El “affaire” Vicentin debe servir como caso escuela para redimir a todos los analistas y consultores que, durante décadas, insistieron en el hecho de que las ventas de granos a fijar debían ser erradicadas del portafolio de opciones comerciales del empresario agrícola.

La mayor parte de los productores ignoraron siempre esa recomendación, imaginando que, al entregar los granos, podían desatenderse de la cuestión logística sin mayores riesgos y dejar una posición abierta que, en algunos casos, tenía incluso un “premio” de algunos dólares más por toneladas respecto del valor de referencia de fijación.

La gestión profesional del comercio granario debería sustentarse en el uso sistemático de mercados de futuros agrícolas combinado con el empleo de silobolsas o el uso del servicio de acopio, el cual tendría que contar con una regulación específica que garantice la no realización de negocios sin autorización del propietario de los granos. La hipótesis del fiscal Miguel Moreno, precisamente, es que el directorio de Vicentin SAIC se valió de ese déficit de regulación para engañar a los bancos.

Hoy muchos de los productores que tienen mercadería “adentro” de la concursada e intervenida Vicentin deberían haber aprendido –suponemos– la lección: entregar granos a fijar es una operación riesgosa en un país inestable como la Argentina. Especialmente cuando existen alternativas disponibles para evitarlo.

Pero los números, lamentablemente, dicen otra cosa: de las 36,5 millones de toneladas de soja 2019/20 comercializadas hasta la fecha, el 40% se hizo con la modalidad “a fijar”. Y un increíble número de 5,75 millones de toneladas permanece abierto (sin fijar) a pesar de que la soja Rosario disponible tiene un valor superior a 300 u$s/tonelada desde octubre pasado.

La comodidad y la ley del menor esfuerzo son siempre la solución fácil. Pero en el comercio de granos aplicar tales preceptos implica asumir un riesgo enorme, el cual, lamentablemente, se evidencia cuando ya es demasiado tarde.

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Está la cosecha fina, la gruesa, la ‘cosecha de mujeres’ de los Wawanco, y también la de corderos. Sobre fines de diciembre, cuando se viene la Navidad, los pequeños productores de lanares de Río Negro se preparan para la venta de sus animales. Encierran y esperan. Por años tenían dos opciones: esperar al “mercachifle” en algún camión que le pagaba un 60% del valor real de mercado por cada animal. La otra opción, era acondicionar la vieja F.100 y salir rumbo a las ciudades más pobladas del Alto Valle o Bariloche, para faenar “debajo de un sauce” o entregar casa por casa.

Una opción superadora se intenta desde hace un par de años y consiste en un operativo que demanda cierta coordinación previa, entre Ganadería de la Provincia, técnicos de Ley Ovina, los municipios que deben hacer observar los cuidados bromatológicos. A ellos se suma un frigorífico local que no les cobra el servicio de faena a los pequeños productores. Todo para ayudar a ganaderos muy pequeños, muy aislados en la meseta, que apenas llegan a la subsistencia.

La que no cobra por sus servicios es la Cooperativa de Trabajo JJ Gómez, que administra el frigorífico ex Fricader. Se trata de una de las pocas empresas de la economía social que pudo demostrar la autenticidad de su administración cooperativa y logró quedar en pie.

Se obtienen con esta gestión dos resultados muy auspiciosos para el productor: no hay marcachifle que se quede con una parte, o sea recibe el valor lleno de venta al público. Pero además no debe hacer ninguna gestión de cobranza, porque es el Estado provincial quien adelanta los recursos y se cancela casi “contra culata de camión”.

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Este año, una semana antes de las fiestas, solo en el Alto Valle se comercializaron 900 corderos. La cooperativa puso un camión refrigerado y un track food con todas las condiciones de higiene, y este año intervino además la Cooperativa Ganaderera Indígena de Jacobacci, que también trajo animales de su zona para comercializar. Hasta posnet había en la casilla de ventas.

“Siempre hubo compradores, pero los precios nunca eran muy buenos para el productor. Ahora sirve, se nota el cambio”, dice Miguel Barnes, un pequeño criancero de la zona de El Cuy, quien reunió unos 160 animales, “de muy buena calidad”.

Eduardo Tello, técnico del área de Ganadería, consideró clave la participación de varias instituciones para que el programa se implemente sin contratiempos: “La provincia contribuye en todo lo que es la logística, los técnicos, une a todas las partes, y el actor fundamental es el  los productor, por sus necesidades”, señaló Tello, quien destacó que por las buenas lluvias del año pasado,  el peso promedio de los animales rondó los 12 kilos.

Se destaca en este programa que son animales criados a campo, con condiciones “organolépticas” diferentes a los criados en tierras bajo riego o en el sur de la provincia de Buenos Aires. Dicen los técnicos que son más fibrosos y más sabrosos.

En cada puesto de venta, montados en ciudades como Allen, General Roca o Cinco Saltos, la actividad se convirtió en un acontecimiento, con filas de hasta 2 cuadras. Había hasta personas acomodadas en sus reposeras, esperando el inicio de las ventas.

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Leonardo Waridel, veterinario de la Dirección de Ganadería de Río Negro,  indicó que el programa permite “agrandar el margen de rentabilidad del productor, que luego con el asesoramiento de Ley Ovina, de Ley Caprina y otros programas, lo vuelca en el campo, comprando madres por ejemplo”.

Por su parte Edgardo Mardones, titular de la cooperativa ganadera indígena de Ingeniero Jacobacci, dijo que el operativo de venta directa “no deja de ser un beneficio para todo el pueblo, porque se traduce en arreglos en la casa, del auto, o las compras para mandar a los chicos a la escuela”, y acotó que “no esperábamos estas ventas exitosas”.

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