fiscal.

El problema es que ahora, en los próximos días, comienza la cosecha de naranjas y mandarinas en las provincias del NEA y el segundo episodio de la emergencia jamás se reglamentó. En Entre Ríos y Corrientes están los “primos pobres” de la actividad: hay unas 35 mil hectáreas que están distribuidas entre varios cientos de productores, que a la vez deben emplear a unas 20 mil personas de la región para esta actividad zafrera.

Santiago Caprarulo, de la Cámara de Exportadores de Citrus del Norte Argentino (Cecnea), contó a Bichos de Campo: “Simplemente debemos decir que es un tema muy menor pero no resuelto, que viene desde octubre del 2020 sin efectivizarse y ahora arrancamos la cosecha, movilizamos 20 mil personas y lo necesitamos. No podemos esperar más”.

¿Por qué es tan importante? Porque si no se reglamente esta ley los empresarios estarán obligados a afrontar las contribuciones patronales sin ningún tipo de prórroga. Y eso supone un costo inmediato cercano a los 100 millones de pesos.

El dirigente empresario no disimuló la molestia por la falta de profesionalismo en el estado, que pone en estado de zozobra a los productores. “Hay que andar cabildeando por las oficinas públicas para tratar de que salga algo que debería ser trabajo del Estado”, se lamentó Caprarulo. A su criterio, con la ley ya escrita y prorrogada, no debería hacer falta más que una breve resolución de AFIP para reestablecer su vigencia.

La cosecha y empaque de cítricos dulces suele extenderse por unos cinco meses. Hacia el final de la cosecha 2020, en agosto pasado, la Unión Europea (UE) le pegó un  palo al sector exportador al imponer controles de Mancha Negra, una enfermedad de los cítricos. El Senasa decidió paralizar las exportaciones.

El año pasado, además, el sector debió afrontar un aumento salarial importante y superior a la inflación, que llegó al 88% y también metió presión sobre los exportadores de naranjas y mandarinas. Los aportes patronales corren sobre esos nuevos salarios.

La entrada Van seis meses, empieza la cosecha, y todavía no se reglamentó la Ley de Emergencia Citrícola se publicó primero en Bichos de Campo.

El bloque legislativo oficialista pretende reducir el corte de bioetanol con nafta del actual 12% al 6,0% por medio de la eliminación de la obligatoriedad de corte del bioetanol elaborado con maíz, mientras que se mantendría el aporte del biocombustible producido en base a caña de azúcar.

“Los diferentes mercados de la caña de azúcar con los del maíz y la soja no son las mismas realidades”, aseguró hoy el secretario de Energía, el neuquino Darío Martínez, durante una exposición realizada en una reunión virtual de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados. “El corte de bioetanol de caña de azúcar debe estar totalmente contenido en el nuevo régimen”, remarcó el secretario.

En ese sentido, señaló que el proyecto oficialista –que aún no se hizo público formalmente– tendrá especial consideración al bioetanol elaborado con caña de azúcar porque el consumo de azúcar viene cayendo en los últimos años y, ante esa circunstancia, el sector requiere ser apoyado.

En cuanto al corte del 10% de biodiésel con gasoil, la intención oficial también contempla reducir esa proporción a la mitad, aunque Martínez aseguró que el nuevo régimen pondrá el foco en defender los puestos de trabajo de “las Pymes, las empresas no integradas y aquellas que no tienen capacidad financiera”.

“Este régimen tiene que distinguir las empresa integradas de los grandes grupos económicos de aquellos sectores que no tienen capacidad de financiarse para sostenerse”, sostuvo el funcionario.

Por su parte, los integrantes del sector solicitaron a los diputados que extiendan el actual régimen por al menos un año más para poder elaborar una nueva legislación consensuada.

En el ámbito del gobierno nacional no existe prácticamente nadie con interés en defender a la industria de los biocombustibles, aunque la misma es indispensable para cumplir con los estándares del “Acuerdo de París”, especialmente luego de que en diciembre de 2020 el presidente Alberto Fernández anunciara que la meta para 2030 fue fijada en 360 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂eq), cuando la meta anterior era mucho menos ambiciosa (483 millones de toneladas).

El secretario de Energía Martínez tiene el foco puesto en el desarrollo de la industria petrolera, mientras que el equipo económico liderado por Martín Guzmán está buscando diferentes alternativas para favorecer la posición de una YPF endeudada en dólares más allá de su capacidad de pago.

El tema, sin embargo, es prioritario para las provincias de Córdoba y Santa Fe, las cuales, si bien están gobernadas por peronistas, –Juan Schiaretti y Omar Perotti– no están dispuestos a asumir el costo político de ver el desastre económico y social generado por una eventual destrucción de la industria del biodiesel y el bioetanol.

Por parte del sector privado expusieron Luis Zubizarreta (Carbio), Patrick Adam (Cámara de Etanol de Maíz), Juan Carlos Bojanich. (Cepreb), José Vicente Porta (Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles de Origen), Jorge Feijoó (Centro Azucarero Argentino), Hilarion del Olmo (Cámara Panamericana de Biocombustible), Tomás Lorda (Cámaras de Empresas Pymes Regionales)

“Hablar de biocombustibles es hablar de tecnología argentina y de transformar el maíz, porque sino vamos a terminar siendo primarizadores de la economía rural”, afirmó Porta, propietario de la empresa homónima que desarrolló el sistema Minidest para elaborar, por medio de plantas modulares, bioetanol y burlanda de maíz en los establecimientos agropecuarios.

En tanto, Jorge Feijoó, presidente del Centro Azucarero Argentino, aclaró que “los biocombustibles no reciben subsidios y no dejan de pagar ningún impuesto”, al tiempo que Tomás Lorda declaró que “nuestras empresas (las Pymes elaboradoras de biodiésel) no nacieron para competir porque trabajan en mercados imperfectos en los cuales nuestro cliente y proveedores están absolutamente concentrados”.

La entrada Primarización: El gobierno argentino blanqueó su intención de licuar el régimen de biocombustibles se publicó primero en Bichos de Campo.

Los últimos datos oficiales publicados muestran que en octubre pasado apenas se lograron producir 12.378 toneladas de biodiesel, el nivel más bajo desde que comenzó a producirse en enero de 2008. El anterior registro histórico más bajo se había producido en diciembre de 2008 con 13.119 toneladas.

El programa de corte de biodiesel con gasoil, en el cual participan Pymes elaboradoras del biocombustible, está dado de baja de facto: en octubre pasado apenas vendieron a petroleras 1166 toneladas cuando en el mismo mes de 2019 esa cifra había sido de 94.014 toneladas.

Las Pymes elaboradoras de biodiesel, integradas en la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb), comenzaron a partir de agosto de este año a paralizar una tras otra la producción hasta virtualmente implosionar como sector.

El precio del biodiesel –determinado por la Secretaría de Energía de la Nación– estuvo congelado la mayor parte de 2020 en un valor de 44.121 $/tonelada y recién fue ajustado a mediados de octubre a 48.533 $/tonelada, un precio también insuficiente para poder operar.

En cuanto al biodiesel elaborado por las compañías pertenecientes a la industria aceitera, las cuales están nucleadas en la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), en octubre pasado estuvieron también con bajísimo nivel de actividad.

Las grandes industrias no participan del negocio (ahora extinto) de corte de biodiésel con gasoil, sino que destinan toda su producción al mercado externo, fundamentalmente a la Unión Europea, que implementa desde 2019 un cupo al producto local que administra tanto el volumen como el precio de ingreso.

A fines de octubre pasado el Senado aprobó por unanimidad y giró a la Cámara de Diputados la prórroga por cuatro años del Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustible establecido por la Ley Nº 26.093, el cual vence en mayo de 2021. De todas maneras, ya está virtualmente inoperativo.

La entrada Implosionó la producción argentina de biodiésel para registrar el nivel más bajo de la historia se publicó primero en Bichos de Campo.

Esta semana, el sector productor de biocombustibles intentó mostrar esta situación al enviar un comunicado al ministro de Economía, Martín Guzmán, pero quedó gusto a poco. El incumplimiento del gobierno de lo normado en la Ley 26.093, pensada originalmente con una mirada federal para dinamizar las economías regionales, recae ahora directamente sobre las pymes que producen biodiésel, que ya no saben si podrán tachar otro mes en el calendario. Los trabajadores afectados ascienden a 10 mil y mientras tanto desde las autoridades hay silencio de radio.

El reclamo es simple: actualizar el precio del combustible que se encuentra congelado desde diciembre en 44.000 pesos por tonelada. La Ley de Promoción de los Biocombustibles define que la autoridad de aplicación (el gobierno) deberá publicar las actualizaciones mes a mes, pero esto no se cumple y los productores no pueden cubrir los costos que ya escalaron un 25%.

Desde la CEPREB reclaman volver al esquema de fórmula para definir los precios del biodiésel que se utiliza para cortar al 10% el gasoil (por otro lado, otras empresas producen bioetanol para cortar las naftas al 12%) que había antes del gobierno de Mauricio Macri. Las desinteligencias entre el Estado y este sector productivo se registran desde entonces y nunca llegan a buen puerto. Por eso esta crisis es previa a la crisis sanitaria. El coronavirus no sirve de justificativo.

“La excusa ahora es: Sergio Lanziani (anterior secretario de Energía) se fue y Darío Martínez no asumió todavía, hay que esperar. La realidad es que la pyme no tiene la capacidad de esperar”, dijo frustado Jáuregui. El 100% de la producción se destina al mercado interno y si bien el consumo bajó en los últimos meses, ya muestra señales de recuperación.

Para la CEPREB no cumplir con la publicación del precio conlleva a otros incumplimientos: las plantas quedan paradas porque además el porcentaje de mezcla, que está definido por ley en un 10%, no se respeta. “Si se consume un litro de gasoil mezclamos el 10%. Si se consumen 100 litros mezclamos el 10% de esos 100. Hoy por hoy no se está mezclando nada”, afirmó el director.

La producción de biocombustible tiene un objetivo económico, que es abastecer al mercado interno, y uno sustentable, al evitar el 70% de las emisiones contaminantes por cada litro de biodiesel utilizado. A pesar de esto, la industria de biocombustible pasó a ser una especie en extinción.

La entrada ¿La industria del biocombustible está en peligro de extinción? Francisco Jáuregui, de las Pymes del sector, responde con un rotundo y angustiante sí se publicó primero en Bichos de Campo.

A ese problema coyuntural se agrega un condimento más estructural: en abril de 2021 vence el plazo de vigencia de la ley que le dio marco regulatorio en 2006 a la promoción de los biocombustibles y que disparó este tipo de inversiones. Los empresarios del sector no saben cómo van a seguir esas reglas de juego.

Alejandro Abad es el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, que nuclea a las pymes productoras de biodiesel para el corte en el mercado doméstico del gasoil (se lo mezcla en una proporción del 10%).

En diálogo con Bichos de Campo, Abad explicó la situación: “Desde principios de diciembre de 2019 no se actualiza el precio. La nueva administración no lo actualizó, el precio está congelado hace 8 meses, esto es previo a la pandemia y muchas otras situaciones. El atraso del precio es del 25%, por lo que se volvió imposible producir y por eso la industria está paralizada”.  

Escuchá la entrevista a Alejandro Abad:

El precio intreno del biodiésel era, a diciembre de 2019, de 44.100 pesos la tonelada. Desde que arrancó el nuevo gobierno no sólo no fue modificado sino que casi no lograron atención alguna de parte de los funcionarios. “Tuvimos alguna que otra reunión, a cuentagotas, pero con las personas que toman las decisiones respecto de nuestra industria no hemos tenido relación”, se quejó el industrial. “No solo estamos paralizados sino sin perspectiva de diálogo parar poder destrabar este tema”, añadió. 

Abad explicó que son 26 las empresas productoras de este insumo, y que están repartidas de forma federal en diferentes provincias. Dan trabajo en forma directa a 3.500 personas y las inversiones realizadas en estos años suman 250 millones de dólares.

Algo hay que hacer con ellas. Una chance es la obligada discusión en el Congreso sobre la vigencia de la ley 26.093 que dio marco normativo a la actividad desde 2006.  “Esa ley tenía 15 años de vigencia pero entró en régimen 4 años más tarde. De cumplirse el plazo en abril, habrán sido 11 años efectivos. Por eso estamos pidiendo una prórroga para permitir una plena vigencia y el recupero de las inversiones. Estamos solicitando los cuatro años adicionales para el cumplimiento del mandato que de hecho en la ley está contemplado a sola discreción del Poder Ejecutivo”, expresó el directivo de las Pymes del biodiésel. 

La entrada El gobierno ignora a las pymes del biodiésel: “No solo estamos paralizados sino sin perspectiva de diálogo”, resume Alejandro Abad se publicó primero en Bichos de Campo.