Si Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, creyó que en algún momento que era buena su idea de hacer un fideicomiso para subsidiar el trigo y el maíz a los molinos y las avícolas con dinero de los exportadores y los productores (que finalmente iban a sufrir el descuento), “desacoplando” así todavía más los precios internos, pues todo el sector privado cerró filas para decirle que no, que no era buena la iniciativa y que mejor busque otra fórmula.

Si Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, pensó en algún momento que con esta idea de fideicomiso compensador iba a poder generar más ruido y divisiones al interior del Consejo Agroalimentario Argentino (CAA) y aislar todavía más a los dirigentes de la Mesa de Enlace del resto del sector, pues esto tampoco no sucedió. Al lo menos por ahora, las Mesas Intersectoriales de Maíz y Trigo resolvieron dar muestras de unidad y además patearon la pelota para el lado del gobierno. Si avanza ese fondo compensador, será pura y exclusiva responsabilidad de los funcionarios.

La verdadera historia detrás del proyecto de fideicomiso para avícolas y molinos que promueve el gobierno: Cristina ordena, Feletti impone y Domínguez acata

La idea de reimplantar un sistema de compensaciones para aliviar el peso del trigo y el maíz en la estructura de costos de ciertas actividades (se mencionó en los borradores a los molinos harineros, a los productores de carne de pollo y a los fabricantes de fideos secos), recordó los peores días de 2008 a 2011, cuando el gobierno se gastó varios miles de millones de dólares subsidiando actividades sin ningún resultado visible, porque todo acabó en un festival de corrupción y los precios al consumidor igualmente subieron fuerte.

Con ese recuerdo todavía fresco, en un comunicado las entidades que integran formalmente esas dos mesas de trabajo (que fueron convocadas por el propio gobierno a principios de 2021, luego de las primeras intervenciones sobre los mercados de ambos cereales) eligieron rechazar con cortesía la propuesta hecha por Domínguez para crear un mecanismo compensador. Los privados dijeron con corrección que “desean reiterar su vocación de trabajo para evitar medidas intervencionistas o distorsivas en los mercados de producción, consumo y exportación”.

“Analizado el tema en una reunión conjunta, acuerdan expresar su rechazo a mecanismos como el propuesto por el gobierno nacional de forzar la creación de un fideicomiso de trigo y de maíz que ha trascendido por diferentes medios”, completó el escrito firmado por las Mesas, como para que no queden dudas. Allí figuran todos los eslabones de ambas cadenas agrícolas. Una fuente de las entidades rurales dijo que aunque en el comunicado no están identificadas cada una de esas entidades, los molinos y las avícolas (que serían los principales beneficiarios de la medida) también participaron del rechazo colectivo.

Acceso a la información pública: Todavía hay 138 juicios que reclaman millones al Estado por las compensaciones de la ex ONCCA ¿Qué empresa los impulsan?

A diferencia del dinero de la ex ONCCA, que era del Estado y todavía se adeuda a muchas empresas que están haciendo millonarios juicio al Estado, en este caso Feletti y Domínguez pergeñaron un mecanismo en el cual los productores de ambos cereales iban a terminar pagando una retención adicional encubierta además del 12% que ya tributan. Sucede que estaba cantado que las cerealeras iban a descontarles del precio los montos que deberían  poner ellas como aporte al fideicomiso. En total, se calculó que se necesitarían unos 14 mil millones de pesos en 2022 para subsidiar a ambos sectores el precio de cerca de 5 millones de toneladas de trigo y maíz que se consumen en el mercado interno.

Avanzar en una propuesta de este estilo implicaría dinamitar los espacios que reúnen a productores, con los acopios, los molinos y la exportación. En la reunión del martes de los dirigentes de la Mesa de Enlace se llegó a analizar la permanencia de algunas de sus entidades en el CAA y se decidió por ahora no sacar los pies del plato. Hoy -en las denominadas Mesa de Trigo y de Maíz- se amplió ese consenso tratando de que el gobierno desista finalmente de esta idea y también revise los “volúmenes de equilibrio”, otro mecanismo lanzado por las autoridades de Agricultura para cerrar las exportaciones de modo casi automático cuando se superen los saldos exportables definidos.

Para los privados, lo que está muy claro es que el gobierno está buscando remedios en el lugar incorrecto. “Las Mesas reiteran que el gobierno debe trabajar sobre las reales causas de la inflación que exceden al precio del maíz o del trigo, los cuales estuvieron siempre por debajo del ritmo inflacionario durante todo el 2021”, remarcó el comunicado.

Los diferentes eslabones de ambas cadenas agrícolas además “cuestionan la política de precios que está llevando a cabo la Secretaria de Comercio que autoriza ajustes de precios siempre por debajo del aumento de los costos de producción y de la inflación anual”. Lo contó temprano el titular de la Federación de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, al quejarse de que se los autoriza a vender la harina mayorista a un valor de 40 pesos por kilo cuando el costo de producción llegar a 48 pesos.

La madre del borrego: Los molinos denuncian un atraso de hasta 40% en los precios de venta de la harina en el mercado interno

Luego de acoplar posiciones para sostenerle esta pulseada al gobierno, los privados pidieron audiencia a ambos funcionarios para acercarles sus propuestas. “Teniendo en cuenta el contexto socio económico de nuestro país, la imprescindible necesidad de contener la inflación, asegurar el abastecimiento para el consumidor nacional, las Mesas desean acercar a las autoridades Nacionales una serie de propuestas que incluyen desde la utilización de mecanismos de cobertura, financiación, y sobre todo propuestas para llegar a los sectores de bajos ingresos o desocupados a través de tarjetas de alimentos”.

Por último, en el comunicado el bloque privado agrega que “no existen problemas de abastecimiento del mercado nacional, en base a las estimaciones realizadas”. En rigor, esta mista tarde el ministerio de Agricultura difundió su estimación mensual, calculando una cosecha récord de trigo de 22,1 millones de toneladas.

“La incidencia del maíz y del trigo en el precio al consumidor de los productos procesados es muy limitada y cualquier mecanismo de compensación no va a generar beneficios para el consumidor nacional”, finalizó el bloque agrícola, convencido de que el camino adecuado no será sacarle a unos para darles a otros.

Ahora -con un frente bastante sólido por delante- tendrá que decidir solo el gobierno si avanza con este proyecto.

Hablando claro: Donde dice “Fondo Anticíclico Agropecuario”, debe decir aumento encubierto de derechos de exportación en cereales

La entrada Desacoplame esta resistencia: El sector privado, incluyendo a los supuestos beneficiados, rechazó el fideicomiso para subsidiar el trigo y el maíz para molinos y avícolas se publicó primero en Bichos de Campo.

Estos detalles los brindó Luis Basterra, el ministro de Agricultura, luego de reunirse con la Mesa de Enlace, donde las opiniones frente a esta propuesta de segmentación se dividen entre las entidades. Fue el propio Basterra quien ancló el cobro de la devolución de retenciones al hecho de que cada chacarero venda la cosecha nueva, aunque esta no tenga ninguna incidencia en el cálculo. Explicó que comenzarán a pagar esta devolución ni bien cada productor de señales de que sigue en carrera. “Tenemos que ser muy transparentes”, explicó.

En los hechos, esta condición -habría que vender algo de soja, para comenzar el trámite y poder cobrar las devoluciones- provocará que no muchos productores puedan pararse sobre sus granos, finalmente su única monedad fuerte. De todos modos, los productores más chicos pocas veces pueden hacerlo, pues son los que primero se ven forzados a vender su soja debido a que suelen quedar muy endeudados despues de cada campaña, especialmente con sus proveedores de insumos.

Pero Basterra también fue claro en que este esquema de segmentación -que dividirá en franjas a los productores de hasta 1.000 toneladas- operará en función de las ventas de soja realizadas en la campaña 2018/19, que fue bastante elevada aunque no récord, de 55 millones de toneladas. Se supone que el gobierno compensará al 23% de esa producción, obtenida por un 74% de los productores más chicos. Se devolverán retenciones en base a unas 12,5 millones de toneladas a unos 42.400 chacareros.

Un detalle clave: no se compensarán “las primeras mil toneladas” de todos los productores sino a aquellos tonelajes que hayan sido inferiores a ese tope. Por eso hay un grupo de 11.884 mil empresas o productores más grandes que tributarán finalmente la nueva retención del 33%, sin ninguna devolución. Son el 26% del total pero concentran el 77% de la soja. No son tan grandes en realidad: se pueden obtener esas mil toneladas de soja de una superficie de 350 hectáreas.

Como sea, esos se quedarán afuera. Y digamos que tampoco se verán muy beneficiados los que el año pasado produjeron de 500 a 1.000 toneladas de soja, porque finalmente a ellos se les compensarán los tres puntos en que las retenciones subieron ahora, para dejar el tributo en 30%.

Los segmentos más favorecidos por este promesa de devolución serían los de chacareros de hasta 100 toneladas (25 o 30 hectáreas) y los de hasta 200 toneladas. En el primer caso, se prometen devolver 12 putnos de retenciones para achicar el tributo hasta 21%, y en el segundo caso 9 puntos, hasta 24%. De 200 toneladas para arriba as alícuotas finales deberán ser mucho menos atractivas, de 27, 28, 29 y los mencioandos 30%, que son los vigentes ahora, hasta que salga el decreto.

La entrada Habrá que vender la soja nueva para cobrar las compensaciones, que se calcularán a partir de la soja vieja se publicó primero en Bichos de Campo.