La entrada Otra vez se fijaron los saldos exportables del trigo de modo precipitado y sin consenso de los productores se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Aunque todo el mundo en la cadena esperaba la corrección de ese “volumen de equilibrio”, tal como ha bautizado el ministro Julián Domínguez en su particular jerga a los saldos habilitados para la exportación, esta decisión se habría producido de modo precipitado y bastante informal, justo en el momento en que los representantes de las entidades del campo se levantaban de la mesa y se retiraban de la reunión, molestos por la confirmación oficial de que se implementaría el bendito fideicomiso para subsidiar el costo del trigo y el maíz a molinos harineros y empresas avícolas.
Desde la Sociedad Rural Argentina creemos importante aclarar que no convalidamos ningún incremento del volumen de equilibrio de trigo, tal como figura en una circular del MAGyP. pic.twitter.com/pflqpAOOv6
— Sociedad Rural (@SociedadRural) January 7, 2022
“El martes pasado y luego de solicitar una audiencia con el Ministro por el rechazo a la posible instrumentación de un fideicomiso, desde la Mesas Intersectoriales de Maíz y Trigo rechazamos categóricamente esta iniciativa y nos levantamos de la reunión sin haberse hablado de algún tipo de volumen de equilibrio (punto que no estaba acordado en el temario de la reunión)”, relató un hilo de la SRA, dejando en claro que ni esa entidad ni ninguna otra de la Mesa de Enlace participó de esta decisión.
“Reafirmamos nuestra voluntad, una vez más, de que no tienen que existir ningún tipo de cupos porque afectan la transparencia de mercados perjudicando a toda la producción”, destacaron los ruralistas.
¿Y por qué tanto celo en aclarar las cosas? Porque nuevamente el gobierno, al habilitar un mayor cupo para exportar trigo, afirma que esa decisión se tomó en base a un pedido formal de la Mesa del Trigo y Maíz, donde según la Rural ni siquiera se llegó a discutir del asunto, porque las tres horas de reunión con Domínguez se consumieron analizando alternativas a un fideicomiso que finalmente el ministro confirmó.
Esta es la esquela en la que Javier Preciado Patiño, el subsecretario de Mercados Agropecuarios, comunicó la ampliación de los saldos exportables a 14,5 millones de toneladas. Allí se vuelve a hacer referencia a un pedido de la Mesa Intersectorial de Trigo.
Dirigentes rurales que participaron de la reunión contaron que justo en el momento en que ellos estaban dejando sus sillas y se retiraban del encuentro, el titular de la Cámara de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, intentó introducir el tema pendiente de ampliar el volumen de DJEV autorizadas para exportar trigo, dirigiéndose directamente a Preciado Patiño.
Pese a que el tema no se discutió, según dicen los representantes de la Mesa de Enlace, el acta de la reunión -a la que también accedió este medio- confirma que fue Idígoras quien “solicitó elevar el Volumen de Equilibrio de trigo de la campaña 2021/22 a 14,50 millones de toneladas, en función de la estimación de producción de 22,10 millones de toneladas”.
Y allí, sin más, relata que “El Ministerio de Agricultura consultó a los presentes si había alguna objeción con el pedido y, siendo la respuesta negativa, recepciona el pedido para analizar la propuesta”.
Dos días después, el jueves por la tarde, Preciado Patiño firmó formalmente la apertura de ese cupo adicional de 2 millones de toneladas, del cual los dirigentes rurales dicen no haber tenido noticias en el transcurso de la reunión y mucho menos haberlo avalado.
El viernes, con el saldo exportable ampliado, varias de las principales empresas cerealeras anotaron DJVE por cerca de 1,1 millón de toneladas de trigo y seguramente el lunes se termine nuevamente el adicional de 2 millones, habilitado una vez más en medio de polémicas y formas poco transparentes.
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]]>La entrada Más que “Estado bobo”, éste parece “boludo”: Reclaman casi 6 millones en divisas a una cerealera fantasma de Rosario se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El pedido del BCRA para que los bancos detengan el drenaje de dólares hacia el extranjero a nombre de esta empresa -a la que se identificó como una “cerealera”- es que la misma mantenía una suma de divisas pendientes de liquidación (la obligación a ingresar los dólares obtenidos por una exportación en el mercado local de cambios) por la friolera de 5.632.761,30 dólares.
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Es muy habitual que las empresas hagan todo lo posible por dejar los dólares que ganan exportando fuera del país, porque “ingresarlos” implica cambiarlos por pesos al valor oficial de 100 pesos. En cambio, si los cobran por ejemplo en Uruguay y después los ingresan por una vía informal, pueden trocarlos al doble de esa suma en el mercado libre de cambios.
Si lo que exportaba FG Importaciones (no se informa qué fue) hubiera sido una soja -que hoy vale 500 dólares-, estaríamos hablando de una operación por 11.300 toneladas, que es la cuarta parte de lo que puede cargar un buque de ultramar o el equivalente a casi 380 camiones. Si fuera maíz o trigo, sería casi el doble de ese volumen.
FG Importaciones no tiene silos ni puerto ni elevadores, aunque esto no sería impedimento para exportar (hay otras empresas que alquilan esas instalaciones). Tampoco tiene campos donde almacenar silobolsas. Su único domicilio declarado queda en el segundo piso de este edificio de la calle Brown, en Rosario.
Según el Banco Central, FG Importaciones había estado exportando por más de 5,6 millones de dólares, cobró esos envíos en dicha moneda y no introdujo esos billetes al mercado oficial de cambios, como debe hacer cualquiera otra empresa del rubro agrícola. “El 66,72% de las divisas correspondientes al valor de las exportaciones con obligación de ingreso y liquidación se encuentran pendientes de regularizar”, explicó el BCRA, que ya el año pasado había suspendido la cuenta corriente de otras cerealeras que operaban las plantas del grupo Vicentin, como la corredora Díaz&Forti.
Pero en aquel momento, aquellas eran empresas reales que cargaban granos en un barco y lo exportaban. En el caso de la firma cuestionada ahora, bien vale dudar sobre si no se trata de una fachada para ocultar las operaciones de exportación de otros jugadores y una maniobra para fugar divisas el exterior. ¿Por qué? Porque FG Importaciones SRL ni siquiera figura como “exportadora de granos” en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), que maneja el Ministerio de Agricultura. Eso es obligatorio para el resto de las cerealeras.
La cartera agropecuaria también publica mes a mes los volúmenes de granos y subproductos embarcados por cada compañía. Y en todo 2021 no aparecen en esos registros oficiales rastro alguno sobre ese operador. Entre Cargill, Dreyfus, Bunge, Cofco o empresas locales más pequeñas, no hay ni una referencia allí a esta cerealera fantasma. Tampoco aparecen barcos contratados a su nombre que hayan recalado en los puertos argentinos para cargar algún producto agrícola.
“Nosotros no somos la Aduana”, contestaron desde el BCRA cuando Bichos de Campo preguntó cómo era posible que nadie hubiera sospechado antes de esta ignota compañía rosarina y en todo caso le hubiese impuesto un control más riguroso para evitar lo que sucedió: la dejaron exportar por 5,6 millones de dólares que ahora se reclaman. Por cierto, es la Aduana el organismo que debería haber puesto ese filtro en caso de considerarlo necesario. El Banco Central está cumpliendo con su obligación que es reclamar las divisas.
La pregunta es si el estado pudiera haberlo evitado.
FG Importaciones SRL es una empresa de solo tres años de vida, aunque en realidad como “cerealera” su existencia ha sido mucho más breve.
La firma fue creada en mayo de 2018 por Juan Bautista Fassio e Ignacio Alfredo Granato, ambos comerciantes y domiciliados en Rosario. Granato fue fu primer gerente en esta primera etapa, en la que la empresa pretendía dedicarse a la importación (co0mo su nombre lo indica) de artículos textiles, electrónicos y de ferretería. Pero Granato duró menos de un año: en abril de 2019 vendió su participación societaria a la esposa de Fassio, Eleonora Cripovich.
Recién el 1 de septiembre de 2020, es decir hace poco más de un año, la sociedad modificó su estatuto social para abarcar dentro de sus actividades la compra y venta de productos agrícolas. Pero tampoco duró demasiado en el negocio, pues la AFIP la dio de baja del Sistema de Información Simplificada Agrícola (SISA) en abril de 2021. Allí figuraba como exportadora.
Este caso, a esta altura, expone la extrema fragilidad de los controles que impone el Estado a ciertas empresas, a todas luces muy débiles frente a la presión cotidiana que sienten miles de pequeños contribuyentes que son hostigados de modo permanente para que cancelen sus pasivos con la AFIP. También deja al descubierto que es casi nulo y obsoleto el intercambio de información permanente entre los diversos organismos involucrados en las tareas de control. Queda claro no hay cruce de ningún tipo de información.
Entre octubre y noviembre, a Fassio (principal cara visible de la fantasmal FG Importaciones SRL) le rebotaron un par de cheques por cifras millonarias. Recién después de eso el BCRA parece haber comenzado a sospechar sobre su situación y descubrió que había 5 palos verdes en divisas pendientes de liquidación.
No parece mucho para un país que exportó granos por más de 30 mil millones de dólares, que es la cifra que las cerealeras reales habían liquidado ante el BCRA hasta noviembre de 2021. Pero tampoco es poco. En poder del Central, esos cinco palos verdes hubieran permitido afrontar la importación de algunos de los insumos claves que le están faltando por estos meses a los productores agropecuarios.
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]]>La entrada Se vienen análisis generalizados para descartar una posible contaminación con trigo HB4: ¿Qué métodos de detección se utilizan y quién los paga? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Esas hectáreas ya comenzaron a cosecharse en el norte y se suponía que el INASE (Instituto Nacional de Semillas) iba a tener un control estricto sobre ellas, pues deben aplicarse las generales de la ley a los productos OGM que están en vías de desregulación. Pero la verdad terminó siendo que el organismo tenía poca idea de lo que sucedía y recién ante la presión de la cadena comercial triguera -que teme una contaminación de las partidas del trigo convencional-, el Ministerio de Agricultura tuvo que salir a mostrar mayor dedicación por el asunto. Por eso INASE mandó georreferenciar todos los puntos donde se almacenará ese trigo y a desactivar gran parte de la producción para que no pueda ser utilizada como semilla.
No parece ser suficiente para los privados que deben vender el trigo (acopios y cerealeras), que argumentan que una sola espiga del trigo HB4 que se filtre de dicho cerco y se mezcle con una partida de trigo convencional podría provocar una catástrofe, con reclamos desde los países importadores que podrían resultarles muy “onerosos”. Y este año habrá trigo para exportar: habrá cerca de 21 millones de toneladas de las que los argentinos preservaremos solo 6,5 millones como “bien cultural”. El resto, afuera.
Este peligro incierto generó -según pudo averiguar Bichos de Campo de fuentes del sector exportador directamente involucradas con el asunto-que en todos los contratos de compraventa de trigo haya que aclarar que el cereal está “libre de HB4”, de modo de hacer al productor que entrega el grano de algún modo corresponsable ante un eventual incidente de contaminación. Esta situación es ya generalizada en cooperativas, acopios y exportadoras. Todos se cubren de ese modo.
Pero no parece suficiente. Y entonces al menos una de las empresas que reciben trigo para exportarlo ha comenzado a hacer también una serie de análisis sobre los camiones de trigo que ingresan en sus instalaciones de San Lorenzo. Se trata de Molinos Agro, pero sería injusto decir que la decisión se limita solo a ellos. Esta semana habrá una reunión entre funcionarios del gobierno y representantes de toda la cadena comercial. Allí quedará implícitamente acordado que este sistema de detección del gen HB4 se extenderá muy rápido a todas las empresas.
¿Y cómo funciona entonces el sistema de detección que comenzará a implementarse en todas las terminales portuarias?
Cada camión que llegue debe venir amparado por un contrato dónde el productor declara que es un trigo “libre de OGM”. Eso incluye al HB4, obviamente, porque es el único trigo transgénico que anda dando vueltas por el mundo en este momento.
La empresa exportadora, para asegurarse que eso realmente sea así y el trigo no esté contaminado, realizará primero un test morfológico de la carga. Por ahora hay una sola empresa que ofrece este servicio y que confesó a Bichos de Campo estar recibiendo pedidos no solo de los exportadores sino también desde varios acopios: es Zoom Agri, que ya tiene mucho camino hecho reconociendo y clasificando las diferentes variedades de cebada,
¿Cómo funciona este primer análisis? Zoom Agri provee a sus clientes de un scanner donde se colocan unas cuantas espigas del trigo que arribó al puerto. Esos granos son sometidos a una intensa sesión de fotografías, de frente y de perfil, que envían la información a la nube. Allá arriba, complejos algoritmos construidos en base a todas los tipos de trigo presentes en el mercado, identifican en menos de un minuto y medio de qué variedad de trigo se trata. La Inteligencia Artificial es la que actúa como una primera barrera.
¿Y por qué este sistema podría identificar un trigo con el ADN modificado? En realidad este test no analiza la composición genética de cada granito. Lo que haría es detectar las únicas dos variedades utilizadas por Bioceres para multiplicar su evento HB4, que son la I 201 y la I 202. El sistema de Zoom Agri puede detectar esas variedades. Si no lo hace, el camión pasa sin problemas. Pero si llega a ser una de ellas, se clava el freno para iniciar otro proceso.
-¿Y cuánto cuesta ese test?- le preguntamos directamente a la gente de Zoom Agri.
-Se cobra de dos formas. Una es a nivel de análisis individual, que son 5 dólares por análisis. Pero también hay una especie de abono de 1.500 dólares mensuales que toman las empresas que deben hacer una gran cantidad de análisis. En ese caso el costo se diluye mucho, porque imaginemos que una exportadora recibe 6.000 camiones por mes y que cada uno de ellos carga 30 toneladas de trigo.
Por ahora, Molinos Agro se está haciendo cargo del costo de aplicar este primer filtro y se estima que lo mismo sucedería con todas las demás empresas que han pedido tener sus propios scanner. Es además lo que le pedirá el Ministerio de Agricultura al sector comercial: que trate de absorber los costos sin descontarlos de la factura del productor de trigo, que poco tiene que ver con el origen de esta situación.
Se supone que este análisis permitirá descartar el riesgo de contaminación en la mayoría de los camiones con trigo que lleguen a los puertos. ¿Pero qué sucederá en el caso de que algún rodado cargue con alguna de las dos variedades que podrían contener el trigo HB4?
Primero se repite el test morfológico para descartar “falsos positivos”. Pero si el resultado es insistidor, entonces lo que están haciendo en Molinos Agro es recurrir a un segundo análisis, que también pagan ellos y que sería semejante a un test PCR para detectar el coronavirus o la variedad Intacta en soja: la famosa tirita con un reactivo especial que marcaría la presencia del gen que se busca.
¿Y si ese segundo análisis diera positivo? Por ahora no sucedió, pero qué miedito…
Nos explicaron los exportadores: “Nosotros repetimos el análisis de las tiritas dos veces, para estar seguros. Si continuara siendo positivo la última instancia es ir a cámara (en referencia a la Cámara Arbitral de las Bolsas de Cereales). Recién ahí los costos (aquí aparece el valor de 16.000 pesos por cada test que ha sido tan mencionado) se deberían pagar a medias, como es uso y costumbre. O eventualmente lo pagará el productor se se confirma la presencia de HB4, por haber incumplido con el contrato” pactado.
¿Con qué contrato? Con aquel que decía que estaba entregando un trigo “libre de GMO”.
“No podemos perder de vista que nosotros tenemos hoy un negocio caminando que es la exportación de trigo. Un barco que sale del país con 30 o 35 mil toneladas equivale a llevar carga por unos 10 millones de dólares. Tener semejante suma en tránsito y que haya riesgo de rechazo en el mercado de destino es un riesgo que no podemos correr. Habría costos directos y otros intangibles, como perder destinos, perder credibilidad y la confianza de los clientes”, explicaron desde el sector cerealero. Ese es el argumento para tomar tantas prevenciones.
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]]>La entrada Las grandes cerealeras recordaron que “no es legal” el trigo HB4 y prometieron controlar todos los camiones, con costos que serían descontados al productor se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Gustavo Idígoras, presidente del Centro de Exportadores de Cereales y de la Cámara de la Industria aceitera (Ciara-CEC), explicó a Bichos de Campo cuáles son los problemas que podría desencadenar una detección de granos o harina de la variedad HB4 en cargas de trigo convencional.
Temeroso de las implicancias comerciales y los problemas de logística que provocaría una situación como esa, el directivo empresario hizo responsables el INASE (Instituto Nacional de Semillas) y a la firma Bioceres (que desarrolló e desreguló el trigo transgénico con tolerancia al estrés hídrico). Recordó Idígoras que por ahora está prohibida la comercialización de ese trigo en la Argentina.
Idígoras explicó que la aprobación de la comercialización de la harina de trigo en Brasil, por parte de la Comisión Nacional de Bioseguridad (CNTBio), “no cambia las condiciones de comercialización del grano de trigo HB4 en la Argentina, donde está prohibida. Por lo tanto, todo camión en que se detecte HB4 será rechazado y se harán las acciones sobre el vendedor, comerciales o legales, porque pueden generar un daño comercial”, advirtió.
“La presencia del gen no es legal y puede implicar un rechazo a toda la mercadería exportada y en ese sentido los riesgos comerciales son elevados”, añadió el presidente de la cámara que agrupa a las grandes agroexportadoras, responsables de casi 40% de las divisas que ingresan actualmente al país.
Escuchá la entrevista a Gustavo Idígoras:
El titular de Ciara–CEC dijo que en esta campaña la siembra de esa variedad transgénica del cereal va a obligar a más análisis sobre los camiones de trigo y que las firmas exportadoras los están hacienda ya en acopios y terminales, para brindar seguridad a los compradores.
“Hay tres elementos de control. El primero de Bioceres, que es la responsable única si surge algún inconveniente aunque ellos dicen que tiene un sistema de segregación. En segundo lugar el INASE, que con su resolución establece medidas de control, supervisión e inspección. En tercer lugar estamos los exportadores, que estamos testeado todo” el cereal que ingresa en el mercado, explicó el directivo.
Idígoras dijo que se viene una cosecha importante, de 21 millones de toneladas en un mercado con buenos precios. “Es una gran oportunidad de una buena comercialización, tenemos registradas para cargar 2,5 millones de toneladas en diciembre y 3 millones de toneladas en enero a mercados asiáticos que costó mucho ganar y hay que defender”, estableció.
-¿Y qué pasa entonces si aparece un camión de trigo con HB4?
-En ese caso el camión será rechazado en puerto, será informado a las autoridades nacionales y en caso de haber un daño comercial al comprador se va sobre el vendedor con las acciones legales correspondientes y la recuperación de los daños correspondiente. Si el producto es harina de trigo, entiendo que también.
Con respecto a los análisis que se deberán hacer en el trigo para evitar que se mezcle el que tiene el gen HB4 con el convencional, el titular de las cerealeras señaló que significará un nuevo costo comercial que se descontará en el precio al productor.
“Efectivamente hay costos vinculados con el testeo, con las demoras en los resultados y con la lentitud de logística. Es un costo ‘fobbing’ que tiene que absorber la cadena. Algunos están haciendo PCR que llevan 24 a 48 horas y tienen un costo superior a los 10 mil pesos. Otros están desarrollando una tecnología que está en cebada, que es un escaneo de la mercadería. Seguramente van a aparecer en poco tiempo algunas empresas brindando servicios novedosos para agilizar y reducir costos”, indicó Idígoras.
El ejecutivo añadió que están recibiendo consultas en las que los compradores internacionales muestran su preocupación por esta situación y la aprobación en la Argentina de la variedad HB4, que sería la única transgénica en todo el mundo.
La recepción de esas preocupaciones “es cotidiana. Se han contactado compradores del sudeste asiático y por supuesto de Abitrigo que representa a la cámara de molinos de Brasil, con los que hablamos por última vez el viernes. Hay que entender que este es un mercado de trigo 100% no transgénico. No es lo mismo que en la soja o el maíz o el algodón”, explicó. En eseos cultivos sí se toleran los OGM.
Idígoras comparó la decisión argentina de ser el primer país del mundo que lanza al mercado un trigo transgénico con la actitud de “un chiquito que salió a decirle a los grandes que ahora vamos a ir por otro camino”.
-¿Y qué dijeron los molinos de Brasil?
-Nos dejaron en claro que no quieren trigo con HB4. En segundo lugar. han presentado una queja que probablemente se formalice en los próximos días una medida cautelar ante el Ministerio de Agricultura y el de Salud de Brasil, para tratar de suspender el proceso de aprobación de la harina de trigo en ese país, lo que marca una clara indicación de su decisión.
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]]>La entrada ¡Aguante la ficción! Según el gobierno, “No existe limitación ni cepo a la exportación de maíz” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El lunes, feriado, la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de esa cartera avisó a los exportadores que, por órdenes de “la superioridad”, no iba a permitir que se anoten más exportaciones de maíz a largo plazo (bajo la modalidad habitual de 360 días) sino con periodos breves de embarques de solo 30 días, y además condicionadas a que las cerealeras ya hubieran adquirido el cereal y contratado el buque donde cargarlo.
Esto, que a todas luces es una limitación y un cepo, se originó en que la semana pasada las agroexportadoras cubrieron el saldo exportable calculado por las autoridades, que era de 38,5 millones de toneladas. Para la sector privado, en cambio, se podría exportar algo más, pues el gobierno está sobreestimando el consumo interno de maíz y además prevé dejar un remanente importante (de más de 6,5 millones de toneladas) para empalmar con la nueva campaña.
Pero aguante la ficción. Para el Ministerio de Agricultura “las exportaciones están abiertas”.
Según este particular modo de ver las cosas, lo que sucede únicamente es que “la cartera decidió priorizar las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) fehacientemente respaldadas por compras físicas y con barcos nominados con fecha cierta”.
Desde Agricultura se agregó además que “esta decisión no tiene ninguna implicancia en los mercados de futuros, ya que sólo rige para la presente campaña comercial”. Y se aclaró: “Esto se aplica sólo para el maíz de la campaña 2020/2021. Las registraciones de la campaña 2021/2022 continúan de manera convencional y ya lleva registradas DJVE por 6, 12 millones de toneladas”.
Después de jurar y perjurar que las exportaciones siguen abiertas, el organismo que dirige Julián Domínguez explicó que “a falta de 5 meses para el inicio de la próxima cosecha, la exportación declaró íntegramente el saldo exportable de 38,5 millones de toneladas”. Es justamente ese saldo el que se cubrió y por ello se impusieron las limitaciones mencionadas.
Para Agricultura, en cambio, “no existe ‘limitación’ ni ‘cepo’ a la exportación de maíz, cuando la Argentina alcanzó un récord de exportación”. En rigor, la venta al extranjero de 38,5 millones de toneladas es uno de las marcas más elevadas de la historia. También lo fue la cosecha, que superó las 60 millones de toneladas, según datos oficiales, en un marco de libertad de comercio (sin los ROE vigentes) y con retenciones relativamente bajas (del 125%.
Agricultura, en su defensa, aportó un dato importante: dijo que 9 empresas exportarán el 96% de esas declaraciones, “con volúmenes individuales que van de 1,5 a 5,9 millones de toneladas”.
La retención efectiva en maíz es del 53%, pero para el gobierno argentino no es suficiente
¿Qué puede suceder ahora? Pues que sin la participación de esos 9 jugadores en la cancha, se depriman los precios pagados por el maíz retenido por los productores, debido a la falta de competencia. Ese es el temor.
Pero según la gestión de Domínguez, “el productor rural tiene que tener la plena certeza de que es la base de esta cadena de valor y que en ningún momento se actuará con alguna medida que lo perjudique”.
Creer o reventar. ¿Aguante la ficción?
La entrada ¡Aguante la ficción! Según el gobierno, “No existe limitación ni cepo a la exportación de maíz” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Los números que utiliza el gobierno para justificar (y no tanto) el cierre de las exportaciones de maíz se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>¿Qué es el saldo exportable? La diferencia entre la oferta total de un bien (en este caso maíz) y su demanda interna. Desde hacía rato que el Ministerio de Agricultura había estimado ese indicador en 38,5 millones de toneladas, uno de los saldos de exportación más abultados en toda la historia agrícola local. La última vez que se publicó oficialmente ese dato fue el 24 de septiembre, en la estimación mensual de la cosecha 2020/21.
Como se verá en el cuadro de Agricultura, los cálculos de maíz disponible para la exportación eran de 38,50 millones de toneladas. Ese saldo surgía de restar a la oferta (un abultado stock inicial de 5,88 millones de toneladas más un cosechón calculado oficialmente en 60,5 millones de toneladas) las cantidades de maíz necesarias para atender sin sobresaltos el consumo interno.
¿Y cuál sería ese consumo? En Agricultura se calculó que la industria que absorbe maíz para la molienda húmera (por ejemplo, para eleborar la fructosa de las gaseosas), la molienda seca (para hacer la famosa polenta) y para la elaboración de bioetanol (que se utiliza para cortar la nafta) demandaría un total de 3,85 millones de toneladas, apenas un puchito más que en años anteriores.
El fuerte del consumo de maíz, unas 17,5 millones de toneladas, provendría de quienes convierten ese grano en carne y leche. La estimación oficial para esta campaña tampoco alteraba demasiado las cifras de demanda de avícolas, porcinos, feedlots, tambos y otros sectores pecuarios menores.
Es decir que la demanda interna representaba apenas 21,3 millones de toneladas, el 32% de la oferta total cercana a 66 millones de toneladas.
¿Cómo puede suceder entonces que la Argentina cierre sus exportaciones cinco meses antes de la próxima cosecha? Aquí el argumento oficial es que las cerealeras se apuraron en anotar sus negocios con el exterior y ya superaron la semana pasada el saldo exportable previsto. Y en efecto, la semana pasada ya se habían presentado DJVE por 38.595.847 toneladas de maíz. La mayor parte de ese volumen se exportó entre marzo pasado y septiembre (a un ritmo promedio de 4 millones de toneladas mensuales). Pero todavía quedan mucho barcos por cargar hasta febrero de 2022 que ya cuentan con los permisos.
En rigor, como se ve en el cuadro anterior, hasta la primera quincena de septiembre solo se llevaban embarcadas efectivamente 26.152.442 toneladas de maíz. Quedaban más de 12 millones de toneladas para cubrir el famoso saldo exportable.
De todos modos, las cerealeras ya tienen compradas de los productores unas 38 millones de toneladas y solo les resta adquirir medio millón de toneladas más para cubrir sus compromisos. Es decir, el cierre casi no las afecta. Lo que puede suceder ahora es que los precios bajen para el productor por falta de puja en el mercado.
Desde el vamos, lo que hay que remarcar en base a estos números, es que no parece existir riesgo alguno de desabastecimiento en el mercado interno que justifique una decisión tan abrupta como la que se ha tomado ahora, y que las autoridades técnicas del Ministerio de Agricultura atribuyeron a “órdenes recibidas de la Superioridad”, una instancia que no es identificada. ¿Quién dio la orden? Como con casi todo en este gobierno, jamás se sabrá.
Alerta comercial: Se completó el cupo de exportación tácito de maíz 2020/21
Como sea, el nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, no puede hacerse el distraído. En los últimos días caracterizó como “bienes culturales” no solo a la producción de carne vacuna (que ya se encuentra cupificada) sino también al trigo y el maíz. Esto implicaba, en su coloquial lenguaje, que serían productos monitoreados permanentemente, de modo tal de evitar situaciones de desabastecimiento. Al parecer, al gobierno se le encendieron ahora las luces amarillas.
Pero hay otro número clave para dudar de que la decisión tomada este lunes feriado por el Ministerio de Agricultura no tenga connotaciones políticas (la omnipresente pulsión del kirchnerismo por provocar al sector agropecuario). Es el remanente o ‘carry over’ de maíz que, luego de haber utilizado el grano disponible para exportar y atender el consumo interno, quedaría -según las cuentas oficiales- para ingresar sin sobresaltos a la campaña 2021/22.
Ese remanente, en el cuadro de oferta y demanda que abrió esta nota, está calculado en 6,53 millones de toneladas. Es maíz que sobraría, como reserva. La cifra es más de 10% superior a las 5,88 millones de toneladas que habían quedado como saldo de la campaña anterior. Y mucho mayor todavía si se la compara con la de hace dos años, que era de solo 4,75 millones de toneladas.
Por eso la pregunta es pertinente: Si sobraba tanto maíz ¿por qué cerraron ahora la posibilidad de concretar más exportaciones?
La entrada Los números que utiliza el gobierno para justificar (y no tanto) el cierre de las exportaciones de maíz se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Identifican a las cerealeras de Gualeguaychú que investiga la AFIP por una supuesta maniobra fiscal se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Según los trascendidos, ambas firmas representan un mismo grupo económico y pertenecen a la familia Veronesi, oriunda de esa localidad. Las dos empresas ya habían sido objeto de allanamientos en 2011 por el mismo delito que ahora se les imputa, pero resultaron inocentes. Bichos de Campo intentó contactarse con la familia pero prefirieron no dar declaraciones por el momento.
Unión Cerealera SA figura a cargo del señor Domingo Veronesi, quien se desempeña también como presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Gualeguaychú. La empresa se encuentra en funciones desde hace 22 años, con una fecha de registro que data del 29 de marzo de 1999.
“La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y asociada a terceros en el país o en el extranjero la comercialización, elaboración, e industrialización de cereales o de cualquier otro producto agropecuario o para la actividad agropecuaria”, aclaran los registros públicos.
Dentro de sus operaciones se encuentran habilitados para las comerciales (compra, venta, importación, exportación, permuta, distribución, envasamiento, fraccionamiento de mercaderías, productos y/o subproductos elaborados); las industriales (elaboración, fabricación y producción de toda clase de productos derivados del sector agropecuario o de cualquier otro sector); las financieras (inversiones de capital); las inmobiliarias (adquisición, venta, arrendamiento de inmuebles); las agropecuarias (explotaciones agrícola ganadera, forestales y avícolas) y la realización de servicios de transporte de cargas como mercaderías, materias primas, entre otras.
Dentro de su línea de negocios Unión Cerealera ofrece productos de nutrición animal; cuenta con un molino arrocero; ofrece servicios de administración para explotaciones agropecuarias; comercializa maquinaria de la línea Valtra; cuenta con establecimientos de producción agrícola y comercializa insumos como fertilizantes y repuestos para maquinaria. Según el registro de deudores del Banco Central, su situación financiera es regular.
En cuanto a Agropecuaria Sur, cuyo presidente de Angel Antonio Veronesi, por la empresa se encuentra en funciones desde hace 25 años, con una fecha de registro que data del 18 de febrero de 1996. La misma se encuentra inscripta dentro de la categoría de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
Dentro de las actividades declaras realiza cultivo de cereales no forrajeros, cría de ganado bovino, cultivo de arroz y transporte automotor de cargas. Al igual que en el caso anterior, según el registro del Banco Central no figuran como deudores.
Hasta el momento se realizaron cuatro allanamientos, dos de ellos en la intersección de la Ruta Provincial N° 20 y la Ruta Nacional N°14, donde están ubicadas las plantas industriales y oficinas comerciales de las mencionadas empresas; otro en una propiedad de Alberdi y Urquiza y un cuarto en Luis N, Palma y boulevard Daneri, vinculado al contador que tiene a su cargo la cartera contable de las firmas.
La entrada Identifican a las cerealeras de Gualeguaychú que investiga la AFIP por una supuesta maniobra fiscal se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Cofco, Cargill y Viterra lideraron los embarques durante este primer semestre de altos precios se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Concretamente, en las exportaciones de granos la china Cofco lideró el ranking con poco más de 4,38 millones de toneladas embarcadas estos seis meses, lo que representa el 15,7% del total. Le sigue la multinacional de capitales norteamericanos Cargill, que envío al exterior 4,33 millones de toneladas, el 15,5%. Entre las dos, ya suman el 33% de los embarques.
En el tercer puesto se ubicó otra norteamericana, la compañía ADM, que exportó 3,48 millones de toneladas (12,5% del total). El cuarto puesto también es para otra compañía de Estados Unidos, en este caso Bunge, que sumó envíos por 3,32 millones de toneladas (11,92%).
Recién en el quinto puesto aparece una empresa de capitales nacionales, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que durante el primer semestre exportó 2,8 millones de toneladas de granos, captando de esta manera el 10% de los envíos.
Un dato a destacar es que las exportaciones de granos totales durante el primer semestre de este 2021 mostraron un retroceso del 18,9% versus el mismo período del año anterior. La menor producción que arrojó la campaña sojera se hizo sentir en los envíos al exterior, en lo que respecta a volumen pero no ingreso a divisas, porque la suba de los precios internacionales permitió alcanzar el récord de 16.600 millones de dólares durante el mismo período.
En cuanto a los envíos de subproductos (principalmente harina y expeller de soja) se confirma la tendencia que se evidenció durante todo el año pasado, la multinacional de capitales suizos Viterra (ex Glencore y ex Oleaginosas Moreno) logró consolidarse como la líder indiscutida en este segmento con envíos por poco más de 3,19 millones de toneladas, lo que representa el 19,3% del total que asciende a 16,5 millones de toneladas.
En el segundo lugar aparece una argentina, Aceitera General Deheza (AGD) con envíos por poco más de 2,3 millones de toneladas, es decir el 13,9% del total. A su vez, el tercer puesto en el ranking en exportaciones de subproductos es para Molinos Agro con 2,2 millones de toneladas (13,4%). La norteamericana Cargill ocupa el cuarto puesto con 2 millones de toneladas, que traduce en el 12% del total. Bastante más atrás con 1,4 millones se sitúa la también norteamericana Bunge en el quinto lugar.
Mientras tanto, analizando los datos totales, en el segmento subproductos los envíos crecieron 15,3% interanual, ya que pasaron de 14,3 millones de toneladas en el primer semestre de 2020, en comparación a las 16,5 millones de toneladas de este año.
Finalmente, en el rubro aceites, una vez más Viterra (que tiene el control de Renova, la sociedad con el grupo Vicentin), lidera el ranking con envíos por 939.000 toneladas, que se traduce en el 23,1% del total, que sumó durante el primer trimestre 4 millones de toneladas.
Bastante más atrás, la argentina Molinos Agro se quedó con el segundo lugar al exportar casi la mitad, es decir unas 580.000 toneladas. El segundo y tercer puesto se reparten entre AGD con 476.300 toneladas y Cargill con 458.600 toneladas.
En este segmento, también se evidencia un crecimiento en las exportaciones, ya que en el primer semestre del año el acumulado alcanza los 4 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 38% en comparación a los 2,9 millones de junio de 2020.
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]]>Cerrar las exportaciones sin normativa que respalde la decisión debe ser, sin duda, el sueño dorado de algunos burócratas autoritarios. ¿Pero será posible? ¿Cómo trabar embarques por miles de toneladas y millones de dólares con solo levantar el teléfono y dar instrucciones a un empleado?
En la Argentina -donde las leyes se pisotean todo el tiempo- es posible: ¡Pirulo, no recibas más estos papeles y listo! En este caso que tiene en vilo al agro se trata de que el Ministerio de Agricultura decidió el 30 de diciembre pasado no recibir nuevas Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) para embarques de maíz por enero y febrero. Y para eso se valió de… simplemente un comunicado oficial informando de la noticia a los operadores. Esa pequeña pieza de comunicación lleva la firma del subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño. Pero solo tiene como intención informar. No tiene peso legal.
¿Ni decreto? ¿Ni ley? ¿Ni resolución? ¿Cómo un país agroexportador como la Argentina puede bloquear las ventas de su principal cereal sin que nadie se haga cargo de semejante definición? Como muchas otras cosas en la Argentina, esto sucede gracias a una ley de la dictadura militar de 1976: el decreto/ley 21.453.
“Esta subsecretaría pone en conocimiento de los sectores exportadores de los productos comprendidos en la ley 21.453 que a partir de las 14 horas…” Con ese tono autoritario se impone una decisión de tan alto impacto en el mercado local de granos. Gracias a una ley de la dictadura que sobrevivió durante cuatgro décadas sin que nadie la discutiera demasiado. No se necesita más que esa invocación.
El dictador y genocida Jorge Rafael Videla había dado el golpe de estado el 24 de marzo de 1976. Pocos meses después, el 8 de octubre de 1976 y a instancias de su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, firmó el decreto ley 21.453, que sigue teniendo vigencia 45 años después.
Lo que dice esa norma es que “las ventas al exterior de los productos de origen agrícola que se indican en la planilla anexa quedarán sujetas a las normas que establece la presente ley. El Poder Ejecutivo Nacional queda facultado para modificar la mencionada planilla, cuando lo considere necesario”.
En ese planilla está el maíz. Pero también el trigo, la soja, el girasol y todo el resto de granos y algunos subproductos, como la harina de soja y el aceite de girasol. Es decir, todos los productos agrícolas básicos que constituyen el grueso de las divisas que ingresan a la Argentina. En 2020, por esos rubros ingresaron el 40% de los dólares, unos 20 mil millones.
“Las ventas al exterior deberán ser registradas, mediante declaración jurada, ante la Autoridad de Aplicación (el Ministerio de Agricultura), en forma que determine el Poder Ejecutivo Nacional, el que deberá asimismo reglamentar los plazos de vigencia de la declaración jurada”. Esas declaraciones son las benditas DJVE, que el gobierno desactivó sin mediar ninguna norma específica adicional a la letra fría y lejana de esta ley.
Años atrás cuando el gobierno detenía los embarques de maíz o de trigo, de carne o de leche, en tiempos de Guillermo Moreno se estableció un mecanismo con algún grado de formalidad más elevado que este y se crearon los ROE (Registro de Operaciones de Exportación). Entonces se trababan los embarques pero con un mínimo respaldo legal: había que firmar resoluciones por lo menos, aunque finalmente también todo dependía del funcionario de turno. Esos ROE, de todos modos, fueron derogados en tiempos de Cambiemos.
¿Y por qué sobreviven las DJVE y sigue regulado el comercio exterior agrícola por una vieja ley de la dictadura militar? Es raro saberlo, pero suponemos que el instrumento ha sido funcional para los intereses no solo del Estado Nacional sino también de las grandes cerealeras que dominan este negocio.
A los sucesivos gobiernos, está claro, la Ley 21.453 no solo les otorgó una gran margen de discrecionalidad (al punto de poder trabar las exportaciones con un solo llamado de teléfono, como sucede ahora). También les permite -y aquí está su gran secreto- fijar los preciso FOB de todas estas mercaderías.
Para entenderlo: la soja en Chicago puede cotizar 500 dólares por tonelada (ahora cotizaba 492 dólares), pero todos los días el Estado determina para los granos y sus derivados un valor FOB Oficial que quizás no sea el mismo. Se trata de un precio de exportación de la mercadería nacional. Ese valor era el lunes 4 de 535 dólares para la soja exportada en enero.
Para el maíz era de 258 dólares, pero estaba fijado al pedo, porque no se tomaban las DJVE para exportar en enero y febrero tras la última comunicación.
A partir de esas DJVE y los valores oficiales de cada día se determinan, por ejemplo, cuántos dólares de retenciones deberán dejar las exportadoras a manos del Estado y descontarles a los productores. Siguiendo con el ejemplo de la soja, si este lunes 4 se anotó una venta a 535 dólares, el 33% de derechos de exportación era de 176,55 dólares.
Esta situación siempre abrió muchas suspicacias. ¿Por qué? Porque en ciertas ocasiones el Estado puede decidir un precio exageradamente alto o bajo, y con eso perjudicar o beneficiar a los exportadores en materia de tributos aduaneros. Es lo que muchos dicen que sucedió en 2020 con el trigo: como había poco cereal disponible para la exportación, en cierto momento del año se sospechaba que Agricultura había fijado un Fob Oficial exageradamente alto (es decir, por arriba de los valores del mercado), para que así el impacto de las retenciones hiciera desistir a las cerealeras de realizar los embarques. En consecuencia, el trigo quedaría en el mercado doméstico.
En otros tiempos hubo severas sospechas de este tipo de manejos con el aceite de girasol. No lo sabemos. Pero salta a la vista que el margen de discrecionalidad es elevado. No hay ningún contralor, por cierto, a lo que se haga en el manejo de ese Registro de DJVE.
Las demás mercaderías, incluso agropecuarias, que están fuera del famoso anexo de la Ley 21.453 (donde solo están los granos básicos) pagan retenciones de un modo totalmente distinto: lo hacen sobre el valor FOB de venta declarado. Es decir, si un frigorífico exporta un contenedor de carne a 1000 dólares por tonelada y debe pagar derechos de exportación del 9%, entonces pagará 90 dólares por tonelada.
La coexistencia de dos regímenes diferentes para tributar retenciones y otros impuestos aduaneros abre también la oportunidad para negocios millonarios que son en apariencia legales aunque estén repletos de trampas: por ejemplo el de la exportación de “mezclas” que se hace figurar como productos elaborados aunque sean 95% soja y 5% maíz (o peor aún, existe una mezcla de 99% de aceite de girasol y 1% de aceite de palma). Al ser considerados otra cosa y no granos básicos, esas combinaciones no ingresan en el listado anexo de la 21.453 y por lo tanto pagan menos retenciones que las previstas para sus principales ingredientes. Y no solo eso, pues tributan un porcentaje menos a partir del precio declarado y no del valor FOB Oficial.
Así las cosas, hay exportadoras que han hecho pingües negocios al amparo de este régimen y con evidente complicidad de la Aduana. Bichos de Campo escribió varias veces sobre el asunto. El perjuicio al fisco es enorme y la competencia desleal es todavía peor.
Contó hace unos días un exportador que se siente afectado: “Hoy el aceite puro de girasol paga de derechos de 341 dólares (31% del los 1104 dólares de Valor FOB Oficial de la 21.453 y con ingreso de divisas obligatorio a los 15 días), mientras que las mezclas de la Posición Arancelaria 1518, que están fuera del anexo de la 21.453, pagan solo 261 dólares de retenciones y el ingreso de divisas se les exige recién a los 180 días”.
Mezcla de negligencia e impunidad, sigue intacto el curro de exportar “mezclas”
Son 80 dólares por tonelada de aceite menos que recauda el Estado. Los suficientes como para aceitar muchos circuitos.
Pero sobre todo, y por eso el decreto/ley 21.453 habría sobrevivido tanto tiempo, este régimen de precios paralelos daña mucho al productor y las posibilidades de agregar valor a los granos en el interior profundo. ¿Por qué? Porque los precios FOB Oficiales se calculan a partir del valor del mercado internacional de los commodities, y por lo tanto son útiles para los negocios que puedan hacer con el mundo una decena de grandes agroexportadoras enclavadas sobre todo en el conglomerado del Gran Rosario.
Esto es igual a decir que para todos los negocios con granos del país se toma un “valor Rosario” y esto apareja una gran discriminación a otros operadores, mucho más pequeños que las grandes cerealeras. “Un productor de Gualeguaychú, Entre Ríos, podría exportar granos a Uruguay, que le queda a 50 kilómetros, pero no puede porque paga derechos de exportación sobre un valor de Rosario, que está a 300 kilómetros. Esto sucede hace 45 años”, describió un operador. Lo mismo con el trigo que se exporta de Salta a Bolivia. Toma un valor como si hubiera sido cosechado a 1.500 kilómetros de distancia de allí.
“La Ley 21.453 daña mucho al productor. Cuando, por ejemplo, hay una campaña con mucho grano verde, las retenciones se pagan como si fuera grano bueno, por lo que baja mas el descuento. Y hay productos en los que no se actualizan los valores FOB Oficiales, como la colza, que se está muriendo por que paga 12% como el trigo (aunque en la última modificación redujeron esa alícuota a 0%)”, comentó a Bichos de Campo un productor que siempre está a la búsqueda de nuevas oportunidades de cultivos.
Otro ejemplo reciente: El mani de descarte para industria para aceite pagaba el año pasado retenciones sobre un valro FOB Oficial de 900 dólares, cuando en la Bolsa de Córdoba su cotización real de mercado no llegaba a una tercera parte de esa cifra. El principal comprador de ese grano era una gran aceitera de la zona, que así hacía enormes diferencias.
La autoritaria suspensión de las exportaciones de maíz es otro de los extravíos que permite la Ley 21.453, firmada en 1976 por Videla y Martínez de Hoz. Esa dupla es triste para la historia por mucho motivos, pero sobre todo porque simboliza lo peor para los argentinos en materia de política económica: resulta la conjunción del tipo autoritario que maneja el Estado a su antojo y de un ministro lacayo de los intereses más concentrados de la economía.
De esa mezcla no puede salir nada bueno. Pero la Ley 21.453 la permite.
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]]>La entrada Sin “animosidad”: ¿Cuáles fueron las razones del Estado para suspender a Díaz & Forti? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El tema es ultrasensible porque Díaz & Forti maneja actualmente, mediante contratos de fazón autorizados por el juez Hernán Lorenzini, las operaciones en las dos plantas aceiteras que tiene el malogrado grupo Vicentin cerca de Rosario, donde trabajan cientos de personas. El propio Jurado vinculó ambas situaciones en una entrevista concedida a Bichos de Campo.
Frente a estas acusaciones contra Rossi y la gente de la ex ONCCA, fuentes oficiales salieron a aclarar que las investigaciones sobre las operaciones de Díaz & Forti son previas a esta última semana, ya que la empresa venía de una primera suspensión el 20 de noviembre, y que nada tiene que ver con esta decisión las operaciones realizadas en las plantas de Vicentín, sino que hay sospechas por negocios realizados en otros establecimientos fabriles del Gran Rosario, pertenecientes a Cofco y Renova.
Además se aclaró que este segundo expediente se inició no en el ámbito del Ministerio de Agricultura sino en el Banco Central (BCRA), donde se detectó que Díaz & Forti tiene liquidaciones de divisas pendientes por más de 450 millones de dólares. Recién cuando se recibió esta información, dijeron las fuentes, se procedió a la segundo suspensión, “que puede ser subsanada ni bien ese operador acredite haber corregido las situaciones” denunciadas.
¿Cuáles son esas situaciones?
El viernes 20 de noviembre se produjo una primera intervención oficial sobre la empresa Diaz & Forti. El mercado venía anticipando una situación muy particular sobre su accionar, ya que esa firma corredora ofertaba entre 3 y 5 dólares más por tonelada de soja que el resto de los operadores. Frente a esta situación, los funcionarios de Agricultura actuaron de oficio y comenzaron a verificar los movimientos comerciales de esa firma y de otros operadores granarios vinculados a ella.
Haciendo cruces de información sobre las Declaraciones Juradas que los operadores granarios están obligados a presentar periódicamente ante el Estado (formularios de cartas de porte, formularios C15, C17, C18, etc), surgió que Díaz & Forti realizó operaciones comerciales como “usuario de industria” sin estar habilitado para ello, por un total de 57.691 toneladas de soja en tres plantas procesadoras.
Estas plantas son las de Renova en Timbúes y dos plantas de la empresa china Cofco ubicadas en Puerto General San Martín y Timbúes.
El Estado sospecha que esas casi 58 mil toneladas de soja de Díaz & Forti que ingresaron a su nombre para industrialización y producción de aceite (38.654 toneladas a la planta de Renova y 19.037 a las instalaciones de Cofco), en la práctica fueron exportadas como grano sin procesar. De inmediato se comenzó a actuar frente a “una posible maniobra para eludir el pago de derechos de exportación, por la diferencia de alícuotas entre el poroto de soja (33%) y sus subproductos procesados (30%)”.
Agricultura, en ese momento, procedió a suspender a la operadora. Y requirió información sobre las tres matrículas involucradas en la posible maniobra.
A partir de ese incidente, lo que hicieron los inspectores fue requerir información adicional de otros organismos. Días después la respuesta del Banco Central fue contundente: “Se hace saber que Diaz & Forti incumple en un 97,8% con este organismo, adeudando -a la fecha de la consulta- liquidar 450 millones de dólares”.
Frente a esta situación, la DNCCA actúo nuevamente de oficio y volvió a suspender la matrícula de dicho operador. Se trata de una decisión de manual, que según la versión oficial no esconde “ninguna animosidad especial” contra la empresa Díaz & Forti, como argumentaba su CEO.
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