En agosto pasado, por medio de la resolución 898/2021, se había establecido que, ante “la necesidad de establecer limitaciones al desarrollo de aquellas actividades no fiscalizadas por la CNV y ajenas al ámbito financiero que incrementan el riesgo operativo de los Alyc”, éstas debían dejar de realizar corretaje y canjes de granos.

La norma implica una complicación importante, porque muchas Alycs, además de realizar operaciones auditadas por la CNV, como las correspondientes a los contratos de futuros agrícolas y de divisas, también prestan servicios de ventas de granos en el disponible, forwards y canjes, de manera tal de ofrecer todos los servicios requeridos por las empresas agropecuarias.

¿Qué tendrían que hacer entonces las Alycs que ofrecen todo el “paquete” completo? La normativa de la CNV no dice nada al respecto, pero está claro que, si quisieran seguir ofreciendo los servicios que el organismo las obliga a descartar, deberían formar una nueva sociedad para ofrecer por medio de la misma los servicios no fiscalizados por la CNV.

Tal medida, tomada luego de los desfalcos generados por BLD y GyT, motivó una serie de reuniones entre representantes de las Alycs y la CNV, en las cuales se explicó a los funcionarios que la nueva norma introduce una complicación innecesaria en el sistema de comercialización agrícola.

Luego de una serie de diálogos fructíferos, las autoridades de la CNV dispusieron dar marcha atrás con la resolución 898/2021, pero a cambio introducirán una serie de exigencias adicionales a las Alycs que quieran seguir realizando operaciones físicas de granos.

Tales exigencias –cuyo detalle se conocerá en los próximos días– estarán orientadas a brindar las garantías necesarias para evitar que puedan aparecer casos como los de BLD y GyT, en los cuales posicionamientos comerciales en mercadería física (que no son auditados por ningún organismo) se emplearon para realizar maniobras financieras imprudentes que terminaron perjudicando a muchos productores e inversores por igual.

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La semana que viene se oficializará una resolución que establece que la cantidad de valores negociables vendidos con liquidación en moneda y jurisdicción extranjera no podrá ser superior a 100.000 unidades nominales por semana, de las cuales 50.000 corresponden a títulos de deuda emitidos bajo ley argentina y los restantes 50.000 bajo ley extranjera.

En la actualidad el tope de venta que rige es de 100.000 unidades nominales por semana en bonos con legislación argentina, mientras que no existe restricción alguna para los correspondientes a los emitidos bajo legislación extranjera.

La limitación, aclara la nueva norma por publicarse en el Boletín Oficial, es para clientes con cartera no propia y no incluye a las operaciones realizadas en el mercado de “negociación bilateral (Senebi), el cual comprende operaciones no garantizadas por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA).

Adicionalmente, la iniciativa contempla implementar un “parking” (plazo) de dos días para la adquisición de CCL, de manera tal de desincentivar esas operaciones al introducir un factor de riesgo temporal entre la realización de la operación y la liquidación de la misma.

El dólar CCL permite cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior mediante la compra-venta de títulos de deuda o acciones que cotizan en mercados internacionales. Dado que ahora se estableció un “cepo” sobre la operatoria de títulos públicos, es probable que la misma se concentre mayormente en acciones (ADR).

Vale aclarar que las operaciones con CCL se realizan en el exterior, por lo que no “extraen” divisas del sistema financiero argentino, y son empleados usualmente por empresas importadoras para gestionar compras de bienes y servicios en el exterior cuando no consiguen en el mercado único y libre de cambios argentino la cantidad de divisas solicitadas al tipo de cambio oficial.

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Matba-Rofex, al informar sobre esta aprobación de la CNV, señaló que en su ámbito se ha desarrollado “un nuevo valor negociable a partir de operaciones de compra venta de granos a fijar precio”, lo que posibilita su registración, garantía e integración con el Mercado de Capitales.

“Las operaciones de compraventa de granos a fijar tienen un uso muy difundido en el comercio de granos. En Argentina, se estima que entre un 20% y un 40% de la cosecha se comercializa con esta modalidad”, explicó el mercado, para dar cuenta de este avance.

En este tipo de operación, el vendedor/productor entrega granos al comprador, quedando pendiente la fijación del precio y liquidación del valor de los granos para una fecha posterior. En un contrato a fijar, el momento de la fijación del precio queda a criterio del vendedor, quien puede fijar el precio total o parcialmente, dentro de un plazo de tiempo posterior a la entrega de los granos.

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Pero se trata de operaciones bilaterales, sin mecanismos de garantía ni condiciones estandarizadas. Pese a ello, “son extremadamente útiles para la comercialización eficiente de enormes volúmenes de granos”, explicó el Matba-Rofex.

Inicialmente el foco de la herramienta se pensaba para generar un instrumento que permita realizar operaciones de compra venta de granos a fijar precio, con un proceso garantizado por Matba-Rofex, que tendrá el potencial de ser negociado en el mercado o actuar como garantía de operaciones de financiamiento.

“Además de contar con la garantía del mercado, la fijación del precio se realizará mediante operaciones de futuros en Matba-Rofex, lo cual garantiza un alto nivel de transparencia en la formación de los precios”, explicó la empresa administradora de ese mercado a término.

Según esta misma fuente, el PAF Digital generó un gran interés inicial en la molinería de trigo, por lo que la autorización de la CNV permite que ya se comiencen a realizar negocios para la próxima cosecha, asegurando el aprovisionamiento de la industria harinera.

En tanto, funcionarios del organismo que regula los mercados locales expusieron ante dirigentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sobre los nuevos productos de inversión colectiva en los que trabaja el organismo, para generar recursos desde el mercado de capitales hacia la economía real en todo el país.

El presidente de la CNV, Adrián Cosentino, presentó los lineamientos generales del régimen que están diseñando. Se trata de una norma que el organismo tiene en consulta pública hasta el 10 de noviembre, en el marco de su política de promoción de nuevos instrumentos de inversión colectiva que permitan desarrollar un nuevo mercado de capitales que movilice recursos hacia sectores diversos de la economía real con carácter federal.

“El mensaje que quiero dejar es que entiendan a la CNV como una contraparte pública totalmente involucrada con la necesidad y la oportunidad de poder desarrollar iniciativas muy variadas, y que esto nos habilite a un trabajo técnico permanente donde nos ayuden a entender las demandas a satisfacer, cómo darle difusión, conocimiento y práctica a lo que podamos poner en esta estantería de mercado de capitales”, explicó Cosentino.

“Constituye un eje medular en nuestra política poder acercar a todas las provincias las estructuras e instrumentos promovidos, fortaleciendo un verdadero mercado de capitales federal”, agregó Consentino.

El régimen en el que trabaja CNV, y que conocerá su versión definitiva una vez que se analicen los resultados de la consulta pública, promueve esquemas asociativos que nucleen diversos eslabones de la cadena de valor, trabaja en la incorporación de cooperativas productivas al mercado de capitales. También se planea desarrollar vehículos colectivos específicos de financiación y genera vehículos específicos de Obligaciones Negociables (ON) para cooperativas de producción.

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En diálogo con Bichos de Campo, Luciani se refirió a los nuevos mecanismos de financiación para las pymes del agro. “Este nuevo ciclo económico nos presenta muchos cambios de paradigma. Por ejemplo, uno de esos cambios es que muchos productores son pyme y no tienen conciencia de eso. Pensemos que, para ser pyme, un productor debe tener una facturación menor a 235 millones de pesos anuales. Para llegar a eso, debe tener un promedio de 10.000 hectáreas productivas con un rinde promedio para facturar ese dinero. Podemos concluir que el 99% del sector agroindustrial son empresas pyme”.

“Ese nuevo paradigma trae alternativas de financiamiento que el gobierno impulsa y que el MAV tiene como su competencia de trabajo exclusiva”, avisó Luciani.

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Respecto a la nueva ley pyme, que crea una serie de beneficios para ese sector, el financista dijo que “se abrieron nuevas ventanas y además, hay nuevas terminales financieras tales como la negociación de cheques de pago diferido en los mercados”.

Luciano marcó que “la noticia fuerte la representó el lanzamiento en MAV junto a la Comisión Nacional de Valores, de las obligaciones negociables simples, que en palabras concretas, es la posibilidad que tiene cualquier productor o empresa agropecuaria de calificarse ante una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) y contra esa calificación, en un trámite simple, poder ser aprobado ante la CNV y el MAV para negociar, o bien para vender obligaciones negociables en el mercado”.

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