La entrada Claudio Molina no tiene dudas de que la nueva Ley de Biocombustibles implica un retroceso: “Se eliminó el régimen de promoción y tiene el alcance de un régimen regulatorio” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Aún habiendo aportado rigurosamente durante la gestación de la nueva ley asesorando a la industria, la mayoría oficialista se impuso y hoy Molina se toma el tiempo de explicarle a Bichos de Campo, en un castellano que entendemos todos, qué nos dice entre líneas el texto de la nueva normativa.
-¿Ne le gustó cómo quedó la nueva Ley de Biocombustibles? ¿Qué tiene de diferente con la que ya regía?- le preguntamos.
-Aquel proyecto de ley que se convirtió en la Ley 26.093 tuvo origen en el senador Luis Falcó que recibió el apoyo de los principales funcionarios del gobierno y obtuvo un gran consenso que la nueva ley no tiene. La rechazó el grueso del arco de la oposición, la han criticado con fuerza legisladores del propio oficialismo, la rechazaron la mayoría de las entidades vinculadas a la actividad y hasta el Episcopado Argentino con respaldo del Papa Francisco. La nueva ley tiene una catarata de defectos, que muy lejos está de hacerla superadora de la 26.093. Debemos considerar que se eliminó el régimen de promoción y la ley sancionada tiene solo el alcance de un régimen regulatorio.
-¿Por qué esta ley, a tu juicio, no protege a las pymes?
-Se reiteran mensajes a la opinión pública, valorando que la nueva ley protege a las pymes productoras de biodiesel. Pero en primer lugar debemos tener en cuenta que en su texto no hay una sola mención a las Pymes, su acrónimo fue eliminado. Por otra parte, al establecerse una distribución de cupos de biodiesel hasta 50.000 toneladas anuales por empresa, en caso que la demanda lleve a una utilización plena de capacidad instalada, la facturación derivada superará con creces el límite de ventas que establece la Resolución 220/2019 del Ministerio de Producción, que regula el encuadre de las pymes. La máxima categoría para ser considerado pyme implica que se facture 3.955 millones de pesos por año, al tipo de cambio de hoy serían 40 millones de dólares.
¿Por qué el gobierno argentino desarmará el programa de promoción de biocombustibles?
-¿Es decir que se habla mucho de Pymes pero la ley no define nada a favor de las Pymes?
-La realidad le termina resultando incómoda a muchos agentes económicos y no sería de extrañar que pretendan que se cree la figura de la “pyme productora de biodiesel”, para lograr un “traje a medida”. Tampoco existen los grupos económicos buenos o malos por el hecho de ser más grandes o menos grandes, o ser nacionales o extranjeros, quienes así lo piensen, están construyendo un propio relato de manera de “llevar agua para su molino”. Pero resultaría anticonstitucional que una empresa productora de biodiesel, por el sólo hecho de tener una capacidad instalada mayor a 50.000 toneladas anuales, no pueda participar del abastecimiento del mandato de corte. Peor aún es que esa empresa quede afuera, mientras haya grupos económicos solapados como pymes, que reciben varios cupos para sus fábricas controladas.
-Se discute bastante la baja en los porcentajes de corte, y hay quienes aún consideran que los mismos no bajaron. ¿Cómo ves eso?
-La Ley 26.093 estableció inicialmente un contenido mínimo de un 5% de biodiesel en el gasoil, a través de sucesivas normas complementarias emitidas durante los dos gobiernos de Cristina de Kirchner, ese piso fue elevado hasta un 10%. Estas normas son ahora ignoradas por el oficialismo. A la luz de lo establecido ahora se viola el principio de progresividad establecido en el artículo 4 de la Ley Nacional Ambiental 25.675 en el Acuerdo de París, entre otras normas. Esa reducción del contenido de biodiesel en las mezclas, que puede llegar un piso de un 3%, por debajo incluso del mínimo original del 5% establecido en 2006, es inconstitucional.
-¿Y por qué lo bajarían?
-En una entrevista concedida la semana pasada, el Ministro de Producción, Matías Kulfas justificó la baja del corte en el hecho que no veía a los biocombustibles liderando el proceso de transición energética y ante la falta de divisas, es mejor que se exporten los commodities agrícolas como tal y no se usen localmente como ingredientes de los combustibles minerales. A buen entender, pocas palabras: La nueva ley, baja o intenta bajar, los cortes de combustibles minerales con biocombustibles.
-¿Y por qué entonces si todo es tan claro algunos todavía dicen que el corte no se bajó?
-Cuando vas a cortar un combustible, ¿sobre qué base lo haces? El porcentaje medido sobre una cantidad de combustible fósil o mineral. ¿Cómo se hace la cuenta? Las petroleras informan su demanda de gasoil y sobre esa hay conceptos que no están sujetos a cortes porque así lo estableció la Secretaria de Energía. Por ejemplo los banker, que es el combustible que utilizan las embarcaciones de cabotaje e internacionales, y el “primer llenado” que se le da a un vehículo nuevo. A cifras de 2019, en Argentina se utilizan 13.600 millones de litros de gasoil por año. De todo ese gasoil que se consume hay 600 millones de litros que no se cortan. Entonces te quedan 13 millones. El porcentaje de corte es sobre 13 millones y no sobre 13.600. Eso era así antes y ahora tampoco cambió. Lo que cambió es que antes era el 10% de 13 millones y ahora es el 5%.
-Esto entonces afecta efectivamente a las pymes…
-En la mezcla total gasoil-biodiesel sujeta a corte, no se computan los consumos de bunker (combustible para barcos), generación eléctrica, minería, primera carga (a los vehículos). La nueva ley no es distinta a la reglamentación actual con relación a que hay conceptos no sujetos a corte, como el segmento de consumo de bunker. Por lo tanto, no es cierto que se fije en aquélla un porcentaje menor pero sobre una base mayor a la fijada por las normativas complementarias de la Ley 26.093. Además, hay que tomar en cuenta que encima la Secretaría de Energía tendrá la facultad para reducir ese corte al 3% de manera prácticamente discrecional -dada la vaguedad de la disposición-, facultad que jamás fue prevista en la Ley 26.093, salvo cuando se presenten situaciones de escasez y en tanto y en cuanto tal circunstancia ocurra, por cortos períodos de tiempo.
-¿Cuál es el escenario actual entonces para la industria del biodiésel?
-Desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, la baja en el contenido de biodiesel en el gasoil fue muy pronunciada. En 2020 alcanzó al 4,5% aproximadamente, efecto generado por la pandemia. Además, los refinadores de petróleo no cumplieron con el mandato y la Secretaría de Energía no lo hizo cumplir. Esta cuestión fue la que redujo el corte del 10 % obligatorio al 4,5%, poniendo al segmento de la industria de biodiesel que abastece al mercado interno al borde de la bancarrota. Esto no terminó en diciembre de 2020, sino que por el contrario se agravó, ya que el contenido promedio de biodiesel aportado por empresas pymes y grandes no integradas en su conjunto, se redujo al 3,6% en el período enero-mayo de 2021, en un claro incumplimiento de la normativa vigente. Todos estos números pueden comprobarse analizando las estadísticas oficiales.
-¿Entonces la nueva ley consagra una reducción del corte que ya se estaba dando de hecho?
-La capacidad ociosa del segmento de la industria que abastece al mercado interno en este momento es elevadísima y podría agravarse si la facultad de reducir el corte a 3% se ejerce. El panorama es sombrío y ya son varias las empresas que están temporalmente paradas, que vienen sobrellevando fuertes pérdidas.
-Desde el sector petrolero impulsaron esta rebaja del corte porque argumentan que impacta en los precios de la nafta y el gasoil. ¿Es así?
-A lo largo de poco más de once años desde la entrada en vigencia de los mandatos de corte, gracias a la desgravación que frente a los Impuestos a los Combustibles y el CO2 que gozaron el biodiésel y el bioetanol, éstos han tenido en promedio precios más bajos que los combustibles minerales con los que se mezclan. Por tal motivo, las expresiones respecto a que la nueva ley viene a cuidar el bolsillo de los argentinos, nos son ciertas. La deteriorada situación económica del argentino promedio se cuida de otra manera, estableciendo un programa económico sólido, que defienda a la inversión para que haya más empleo y los ingresos de los asalariados, que lamentablemente están en pisos históricos en términos de dólares. Si el precio de los biocombustibles hipotéticamente subieran un 100% sobre los niveles actuales – o sea, se fueran al doble, algo imposible a corto plazo-, su impacto en en el Índice de Precios al Consumidor sería de tan solo un 0,8 %, un guarismo insignificante.
-¿Entonces qué interés defienden las petroleras?
-Es sabido que los refinadores de petróleo obligados a incorporar biocombustibles constituyen un mercado oligopólico. Cualquier esfuerzo que haga la industria de biocombustibles manteniendo sus precios muy bajos, no se traslada al consumidor final, quien en cambio soporta los constantes aumentos de precio en surtidor. Los precios de los combustibles minerales, dependen de la evolución del precio del petróleo crudo, el cual está dolarizado y toma como referencia el Brent, del mismo modo que está dolarizado el precio de las commodities agrícolas usadas para producir bioetanol de maíz y biodiesel. Y el tipo de cambio sube constantemente por la política aplicada por el BCRA, consistente en pequeñas subas diarias. Por lo tanto, constantemente, hay presión a la suba del precio de los combustibles en surtidor, sin soslayar la presión que ejercen los impuestos específicos. Los biocombustibles tienen una responsabilidad poco significativa en la formación de precios en surtidor.
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¿Por qué los legisladores nacionales no deberían acompañar el proyecto de biocombustibles presentado esta semana por diputados oficialistas?
Porque reduce el porcentaje de mezcla obligatoria entre gasoil y biodiesel del 10% actual, al 5%, además de otorgar la facultad a la Autoridad de Aplicación (la Secretaría de Energía) de extender esa baja al 3% y, en el caso de nafta con bioetanol, del 12 % a un 9%, en abierta violación al principio de progresividad establecido en el Acuerdo de París, que fuera ratificado por Ley N° 27.270, y prescripto también en la Ley Nacional Ambiental N° 25.675. Esa reducción es más fuerte en el caso del biodiesel, a pesar que los gases de escape de gasoil han sido reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como procuradores de cáncer de vejiga y pulmón. Además, soslaya importantes informes científicos, como uno reciente publicado por la Universidad de Harvard, donde se confirma la existencia de millones de muertes anuales en el mundo por exposición a los combustibles minerales. En definitiva, esta propuesta atenta contra el ambiente y la salud de los argentinos.
Porque otorga amplias y discrecionales facultades a la Autoridad de Aplicación, como la antes referida posibilidad de bajar los contenidos mínimos de biocombustibles en las mezclas, o de intervenir en el mercado de aceites, maíz, azúcar, en sintonía con la Ley de Abastecimiento, o de fijar precios que podrían no ser representativos de los costos de producción. Ello legitimará muchos errores y omisiones que la citada autoridad viene registrando desde 2012, que ponen en riesgo a toda la actividad.
Porque no se busca transparentar el régimen, evitando en general un buen acceso a la información pública y, en particular, conocer la operación de grupos económicos (¿amigos de la política?) vinculados a la producción de biocombustibles, los que, para obtener ventajas, se atomizan en emprendimientos más pequeños, sin que sea rechazada su operatoria. Llamativamente, ahora se eliminó el acrónimo “Pyme” del presente texto.
Porque se discrimina en contra de aquellos productores de biocombustibles que, de manera directa o indirecta, se vinculen con la exportación de biocombustibles, cereales, oleaginosas y otros insumos relacionados con aquéllos. En otras palabras: se quitan incentivos a la exportación.
Porque otorga un tratamiento relativo perjudicial al bioetanol de maíz –que debe absorber los eventuales tres puntos de baja en las mezclas con naftas–, con relación al bioetanol de caña de azúcar, el que solo encuentra fundamentos en prejuicios ideológicos, hecho que impacta negativamente en la región centro del país.
Porque excluye la posibilidad de desarrollar biocombustibles distintos al biodiesel y al bioetanol.
Porque impide el acceso al mercado interno de biocombustibles a un grupo importante de productores de biodiesel, los que podrían operar en un régimen de libre mercado, ocupando un segmento específico, toda vez que se intensifique el uso de biocombustibles en el país, objetivo deseable pero que quedará trunco en caso que la presente propuesta se convierta en ley.
Porque se ignora la posibilidad de implementar en el país un programa destinado a introducir vehículos con motores “flex fuel”, tan necesario para incrementar la sustentabilidad en el uso de combustibles de transporte a través de la utilización de contenidos de bioetanol en las naftas superiores al 18%.
Porque se pone a una buena cantidad de productores de biocombustibles, como consecuencia de la significativa reducción futura de la demanda y el consecuente aumento de la capacidad ociosa, al borde de la bancarrota.
Porque el proyecto de ley que nos trata está mal fundamentado y redactado, no procura el logro de fuertes consensos propios de una buena política de Estado, presenta tramos muy confusos que llevarán a un aumento de la conflictividad judicial y, en definitiva, busca enfrentar a productores de biocombustibles entre sí en una especie de “sálvese quien pueda” para sobrevivir. Las consecuencias de esta iniciativa terminarán siendo nocivas para la Argentina.
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El músico Julian Lennon describe en “Saltwater” (1991) que el mundo se extingue si mantiene su rumbo por el mismo camino, distendiéndose ante la contaminación creciente y profundizando la desigualdad que excluye a la mayoría de su población.
Gracias a Dios, los principales países de la tierra han tomado debida nota en relación a que el cambio climático es antropogénico y establecen políticas en sus territorios para reducir sus efectos. En ese marco, los biocombustibles vinieron para quedarse y ni en el mundo ni en la Argentina ofrecieron ni ofrecen mieles de éxito asegurado.
Hay que destacar, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en 2012 que las emisiones derivadas del uso de gasoil mineral causan cáncer de pulmón y vejiga.
Debido a todas esas externalidades negativas, se van sumando regulaciones que prohíben el uso de gasoil y naftas, como las establecidas en Reino Unido y California, a partir de 2030 y 2035 respectivamente. Particularmente, es paradigmático el ejemplo de California, estado más poblado de EE.UU., cuyas políticas públicas constituyen un faro para el resto y que conoce más que nadie que el relax y confort futuro se tornarán activos cada vez más escasos si no se produce un cambio estructural en el uso de combustibles que utiliza principalmente el transporte.
En ese marco, de manera progresiva, importantes fabricantes de automotores anuncian que dejarán de producir los vehículos convencionales, con motores a combustión interna, que se abastecen de los citados derivados de petróleo, para reemplazarlos por vehículos eléctricos (esperemos, eso sí, que la energía eléctrica sea de origen renovable, para evitar así un simple maquillaje).
De esta manera, aquí o en el resto del mundo, las refinerías de petróleo enfrentan una amenaza creciente que jaquea como nunca antes su negocio y paulatinamente las obliga a reconvertirse.
En la transición energética, los biocombustibles representan la mejor opción para el sector transporte, ya que además de resolver buena parte de los problemas ambientales y de salud pública que genera la combustión con fuentes de energía mineral –gracias a su renovabilidad y positivo balance de ciclo de carbono, entre otras ventajas–, no requieren el cambio de los vehículos que hoy circulan, ni de las infraestructuras de almacenamiento, transporte y distribución existentes; tampoco requieren la construcción de redes de distribución eléctrica alguna. Todo ello evita enormes inversiones –hoy inviables para nuestro país– y emisiones de gases efecto invernadero incompatibles con el desarrollo sustentable del ambiente.
Siendo la Argentina un país estructuralmente productor y exportador de commodities agrícolas, tiene una ventaja muy importante, en términos relativos, para el desarrollo de los biocombustibles.
A través de cuatro leyes nacionales, nuestro país asumió fuertes compromisos vinculados a la mitigación de los efectos del cambio climático, a saber:
a) Ley Nº 24.295 de 1993, por la que se aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
b) Ley N° 25.438 de 2001 por la que se aprobó el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrado en 1997 y convertido en Tratado Internacional el 16 de febrero de 2005.
c) Ley N° 27.270 de 2016, por la que se aprobó el Acuerdo de París celebrado en el Marco de la XXI Cumbre de Cambio Climático en diciembre de 2015 y ratificado en la sede de la ONU en abril de 2016
d) Ley N° 27.520 de 2019 por la que se establecieron los Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
Resulta inviable pretender que Argentina desconozca los referidos compromisos, justificando tal actitud por el hecho de no contribuir a las emisiones de gases efecto invernadero en más de un 0,75 % del total mundial, o por el supuesto mayor costo relativo de las energías renovables, al amparo de nuestra deteriorada situación económica-financiera.
Además de promover la diversificación de la matriz energética y hacerla más limpia –principalmente en el sector transporte–, la Ley 26.093 –para la promoción de la producción, comercialización y uso sustentable de biocombustibles, que se complementa con la Ley 26.334 y una serie de normas complementarias, promueve desde su sanción en 2006 y promulgación en 2007, hasta su vencimiento en mayo de 2021 o en la fecha que próximamente establezca el Congreso de la Nación, las siguientes metas:
- La industrialización de la ruralidad, especialmente en zonas de economías regionales, con el consiguiente impacto positivo en las inversiones y en el empleo.
- La sustitución de importaciones de combustibles minerales, en atención a las restricciones en la disponibilidad de divisas, típicas de nuestro sector externo, como así también, a las limitaciones que presenta el parque local refinador de petróleo.
- La desconcentración del mercado de combustibles líquidos en la Argentina, que es de tipo oligopólico, con un jugador (YPF) de posición cuasi dominante.
Todo ello se motoriza a través del establecimiento, por parte de los artículos 7 y 8 de la Ley 26.093 , de mezclas obligatorias, de gasoil con biodiesel y bioetanol con nafta respectivamente. Las mismas están fijadas actualmente en un mínimo de 10% y 12%, respectivamente, pero desde hace bastante tiempo la mayor parte de los refinadores de petróleo no las cumplen.
Debe quedar claro que los biocombustibles no están subsidiados en la Argentina, en todo caso están desgravados de los impuestos que alcanzan a los combustibles minerales, ya que dichos tributos específicos fueron creados para castigar a la contaminación y a los daños colaterales que las emisiones de los combustibles minerales generan a la salud; la misma desgravación alcanza al gas vehicular, a pesar de que el mismo es de fuente mineral.
La desgravación de la que gozan el gas vehicular y los biocombustibles frente a los impuestos antes citados, impacta positivamente en el consumidor, y en el caso específico de los biocombustibles, permite restituir la competitividad de los mismos frente a los combustibles minerales que complementan o sustituyen, los que no incluyen todos los costos sociales asociados a su uso y, por lo tanto, tienen un precio artificialmente bajo, el cual no llega al consumidor local porque el mercado local de combustibles líquidos es casi monopólico
Si bien la Ley 26.093 ha establecido algunos beneficios para los proyectos de producción de biocombustibles en el país, como devolución anticipada de IVA en la compra de bienes de uso, amortización acelerada de los cargos por bienes de uso frente al Impuesto a las Ganancias, y exención en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, los mismos se convirtieron en abstractos por problemas técnicos y no fueron aprovechados casi por la totalidad de los sujetos alcanzados teóricamente por esos beneficios.
La escala promedio de la industria de bioetanol en Argentina, lejos está de la de EE.UU. o de Brasil, aunque existen algunas plantas que poseen escala similar. Y para el mercado interno, en el caso del biodiesel, la normativa local privilegió la instalación de empresas más pequeñas y no integradas con fábricas elaboradoras de aceite vegetal.
Además, existe una larga lista de asimetrías en nuestro país con relación a EE.UU. como para exigir la misma productividad que la existente en el país del norte, entre ellas las relativas a la alta inflación, la falta de acceso a mercados de capitales, la insuficiente infraestructura logística, la conflictividad sindical, la existencia de impuestos distorsivos, etcétera, etcétera. Como si eso fuera poco, EE.UU. otorga cuantiosos subsidios a la producción agropecuaria, de manera similar a lo que hace la Unión Europea.
El marco regulatorio de los biocombustibles en Argentina, entre otras exigencias, establece la fijación periódica, por parte de la Secretaría de Energía de la Nación, de precios para la compraventa obligatoria destinada a atender las mezclas de gasoil con biodiesel y de nafta con bioetanol; precio que debería garantizar a sus productores la posibilidad de cubrir los costos totales y obtener un margen de rentabilidad razonable. Esos precios operan con características similares al de una tarifa –a pesar que el mercado interno de los biocombustibles no representa servicio público alguno–, dado la existencia de un mandato de uso de biocombustibles y de un oligopsonio, casi monopsonio, por el lado de la demanda, que enfrenta una oferta muy atomizada.
Lamentablemente, desde hace varios años, se evidencia una captura del regulador por parte de los adversarios de los biocombustibles –o sea, de la Secretaría de Energía–. De lo contrario, no se hubiera producido en los últimos años un notorio incumplimiento del marco regulatorio de los biocombustibles en la Argentina, que llevó a una gran cantidad de productores de ese combustible biológico a solicitar medidas cautelares, entre otras, que han llevado a un grado de judicialización sin precedentes. Es de esperar que el nuevo Secretario de Energía, Darío Martínez, termine con esta significativa imperfección.
Con relación a la existencia en nuestro país de diferenciales de derechos de exportación que favorecen a los productos de mayor valor agregado –como lo son los biocombustibles–, los mismos no constituyen subsidios. No es menor el hecho que, al respecto, nuestro país haya ganado un panel ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) con relación al conflicto generado en la Unión Europea por la aplicación de aranceles antidúmping al biodiesel importado en ese territorio desde la Argentina, como así también la industria exportadora local de biodiesel haya obtenido en una causa, iniciada por el mismo tema, sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo. Lamentablemente acciones similares en EE.UU, por las injustas sanciones que ese país aplicó al biodiesel argentino, se vieron demoradas por la inexplicable política implementada durante la gestión de Mauricio Macri.
Con relación al cultivo de caña de azúcar en el país, el mismo goza de una protección arancelaria establecida a través de la Ley 24.822 y normas complementarias, otorgado en el marco de un acuerdo dentro del Mercosur. Ese beneficio es razonable, dadas las asimetrías existentes entre el Complejo Sucroalcoholero de Brasil y la industria azucarera argentina. Vale aclarar que es facultad de los países que integran dicho mercado establecer una limitada lista de productos por proteger.
Objetar los porcentajes obligatorios en Argentina –12% para bioetanol en las naftas y 10% para biodiesel en el gasoil–, como lo hacen encumbrados defensores del paradigma del petróleo y de su economía asociadas en el país, resulta irracional, toda vez que los combustibles por sustituir han sido declarados cancerígenos, en especial, el gasoil de origen mineral. Los adversarios de los biocombustibles deben tomar debida nota que se establecerán paulatinas limitaciones para el uso de combustibles minerales.
En los principales países del mundo, los umbrales de corte son dinámicos y los registros actuales muy rápidamente darán lugar a otros más altos, como en el caso de China e India, por ejemplo. Por otra parte, en aquellos países que tienen abundante suministro de materias primas agrícolas de producción nacional –como el caso de Brasil–, los porcentajes de mezclas son en general más altos que en el resto de países. Poe eso, el caso argentino en la materia lejos está de ser considerado como un exceso en materia de fijación de mandatos de uso de biocombustibles.
En la construcción del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, la ponderación de la incidencia de la evolución de los precios del gas, electricidad y otros combustibles sobre la canasta general varía entre el 2,54% y el 3,54%, mientras que para el transporte, esa incidencia es de entre el 2% y el 4%. Tomando los porcentajes de incidencia máxima y sumándolos –o sea, poniéndose en la peor situación a los efectos de este cálculo–, la incidencia total de esos conceptos en el índice de precios es del 7,54%. Ahora bien, considerando que la mezcla nafta –bioetanol es teóricamente de un 12% y la de gasoil en biodiesel del 10%– con un promedio ponderado aproximado de 10,9%, que surge de ponderar las cantidades de ambos biocombustibles incorporados a los combustibles minerales en un año normal, cada punto porcentual de aumento de los biocombustibles, en el peor de los casos, podría impactar en un 0,0082 % en el IPC, o lo que es lo mismo, en un 8,22 por 100.000. En la actualidad, dicho impacto sería nulo, si se contemplaran la evolución histórica que han tenido los precios relativos. Esto demuestra con claridad, que los biocombustibles no son la causa que justifica el encarecimiento del precio de los combustibles en surtidor.
El principal factor que explica el precio interno de los combustibles es la deseconomía de escalas en un entorno de mercado cuasi monopólico. Lamentablemente, por la sintonía que existe entre los principales referentes energéticos de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos –con algunas excepciones–, cuando de evaluar a dicho mercado se trata, de esas imperfecciones, al igual que de la gestión de YPF, poco se discute.
Por otro lado, y desconociendo la altísima concentración del mercado en el que operan, los mezcladores desprestigian a los biocombustibles haciendo énfasis en una supuesta falta de competencia en este mercado, soslayando, por cierto, las imperfecciones del propio mercado en el que operan.
Una mayoría de refinadoras de petróleo y de automotrices que operan en el país, plantean que a la Argentina le conviene primarizar sus exportaciones, dado que, por transformar aceite de soja o maíz en biocombustibles, el Estado recauda menos derechos de exportación. Se trata de un planteo que atenta contra la industrialización nacional y la agregación de valor de nuestra producción, equivalente a lo que representaría exportar todo el petróleo crudo que se procesa en el país e importar todos los combustibles que aquí se consumen, o importar toda la carne que consumimos, para exportar el maíz y sorgo que consume el ganado. Se sostiene, en esa línea, que la industria argentina de biocombustibles está madura y que no necesita promoción alguna, como si catorce años fuera tiempo suficiente para madurar un sector industrial, cuando en el caso del petróleo llevó más de un siglo lograrlo.
En nuestro país, desde 2007 a la fecha, se realizaron inversiones en plantas industriales de biodiesel y bioetanol por alrededor de 3000 millones de dólares que permiten contar hoy con una capacidad instalada de producción habilitada de 3,9 millones de toneladas de biodiesel y 1,4 millones de metros cúbicos de bioetanol –entre las dos equivalen aproximadamente a la capacidad de producción de la refinería de YPF de Luján de Cuyo–, cuatro plantas de refinación de glicerina, plantas de autogeneración y co-generación de energía eléctrica, concentración de CO2, etcétera.
En años normales, el parque refinador de petróleo en la Argentina presenta un elevado porcentaje de utilización y, si bien es posible expandirlo, en el caso de la instalación de nuevas refinerías se requieren elevadas inversiones acordes con las economías de escala necesarias para ellas (de entre 200.000 y 350.000 barriles por día) y fluida disponibilidad de petróleo crudo, principalmente liviano, hecho que alarga en el tiempo la posibilidad de concreción de dicha expansión, por lo que los biocombustibles representan una muy buena alternativa energética para el país.
Desde enero de 2008 hasta setiembre de 2020, se introdujeron en el mercado interno argentino 11,2 millones de metros cúbicos de biodiesel y 7,1 millones de metros cúbicos de bioetanol por una cifra aproximada de 9150 millones de dólares. De no haber ocurrido eso, tal aporte debería haberse cubierto con importaciones para incrementar la huella de carbono de la Argentina en alrededor de 49 millones de toneladas de CO2 equivalente. En el mismo período, las exportaciones de biodiesel fueron de 16,2 millones de toneladas por un monto aproximado de 13.000 millones de dólares.
Para finalizar, en función a todo lo expuesto, considero que abandonar o debilitar la política de biocombustibles en la Argentina representará un error histórico cuyo costo será enorme y lo deberán enfrentar las generaciones futuras. Adhiero a lo expuesto por el reconocido experto de la industria automotriz nacional, Alberto Garibaldi, quien sostiene que “los biocombustibles serán malos en Argentina, mientras no los produzcan masivamente agentes económicos vinculados a la industria petrolera”.
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]]>Pero además hay condimentos internos. Desde 2010 entraron en vigencia los mandatos establecidos por la Ley 26.093 de producción, comercialización y uso de biocombustibles, que establecen que el gasoil comercial debe cortarse con 10% de biodiésel y la nafta con 12% de bioetanol, divido en partes iguales entre sus orígenes, maíz y caña de azúcar. Ese corte no se estaría cumpliendo.
Esto pone en riesgo la capacidad instalada de la Argentina para producir biodiesel (existen 33 plantas habilitadas por la Secretaría de Energía, que pueden procesar 3.900.000 toneladas al año) y bioetanol (son 22 plantas productoras con una capacidad del orden de 1.440.000 metros cúbicos).
“Las perspectivas para el 2020 son muy negativas. En cuanto al bioetanol se espera que la baja sea no menor al 25% comparado al año pasado. Se trataría de un mercado de 825.000 metros cúbicos de consumo, versus los 1.100.000 del 2019”, alertó Molina.
Y agregó: “En cuanto al biodiésel ya se espera que la caída en demanda sea como mínimo de un 28%, unas 860.000 toneladas para el consumo doméstico”.
El biodiésel basado en el aceite de soja también tiene un mercadod e exportación, que tampoco andaría nada bien. “Con la Unión Europea como único destinatario, porque Estados Unidos y Perú están en conflicto, sería de unas 700.000 toneladas”, calculó el experto.
Así, el mercado del biodiésel totalizaría 1.560.000 toenladas, contra 2.150.000 del 2019. “El año más bajo desde 2007”, informó Molina.
El especialista aclaró que pese a que el consumo de naftas caería más que el de gasoil en medio de esta pandemia, la demanda de biodiésel terminará cayendo más porque el incumplimiento del corte por parte de las refinerías es mucho más pronunciado. Por otro lado, destacó que además de la demanda, el precio a nivel mundial de los biocombustibles se encuentra muy deprimido.
“Tengamos en cuenta que para el acuerdo de las 1.200.000 toneladas que la Argentina puede ubicar en la Unión Europea, el precio mínimo se determina en función al valor del aceite crudo de soja de los últimos 3 a 4 meses. Es por eso que el valor hoy es tan bajo que no se está exportando nada”, explicó Molina.
El analista mencionó que sus proyecciones son tomadas para la actual cuarentena y todo podría agravarse aún más si la misma se extiende en el año. “Hoy estamos tomando en cuenta una caída del PBI del orden del 10%, pero si continúa la cuarentena todo será peor”, mencionó.
Podés ver aquí la exposicipón completa en el seminario “Del sur al mundo 2030”:
Por otra parte, Molina manifestó la necesidad de focalizarse en la Ley de Biocombustibles 26.093, que vence el 12 de mayo de 2021, y que si bien podría extenderse hasta el 31 de diciembre de 2024 (15 años desde su implementación), ahora es motivos de mucho debate e intereses encontrados.
“Existe un sector -en el que me ubico yo-, que cree que no es positivo extender la vigencia de la actual Ley. Fundamentalmente porque pensamos que se mantendrá el nivel de conflictividad actual entre la asignación de cantidades -cupos- y la determinación de los precios, que en el pasado ha sido muy arbitrario y ahora, no conocemos desde diciembre porque no está publicados. De modo que la conflictividad se extenderá y las inversiones hasta 2024 no serán nuevas”, argumentó.
“Existen hoy en carpeta proyectos significativos vinculados a la formación de una oferta de bioetanol para atender en el futuro en el caso que se habilite la utilización de los motores flex-fuel, como lo que se utilizan en Brasil”, apuntó Molina.
“Desde la flamante Liga Bioenergética se constituyó el año pasado una comisión ad-hoc para la redacción de un anteproyecto de Ley del que tuve el honor de participar y esperemos que próximamente dicho anteproyecto sea convertido en proyecto de Ley con estado legislativo”, señaló.
Dicho documento propone una Ley de 15 años prorrogable por otros 5 y establece un contenido mínimo del bioetanol en las naftas de 15% desde un inicio y un aumento al 18% dentro de los 18 meses de vigencia, dejando un surtidor de respaldo para los vehículos más viejos con 15% de corte. Para el caso del biodiésel, propone 15% de entrada y que puede extenderse al 20%, dejando un surtidor de respaldo si hace falta.
Además, la iniciativa contempla la desgrabación de impuestos a los biocombustibles y esto para Molina es muy importante porque de otra forma no pueden competir con los combustibles minerales.
“La gran ventaja de los biocombustibles está vinculada al desarrollo sostenible del medio ambiente. Argentina asumió compromisos preventorios de reducción de gases de efecto invernadero a cumplir de cara al 2030”, recordó.
La entrada Claudio Molina: La demanda de biocombustibles caerá más del 25% porque no se cumple el corte obligatorio se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Claudio Molina saltó en defensa de los biocombustibles: “No son perfectos, pero representan la mejor opción en la transición energética” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En su réplica, Molina asegura que el dilema de “alimentos vs. energía”, y la teoría sobre el eventual Impacto Indirecto por el Cambio de Uso de Suelo que producirían los biocombustibles, son dos teorías que “no tienen evidencia científica contundente para que representen una especie de postulados básicos”. El especialista contrapone que si bien “los biocombustibles no son perfectos, representan la mejor opción en la transición energética”. Y aclara que “no hay actividad económica alguna que no tenga externalidades negativas”.
En referencia al uso del prefijo “bio”, el director de AABH explica que “es importante aclarar que el término biocombustibles no es incompatible con el hecho que los mismos sean biológicos, ya que derivan de la transformación de biomasa”.
Si bien el análisis y el debate tiene múltiples puntos de vista (social, comercial, científico, ambiental, ideológico, entre otros), según el acuerdo firmado por las naciones (en Estados Unidos en 2016) derivado de la COP21 de París (2015), los biocombustibles son productos aptos para la descarbonización de la matriz energética. Tanto es así, que Argentina incluyó el programa de biocombustibles como instrumento para concretar la reducción de emisiones comprometida hasta 2030.
“Si la inserción de los biocombustibles en la matriz energética no fuera positiva, con las presiones que ejercen distintos actores de peso en el mundo contra las regulaciones que promueven dichos fluidos biológicos, seguramente en Europa -como mínimo- se hubieran eliminado sus incentivos. Por otra parte, la inserción de biocombustibles de segunda, tercera y cuarta generación es muy lenta, ya que los desarrollos tecnológicos no tienen la velocidad esperada y dichos productos siguen siendo muy caros todavía”, afirma Molina.
Desde la Asociación resaltan que no se plantea a los biocombustibles en términos de mejor precio, porque si se los compara con el petróleo, el gas y el carbón, estos siguen siendo más baratos porque utilizan una materia prima que generó la fontosíntesis hace millones de años. Sin embargo, en ese valor no se justiprecian los daños que generan al ambiente y a la salud. Incluso, remarca el especialista, el nivel de tributación específica a los combustibles minerales no llegan a compensar las externalidades negativas que generan los mismos.
El desarrollo de la producción e incorporación de biocombustibles a nivel mundial y en lo que respecta a la Argentina fue paulatino. En este sentido, Molina cuenta que “con la política argentina de biocombustibles se construyó en poco más de diez años una capacidad de producción conjunta de más de 6 millones de metros cúbicos anuales -entre biodiesel y bioetanol-, equivalente a alrededor de una tercera parte de la capacidad de refinación de petróleo en Argentina”.
“La facturación entre lo que se consume localmente y lo que se exporta, sumado a sus subproductos, a precios actuales es de más de 2.700 millones de dólares, sin computar la facturación de azúcar, cuya actividad depende como nunca de la producción de bioetanol”, remarca el experto en biocombustibles.
Es una actividad que “genera más de 60.000 empleos directos e indirectos que dependen de la cadena de valor de los biocombustibles”, afirma Molina y agrega: “Es impensable por ejemplo, sustituir a corto y mediano plazo los empleos que genera en el NOA la cadena de valor de la azúcar y del bioetanol”.
Pero, claro, cada sector tiene su visión, sus informes y teorías, sus críticas y sobre todo, intereses. Es en este punto donde surgen las preguntas de un lado hacia el otro. Veamos ahora quién recoge el guante y se atreve a responder las inquietudes de Claudio Molina:
- ¿Se han estudiado similares cambios, impactos y fenómenos producidos por el uso de petróleo y sus derivados? ¿Es preferible mantener el viejo paradigma energético, con altísimas participaciones de petróleo y carbón en la matriz energética?
- ¿Existe un sistema productivo diferente, probado y más eficiente que el actual, que sea capaz de proveer de manera sustentable y en cantidad, calidad y precio, las materias primas agroganaderas y forestales para atender la creciente demanda vinculadas a alimentación de seres humanos, ganado, energías y usos diversos?
- ¿Se estudió la evolución del bienestar de la población radicada en territorios, antes y después del avance de la producción de soja? ¿Hay una propuesta alternativa viable en lo técnico, económico, social y ambiental, para efectuar un cambio estructural que mejore la vida de los habitantes? ¿Se tuvo en cuenta otros hechos históricos que produjeron enormes daños, como la clausura de ramales ferroviarios?
Por último, Molina considera necesario avanzar en el desarrollo de trabajos estructurados de rigor científico puestos a disposición de la ciudadanía, de manera tal que el debate de agrocombustibles o biocombustibles pueda mostrar impacto real.
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]]>La entrada Claudio Molina explica la errática política actual sobre biodiésel: “Es un verdadero lío normativo; ni en épocas de Moreno y Kicillof fue así” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En este contexto, Bichos de Campo le pidió a Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno y uno de los que más sabe sobre el negocio del biodiésel, que intente explicarnos cómo quedará el sistema en un marco donde el gobierno decidió además congelar nuevos aumentos en los combustibles. Antes de que se comenzaran a producirse los cambios de esta semana, el propio Molina nos había dicho que en biodiésel, con el tipo de cambio actual, el precio de las Pymes debería subir entre 20 y 30% respecto de los 31.549 pesos por tonelada publicados en agosto pasado. Solo para hacer sustentable el negocio.
“Con el congelamiento de precios que se hizo extensivo arbitrariamente a los biocombustibles, las Pymes y grandes productores no integradas (que son las que deben comprar el aceite de soja como materia prima para producir el biodiésel) pararon las entregas, y los grandes exportadores comenzaron a entregar a las petroleras a precios muy por encima de los 31.549 pesos publicados como precio para agosto”, nos explicó Molina ante el nuevo escenario.
La semana pasada, frente a la parálisis y el desplazamiento de los actores naturales de este negocio, intervinieron ante Gustavo Lopetegui, el mandamás de Energía, el senador y candidato a presidente, Miguel Angel Pichetto; y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Molina contó que tras estas negociaciones, Lopetegui accedió a dar un 6% de subsidio -vía transferencia a los productores, libre de Impuesto a las Ganancias- y aumentar el precio a 33.618 pesos por tonelada. Esto implica otro 6% adicional de aumento. Como se ve, en el acumulado no se llega a cubrir el desfasaje que se había creado.
Explicó Molina: “Sumando este precio más la transferencia se llega a un valor similar al que correspondería a la Disposición 23/19 que tuvo vigencia en abril pasado), la que por otra parte había cambiado la fórmula de la Resolución 83/18 d efines de 2018), dejando la estructura lejos de las posibilidades de varias Pymes, por los niveles de eficiencia requeridos”.
Ver A las empresas fabricantes de biodiésel, Lopetegui les birló casi 2 pesos por litro
Además, dada la gran devaluación que se produjo desde abril a la fecha, “el precio de fórmula quedó rezagado, ya que computa un tipo de cambio cercano a 49 pesos y recién se arreglará en octubre, si no salta nuevamente el dólar”.
“Es un verdadero lío normativo, ni en épocas de Moreno y Kicillof fue así”, recordó el especialista.
Una diferencia sustancial, que marcaron a Bichos de Campo tanto el propio Molina como la secretaria de Energía de la Provincia de Santa Fe, Verónica Geese, es que el nuevo valor dictado por el gobierno para septiembre no será un valor fijo sino un valor “mínimo”. Es decir que el gobierno habilita una negociación entre las Pymes proveedores y las petroleras para levantar el precio final. Según el directivo de la Asociación de Biocombustibles, esta parece ser “una innovación que generará conflictos”.
Molina evaluó que “en setiembre, las pymes y grandes integradas negociarán con las petroleras un precio por encima de ese mínimo, a sabiendas que las petroleras vienen comprando a los grandes exportadores por encima del precio publicado. También negociarán un plazo corto, dado que el normal es insostenible en este contexto. Lo que va a ocurrir en setiembre es que parte del cupo lo cubrirán las pymes y grandes no integradas, y parte los exportadores. Esto, tarde o temprano, traerá conflictos, porque no fue desregulado ni el cupo ni el precio”, explicó.
En este escenario, justo cuando el gobierno de Mauricio Macri parece estar entrando en sus tramos finales salvo un milagro electoral que de vuelta el resultado de las PASO, Molina remarcó que “la responsabilidad del cumplimiento del corte obligatorio es exclusivo de las compañías petroleras, tanto en cuanto a los volúmenes de biocombustibles que agregan a los combustibles minerales como en cuanto a la elección de sus proveedores de biocombustibles”.
“Del mismo modo la Secretaría de Energía debe controlar, como lo establece la legislación vigente, que los sujetos que tengan cupo coloquen toda su producción asociada al mismo, a un precio razonable en términos de costos y rentabilidad razonable”, indicó el especialista, para quien está muy claro a esta altura que “los precios publicados por Energía no cumplen con esta exigencia y han estado muy por debajo de los costos de producción”.
Los únicos que parecen estar en regla en este entuerto son las grandes fábricas integradas que antes dedicaban el biodiésel al mercado de exportación y ahora han hecho colocaciones también en el mercado local, aún a pesar de no tener el cupo. Molina explicó si estas firmas tienen sus plantas habilitadas por Energía, “tienen libertad para vender biocombustibles en el mercado interno, ya que para ellos implica atender una demanda voluntaria. En tal caso, corresponderá a la compañía petrolera demostrar que cumplió con sus obligaciones”.
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]]>La entrada Una medida de Aranguren transfirió más de $4.300 millones del agro a las petroleras se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Luces de alerta, de amarillo a rojo. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, pasó por arriba de todas las promesas de progreso y estabilidad que los funcionarios del Ministerio de Agroindustria hicieron a los productores de bioetanol a base de maíz o de caña de azúcar. Mediante la resolución 435-E/2017, dispuso una reducción de entre el 22% y el 29% en el precio que las petroleras pagan por el biocombustible que utilizan en el corte obligatorio del 12% de las naftas.
Según los cálculos preliminares, son unos 4.300 millones de pesos anuales los que cambian de manos con esta medida. Pierden los ingenios azucareros del Norte del país (Tucumán, Salta y Jujuy) que en los últimos años invirtieron muchos millones en plantas de alcohol, el insumo que luego se transforma en bioetanol. Pierden los grupos pampeanos (especialmente cordobeses) que en los últimos años levantaron enormes plantas para producir el biocombustible a partir de maíz.
Ver: “Una radiografía sobre la producción de bioetanol en el país”
¿Y quién gana? Si el menor precio interno del bietanol no se traduce en una rebaja de la nafta para los consumidores, lo que casi nadie espera, ese dinero será un ahorro enorme para las cuentas de las petroleras, comenzando por YPF, la líder en el mercado local de combustibles.
¿Qué hizo Aranguren? Con el argumento de que el mercado de los combustibles va camino a una liberalización, u que los pecios locales del bioetanol eran de los más caros del mundo, modificó el modo vigente para calcular los valores para el corte obligatorio del 12%. En el caso del insumo elaborado a partir de caña de azúcar, eso implica una rebaja del 29% que se concretará en dos tramos, hasta febrero próximo. En el caso del bioetanol desde maíz, el descuento será del 22% respecto de los valores actuales.
“Esta medida adoptada unilateralmente es un golpe brutal al sector productor de biocombustibles”, resumió el vicepresidente de la Cámara Argentina de Alcoholes, el empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro.
Lo llamamos a Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles, uno de los que más sabe de estos temas. Le preguntamos varias cosas para entender la situación.
¿Qué pasó?
Primero quiero aclarar que no represento a las cámaras empresariales. Si bien hay muchas empresas que podrían coincidir con lo que expreso, alguna otra no. Es bueno que esto siempre sea conocido, dado que en un momento sensible, hay un estado de ánimo malo en la industria, definitivamente.
¿Por la decisión de bajar los precios al bioetanol?
Sí. El Gobierno ha cedido definitivamente a las presiones de YPF y a la de alguna otra compañía petrolera que opera en el downstream local. Se acusa a la política de biocombustibles de ser muy costosa para el consumidor por ejemplo, soslayando todas sus ventajas, y justificando en algunos casos esas aseveraciones en cálculos erróneos. YPF necesita hacer caja con la operación del downstream (refinación y comercialización de combustibles) para recuperar una parte de los malos resultados del upstream (exploración y extracción de petróleo crudo), y trata de hacerlo a cualquier costo. Está logrando su objetivo con el bioetanol, dado que con los cambios publicados en la Resolución 415/17 del Ministerio de Energía y Minería, los precios tenderán a la paridad de importación de las naftas, a pesar de tener fundamentos distintos los combustibles minerales y los biocombustibles.
¿Qué fundamentos son distintos?
El etanol es un combustible limpio e inocuo para la salud de las personas; constituye la fuente de octanaje más barata del planeta, hecho que contrapesa con creces su menor poder calorífico. Esto lamentablemente no es justipreciado convenientemente por las compañías petroleras.
¿La resolución de Aranguren qué implica?
Una baja de precios del bioetanol que es muy fuerte, en el orden del 30 % en el caso del bioetanol de caña, aplicable en dos tramos, uno del 15 % ahora, y otro igual a partir de febrero próximo, con independencia de las variaciones que surjan en el futuro por aplicación de la nueva fórmula de precios. En el caso del bioetanol de maíz, la baja es del 22 % ahora y en el futuro, dependerá de las variaciones de los términos de la nueva fórmula, como en el caso del bioetanol de caña.
¿La industria azucarera soportará estas rebajas?
Tanto la industria de bioetanol de caña como la de maíz tendrán inconvenientes importantes, si lo miramos globalmente. En el NOA puede estallar una crisis, dado que hay varios ingenios más chicos y la dependencia económica de la región para con esta actividad es muy importante. Además las crisis representan oportunidades para muchos. Evidentemente si no se supera una eventual crisis de este tipo rápido, se producirá una concentración de mercado, porque muchos productores de bioetanol no podrán seguir.
¿Y para los maíceros de Córdoba?
En el caso del bioetanol de maíz las plantas funcionan desde su puesta en marcha hace 3 a 5 años. Es un error sostener globalmente como lo hacen muchos funcionarios, que las inversiones en activo fijo ya fueron recuperadas con utilidades. No se puede generalizar así, porque podés inducir a que se tomen medidas equivocadas.
¿Para vos hay razones para mantener el precio interno del bioetanol desacoplado del internacional?
Los complejos productivos de etanol de EE.UU. y Brasil no son comparables al nuestro. No tenemos su productividad para poder competir. Por ende, los precios en frontera -paridad de importación en este caso-, no son representativos de los costos promedio de nuestra industria. Y como si fuera poco, existe un sobrecosto argentino, que se se expresa en los precios de insumos importantes como el gas (cuesta en nuestro país cerca de US$ 6 por millón de BTU frente a los US$ 3 por millón de BTU en EE.UU.), o la energía eléctrica, que aquí es un 50% más cara. También está la cuestión logística, que es muy favorable a EE.UU. en términos relativos. O el acceso al crédito, considerando que en nuestro país no existen mercados de capitales consolidados, o variados sobrecostos en materia tributaria. No es menor que el costo de los activos fijos por litro de etanol son alrededor de un 50% más caro en Argentina. Y además, nuestro maíz tiene de entre 1 punto a 2 puntos menos de almidón.
¿Tampoco nuestros ingenios son competitivos?
En el caso del complejo azucarero, las asimetrías con Brasil son enormes y no han sido tomadas en cuenta por el Gobierno.
¿Consultó el Gobierno al Ministerio de Agroindustria para tomar esta decisión?
Entiendo que el director nacional de Biocombustibles, Agustin Torroba, y la mayoría de los funcionarios de Agroindustria prácticamente no pudieron participar, dado que el análisis técnico fue efectuado principalmente por el equipo del secretario de Planificación Energética Estratégica del Ministerio de Energía, Daniel Redondo, su asesor Diego Hernán Rapela, como así también, el ingeniero Federico Alegre, subsecretario de Coordinador de Planificación Estratégica, dependiente de Gustavo Lopetegui, vicejefe de Gabinete de Ministros. Este último, junto con Aranguren, fueron los que tuvieron la mayor responsabilidad en la decisión final.
Los Anexo I y II de la Resolución 415/17, donde se establecen las fórmulas de precios del bioetanol, están firmados por Diego Hernan Rapela, asesor de la Dirección Nacional de Hidrocarburos, que depende del Ministerio de Energía. Considerando que la mayoría de los funcionarios del área son de extracción petrolera, bien podría plantearse un conflicto de intereses. No me parece prolijo lo ocurrido. Y para peor, existió muy poco diálogo en el armado de esta norma, fue casi un monólogo, un hecho que no ocurre con otras actividadades, donde el Gobierno intenta dialogar activamente.
O sea que no se tuvieron en cuenta particularidades del negocio agropecuario…
Cito uno de los puntos inconsistentes en el armado de las fórmulas de precios de bioetanol. En el caso de bioetanol de caña, la materia prima, o sea, el jugo de caña y/o azúcar crudo y/o melaza, como término de la fórmula se establece globalmente con un importe en pesos que se ajustará por la evolución del Indice de Precios Mayoristas del INDEC, como si el mismo tuviera correlación directa con el precio de la caña de azúcar. Eso habla de la forma en que se forzaron los número para determinar los nuevos precios.
¿Entonces todo se reduce a una transferencia desde al agro a las petroleras?
Cuando en febrero de 2018 se aplique el segundo tramo de ajuste del 15% al bioetanol de caña, la industria de bioetanol en Argentina, en conjunto, estará transfiriendo más de $ 4.270 millones anuales a las compañías petroleras. Como el downstream es un segmento oligopólico y opera de manera muy concentrada, con un jugador que casi tiene posición dominante, me refiero a YPF, dicha transferencia de ingresos probablemente sea capturada por las compañías petroleras –al menos en gran parte- y no llegue al consumidor.
¿No van a bajar las naftas?
Sería muy sensato que inmediatamente las compañías petroleras anuncien una rebaja al público del precio de la nafta de no menos de $ 0,50 con IVA por litro, que es el efecto mínimo que en precios se puede justipreciar en el E12, mezcla de nafta y etanol al 12% que se expende al público. Y que en febrero, cuando se aplique el segundo tramo de la baja de precio del bioetanol de caña, inmediatamente vuelva a bajar el precio de la nafta en surtidor Pero los manuales clásicos de microeconomía nos indican que esto no ocurrirá, porque el downstream de la cadena de petróleo, tiene características oligopólicas.
Una de las justificaciones de la medida que se tomó fue reducir el impacto que el mayor precio relativo del bioetanol genera en el surtidor. Me pregunto si intervendrán el mercado de combustibles los funcionarios que avalaron la medida, si la nafta en surtidor a la brevedad no baja $ 0,50 litro. No olvidemos que en Argentina los precios de combustibles al público son mucho más caros que el promedio mundial, mientras las compañías petroleras exhiben elevadísimos márgenes en la refinación de petróleo.
¿Qué puede pasar con los productores de bioetanol?
Sin dudas, la industria de bioetanol tanto de caña y de maíz en Argentina, comenzará a transitar días más complicados. Desde el punto de vista ambiental, para algunos funcionarios eso no es problema, dado que Argentina no tiene mucha participación en las emisiones contaminantes mundiales y con los ahorros de emisiones que generarán los proyectos en curso de generación eléctrica del Plan Renovar con fuentes eólicas y solar en el futuro (los que son muy bienvenidos, muy importantes, pero no excluyentes) sobra para compensar emisiones y para poder seguir contaminando en el transporte. Poco importa si los combustibles minerales generan además de las emisiones causantes de gases efecto invernadero, emisiones muy perjudiciales para la salud, en muchos casos, cancerígenas.
¿Se vulneró la famosa seguridad jurídica?
En este caso se soslayó que la industria argentina de bioetanol está bajo un Régimen de Promoción de Biocombustibles, creado por Ley 26.093 y con los beneficios de la Ley 26.334 y la Ley 23.287 para el caso de bioetanol.
Con medidas tan extremas como la que se tomó, en un marco de escaso o nulo diálogo entre el Gobierno Nacional y la industria de bioetanol, queda en duda la institucionalidad. Si pretendemos que los empresarios inviertan en Argentina, es necesario la seguridad jurídica, con reglas de juego claras, parejas y estables.
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]]>La entrada Claudio Molina: ¿Por qué nos retan Europa y EEUU por el biodiésel? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Molina, así, enmarcó las sanciones que ya había impuesto Europa a ese combustible en 2013 (aunque ahora relajó) y los altos aranceles que acaba de imponer Washington, a una pelea de fondo, exculpando a la industria aceitera argentina de cometer dúmping, como afirman esos mercados. “La gran lucha es dónde se desarrolla el trabajo y quién agrega valor a la materia prima. La Argentina se posicionó en este sentido, rápidamente con cantidades importantes y ahora se reabre el mercado europeo para este país”, explicó el especialista.
Mirá el reportaje completo a Claudio Molina:
Molina recordó que cuando se aplicaron sanciones en 2013 contra el biodiésel de producción local, la Argentina “destinaba, en ese momento más del 90% de sus exportaciones a Europa. En 2012 llegamos a exportar casi 2.000 millones de dólares”, graficó.
En el caso de los Estados Unidos, la puja por el biodiésel viene desde agosto, tras una denuncia de una entidad de productores norteamericanos, la National Biodiesel Board (NBB), que se quejó de un supuesto subsidio por parte de Argentina por vía de las retenciones. Sucede que los embarques de biodiésel tributan sólo el 0,13% por derechos de exportación, mientras que el grano de soja debe pagar un 30% y el aceite un 27%.
Al respecto de ese enrome diferencial de retenciones, Molina expresó: “Luego de tanto debate, la OMC estableció hace muchos años que los impuestos diferenciales de exportación no son subsidios. Un subsidio se da cuando hay un desembolso directo. En este caso hay un impuesto más alto para los productos de menor valor agregado, y uno más bajo para los que tienen mayor valor agregado. En nuestro caso, las desgravaciones figuran como gasto tributario y no como subsidios”.
Entonces, ¿qué hacemos mal para tener dos grandes mercados retándonos por este tema? Para Molina, nada. “La aplicación del 57% de sanción impuesta al producto argentino es totalmente arbitraria. Le ganamos una causa a Europa a través de un panel en la OMC y no hay lucro cesante. Pensemos que en ese continente perdimos más de 4.000 millones de dólares de exportaciones”.
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