El 13 de agosto pasado las diputadas Figueroa y Caparrós propusieron modificar por ley la integración del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para agregar a funcionarios públicos y correr -según se entiende en una primera lectura- a los representantes del sector privado y del sector académico.

La difusión del proyecto de ley mereció una reprobación generalizada de sectores del agro, que incluyó comunicados de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace (CRA, SRA, FAA, Coninagro), de los Colegios Veterinarios y de Agrónomos, de organizaciones técnicas como CREA y hasta de las asociaciones de cadena de cultivos (Acsoja, Argentrigo, Asagir y Maizar).

Es que la iniciativa fue leída como una nueva avanzada del Kirchenirismo sobre el sector, luego de otras dos noticias que se produjeron recientemente y que dejaron un clima más que tenso. Se trata de dos proyectos anteriores, uno del diputado Carlos Selva y otro del senador Dalmacio Mera, que propusieron quitarle terrenos al INTA Cerrillos de Salta, y al INTA Sumalao en Catamarca, respectivamente.

De forma exclusiva, la diputada Alcira Figueroa, autora del proyecto de la discordia, habló con este medio sobre su propuesta.

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-¿Cómo surgió esta idea?- le preguntamos.

-Tengo una trayectoria dentro del área de la Agricultura Familiar del INTA de más de 20 años. He coordinado dentro de la provincia al equipo de ProHuerta, creado en la década de 1990. Una de las dificultades que veíamos es que si bien el INTA trabajó históricamente con ese sector, que es mayoritario en algunas provincias más que en otras, no está representado en el Consejo Directivo Nacional. Por lo tanto, si bien se ejecutan planes y proyectos, no hay una priorización presupuestaria dentro del Instituto.

A continuación Figueroa agregó: “No éramos reconocidos porque siempre estuvo el debate de si teníamos que estar en Acción Social, porque el sector atendía al desarrollo social. Entre 2012 y 2014 se empezó a trabajar en una ley de Agricultura Familiar que tenía que ver con esa inclusión, no sólo en el INTA sino como política de Estado, que sea reconocida como actividad prioritaria de la gente del campo”.

-¿Qué buscan con este proyecto?

-Lo que queremos con Mabel Caparrós es impulsar una mayor apertura a la participación del sector de la agricultura familiar dentro del Consejo Directivo del INTA. Incluyéndonos en la directiva vamos a tener mayor capacidad de decidir sobre la actividad, en lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, a las semillas, a la tecnología, así como lo tienen los grandes productores. Queremos que nuestro sector también tenga acceso. ¿Y cómo se obtiene? Teniendo capacidad de decidir sobre las políticas públicas.

-¿Por qué el proyecto propone directamente cambiar el Consejo, excluyendo del Consejo Directivo actual a representantes del área académica y de las entidades rurales, en vez de agregar un miembro de este sector que ustedes buscan representar? Lo que ahora quedó plasmado es el interés por agregar funcionarios públicos y eso no asegura que vaya a quedar representada la Agricultura Familiar.

-No era ese el espíritu. Creo que hubo una mala interpretación. Nosotros en ningún momento hemos planteado sacar a las cuatro entidades del campo. Todo lo contrario, lo que queremos es ampliar y sumar a la agricultura familiar. Por supuesto que las Universidades son claves. Las cuatro entidades del campo van a permanecer, son parte importantísima de la vida agropecuaria del país. La opinión, la idea, los proyectos que tiene el sector por supuesto que tienen que estar contempladas en el proyecto. Lo que pedimos es agregar incluso a Medio Ambiente que no está en el Consejo Directivo. No hemos hablado de excluir a ningún sector, al contrario.

-Sin embargo el articulado menciona hacer una modificación sobre la conformación del Consejo Directivo para incorporar a alguien de Senasa, del INAI, de Ambiente, como usted afirma, y también deja aclarado que solo habrá lugar para quienes representan a las entidades agropecuarias y a las academias en un consejo asesor.

-Esas se mantienen por supuesto. Nosotros hacemos alusión a lo que se agregaría. Ahí seguramente haremos la corrección cuando se debata en la Comisión y se pondrá con nombre y apellido a las entidades del campo.

-¿La propuesta entonces es agrandar el Consejo, no modificarlo?

-Exacto.

-Y frente a este mal entendido que usted señala, ¿qué opina ahora de todos los comunicados que estas entidades emitieron?

-Que nada más lejos que eso. Nosotros concebimos al INTA como el Instituto que vela por los intereses de todo el mundo del agro, y en el mundo del agro están los grandes, los medianos y los pequeños, ese fue siempre el espíritu del INTA. De ninguna manera vamos a excluir. Pedimos la incorporación de representantes de la Agricultura Familiar y de Ambiente, porque es una actualización de lo que nosotros estamos viviendo en cuanto al cuidado de los ecosistemas y el control de la contaminación. Pensamos que es una voz relevante que debería estar opinando sobre el desarrollo sustentable de los territorios, haciendo propuestas y correcciones. Por ahora tenemos escasas respuestas o respuestas parciales, con poca articulación, para gestionar esas problemáticas nuevas.

-¿Entonces usted afirma que este proyecto debería tener una reescritura?

-Exacto. Creo que se va a corregir cuando lo tratemos en Agricultura o Medio Ambiente. Específicamente irá a la Comisión de Agricultura y allí se harán las modificaciones, los agregados que correspondan. Ningún proyecto es perfecto.

-Otro punto llamativo de la iniciativa es que en los fundamentos ustedes afirman que hay dos millones de personas que integran a la agricultura familiar. Sin embargo, según datos del último Censo Agropecuario de 2018 sólo se reconocen 250.000 establecimientos agropecuarios. ¿De dónde obtienen la cifra de dos millones?

-Nosotros entendemos como agricultura familiar a todo lo que se desarrolla en las zonas urbanas, periurbanas y rurales. El dato del Censo tiene que ver con las explotaciones agropecuarias. Nosotros incluimos el universo que produce, que no está asentado pero que sale de los programas de extensión.

-Entonces ustedes tienen en cuenta a quien cultiva en el ejido urbano o al borde de él.

-Sí.

-Además del ruido que generó este proyecto, ¿qué opina del que provino también del Frente de Todos, el del diputado Carlos Selva, de querer quitarle alrededor de 500 hectáreas a la Estación Cerrillos del INTA en Salta, siendo usted de esa provincia y del mismo espacio político?

-Yo hablé con el diputado después de que presentó ese proyecto, porque no soy parte de esa comisión y no participé de esos debates. Se trató de hablar, de consensuar y después se corrigió. Si bien hay tierras disponibles en el INTA de Cerrillos, en el que yo justamente trabajaba, esas tierras se destinan a parcelas de investigación, de experimentación y también de extensión. Nosotros teníamos por ejemplo 2 hectáreas allí para la producción agroecológica y, por convenio con la universidad, un trabajo con alrededor de 70 alumnos, de tercero y cuarto año de forma semanal, en formación de agroecología.

Respecto a la necesidad de incorporar tierras Figueroa afirmó: “Es cierto también que hay una demanda impresionante de viviendas. En Salta Capital y en donde yo vivo son los lugares que tienen mayor hacinamiento por falta de disponibilidad de tierra para hacer viviendas o loteos. Hay una realidad acuciante y creo que lo hizo con la intensión de solucionar un problema de hábitat que tiene la familia salteña. Hay tierra cercana que se podría expropiar, que son de actividades inmobiliarias cerca del ejido urbano o del ejército, que están sin uso y sobre las que se podría hablar con sus dueños”.

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-¿Usted coincide entonces en que esas tierras hay que obtenerlas de alguna forma, pero no quitándoselas al INTA?

-Claro, no deben ser las del INTA.

-Algo similar ocurrió con el INTA Sumalao en Catamarca, por un proyecto presentado por el senador Dalmacio Mera. ¿Qué opinión le merece esa iniciativa?

-Sí. Yo creo que no va a prosperar porque imagínense que sería achicar una entidad tan elemental para la vida económica y agropecuaria del país. No corresponde.

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“La campaña se atrasó 40 días”, explicó Sergio Parra, productor de Cerillos, cerca de la capital de Salta. Es que una vez que se cosechan las hojas del tabaco y se las acondicionan en las estufas, gran parte de los fardos se envían para la exportación, que se paralizó, mientras que el 20% de la producción termina en las fábricas de cigarrillos ubicadas en la provincia de Buenos Aires que por la cuarentena quedaron directamente paralizadas y recién podrán retomar su actividad en los próximos días.

Escuchá la entrevista con Sergio Parra:

Entonces, lo que sucedió en este año tan atípico es que los productores entregaron su tabaco pero no cobraron nada por el, ni saben cuánto van a percibir el dinero que les corresponde. En muchas provincias, como en Salta, incluso todavía no se reunieron las partes (oferta y demanda) para definir nada más y nada menos que el precio de venta. “Ya va siendo hora que se reúnan”, evaluó Parra.

El productor explicó que es necesario definir el valor y que sea en niveles acordes a la inversión que han realizado, para que se pueda encarar la próxima campaña tabacalera, para la cual ya comenzaron los preparativos. A diferencia de otros cultivos anuales, que tienen una fecha de siembra y otra de cosecha, en el tabaco se realizan largas tareas culturales, que extienden los picos de actividad durante varios meses del año.

“El tabaco es un cultivo que tiene un costo por hectárea de 300 mil pesos y en Salta hay 20 mil hectáreas plantadas. O sea que moviliza unos 6.000 millones de pesos, de los que 45% son mano de obra”, describió Sergio, que agregó que en el caso de las provincias de Salta y Jujuy, “el tabaco es la segunda actividad que genera más mano de obra, detrás del Estado”.

“¿Te imaginas la importancia de esta economía regional en Salta? Lo mismo pasa en Jujuy y Misiones. Pero al detenerse un eslabón se detiene toda la cadena”, advirtió Parra.

Después de 15 días entre a ver los fardos de tabaco . No quería ni mirarlos . Algún día lo venderemos pic.twitter.com/2EOQ7yw1ER

— Sergio Parra ( de Salta) (@sergcer) April 3, 2020

Luego explicó que la actividad tabacalera es también importante para la recaudación fiscal, porque el 80% del precio de un atado de cigarrillos son impuestos. De esa suma, sólo “el 7% vuelve al productor a través del Fondo Especial del Tabaco (FET)”, aclaró. En los últimos días, el Ministerio de Agroindustria anunció el giro de unos 3.000 millones de pesos de ese fondo a las diferentes provincias, que luego se ocupan de la distribución del dinero entre varios programas o como compensación del precio a los productores.

Según Parra, entonces, “tener paralizada a la industria del tabaco implica una pérdida millonaria también para el Estado (que deja de recaudar). La situación es complicada porque tampoco recibimos el FET, o solo una parte, porque no se está recaudando”, ya que se frenaron las fábricas  de cigarrillos y se complicaron las ventas.

Parra recordó que el año pasado cobraron unos 80 pesos por kilo de tabaco y aclaró que para esta temporada e habla de un incremento de 45%. Juzgó que no sería suficiente: “Con eso no cubrimos la inflación”, explicó.

Ante tantas dificultades y la presión social existente en torno al consumo de tabaco, como muchos otros productores, Sergio va buscando diversificar paulatinamente la producción. En su caso se decidió por el anís y la chía, pero además por el tabaco orgánico que vende a una empresa cordobesa exporta y comercializa en el mercado interno con la marca “Sayri”.

Parra explicó que el tabaco orgánico se paga un poco más, que lleva menos insumos pero es menos estable en cuanto a los rendimientos. Las cuentas finalmente dan resultados parecidos en ambos sistemas productivos. Por eso no puede todavía incrementar el área con tabaco orgánico, al que destina el 25% de la superficie que trabaja.

“Se está buscando la manera de reemplazar el tabaco a otros cultivos, pero lo que no se produzca en Argentina para hacer cigarrillo se va a hacer afuera y se va a perder en la provincia un montón de dinero. También tenemos todas las instalaciones y maquinarias, como las estufas que valen 15 mil dólares cada una. No es fácil decidir de un día para el otro no hacer más tabaco”, aclaró.

En el mismo sentido, recordó que esta economía regional “son 45 mil empleados y no hay cultivo alternativo que tome a esa gente”.

Parra agregó que “si hacemos cultivos alternativos colapsamos al mercado, entonces no es tan fácil el reemplazo. Además estamos a 1500 kilómetros de Buenos Aires. Imaginate que el flete es una locura y el ferrocarril no funciona como debería, por eso este es un cultivo que no tiene muchas alternativas”.

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