La resolución 139/2021 de la CNTA dispuso que para el presente mes de agosto y el próximo de septiembre el salario mínimo del peón general es de 51.660 pesos mensuales, mientras que es de 53.577 para ovejeros, de 55.484 para ordeñadores en tambos, de 56.953 para puesteros, de 62.822 para capataces y de 66.271 para encargados.

A partir de octubre y hasta el mes de marzo de 2022 deberá abonarse además una asignación no remunerativa equivalente al 15% del salario básico. En el caso del peón general, por ejemplo, la misma es de 7790 pesos mensuales.

La CNTA además fijó una nueva remuneración mínima para el personal que se desempeña como conductor tractorista y maquinista de cosechadoras de cereales y oleaginosos en todo el territorio nacional (incluye también la recolección de arroz).

La resolución 141/21 de la CNTA dispuso para esa actividad en agosto y septiembre de 2021 un salario mínimo mensual y diario de 83.381 y 3673 pesos respectivamente. A partir de octubre y hasta marzo de 2022 también deberá abonarse una asignación no remunerativa del 15%, que en este caso es de 12.573 pesos por mes.

En lo que respecta a la remuneración mínima para el personal dedicado de manera exclusiva a la aplicación de productos fitosanitarios en el ámbito de todo el país, la resolución 142/2021 de la CNTA dispuso que en agosto y septiembre de este año el salario mínimo del peón auxiliar dedicado a aplicación de fitosanitarios es de 88.577 pesos por mes, mientras que para el conductor de equipos pulverizadores autopropulsados la remuneración mínima fue fijada en 128.876 pesos.

Al igual que en los casos anterior, entre octubre de 2021 y marzo de 2022, además del salario básico, habrá que abonar una asignación no remunerativa del 15%, que en este caso es de 5369 pesos por mes para el conductor de equipos pulverizadores.

Vale recordar que el artículo 38 de la Ley 26.727 de Trabajo Agrario, vigente desde fines de 2011, determina que los trabajadores permanentes deben recibir una bonificación por antigüedad equivalente al 1,0% de la remuneración básica por cada año de servicio cuando el trabajador tenga una antigüedad de hasta 10 años y del 1,5% cuando tenga una antigüedad mayor a 10 años.

Los trabajadores rurales que desarrollan tareas en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego deben recibir un adicional del 20% sobre tas remuneraciones mínimas de cada categoría laboral.

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Con ese tono crítico habló con Bichos de Campo el coordinador de Economías Regionales de la CAME, Raúl Robin, quien explicó: “Hay que diferenciar a aquellas actividades que producen para el consumo interno y que atraviesan los vaivenes por la baja actividad comercial. También hay que mirar el mercado externo, ya que hay más de 15 complejos productivos que llegan a la exportación; y ahí hay más complejidad, por los altos costos internos”, indicó.

En ese sentido explicó que “la presión fiscal nacional y el alto costo en dólares que significa el transporte interno, con el costo del gasoil más caro de toda la región, nos agobia mucho”.

Escuchá el reportaje a Robín acá:

Robín añadió que “en términos de dólares, el costo laboral argentino también es un problema”. Para poner un ejemplo citó al sector productor de arándanos. “Un jornal de 8 horas cuesta 40 dólares, mientras que en Perú el mismo jornal es pagado unos 15 dólares. Eso se ve en toda la zona de frontera nacional, donde ciudadanos comunes la cruzan para comprar productos de la canasta familiar, y así obtener un costo más bajo. Eso lógicamente pega en las exportaciones tradicionales como en peras, manzanas, el sector vitivinícola y los cítricos dulces”, enumeró.

¿Hay alternativas para bajar ese costo? El dirigente de CAME recordó que “el Gobierno anunció y homologó la ley Pyme que baja la presión impositiva. Luego de su salida, más del 50% de las pymes del campo se adhirieron. El problema es que la misma no se terminó de regular. El artículo 11 de esa ley establece que los beneficios de la norma serán incrementados entre un 5% y un 15% cuando se trate de las denominadas economías regionales. Pero justo ese artículo que viene a dar un beneficio especial a las economías en crisis, no se reglamentó”, se quejó.

Además, sólo siete provincias se han adherido a esa Ley. “El hecho de que se sumen provincias nos asegurará que no se incrementen los impuestos provinciales. En el caso de Tucumán, la legislatura de esa provincia sancionó la adhesión a la ley; sin embargo fue vetada por el Poder Ejecutivo provincial”, lamentó Robín.

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