La entrada Decisión tomada: la Argentina avanzará en un año hacia la prohibición total del insecticida Clorpirifós se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“La medida se irá implementando de manera paulatina. En una primera etapa se prohibirá la importación del principio activo y de los productos formulados a base de Clorpirifos. Luego se prohibirá su elaboración en el país y por último su comercialización”, dijeron a Bichos de Campo fuentes que están al tanto del plan del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) para avanzar en esta prohibición. Ese organismo es el encargado de las regulaciones sobre el mercado de agroquímicos.
Se comenzará así a saldar un largo debate en torno de este producto, cuyo uso es bastante difundido en los sectores productivos de la Argentina, ya sean cultivos extensivos, hortícolas, en la vitivinicultura y en la forestación. También se usa bastante en jardinería.
Este debate incluso dividió al gobierno. Para meter presión a favor de este prohibición, el Ministerio de El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandié, realizó en diciembre de 2020 un seminario para analizar los usos e impactos del insecticida clorpirifos en el país, donde se expusieron todos los peligros que implicaba el uso de esa sustancia.
En el Senasa, en tanto, se lo ha catalogado como un producto de Clase II, es decir moderadamente tóxico. Los formulan varias empresas localmente a partir del principio activo que es importado.
El clorpirifós es un material organofosforado que se emplea para el control de numerosos insectos en variados cultivos, como el trigo y la soja. Fue registrado por primera vez en 1965 y comercializado por Dow Chemical Company bajo el nombre comercial Dursban y Lorsban. Con el correr de los años se transformó en el insecticida más utilizado, pues combate una serie de plagas que afectan a los cultivos, como cochinillos, moscas blancas, trips, orugas y escarabajos.
Con el correr de los años, a medida que se fue demostrando sus efectos nocivos para la salud de las personas y el medio ambiente, se lo había prohibido para uso domiciliario y también como en la industria alimentaria. En la Argentina, el Clorpirifós fue prohibido para su uso domiciliario a través de la Disposición 2659/2009 del ANMAT y la Resolución 456/09 del Ministerio de Salud.
De todos modos, no está claro el alcanzce de dichas prohibiciones y hoy el insecticida puede ser adquirido muy fácilmente hasta en las plataformas de comercio on line.
Ahora la idea dentro del Senasa es sacarlo de toda la cancha, no solo para hacer frente a la presión interna sino por el peligro de que la Argentina puede verse afectada en los mercados si se detectan residuos del plaguicida en algunos alimentos exportados. En la Unión Europea, uno de los clientes principales de los alimentos argentinos, hubo un intenso debate sobre este asunto y finalmente el químico fue prohibido totalmente el año pasado.
El bloque comunitario dispuso además que a partir del 13 de noviembre de 2020 el límite máximo de residuos permitido para alimentos de los insecticidas clorpirifós y clorpirifós-metilo sea de apenas 0,01 parte por millón, es decir, prácticamente nulo. Eso podría dejar off side algunas exportaciones argentinas.
Aquí en la Argentina habría cierta sobrevida para ese producto. “Se estima que todo el proceso abarcará poco más de un año pero ya está en marcha el proceso”, comentó una fuente. Luego es usual que se demore un tiempo en liquidar los stocks.
Hay bastante consenso, en sectores científicos, que el uso de este pesticida es bastante riesgoso. Ante una exposición prolongada, se afirma que ataca el sistema nervioso provocando desde incoordinación motora hasta la muerte por asfixia. También puede causar retraso en la maduración embrionaria; deterioro del crecimiento y de la reproducción; cambios comportamentales y neurológicos; deformidades y mortalidad a largo plazo. Es considerado además un factor cancerígeno.
Pero además provoca daños en el ambiente. El insecticida “tiene mucha facilidad para diseminarse en el ambiente”, según contó meses atrás a Página/12 Melina Álvarez, una doctora en Biología, luego de la publicación de su investigación en la revista del rubro “Environmental Toxicology and Chemistry”. Junto a otros investigadores comprobó que el agua de Claromecó y Tres Arroyos (Buenos Aires) contenía niveles de la sustancia muy por encima de lo recomendado.
“Lo primero que tenemos que pensar es que este insecticida se aplica más de una vez en los cultivos y, actualmente, se lo combina con otros compuestos para mejorar la eficiencia. Los productores, en general, no respetan las buenas prácticas agrícolas. El asunto es que como las dosis de clorpirifos son tan excesivas terminan impregnadas en la tierra. Luego, la historia es conocida: existen muchos factores que conducen a que los agrotóxicos culminen en los cursos de agua.”, explicó Álvarez.
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]]>La investigación, titulada “Impacto en el ambiente de los agroquímicos utilizados en cultivos transgénicos y evaluación de la exposición en población rural de la Región Pampeana”, se llevó a cabo con la coordinación del doctor Eduardo Pagano, y con el aporte de distintos investigadores de la Facultad de Agronomía y de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, ambas pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires (UBA).
“Vinieron con un proyecto PID del Conicet para hacer evaluaciones y mediciones en el agua, en el suelo y en la sangre, de la población que podía estar afectada por la utilización de agrooquímicos relacionados a los cultivos transgénicos”, explicó Belloso.
El título del libro hizo que el glifosato no quede afuera de la investigación, el cual, en palabras de contenido ambiental negativo, es considerado “el agrotóxico de los males”, cuando, según Belloso, “es un producto considerado de banda verde, es decir que cuenta con baja toxicidad, comparado a otros insecticidas”.
Belloso indicó que durante el trabajo “se hicieron más de 250 análisis de sangre en personas que vivían en la comunidad urbana y rural. Las conclusiones del libro muestran que hay presencia de residuos de agroquímicos en el ambiente, ya sea en el agua o en el suelo, incluso en sangre se hallaron productos más ligados a clorados, pero en niveles que no deben preocupar a la población”.
Bichos de Campo fue a Pergamino y habló con todos los sectores envueltos en este conflicto. Aquí el testimonio completo de César Belloso, de Aapresid:
El miembro de Aapresid consideró que, “en estos temas la clave pasa por utilizar bien los datos generados y el lenguaje. Los problemas generados por las pulverizaciones deberían ser considerados en el ámbito rural con la misma rigurosidad que en el ámbito urbano”.
Para Belloso, la imposición de zonas de exclusión de aplicación de agroquímicos, “es innecesaria en la medida en que se apliquen los controles en los momentos adecuados, cuidando las condiciones meteorológicas, la característica del principio activo a aplicar, si está registrado el equipo aplicador, la presencia de un ingeniero agrónomo para hacerlo. Hoy el grado de conocimiento que hay sobre los productos y su toxicidad es muy bajo”.
Entonces, si todos tienen buenas intenciones, evidentemente algo falla. ¿Por qué?. “Una cosa es una denuncia federal que se apoya en la Ley 24.051, la cual trata sobre uso de residuos peligrosos y se aplican posibles sanciones en caso de violarla, pero otra cosa es la responsabilidad que uno tiene como productor en hacer sus prácticas sustentables, es decir, de modo productivo, económico, ambiental y social. Y tiene que poder dar testimonio de eso, algo que es difícil, no sólo en el ámbito rural, sino también en el urbano”.
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