Mauro escribió junto a Lifschitz un nuevo proyecto de ley de Agricultura Periurbana que pretende salir por arriba de este laberinto. ¿Cómo? La idea es ordenar los cinturones verdes que rodean a las zonas urbanas, con el objetivo de promover allí los sistemas de producción sostenible y “amigable” de alimentos y evitar además la urbanización desordenada. Es que sin normas ni planificación territorial, este tipo de áreas se encuentran presionadas por el avance de las grandes ciudades. Y suelen perder los productores.

A primera vista, el objetivo del proyecto de ley es antes que nada defensivo, pues busca evitar, por así decirlo, que la ciudad se coma al campo. “Esto surge en las áreas metropolitanas de Rosario y Santa Fe, no sólo por el conflicto de público conocimiento por las fumigaciones, sino también por el avance de la ciudad sobre el campo, y por la desaparición de los cordones verdes, donde la presión inmobiliaria e industrial es mucho más fuerte que la que ejercen determinados tipos de producciones como al hortícola”, dijo Casella a Bichos de Campo.

Según Casella, que fue director provincial de Desarrollo Territorial en el Ministerio de Producción santafesino, “en los últimos 30 años Rosario perdió el 60% de estas áreas, o sea que hay que mirar el crecimiento de las ciudades desde el campo y no que se haga una guerra, que si crece la ciudad, se pierde el campo, o bien que avance el campo sobre las ciudades”.

“Por eso queremos generar la figura de suelo periurbano, que hoy en Santa Fe no existe, ya que, o tenes suelo rural, o suelo urbano o industrial”, resumió el asesor.

Mirá la entrevista completa a Mauro Casella:

El proyecto de ley presentado por Lifschitz pretende entonces crear una tercera categoría, la de suelo periurbano,. En palabras de Casella, “tendría características de suelo rural con algunas afectaciones específicas por el tipo de suelo. Y la idea es promocionar algunas producciones que en Europa ya se conocen como metas de intensificación ecológica; muchas entidades ya lo ven y empiezan a hablar de esto. El objetivo es consensuar metas que sean compatibles social y ambientalmente”.

A pesar de que este terreno periurbano definido en el proyecto de ley sería considerado tierra rural y productiva, por su vecindad a las ciudades debería respetar condicionamientos productivos, de acuerdo a las nuevas exigencias sociales y ambientales.

“Su cercanía le impone una agenda de intensificación ecológica. Aapresid por ejemplo, trabaja con Municipios Verdes, se trabaja también con las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), nosotros incluso, durante nuestra gestión hicimos experiencias con la agroecología, y el INTA viene trabajando en los servicios ecosistémicos que puede brindar el terreno periurbano”, manifestó el asesor de Lifschitz.

Casella pidió “no tenerle miedo a la idea de regulación como cobro de impuesto, sino de regulación como planificación a mediano plazo de ese territorio que es tan sensible, y que es un espacio de beneficio muto, tanto para la ruralidad como para la ciudad”.

Esta zona buffer o periurbana con exigencias especiales en términos de compromiso social o ambiental, no implica entonces, definición de prohibiciones, sino metas o pautas para hacer una producción más compatible con el vecino, y que sea consensuado.

“No hablamos de metros, que era la discusión en la que caen la justicia y los productores, sino con lo que hacemos con esa tierra que luego queda sin producir. Las BPA no son modelos productivos sino una forma de hacer las cosas. Luego hay modelos que podemos discutir hacia dentro de este espacio, que tal vez tengan que ver más con la agroecología. Pero todo depende de los consensos que se generen”, remarcó Casella.

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Otra de las incorporaciones en el proyecto de ley es no prohibir la instalación de industrias de alimentos que agreguen valor a la producción y que no sean contaminantes, o bien que no tengan gran impacto ambiental, al tiempo que sugieren la posibilidad de incorporar cultivos energéticos que trabajen la idea de biomasa, la bioeconomía y la producción de servicios asociados.

“En Rosario y en Santa Fe tenemos producciones de bioinsumos que reemplazan a los de síntesis química, y que podrían instalarse en estos espacios, o bien todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías para la agricultura de cercanía y trazabilidad de alimentos, que es algo que tenemos que desarrollar e incentivar”, manifestó.

A su vez, Casella se refirió a que podría explotarse el turismo rural en esas áreas periurbanas. “Mendoza lo hizo con la ruta del vino y tenes todos los circuitos asociados a la producción y a la exportación de vino”, dijo.

Agregó que “también sugerimos modelos de gestión basados en la idea de parques agrarios, que es una idea que ya desarrollamos en el parque agrario Santa Fe Metropolitana, como un mecanismo de gobernanza, en donde participen los productores en la misma planificación de su espacio, y con el Estado aportando dentro de este marco, con el soporte de infraestructura y apoyo a los productores para su reconversión. Esto está contemplado en el proyecto de ley”.

Presenté un proyecto de ley para regular el uso de los periurbanos, cinturones verdes que rodean las zonas urbanas, con el objetivo de promover la producción sostenible de alimentos y evitar la urbanización desordenada.

Es un proyecto con impacto social, económico y ambiental. pic.twitter.com/3rVOzzHnAq

— Miguel Lifschitz (@MiguelLifschitz) August 13, 2020

El proyecto también contempla que se exima del impuesto inmobiliario rural a los dueños de terrenos productivos periurbanos que utilicen el suelo con agricultura periurbana. Casella explicó en este punto, que la Administración Provincial de Impuestos establecerá un mecanismo de reintegro o compensación. Y los propietarios de suelos periurbanos que no los utilicen, tendrían un incremento del 100 % del inmobiliario rural.

En definitiva, de acuerdo a Casella, “esta ley no regula prohibiciones en los productores sino que pone blanco sobre negro de un proceso de mercantilización de una tierra de cercanía, que presta muchos servicios, no sólo ecosistémicos sino también económicos y de seguridad y soberanía alimentaria a las ciudades. Hay que poner sobre la mesa estos debates que son de futuro y no de prohibiciones”.

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El proyecto lleva varios años de trabajo y es iniciativa de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), un espacio de unidad de los movimientos sociales, que se considera aliado del gobierno, y que nació hace poco, en diciembre de 2019. El Movimiento Trabajadores Excluídos (MTE), vinculado a Juan Grabois, es la entidad que más brindó su apoyo a la iniciativa, de la que además participaron técnicos del INTA y del Conicet. En la Congreso, el proyecto cuenta con el apoyo del diputado del Frente de Todos, Federico Fagioli.

“Queremos proteger los cinturones verdes productivos, oasis y valles productivos de la Argentina, porque allí trabajan mas de 200.000 familias, y se producen alimentos frescos para el mercado interno y exportación. Además, queremos reglamentar programas de acceso a la tierra y fomento de practicas sustentables productivas”, dijo a Bichos de Campo Lautaro Leveratto, coordinador nacional del MTE Rural y miembro de la UTEP agraria.

La propuesta de UTEP y MTE busca también minimizar el impacto negativo de la urbanización sobre el medio ambiente y la salud de las poblaciones, y generar producciones integradas y sustentables. En abril del año pasado, el MTE había presentado un primer proyecto de Ley en defensa de los Cinturones Verdes Productivos, buscando ordenar la expansión urbana.

“Este proyecto actual es el mismo, sólo que cuenta con aportes de especialistas en la temática, y pudimos presentarlo frente a 12 diputados, más asesores, autoridades del ministerio de Agricultura, Inta, senasa y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, expresó Leveratto.

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