“Si no se arregla con el (banco) no se puede arreglar”, advirtió Lozano, que es uno de los funcionarios más críticos al proceso registrado en torno a Vicentin y militó activamente para que el Estado avance con una expropiación y la creación de una empresa nacional testigo en el mercado de granos. El economista, de todos modos, es apenas uno de los muchos directores que tiene el Banco Nación y que deberán decidir una postura común respecto a la propuesta que acaba de presentar la aceitera a sus acreedores.

Para Lozano, esa propuesta es “claramente inaceptable” pues propondría devolver al Banco Nación los 300 millones de dólares en préstamos en 56 años y con una quita de hasta el 82% del capital. No se sabe de qué manera llegó el economista a ese cálculo, ya que Vincentin habla de una quita del 70% luego de una dolarización de todo le pasivo al tipo de cambio de poco más de 60 pesos por dólar, y el pago del salgo en 14 cuotas, pero recién a partir de un año y medio de plazo.

Vicentin formalizó su propuesta: Sigue siendo pijotera, pues plantea una quita del 70% y devolución del saldo en 13 cuotas, salvo para los acreedores más pequeños

“Hace unas horas nos vinieron a hacer una propuesta sencillamente inaceptable. Nos proponen recuperar el capital en 56 años, lo cual implica una quita del 82%”, indicó Lozano a Radio Diez de la ciudad santafesina de Reconquista. Según estas singulares cuentas, el Banco Nación solo recibiría 4,5 millones de dólares cuando las deudas que posee el grupo con con entidades del Estado oscila entre los US$ 400 y los US$ 500 millones.

“¿Qué cosa podemos decirle nosotros a la sociedad argentina con todo el dinero que Vicentin tiene ahí del Estado y de la sociedad?, y no solo el Banco Nación: es el Banco Provincia, el Banco Ciudad, es la AFIP”, enumeró el funcionario.

En ese sentido, dijo que “las deudas de Vicentin con el Estado están en el orden de los 400 o 500 millones enterrados en esa quiebra”, y remarcó que la agroexportadora “pretende llevarse todo de arriba”. Lozano insistió en que se trata de una maniobra de vaciamiento, en la que los directivos de Vicentin pretenden “poner otro grupo empresario, quedarse con el 10% de las acciones y hacerles una quita a todos sus acreedores del 70%, y a nosotros del 82%”.

“No se puede ni empezar a conversar”, declaró el funcionario, que aclaró que el directorio del Banco Nación tiene “totalmente decidido defender el dinero que los argentinos han puesto allí. Ya sea siendo parte de la solución, y por lo tanto recuperando el dinero, o habilitando que el Estado tenga que cobrarse siendo parte de la empresa. No es tan difícil de entender la situación”, añadió.

A modo de ejemplo de que existe otra salida, Lozano contó que hasta el momento el BNA ha recibido 16 millones de dólares a través de utilidades de la planta de bioetanol del grupo Vicentin, cuya facturación es una garantía para la entidad crediticia.

El acuerdo establece que ACA, Molinos y Viterra se quedarán con los activos de Vicentin si la empresa no puede seguir operando

“Vicentin recibió 300 millones y no los pagó. El Banco, razonablemente, utiliza la garantía. El problema es Vicentin, no el Banco Nación. Lo que tiene que hacer Vicentin es reorganizar la situación y ver cómo resuelve el problema con sus acreedores, entre ellos con el Banco”, añadió el funcionario.

Por otra parte, criticó al juez que lleva adelante el concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, a quien acusó de no hacer “otra cosa que lo que la empresa dice”.

“El concurso está totalmente amañado, conducido por un juez que no hace otra cosa que lo que la empresa dice. El juez no ha querido poner en juego la totalidad de los activos del grupo, que es con lo que deberían responder frente a sus deudas”, dijo Lozano.

La entrada Claudio Lozano adelantó que el Banco Nación rechazaría la propuesta de Vicentin a sus acreedores se publicó primero en Bichos de Campo.

Si bien fuentes ligadas a Vicentin se mostraban optimistas sobre la posible operación de venta, lo cierto es que desde Molinos Agro, Viterra y ACA siempre se mostraron muy cautelosos y, más que de una oferta de compra, hablaron desde el día uno de” una exploración de posibilidades” respecto al futuro de Vicentin.

La alternativa que sigue sobre la mesa es la de la operación de sus plantas de molienda de oleaginosas, algo que ya se está concretando en el marco de acuerdos específicos monitoreados por el proceso concursal, pero no una compra de la totalidad de la compañía.

En tanto, Vicentin se movió rápido en el juzgado que lleva adelante su concurso y pidió tiempo, hasta el próximo mes de marzo, para presentar una oferta de pago a sus acreedores. En los hechos, el directorio de Vicentin debía presentar un plan durante la primera semana de agosto, pero eso se desvaneció junto con el proyecto de venta a Molinos Agro, Viterra y ACA.

Entre tantas idas y vueltas, volvió a aparecer nuevamente el fantasma de la intervención de la empresa. Es que el director del Banco Nación, Claudio Lozano, presentó recientemente un informe en el que detalla la concentración en el negocio de la molienda de soja y exportación de subproductos en manos justamente de Molinos Agro y Viterra, quienes –entre otros jugadores– operan a fazón las plantas de Vicentin.

A partir de ese escenario, Lozano reclamó “una nueva intervención gubernamental en Vicentin y la creación de una empresa testigo en el comercio exterior de granos”.

Informe "Por una nueva intervención gubernamental en el caso Vicentín"
Probablemente, la decisión de expropiar, que en su momento tomara el P.E.N., careció de la preparación de las condiciones políticas y de oportunidad para poder prosperar. Abro Hilo.

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— Claudio R. Lozano (@Lozano_Claudio) July 29, 2021

“Parece razonable que, cuando venza el período de exclusividad en el marco del concurso, el Estado nacional haga valer sus derechos asociados a los créditos del Banco Nación, del resto de la banca pública y la AFIP, y busque los socios necesarios para que el final de esta historia se acerque a la necesidad de nuestro país y no al fraude de Vicentin. Es decir: no a la extranjerización, sí a la creación de una empresa testigo en el comercio exterior de granos”, afirmó Lozano en  un informe elaborado junto a Javier Rameri.

De esta manera, lo único concreto hasta el momento es que la empresa agroexportadora pide todavía más tiempo para salir del default, que en diciembre próximo cumplirá dos años, pero no está claro aún cuál será el destino final de la misma.

El origen del desastre: Qué dice el documento definitivo de los auditores forenses que investigaron a Vicentin

La entrada Agroempresas: Más incertidumbres que certezas sobre el futuro de Vicentin se publicó primero en Bichos de Campo.

Ahora descartado por las autoridades políticas, el reciente intento de expropiar e intervenir la firma nacida hace 90 años en el norte santafesino, y que en 2019 llegó a exportar el 10% de los granos y subproductos de la Argentina, tuvo como uno de sus principales soportes ideológicos y técnicos al director del Banco Nación Claudio Lozano, que desde el vamos denunció un presunto vaciamiento. Este informe agrega mucha leña a ese fuego.

El análisis frío sobre la situación de Vicentin fue realizado por Alejandro Gaggero, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, investigador del Conicet y magister en Generación y Análisis de Información Estadística; y Gustavo García Zanotti, licenciado en Economía de la UNR, doctor en Desarrollo Económico de la Universidad de Quilmes y también becario del Conicet. Puede descargar el trabajo completo a continuación:

Descargar el Informa Final del Banco Nación sobre Vicentin.

¿Y qué afirman estos especialistas? En primer lugar, que “Vicentin SAIC realizó compras de empresas que nunca declaró en sus balances”.

“Por ejemplo, según la justicia española en 2012 la firma le compró el 30% de Terminal Puerto de Rosario a Jordi Pujol Serrusola, empresario e hijo de un ex presidente de la Generalidad de Cataluña, involucrado en causas de lavado de dinero. Esta transacción no fue informada”, describió.

Otra conclusión del nuevo informe del BNA es que “a partir de 2013 el grupo Vicentin llevó adelante un desdoblamiento e internacionalización de su estructura empresarial”.

La familia Vicentin se desprendió del frigorífico Friar, que pasará a manos de BAF, el mismo fondo que maneja SanCor

“Como parte de ese proceso, se crearon empresas holding en Uruguay a las cuales se transfirió activos. El desdoblamiento de la estructura corporativa les permitió a los accionistas vender las participaciones de algunas de las principales empresas (como por ejemplo Friar) luego de que Vicentin SAIC entrara en concurso de acreedores”, se explayó el banco.

El tema es complejo, pues el grupo familiar que es dueño de la aceitera que está en concurso de acreedores, llamado Vicentin Family Group, acaba por ejemplo de vender al fondo de inversión BAF las acciones que tenía ene le frigorífico Friar de Reconquista, pues al parecer esta empresa no tenía ligazones con la aceitera. Pero las dudas sobre cómo se componen realmente los activos de esta compañía podrían entorpecer esta operación. De hecho, autoridades del Banco Nación dijeron que objetarían la maniobra en la justicia.

Hace un par de meses, Bichos de Campo entrevistó a Claudio Lozano, que expuso muchas sospechas de este tipo sobre las operaciones del grupo:

¿Cómo se verifica ahora el supuesto vaciamiento en perjuicio de los accionistas? “Vicentin SAIC asumió obligaciones de empresas que había vendido a las empresas holding uruguayas del grupo (como Vicentin Family Group y Nacadie) y de las que había conservado sólo una participación mínima”, se explicó.

En el caso del frigorífico, Vicentin conservó sólo el 0,4%, pero “avaló créditos para capital de trabajo”.

Hay otros ejemplos. “En el caso de Terminal Puerto de Rosario, Vicentin compró la mayoría accionaria entre los años 2010 y 2012 y la fue vendiendo en los años siguientes, conservando sólo el 10,2 (mientras 39,8% está en manos del holding radicado en Uruguay. Sin embargo las empresas a las cuales le compró las acciones figuran como acreedores en la causa judicial con pasivos que, a principios de 2020 todavía superaban los 150 millones de pesos”.

Sin Vicentin en la cancha, las grandes cerealeras se repartieron sus negocios y creció la extranjerización

Otro flanco que surge del trabajo es que en este 2020, Vicentin SAIC se vio imposibilitada de vender al exterior su producción. “En este contexto, emergieron nuevos exportadores que incrementaron sustancialmente su comercialización al extranjero y que podrían esconder acuerdos tácitos con la compañía. El caso más notable es el de la empresa Díaz & Forti”.

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“Quiero un Estado que controle. No quiero un Estado lelo como el que construyeron desde Menem para acá. El periodo de Néstor y Cristina fue el único repunte que hubo. Y si. Soy peronista y soy kirchnerista desde toda la vida, y tengo argumentos para defender esto”, afirmó el escritor.

Mirá la entrevista completa realizada a Mempo Giardinelli:

“Los abajo firmantes celebramos la histórica decisión del presidente Alberto Fernández de intervenir la empresa Vicentin y de enviar al Congreso un proyecto de expropiación de la misma. Una disposición irreprochable desde todo punto de vista y a nuestro criterio la más trascedente tomada por un gobierno democrático en política agraria desde 1983”, aseguraron los firmantes en la carta, apoyando la expropiación de Vicentin.

Giardinelli explicó que “con Pedro Peretti (ex directivo de la FAA) venimos trabajando el tema agropecuario desde hace tiempo, sobre todo Pedro, que es un experto y ya veníamos con esta preocupación, porque nos dimos cuenta de que Vicentin tenía un mal destino por la deuda. Se sumó Claudio Lozano, que tiene una información privilegiada al respecto. Nos dimos cuenta de que podíamos proponer un documento que llegara al presidente, el cual  se difundió rápidamente”.

Ver: Sin hablar de Vicentin, Alberto le hizo un mimo a la cooperativa ACA y a las nuevas ideas que atraviesan el agro

-Entiendo la necesidad de discutir algunas cosas, pero ¿no están exagerando la sospecha del manejo de comercio de granos como para expropiar Vicentin?

-Yo creo que sobran argumentos. Por lo menos la expropiación tiene que partir de una intervención que fue frenada. No quiero convertir esto en una cuestión de fe, pero yo estuve viendo los números, y hay un daño tan grande para productores y cooperativas; hay una falta de transparencia que es evidente. De todos modos, a mi como ciudadano argentino, me parece muy importante que el Estado tenga control sobre el río, control impositivo y de las exportaciones. Cualquier kiosquero de Reconquista o de Rosario paga impuestos provinciales e ingresos brutos como cualquiera. Las agroexportadoras que están sobre el río Paraná, no pagan ingresos brutos en la provincia, y nosotros queremos que paguen. Me parece que tiene que haber un sistema en el cual el Estado argentino tenga control sobre eso. Si se declara que es la principal fuente de ingresos, ¿No es lógico y natural que el Estado tenga conocimiento, control y fiscalización sobre eso?

-¿Por qué si queremos que paguen y que sean controladas no revisamos las leyes impositivas? ¿Y qué nos garantiza la expropiación de una empresa que sólo maneja el 10% del negocio?

-Porque hace falta que el Estado tenga intervención en el negocio agroexportador. Es indispensable que esto sea así. Una empresa de origen nacional que es deudora del Estado argentino, que tiene tantos empleados que ahora están en el aire, y me parece que es el modo casi ideal para que el Estado tome intervención y empiece a ser, como se dice, una empresa testigo, es decir, un testigo que ayude a fijar precios, a tener controles y a conocer qué es lo que está pasando. El río Paraná tiene entre 10 o 20 puertos exportadores que no son territorio argentino, y no es una cuestión de patriotismo; esos puertos tienen policía propia, tienen frontera propia, tienen acceso al exterior por vías absolutamente sin control y lo único que hacemos los argentinos es dragar el río. Pagamos el dragado para que ellos utilicen nuestro río en función de un comercio exterior del cual no tenemos la menor idea.

Ver: Claudio Lozano aporta los argumentos para intervenir Vicentin: “Desde 2014 hay una estrategia explícita” para fugar dinero al exterior, denuncia

-Me preocupa mucho eso, porque la información es que en cada uno de esos puertos hay una oficina de Aduana. El dragado es pagado por los usuarios. Me llama la atención la distancia entre datos objetivos. Los exportadores dicen que tienen un control aduanero en el puerto y usted me dice que no existe control

-Datos objetivos hay muchísimos. Yo no los tengo de memoria, pero puede pedirlos al Banco Nación, a cualquiera de las organizaciones sindicales o cooperativas. Y le digo más: con Pedro Peretti, hace un año escribimos un libro que se llama “La Argentina agropecuaria”. Ahí hay montones de datos objetivos. No es que son cosas que estamos inventando con Lozano y Peretti.

-Yo entiendo que usted tenga un ideal. Me asusta la pelea de extremos, y que cada uno tenga su propia biblioteca y tironeando de Vicentin, y quizás la empresa termina fundida y las multinacionales terminan avanzando en el negocio. ¿Cómo hacemos de esta discusión una cosa sensata en términos de negocios?

-Si esto no le parece una discusión sensata Longoni, no sé para qué me llama. Yo creo que todos somos gente sensata, tratando de defender intereses nacionales, públicos, y que con los años se deterioraron. No voy a ser yo el que levante el dedo acusador ni me parece que el centro sea si hay un buen fiscalizador en nombre del Estado en tal o cual puerto. Esa no es la discusión.

Ver: Según Nicolás Bossio, con Vicentin se están repitiendo errores del conflicto de 2008: “Llevamos todo a los extremos”, lamentó

-¿Y cuál es la discusión? ¿Usted cree que el Estado tiene que tener presencia activa ahí?

-Absolutamente. Tiene que tener presencia y control. Pero el Estado ha sido expulsado de ese negocio. Es un desfalco gigantesco y no puede ser permitido por el Estado. Esa intervención, que está siendo frenada por un juez, cosa que espero que se corrija, tiene que dar paso para que el Estado pueda tener esa presencia y ser esa empresa testigo. Ahí seguro que van a cambiar las cosas. Nosotros no pedimos que sea la expropiación. Pedimos que se convierta en una empresa estatal, de interés publico y con control social. En nuestra propuesta, y esperamos que funcione, pensamos que todas las universidades nacionales que tienen facultad de agronomía o agroindustra, deben tener participación en el manejo de la empresa. Las cooperativas, que son las que entregan sus producciones y que son sus principales acreedores, también deben tener participación. El directorio que se forme de la nueva Vicentin debe tener reglas muy claras, no designar familiares, tener periodos cortos de funcionarios, tener declaraciones juradas fehacientes. Sabemos los riesgos de toda intervención estatal en un país que tiene la historia que tiene.

-Hemos tenido muy malos ejemplos..

-Muy malos ejemplos. Prácticamente desde la época de Bernardino Rivadavia para acá. El descontrol del Estado argentino es histórico. Hubo presidentes que cayeron, y no lo digo por De la Rúa, sino por Juárez Celman, o por cuando Pellegrini crea el Banco Central como una manera de control. Pero eso es otra conversación. A mi me parece que es indefendible el modelo estatal argentino, que viene siendo destrozado desde hace 70 años.

Ver: Vilma Ripoll bancó a los chacareros en 2008, pero ahora toma distancia por Vicentin: “No puede ser que 5 o 6 cerealeras manejen todo”, afirma

-¿Y por qué no revisar entonces la liquidación de la Junta Nacional de Granos o la extranjerización? ¿Por qué no pensar en otra cosa además de la expropiación de Vicentin? ¿Por ejemplo en expropiar Cargill o Cofco?

-Me consta que hay gente que piensa otras opciones. En lo personal, creo que una Junta Nacional de Granos o de Carnes me parece muy adecuado. Argentina es un exportador de productos agrarios. Llámese como se llame. Algunos se ponen molestos como si fuera un regreso del peronismo, pero al peronismo lo destruyeron en su mejor momento de prosperidad, a partir de 1953, por odio, por gorilismo, por la razón que sea. La historia argentina de los últimos 70 años es una destrucción permanente del rol del Estado. Y el gobierno de Perón en el ´55 no era una dictadura como dicen muchos. Y lo destrozaron, bombardeando y matando gente. Esta es nuestra historia; es la historia de mi vida y la de muchos de nosotros.

-En que el Estado no sea lelo, estamos de acuerdo. Pero yo dudo que la herramienta para reconstruir el Estado sea eso. En todo caso, antes que controlar Vicentin, me gustaría reconstruir la Aduana. Antes de meter preso al empresario que no controlé, metería preso al funcionario que dejó que sucediera esto.

-Yo creo que metería presos a los dos.

-Pero el riesgo es que la señal sea negativa para los actores económicos, y que después tengamos una cáscara vacía como Vicentin, y que no funcione y que no sea útil ni para el Estado ni para los privados.

-Si a usted le parece bien que no se expropie ni se intervenga Vicentin, lo respeto. Pero no estamos de acuerdo. No es una discusión que tenga ganas de tener con usted. Lo atiendo con toda amabilidad y respeto, pero no para discutir esto.

Ver: Gonzalo Aziz analiza el caso Vicentin: “Alberto vuelve a usar herramientas de 2008 para construir un discurso en función de amigos y enemigos”

-Yo le estoy preguntando si usted no ve riesgos en esto.

-Pero Longoni, riesgos hay en todo. Estamos viviendo una pandemia. Por supuesto que hay riesgos, pero nosotros no estamos proponiendo discutir los riesgos en este momento. Frente a eso, y si usted lee bien nuestra declaración, hablamos del control social y del carácter público de la compañía como pensamos que debe ser. Lo otro ya se verá. Incluso yo espero ser un controlador público. Pero no es el tema ahora. El tema es ver qué se hace con Vicentin, con la millonada de dólares que se fugaron u que hay que devolver al Banco Nación.

-¿Usted no cree que un juez que es parte del poder de un Estado sea capaz de resolver eso?

-¿Usted saber que ese juez, antes de ser juez fue empleado del Banco Nación?

-Si claro. Lo conté yo por primera vez…

-Bueno. Yo no puedo acusarlo de nada a ese juez, pero no es el juez que me gusta más. Es un hombre del que, según dicen todos en Reconquista y Avellaneda, donde yo tengo muchos parientes, bueno la opinión que se tiene en general no es de la ecuanimidad del juez a quien sus vinculos con la empresa parece ser que eran históricos. Es todo muy argentino Longoni. Frente a esa cosa argentina que ni a usted ni a mi nos gusta yo quiero control. Ahí vamos a coincidir. Quiero que sean controles públicos. Quiero que las universidades controlen, que las personas más decentes controlen, que no haya nepotismo en ninguna empresa pública, y que haya sanciones más duras. Pero primero hay que resolver el tema Vicentin, el cual no tiene ninguna otra resolución que una intervención estatal. No me preocupa cuál es el nombre y la vía, si será vía congreso o por DNU. Hay que hacerlo y es urgente.

La entrada Mempo Giardinelli reclama control sobre las aceiteras: “El Río Paraná tiene entre 10 o 20 puertos exportadores que no son territorio argentino” se publicó primero en Bichos de Campo.

Para Lozano, con claridad hubo una fuga de capitales o de ganancias desde empresas del grupo Vicentin al extranjero. “Es difícil desenganchar la crisis de Vicentin de la derivación de recursos al exterior”, aseguró el funcionario, que aspira a que este tema sea investigado por las comisiones legislativas de la Nación, la provincia de Santa Fe, y también por la justicia federal. Los propios bancos extranjeros que también son acreedores de Vicentin, liderados por al CFI del Banco Mundial, también reclaman unos 500 millones de dólares y pidieron una investigación paralela en Nueva York.

“Desde 2014 en adelante hay una estrategia explícita por parte de los dueños de Vicentin, de iniciar un proceso de ‘offshorización’, es decir de inscribir la empresa madre del grupo en Uruguay, que es Vicentin Family Group. Esa es la que controla todo el conglomerado y el desarrollo de actividades que involucra a Vicentin Paraguay, Brasil, España y la puesta en marcha de empresas off shore”, denuncio Lozano.

Mirá la entrevista completa realizada a Claudio Lozano:

“Hay un signo de interrogación muy importante en torno a cuáles son las maniobras que el propio grupo empresario hizo en relación a sus empresas vinculadas, sobre todo aquellas del exterior, caso Vicentin Uruguay, Vicentin Paraguay y las empresas off shore radicadas en Panamá y en las Islas Vírgenes”, insistió el director del Banco Nación.

Según Lozano, “Vicentin tuvo un crecimiento exponencial en la Argentina en los últimos 14 años, y en los últimos 4 años de (gobierno de Mauricio) Macri también. La firma pasó de ocupar el puesto 19 en el ránking de las primeras 200 empresas, a ocupar el puesto 6. Y si miramos el crecimiento de su facturación, mientras la cúpula (de empresas) crecía al 52% anual, Vicentin lo hizo al 83% anual. La verdad es que, a todos los que somos acreedores de Vicentin, nos resulta muy difícil explicar lo que pasó de manera natural”.

El economista aseguró que “Vicentin forma parte de los ganadores de la Argentina, y no de los perdedores. Si habláramos de que era una empresa que operaba en el mercado interno, un mercado derrumbado, sería otra historia. Pero estamos hablando de una empresa a la cual los saltos devaluatorios no le implicaban un costo sino un beneficio. El 83% de su producción se colocaba en el exterior. La moneda de Vicentin era el dólar, no el peso. Por eso es difícil explicar lo que ocurrió por vía de una análisis financiero normal”.

-¿Y qué tienen que ver estas irregularidades con la decisión de expropiar Vicentin?

-En este contexto donde hay una estafa generalizada sobre banca pública, productores y trabajadores, y que afecta la continuidad de la fuente laboral, con amenaza de extranjerización y concentración del comercio exterior, se justifica la intervención del Estado, bajo un mecanismo que permita retomar el control de la empresa para que siga cumpliendo un rol interesante dentro de la economía argentina.

Ver: Aníbal Fernández redobla la apuesta en el caso Vicentin: “No tengan ninguna duda que vinimos por todo; por todo lo que hicieron estos estafadores”

Insistió: “Tenemos un grupo empresario que dejó un tendal de acreedores, de trabajadores y de banca pública con deudas multimillonarias. El concurso de acreedores es una posibilidad que tiene la empresa para funcionar y reestructurar sus deudas, pero desde que comenzó el concurso, Vicentin no pudo hacer funcionar la empresa, porque la defraudación que implica sobre los productores, hace que los productores no quieran trabajar con Vicentin. Por lo tanto la empresa opera muy por debajo de su capacidad, y funciona casi a fasón, es decir, alquilándola”, explicó Lozano.

“A su vez, todas las ofertas que aparecen en el mercado están asociadas a capitales extranjeros, caso Glencore, Dreyfus o Cargill, lo que implica perder parte del crédito, tanto para los productores como para la banca pública, ya sea porque te plantean un ‘paga Dios’ a 10 años o porque te plantean una quita del crédito de aproximadamente el 50%”, señlaló.

En ese sentido, consideró que será imposible recuperar los casi 400 millones de dólares que tiene la banca pública enterrados en Vicentin. Así se “corona la lógica del Estado bobo que pone plata, para que luego esta quede en manos de capitales extranjeros, que no harán otra cosa que concentran aún más el comercio exterior de la Argentina”, argumentó el director del Banco Nación.

En su opinión, “Vicentin debería ser una empresa mixta con participación del Estado y de las cooperativas agropecuarias. Así tendríamos un actor potente que nos permitiría volver a tener un ojo puesto en ese mercado, para blanquearlo y a su vez tener un un flujo de divisas fiscalizado por el Estado. Así podríamos transformar la estafa en una salida virtuosa. Creo que la justificación de la intervención es esta, tanto sea vía expropiación o liderando el concurso. Los instrumentos son secundarios, pero no tiene sentido haber puesto el dinero que puso la banca pública como para que esto quede en manos extranjeras”.

Ver: Ernesto Sanz cree que el caso de Vicentin debe resolverse en la justicia: “De ese modo, en lugar de una autopsia, podríamos tener un paciente que se logró recuperar”

-¿Hay garantías de que los productores puedan confiar en una Vicentin estatizada o mixta?

-Me parece que hay una discusión pobre en términos públicos, que implica encadenar la definición de Vicentin con una suerte de programa de expropiaciones que no hacen más que descontextualizar el tema. No estamos en presencia de un grupo empresario al que le estaba yendo bárbaro y de repente aparece un presidente afiebrado ideológicamente que decide su expropiación. No es así. El primero que violentó la seguridad jurídica fue Vicentin. Los 1800 productores que quedaron colgados también son propiedad privada, al igual que los bancos que pusieron plata en Vicentin. Este es un caso concreto que justifica una intervención del Estado para ordenar una situación que está muy complicada desde lo laboral, regional y financiero, y que afecta aspectos centrales de la vida económica del país.

-¿Y qué esquema se podría armar?

-Se puede armar un esquema compartido de gestión en donde los productores agropecuarios sean parte. Ahí el fenómeno de la confianza en el Estado se relativiza. Hay 98 cooperativas agropecuarias acreedoras de Vicentin en el concurso, de las cuales la más importante es ACA. Yo creo que hay que armar una empresa pública no estatal, lo que implica una intervención del Estado acompañado por aquellos actores que tienen que ver con el sector, de manera tal que esas desconfianzas que pudieran existir, desaparezcan.

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La aceitera santafesina estaba dentro del grupo de los diez principales exportadores agrícolas, pero en diciembre pasado dejó un tendal de dudas sin pagar por 1.400 millones de dólares, que actualmente siguen el derrotero de un concurso de acreedores en la justicia comercial de Reconquista. Unos 200 millones de esos 1.400 corresponden a créditos impagos con el Banco de la Nación. Por otro lado, hay una deuda importante, de cerca de 100 millones de dólares, que corresponde a las cooperativas de ACA.

“Consideramos imprescindible y urgente que el gobierno tome control de la situación y, utilizando las herramientas del Estado, intervenga urgentemente sobre un concurso que está apañando un fraude y promueva una alternativa para el futuro del Grupo Vicentín, que tome en cuenta los verdaderos intereses del país y la comunidad”, manifestaron los firmantes de una declaración conjunta dirigida al gobierno nacional.

Los “progres” que firman esta carta no deben tener demasiado idea del negocio de moler soja, pero sí ttienen ciertas influencias sobre la actual administración política del país. Entre los firmantes del documento figuran Claudio Lozano, Pedro Peretti, Mempo Giardinelli, Carlos del Frade, Fernando “Pino” Solanas, Victoria Donda, Horacio González, Alcira Argumedo, Juan Grabois, Maristella Svampa, Damaris Pacchiotti, Itai Hagman, Agustina Donnet, Juan Carlos Alderete, Caren Tepp, Jorge Bernetti, Letizia Quagliaro, Rubén Giustiniani, Ana Galmarini, Juan Monteverde, Victor de Gennaro, Leonardo Grosso, Daniel Menéndez y Omar Principe, el ex presidente de la Federación Agraria, entre otros.

Cuando Vicentín ha fracasado hasta aquí en los intentos de reabrir sus plantas y todo hace prever que terminará en manos de una empresa multinacional de las que operan en el sector (en rigor, Glencore, que es su socia en Renova se ha hecho cargo de algunos activos), el grupo de dirigentes sociales manifestó que resultaría “insensato ceder una empresa estratégica como Vicentín a grupos y lobbies cuyas maniobras no garantizarán en lo más mínimo convertirla en una empresa argentina”.

“El gobierno nacional no debería permitir que la misma caiga en manos de actores que, con otro nombre, mantendrían y profundizarían el mismo comportamiento contrario a los intereses nacionales”, aseguraron a través de una carta abierta los dirigentes, que pidieron al Gobierno que impulse las medidas necesarias “para transformar a Vicentín en una empresa pública no estatal bajo control político y social”.

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