“Después de las demoras y denegaciones de la administración anterior, la EPA seguirá los dictados de ciencia y dará prioridad a la salud y la seguridad”, indicó el organismo por medio de un comunicado.

En 2007 se registró una petición, presentada por dos ONGs (Pesticide Action Network North America y Natural Resources Defense Council), para solicitar la prohibición de uso del insecticida en todo el territorio estadounidense.

EPA inició un proceso tendiente a evaluar los riesgos de uso de producto para finalmente decidir que era necesario restringirlo, pero esas acciones fueron desestimadas durante la administración del presidente Donald Trump. Las ONGs entonces decidieron judicializar el asunto.

Finalmente, las actuales autoridades de EPA determinaron que las exposiciones agregadas actuales generadas por el uso de clorpirifós no cumplen con el estándar de seguridad legalmente requerido para que exista una certeza razonable de que las mismas no provocarán un daño a la salud.

Los estados de California, Hawai, Nueva York, Maryland y Oregón ya había prohibido el uso del insecticida en sus respectivas jurisdicciones. EPA anunció que “procederá con la revisión del registro para los usos no alimentarios restantes del clorpirifós”.

El clorpirifós es un insecticida organofosforado que se utiliza para una gran variedad de usos agrícolas, entre los cuales se incluyen soja, árboles frutales, nogales, brócoli, coliflor y otros cultivos hortícolas.

En la Argentina, las autoridades del Senasa determinaron la prohibición del uso de insecticidas formulados a base de clorpirifós etil y clorpirifós metil a partir de la campaña 2022/23.

A partir de noviembre de 2022 ya no podrá usarse más Clorpirifós en todo el territorio argentino

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Por medio de la resolución 414/2021 –publicada hoy en el Boletín Oficial– se dispuso que en el próximo mes de septiembre ya no estará habilitada la importación del insecticida, mientras que a partir de la primera semana de noviembre se prohibirá también la elaboración y el fraccionamiento de productos que contengan Clorpirifós en todo el territorio nacional.

En tanto, a partir del 4 de noviembre de 2022 se prohibirá la comercialización y el uso del producto, además de producirse la baja automática de los registros de principios activos y formulados a base de Clorpirifós. Eso implica que el producto podrá seguir usándose hasta la campaña de maíz temprano y soja de primera correspondiente al ciclo 2022/23.

Si bien el proyecto inicialmente contemplaba el comienzo de la prohibición a partir de agosto de 2022, luego de una consulta pública el Senasa decidió extender durante tres meses más esa fecha.

Adicionalmente, a partir de febrero de 2023 se fijará un Limite Máximo de Residuos (LMR) de 0,01 mg/kg de Clorpirifós etil y de Clorpirifós metil en todos los productos y subproductos agropecuarios que se importen o produzcan localmente para el consumo interno, lo que equivale a restringir la comercialización de cualquier producto que tenga un mínimo rastro del mismo.

En los fundamentos de la medida se indica que “en virtud de la revisión de antecedentes del Clorpirifós por distintas agencias regulatorias del mundo, los LMR establecidos para esta sustancia por los principales países importadores de productos argentinos, son incompatibles con las prácticas de protección de cultivos registradas en Argentina para dicho principio activo, lo cual impide el acceso de muchos productos de origen vegetal a numerosos mercados, o resta competitividad comercial a nuestras exportaciones”.

Vale recordar que en 2020 el Unión Europea prohibió la comercialización y uso del Clorpirifós en su territorio y determinó además un LMR de 0,01 mg/kg del insecticida.

Existen a la fecha en la Argentina 20 registraciones habilitantes de Clorpirifós etil como principio activo y otras 154 como producto formulado, mientras que en el caso del metil existe una registración para el principio activo y otra para el formulado. El producto está catalogado como “clase II” por el Senasa (moderadamente tóxico).

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Ya está listo –tal como anticipó Bichos de Campo– el proyecto para prohibir, ni bien se publique la resolución, la importación de principios activos y productos fitosanitarios formulados a base de Clorpirifós.

En un plazo de 90 días posterior a la entrada en vigencia de la resolución se prohibirá también la elaboración y el fraccionamiento de productos que contengan el principio activo en todo el territorio nacional.

Finalmente, en un plazo de 365 días de la entrada en vigencia de la norma se prohibirán la comercialización y el uso del producto, además de producirse la baja automática de los registros de principios activos y formulados a base de Clorpirifós. Eso implica que la campaña productiva en curso (2021/22) será la última la cual pueda emplearse el insecticida.

Adicionalmente, luego de 120 días de vigencia de la resolución del Senasa, se fijará un Limite Máximo de Residuos de 0,01 mg/kg de Clorpirifós etil y de Clorpirifós metil en todos los productos y subproductos agropecuarios que se importen o produzcan localmente para el consumo interno.

En los fundamentos de la medida se indica que “como resultado de la revisión de antecedentes del Clorpirifós por distintas agencias regulatorias del mundo, los Límites Máximos de Residuos (LMR) establecidos para esta sustancia por los principales países importadores de productos argentinos son incompatibles con las prácticas de protección de cultivos registradas en Argentina para esta sustancia activa, lo cual impide el acceso de numerosos productos de origen vegetal a numerosos mercados, o resta competitividad comercial a nuestras exportaciones”.

Vale recordar que en 2020 el Unión Europea prohibió la comercialización y uso del Clorpirifós en su territorio y determinó un LMR de 0,01 mg/kg del insecticida, lo que equivale a restringir el ingreso que cualquier producto que tenga un mínimo rastro del mismo.

Existen a la fecha en la Argentina 20 registraciones habilitantes de Clorpirifós etil como principio activo y otras 154 como producto formulado, mientras que en el caso del metil existe una registración para el principio activo y otra para el formulado. (ver aquí listado completo). El producto está catalogado como “clase II” por el Senasa (moderadamente tóxico).

El Senasa abrió una consulta pública para recabar opiniones no vinculantes sobre el tema, que estará vigente hasta el próximo 26 de mayo. Para participar enviar las opiniones fundamentadas a consultapublica416@senasa.gob.ar

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“La medida se irá implementando de manera paulatina. En una primera etapa se prohibirá la importación del principio activo y de los productos formulados a base de Clorpirifos. Luego se prohibirá su elaboración en el país y por último su comercialización”, dijeron a Bichos de Campo fuentes que están al tanto del plan del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) para avanzar en esta prohibición. Ese organismo es el encargado de las regulaciones sobre el mercado de agroquímicos.

Se comenzará así a saldar un largo debate en torno de este producto, cuyo uso es bastante difundido en los sectores productivos de la Argentina, ya sean cultivos extensivos, hortícolas, en la vitivinicultura y en la forestación. También se usa bastante en jardinería.

Este debate incluso dividió al gobierno. Para meter presión a favor de este prohibición, el Ministerio de El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandié, realizó en diciembre de 2020 un seminario para analizar los usos e impactos del insecticida clorpirifos en el país, donde se expusieron todos los peligros que implicaba el uso de esa sustancia.

En el Senasa, en tanto, se lo ha catalogado como un producto de Clase II, es decir moderadamente tóxico. Los formulan varias empresas localmente a partir del principio activo que es importado.

El clorpirifós es un material organofosforado que se emplea para el control de numerosos insectos en variados cultivos, como el trigo y la soja. Fue registrado por primera vez en 1965 y comercializado por Dow Chemical Company bajo el nombre comercial Dursban y Lorsban. Con el correr de los años se transformó en el insecticida más utilizado, pues combate una serie de plagas que afectan a los cultivos, como cochinillos, moscas blancas, trips, orugas y escarabajos.

Con el correr de los años, a medida que se fue demostrando sus efectos nocivos para la salud de las personas y el medio ambiente, se lo había prohibido para uso domiciliario y también como en la industria alimentaria. En la Argentina, el Clorpirifós fue prohibido para su uso domiciliario a través de la Disposición 2659/2009 del ANMAT y la Resolución 456/09 del Ministerio de Salud.

De todos modos, no está claro el alcanzce de dichas prohibiciones y hoy el insecticida puede ser adquirido muy fácilmente hasta en las plataformas de comercio on line.

Ahora la idea dentro del Senasa es sacarlo de toda la cancha, no solo para hacer frente a la presión interna sino por el peligro de que la Argentina puede verse afectada en los mercados si se detectan residuos del plaguicida en algunos alimentos exportados. En la Unión Europea, uno de los clientes principales de los alimentos argentinos, hubo un intenso debate sobre este asunto y finalmente el químico fue prohibido totalmente el año pasado.

El bloque comunitario dispuso además que a partir del 13 de noviembre de 2020 el límite máximo de residuos permitido para alimentos de los insecticidas clorpirifós y clorpirifós-metilo sea de apenas 0,01 parte por millón, es decir, prácticamente nulo. Eso podría dejar off side algunas exportaciones argentinas.

Aquí en la Argentina habría cierta sobrevida para ese producto. “Se estima que todo el proceso abarcará poco más de un año pero ya está en marcha el proceso”, comentó una fuente. Luego es usual que se demore un tiempo en liquidar los stocks.

Hay bastante consenso, en sectores científicos, que el uso de este pesticida es bastante riesgoso. Ante una exposición prolongada, se afirma que ataca el sistema nervioso provocando desde incoordinación motora hasta la muerte por asfixia. También puede causar retraso en la maduración embrionaria; deterioro del crecimiento y de la reproducción; cambios comportamentales y neurológicos; deformidades y mortalidad a largo plazo. Es considerado además un factor cancerígeno.

En General Villegas se aprobó una regulación sobre agroquímicos que prohíbe ciertos productos específicos en zonas periurbanas

Pero además provoca daños en el ambiente. El insecticida “tiene mucha facilidad para diseminarse en el ambiente”, según contó meses atrás a Página/12 Melina Álvarez, una doctora en Biología, luego de la publicación de su investigación en la revista del rubro “Environmental Toxicology and Chemistry”. Junto a otros investigadores comprobó que el agua de Claromecó y Tres Arroyos (Buenos Aires) contenía niveles de la sustancia muy por encima de lo recomendado.

“Lo primero que tenemos que pensar es que este insecticida se aplica más de una vez en los cultivos y, actualmente, se lo combina con otros compuestos para mejorar la eficiencia. Los productores, en general, no respetan las buenas prácticas agrícolas. El asunto es que como las dosis de clorpirifos son tan excesivas terminan impregnadas en la tierra. Luego, la historia es conocida: existen muchos factores que conducen a que los agrotóxicos culminen en los cursos de agua.”, explicó Álvarez.

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