Dirigentes de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) y el Sindicato de Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) anunciaron hoy que extenderán el paro nacional –que lleva ya entonces una duración de catorce días seguidos– hasta mañana miércoles por la tarde.

Los recibidores de granos afiliados a Urgara también se encuentran llevando a cabo medidas de fuerza en todas las empresas menos en las unidades gestionadas por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Sitio 0 de Quequén, ADM Argentina y Molinos Cañuelas, dado que esas cuatro empresas ya acordaron las paritarias salariales correspondientes el ciclo 2020/21.

“Las patronales se niegan a dialogar mientras insisten en maltratar y difamar a los trabajadores, tanto a los aceiteros como a compañeros de otros gremios”, aseguró hoy un comunicado de SOEA.

Por otra parte, gremios integrantes de la denominada “Intersindical Marítima Portuaria y Afines del Cordón Industrial (Impaci), entre los cuales se incluyen el Centro de Patrones y Oficiales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, el Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos (Seamara), el Sindicato Único de Serenos de Buques, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el Sindicato Unido de Trabajadores de la Vigilancia Privada, el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos de San Lorenzo, la Asociación del Personal Jerárquico y Profesional de la Marina Mercante y hasta la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), anunciaron hoy que, en “solidaridad con la lucha” llevada adelante por aceiteros y recibidores de granos, realizarán mañana miércoles a partir de las 6:00 horas un “cese de actividades” hasta el jueves próximo a las 18:00 horas.

Los Centros de Corredores de Cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario, Santa Fe y Entre Ríos manifestaron hoy una “profunda preocupación por la inactividad que se da en los puertos debido a un conflicto gremial”.

“Nos resulta incomprensible ver cómo en esta época de crisis general, se priva a nuestro país del ingreso de importantes divisas genuinas tan necesarias”, remarcaron por medio de un comunicado.

“Queremos alertar a las autoridades también que, de mantenerse este conflicto, en el corto plazo aparecerán problemas en la cadena de pagos del sector agroindustrial, ya que al no poder entregar su mercadería, el productor se ve imposibilitado de cumplir con sus compromisos”, advirtieron.

El conflicto está retrasando de manera significativa los embarques programados de productos agroindustriales para generar un “embotellamiento” gigantesco de buques tanto en el Río Paraná como en el acceso de ingreso del Río de la Plata. El costo promedio de demora de un buque se encuentra en torno a 25.000 diarios.

Al tratarse de un insumo crítico para muchas naciones del mundo –especialmente las asiáticas–, la interrupción de embarques argentinos de harina de soja está provocando importantes problemas logísticos, dado que no existe en el mundo otro proveedor del producto tan significativo como la Argentina (que es por lejos el primer exportador mundial).

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La pregunta que muchos se hacen es cómo es posible que en los diferentes órdenes de la súper estructura del Estado argentino no haya “saltado” ninguna alerta temprana de tal accionar. La respuesta es muy sencilla: porque las transacciones físicas en el mercado de granos argentino no tienen regulación alguna; funcionan en base a la mera confianza entre las partes.

No sucede lo mismo con las firmas que se dedican al corretaje de granos, las cuales están reguladas por estrictas disposiciones diseñadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. En lo que respecta a la operatoria con futuros y opciones, cuentan además con la regulación interna instrumentada por el Matba Rofex.

Tales regulaciones, tanto de orden público como privado, garantizan que el corredor de granos no pueda disponer nunca de lo que no le pertenece sin la anuencia expresa del dueño de ese bien.

Lo mismo ocurre en el mercado bursátil con los títulos y acciones depositadas en Caja de Valores (CVSA): están allí a nombre del titular de los mismos. Nadie puede disponer de esos activos sin la autorización de su propietario y, cada vez que se realiza un movimiento de los mismos, CVSA envía automáticamente un correo con la notificación de lo realizado.

“No soy nada afecto al exceso regulatorio, pero, gracias al mismo, los productores agrícolas o inversores cuentan con una garantía cierta al momento de comercializar su producción o realizar una inversión bursátil por medio de un corredor”, explicó hoy a Bichos de Campo, Ricardo Baccarin, corredor de granos. Vicepresidente de Panagrícola S.A.

“Pero el mercado de operaciones físicas de granos no cuenta con regulaciones tan estrictas como las que rigen en el correjate de futuros de granos, de manera tal que, más allá de la confianza existente entre las partes, no existe garantía de lo que sucede con la mercadería física una vez recepcionada por un operador”, advirtió.

Baccarin señaló que los productores agrícolas no deberían estar a merced de agentes comerciales que se “fondean” con su mercadería. Y que para evitar problemas, como el ocurrido con Vicentin SAIC, sería necesario regular la recepción de mercadería física, de manera tal de asegurar, en un marco de transparencia, la no realización de negocios sin autorización del propietario de los granos.

“Considero tan repudiable vender bonos o acciones de un comitente sin su autorización como reventar soja guardada en un silo para realizar inversiones por cuenta del comprador de la mercadería sin el consentimiento del propietario de la misma”, remarcó.

“El sistema comercial granario –posiblemente uno de los más sólidos presentes en el mercado argentino– está sustentado en la confianza y eso hace, precisamente, que algunos se aprovechen de esa circunstancia para montar esquemas que pueden terminar perjudicando a una gran cantidad de empresarios agrícolas”, concluyó Baccarin.

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