La entrada Con 100 mil pesos de compensaciones podrían haberse comprado 366 litros de glifosato. Pero se pagaron recién ahora, que solo alcanzan para 85 litros se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“A fin de año el Estado terminó de devolver parte de los Derechos de Exportación que había anunciado en marzo de 2020 y comenzado a cumplir en parte en noviembre de 2020”, informó la asociación que está convocando nuevamente a una asamblea de productores en Santa Fe para el 8 de enero.
En realidad, lo que se estableció en marzo de 2020 por orden del Congreso fue un mecanismo para compensarle a los pequeños productores de soja por la suba de tres puntos (del 30 al 33%) de las retenciones a la soja dispuesto en ese momento. Por lejos ese dinero quedaba de reintegrar lo que se le quitaba al sector, pero era un aliciente para los productores de menor escala. Al menos así planteó las cosas el ex ministro Luis Basterra.
El gasto total de ese operativo iba a ser de unos 6.000 millones de pesos para “compensar” a unos 43 mil productores. Pero la primera partida que se distribuyó en noviembre de 2020 se quedó corta y quedaron unos 4.000 chacareros sin recibir el dinero en su CBU. Hasta ahora. La semana pasada, el Día de los Inocentes, el dinero comenzó a fluir a esas cuentas.
Claro, aunque los derechos de exportación se descuentan sobre un precio en dólares, las compensaciones se calcularon en pesos argentinos. Y desde marzo de 2020 a esta parte, la inflación hizo estragos en la capacidad de compra de la moneda nacional. Y mucho más si lo que se quiere comprar con esos pesos son insumos agropecuarios, que cotizan en dólares y cuyos precios se han disparado en el mercado internacional a la par de los granos.
De allí que AAPA aclarase que el dinero recibido por muchos productores no alcance ahora, tarde y mal, para hacer demasiado.
En ese sentido, los autoconvocados señalaron que con 100 mil pesos en marzo de 2020 (cuando se subieron las retenciones) se podían comprar 4,41 toneladas del fertilizante Urea. Los que tuvieron la suerte de cobrar compensaciones en noviembre de 2020 ya habían perdido poder adquisitivo y podían adquirir solamente 3,41 toneladas. Y los que cobraron ahora solamente tienen la chance de comprar 0,85 toneladas.
Con el glifosato, otro insumo muy utilizado en el agro, la situación es muy parecida, pues en marzo de 2020 se podían comprar con 100 mil pesos 366 litros del herbicida, en noviembre de 2020 había bajado a 294 litros y ahora apenas alcanza para adquirir 85 litros.
La entrada Con 100 mil pesos de compensaciones podrían haberse comprado 366 litros de glifosato. Pero se pagaron recién ahora, que solo alcanzan para 85 litros se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada El regreso de las compensaciones: Domínguez y Manzur confirmaron que se va a crear un fideicomiso para subsidiar a molinos y avícolas se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La agencia oficial Télam difundió un comunicado de la Jefatura de Gabinete que informa que a media mañana que Domínguez explicó al ex gobernador tucumano sobre “los acuerdos alcanzados con las mesas del trigo y el maíz a fin de encontrar un equilibrio en los precios de los productos de consumo popular, como el pan y el pollo”.
En ese sentido, confirmó un anticipo que ayer realizaron Bichos de Campo y otros medios sobre la creación del llamado “Fondo Anticíclico Agropecuario”, un mecanismo que de inmediato rememora el viejo sistema compensaciones que manejó la ex ONCCA entre 2007 y 2011, y que terminó en un festival de corrupción luego de distribuir más de 3.000 millones de dólares entre molinos, avícolas, aceiteras, lácteas y feedlots, muchos de ellos incluso truchos.
En concreto, mediante ese mecanismo, Domínguez se propone subsidiar -con dinero del resto de la cadena- los costos de producción de la bolsa de 25 kilos de la harina de trigo triple cero, y su correlato en paquetes de un kilo; los fideos secos en paquetes de 500 gramos; y el pollo entero refrigerado o congelado con o sin vísceras.
Según la versión oficial, Domínguez le notificó al jefe de Gabinete sobre el fideicomiso que implementará el sector privado para “garantizar” los precios del trigo y el maíz. Ese fideicomiso, según se explicó, “tendrá idénticas características que el instrumento utilizado con el aceite de girasol”.
“Esta herramienta, administrada y auditada por el sector privado, resulta una medida anticíclica para garantizar la estabilidad del precio para el consumo de los argentinos”, se indicó oficialmente. Desde el sector privado, sin embargo, nadie se ha hecho todavía cargo de la criatura, que supuestamente involucraría a los exportadores de cereales (nucleados en Ciara-CEC), a las empresas avícolas (nucleadas en CEPA), a los molinos harineros (nucleados en FAIM) y a la cámara de fabricantes de pastas secas.
Manzur, que llegó al gobierno tras la crisis en el oficialismo desatada tras las PASO y convocó de inmediato a Domínguez para asumir en Agricultura, se hizo cargo de oficializar el anuncio: “A primera hora de la mañana recibí al ministro Domínguez, con quien trabajamos en medidas que nos permitan garantizar la estabilidad de los precios en el mercado interno y el acceso a productos de consumo popular”, apuntó.
De acuerdo con el informe, el sector privado acordó, a través de esta medida, la cantidad de toneladas que hay que garantizar para abastecer al mercado interno durante 2022 y 2023. De todos modos, el borrador del proyecto que trascendió en los medios no lleva la firma de los privados sino de la propia cartera agropecuaria, a través de la Subsecretaría de Agricultura.
Este es el borrador:
Fondo Anticiclico-total faim 13.12 (3)
Domínguez, en la misma línea discursiva que su superior, destacó que los acuerdos con los sectores del trigo y el maíz respecto a la cantidad de toneladas a producir son importantes ya que, “de esa manera, queda fijado en una resolución el punto de equilibrio entre el mercado interno y el mercado externo”.
Respecto de la supuesta creación del fideicomiso privado, el ministro destacó que dicha herramienta asegura que, “en caso que durante el ejercicio 2022-2023 haya un incremento de precios internacionales, tanto el pollo como el pan en la Argentina estén garantizados a los precios que se requiere”.
La entrada El regreso de las compensaciones: Domínguez y Manzur confirmaron que se va a crear un fideicomiso para subsidiar a molinos y avícolas se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Frankestein sigue vivo: El gobierno prepara un engendro para tratar de compensar a molinos y avícolas por la suba de los precios del trigo y maíz se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La iniciativa tiene el pomposo nombre de “Fondo Anticíclico Agropecuario” y no se puede evitar que recuerde al sistema de compensaciones que manejó la ex ONCCA entre 2007 y 2011, y que terminó en un festival de corrupción luego de distribuir más de 3.000 millones de dólares entre molinos, avícolas, aceiteras, lácteas y feedlots, muchos de ellos incluso truchos.
En un borrador elaborado en el área de la Subsecretaría de Agricultura, que maneja Delfo Buchaillot (un hombre vinculado al poderoso aceitero cordobés Roberto Urquía), la cartera a cargo de Julián Domínguez propone subsidiar -con dinero del resto de la cadena- los costos de producción de la bolsa de 25 kilos de la harina de trigo triple cero, y su correlato en paquetes de un kilo; los fideos secos en paquetes de 500 gramos; y el pollo entero refrigerado o congelado con o sin vísceras. Raro que no incluya la polenta, ni otras carnes como las de bovinos engordados en un feedlot o los porcinos.
Este es el anteproyecto:
Fondo Anticiclico-total faim 13.12 (3)
Este subsidio directo a los fabricantes de dichos alimentos se sumaría al subsidio implícito del que ya disfrutan quienes son compradores mayoristas de trigo o maíz en la Argentina. Es que para empezar, molinos harineros o empresas avícolas pueden comprar esos insumos a valores 12% menores que en el mercado internacional debido al efecto de las retenciones, que son un primer mecanismo para desacoplar los precios internos de los externos.
Pero luego, desde el regreso del kirchnerismo al poder también se han establecido diferentes intervenciones en los mercados de trigo y maíz, que consisten en cerrar antojadizamente las exportaciones para que haya mayor oferta disponible en el mercado doméstico. Esta situación usualmente provoca un desacople todavía mayor de los precios que cobran los productores de ambos cereales y que pagan las industrias que los utilizan dentro del país.
En algún momento del gobierno de Cristina Kirchner, por la combinación de retenciones y estos descuentos internacionales, los chacareros argentinos llegaron a cobrar (sin considerar la becha cambiaria) menos de la mitad de lo que se pagaba en el mundo por el trigo o el maíz. En aquellos años, por este motivo, se redujo la producción de ambos granos, en especial de trigo, llegando al punto de casi tener que importarlo.
Estos descuentos que “abaratan” sus insumos no parecen ser suficiente para avícolas y molinos. Por eso Domínguez y su equipo preparan este nuevo mamarracho, tratando de emular un fideicomiso que utiliza la industria aceitera para subsidiar el precio interno del aceite comestible. Pero ambas situaciones no se compadecen, porque los fondos del fideicomiso aceitero se reparten entre un puñado de empresas, mientras que la cámara que integra a los frirgoríficos avícolas (CEPA) tiene 35 socios, la de elaboradores de pastas secas también cuenta con 35 integrantes y la Federación de Industrias Molineras (FAIM) suma 65 empresas, a los que habría que agregar algunas decenas más de la asociación que nuclea a los molinos de menor escala (Apymimra).
El documento de Agricultura, sin embargo, planea destinar la friolera de 14.645 millones de pesos (según un cálculo hecho en base a los precios del trigo y maíz de noviembre pasado) para subsidiar a los molinos harineros, los fabricantes de fideos y las empresas avícolas. El mayor aporte (12.400 millones) sería por el trigo, en tanto que el subsidio al maíz representaría 2.245 millones. Es que se calcula que se necesitarán 3,13 millones de toneladas de trigo (sobre una cosecha de 20 millones) para subsidiar los paquetes de harina. Y 1,5 millones de toneladas de maíz (sobre una cosecha de 50 millones) para dar alimento barato a los pollos.
Ahora bien: ¿Quién pondrá esa plata? Está claro que no será el Estado.
El proyecto oficial calcula que se podrían recaudar los recursos necesarios de los propios exportadores de trigo y maíz, ya que sus ventas en lo que va del año (entre enero y octubre) superaron los 10 mil millones de dólares. Queda claro que el grueso corresponde a un puñado de empresas multinacionales (Cargill, Dreyfus, Viterra, Cofco, Bunge, ADM) y algunas nacionales (Molinos Agro, AGD, ACA). Y queda claro también que, cualquiera sea el tamaño del aporte que deban hacer al fideicomiso, se descontarán los montos de los precios pagados al productor, como sucede con las retenciones.
Por eso se corre el serio riesgo de que este fideicomiso ideado por Domínguez y el secretario de Comercio, Roberto Feletti, termine siendo una retención encubierta, como ya sucedió en los tiempos en que el propio Domínguez (que ya fue ministro entre 2009 y 2011) manejaba el comercio exterior agropecuario junto con Ricardo Echegaray y Guillermo Moreno. Y es precisamente lo que sucede con el fideicomiso aceitero vigente, que representa un derecho de exportación indirecta para la soja.
Para crear este engendro, la estrategia oficial se plantea crearlo por Resolución conjunta de Agricultura y el ministro de Desarrollo Productivo de Matías Kulfas (del cual depende Feletti, al menos en los papeles), para que a partir de allí “todo exportador de trigo, maíz y carne aviar y sus correspondientes derivados estarán obligados a ser parte del aporte al fondo”.
“Las compensaciones se pagarán una vez comprobado el abastecimiento en valor y volumen al mercado interno”, dice la propuesta oficial, que asegura que “habrá mecanismos de revisión para evitar distorsiones”.
Seguramente se traten de los mismos mecanismos de control que rigieron cuando la ex ONCCA distribuía millonarios subsidios en el mismo sentido de los que se propusieron ahora. La historia de ese organismo terminó en febrero de 2011, cuando Cristina Kirchner hizo firmar a todos sus ministros un decreto de disolución del organismo, cuando era ya imposible esconder los numerosos casos de corrupción cometidos en el reparto de esos fondos.
La entrada Frankestein sigue vivo: El gobierno prepara un engendro para tratar de compensar a molinos y avícolas por la suba de los precios del trigo y maíz se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada En medio del recambio de ministros, Topo Rodríguez recordó que el gobierno incumplió con su obligación de compensar al sector por la suba de retenciones a la soja se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>
La obligación de establecer planes para “segmentar” las retenciones en favor de los chacareros más chicos fue establecida por la Ley de Emergencia Económica que se dictó ni bien asumió Fernández. En el artículo 53 de esa ley, luego de autorizar al gobierno a subir las retenciones, se establecía que “se deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas”. Pero eso sucedió solo parcialmente.
El ministro saliente Basterra implementó durante el primer año de gestión un mecanismo de reintegro de retenciones para pequeños productores de soja, que distribuyó con bastante demora unos 6.000 millones de pesos entre unos 40.000 chacareros, equivalentes a sus ventas de soja de la campaña 2019/20. Pero aunque las retenciones a la soja se mantuvieron en el tope del 33% al año siguiente, el Ministerio de Agricultura no repitió ese mecanismo o alguno semejante, incumpliendo con la obligación que le había fijado el Congreso.
Por eso Rodríguez, que lidera el bloque de Consenso Federal, aprovechó el recambio de Basterra por Domínguez en la cartera nacional para recordar que en abril pasado presentó un proyecto de ley para subsanar esta situación. El dirigente político calculó a grandes trazos que el Gobierno le estaría debiendo unos 12.000 millones de pesos a los pequeños productores de soja por este incumplimiento.
El proyecto de Rodríguez modifica el artículo 53 de la Ley 27.541, en lo referido a la “extensión de la vigencia de los Programas y Políticas de Compensación y Estimulo a los Derechos de Exportación”. Su discusión está pendiente en las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y la de Legislación General en Diputados:
1686-D-2021 Proyecto Modificación Ley de Solidaridad (1)“Topo” recordó que Agricultura solo estableció a través del Decreto 786/2020 un Programa de Compensación y Estímulo que duraba solo hasta el 31 de diciembre de 2020. Y que pagó a los premios las sumas que correspondían al cálculo aplicado (aunque no hay certeza de que hayan cobrado todos los beneficiarios).
Pero el diputado lavagnista subrayó que “s dable mencionar que el artículo 52 de la Ley 27.541 también establece que el Poder Ejecutivo Nacional podrá ejercer sus facultades hasta el 31 de diciembre de 2021”.
“Con las actuales reglas, el Poder Ejecutivo Nacional toma para el Estado recursos equivalentes a un año entero de compensaciones que deberían estar en manos de pequeños y medianos productores”, explicó, en referencia a que nunca se estableció un nuevo mecanismo para reintegrar a los chacareros al menos una parte de los 3 puntos de retenciones adicionales a la soja que se les descontaron, justo en un año de altísimos precios internacionales.
Por eso, Rodríguez argumentó que su proyecto de ley apunta a corregir este repentino olvido de las autoridades, un planteo que ni siquiera ha sido hecho por las entidades de la Mesa de Enlace.
La entrada En medio del recambio de ministros, Topo Rodríguez recordó que el gobierno incumplió con su obligación de compensar al sector por la suba de retenciones a la soja se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Acceso a la información pública: Todavía hay 138 juicios que reclaman millones al Estado por las compensaciones de la ex ONCCA ¿Qué empresa los impulsan? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Tan malos fueron los resultados de esa experiencia que en febrero de 2011 la propia ex Presidenta disolvió la ONCCA por decreto, sin mayor explicación. “Muerto el perro, se acabó la rabia”, debe haber pensado Cristina. De paso, con esa definición, cooperó para que uno de sus principales alfiles, el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, quien mantenía control sobre la ex ONCCA, tuviera que dar explicaciones a la justicia, pues bien probado estuvo que una parte importante de todo ese dineral se destinó a alimentar uno de los circuitos de corrupción más escandalosos de aquella gestión.
Pero el perro nunca murió. Sigue ladrando y amenaza con volver a mordisquear los dineros públicos.
Un pedido de acceso a la información pública efectuado al Ministerio de Agricultura por parte de Bichos de Campo, y que fue contestado en tiempo y forma por esa cartera, reveló ahora que, a diez años de la disolución de aquel cuestionado organismo, existen por lo menos 138 juicios en los que empresas de diferente fuste reclaman al Estado el pago de compensaciones pendientes de aquella política, que no solo resultó muy costosa e ineficiente sino que además dejó parte de la cuenta sin pagar.
La información remitida por Agricultura identifica por primera vez a los molinos, feedlots, aceiteras, frigoríficos y hasta productores de trigo que continúan litigando contra diversos organismos para cobrar esos dineros largamente adeudados. Las cifras exactas de ese millonario pasivo se desconocen, pero se saben multimillonarias. Extraoficialmente se hablaba de un saldo de unos 3.000 millones de pesos que, en caso de fallos adversos, todavía deben ser actualizados por las tasas de inflación que superaron largamente el 2.000% durante todos estos años.
Aparte de las costas y todo ese fiambre.
Está claro que Cristina, Echegaray y el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, le siguen costando muy caro a todos los argentinos a pesar del paso de los años. Moreno, que siempre dice actuar como un defensor de los intereses populares, es uno de los grandes responsables de este complicado enjambre judicial. ¿Por qué? Porque un organismo que estaba a su cargo, la UCESCI, heredó los expedientes de la ex ONCCA luego de que la disolviera Cristina en 2011. Y sus abogados casi nunca respondieron a los reclamos que hacían las empresas privadas que reclamaban por sus deudas.
Este es el listado, por orden alfabético, de las empresas que mantienen juicios:
listado de emprsas que iniciaron juicios a la ex oncca
Hay muchas empresas de gran porte que litigan por las deudas de la ex ONCCA. Por ejemplo, los molinos Morixe y Lagomarsino, o las empresas agrícolas Los Grobo, Nidera Semillas y AdecoAgro, También las alimenticias Molinos Cañuelas y Molinos Río de la Plata. Pero la mayoría de los casos corresponden a feedlots, que cobraban compensaciones por el maíz que compraban para engordar a los bovinos, como estrategia para bajar los precios de la carne.
El de los corrales de engorde fue uno de los sectores más beneficiados por los subsidios de Moreno, Cristina y Echegaray, pero también uno de los que más sospechas de corrupción despertaban. Sabido es que hubo feedlots que no existían que cobraron dinero, otros que inflaron sus existencias ganaderas. También hubo casos en que los subsidios se desviaron a nombre de indigentes y es vox populi que existían una “ONCCA Paralela” donde se cobraban coimas para destrabar los pagos. Hasta se sospechaba que el propio Echegaray iba a cobrar los subsidios que correspondían a un feedlot creado en 2009 en la localidad de Punta Alta, su ciudad de origen. El domicilio legal de la firma era un departamento propiedad de su esposa.
Justo es reconocer que el gobierno de Alberto Fernández -y de Cristina- heredó el problema de la gestión de Cambiemos, que primero se propuso investigar a fondo cada reclamo antes de proceder con los pagos reclamados, pero luego fue pateando la definición. Finalmente cayó derrotado en diciembre de 2019 y el asunto le explotó en manos de la nueva gestión a cargo de Luis Basterra. En octubre de 2020, Agricultura contrató como asesor a uno de los abogados dilectos del Instituto Patria, Eduardo Barcesat, y una de las explicaciones fue que iba a dedicarse al análisis de estos expedientes.
El pedido de acceso a la información pública que fue positivamente respondido por la cartera de Basterra ahora quita las sombras respecto de la identidad de quienes reclaman, pero no sobre las cifras en juego ni sobre la estrategia que adoptarán las autoridades nacionales frente a los planteos judiciales.
Pero en la respuesta oficial se advierte que lo más probable es que todos debamos hacernos cargo de este muerto.
“De acuerdo a los registros obrantes en el Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ), que resulta de uso obligatorio para los servicios jurídicos con juicios a cargo del Estado Nacional, surgen un total de 138 juicios en trámite, por reclamaciones de compensaciones”, se informó a Bichos de Campo.
Los abogados del Minagro también avisaron que lo más probable es que el Estado termine pagando frente a los fallos adversos. “Debido a que en la República Argentina el control de constitucioalidad es judicial, en aquellas sentencias donde pudo haber condena, conforme a derecho, se ejecutará la decisión según lo haya decidido el propio juez y la Cámara Federal de la que dependa, o cuando se expida en definitiva la Corte Suprema”, establecieron.
¿Y cuánto pagarán? ¿La cifra original o una actualizada? También es un tema abierto. “En lo que sea materia de diferendo judicial, el mecanismo de actualización será el que entonces el fije en definitiva la sentencia, en el sentido antes indicado”. Y lo mismo con las costas y los plazos: “Todo aquello que haga a los trámites de pago por las causas judicializadas, se hacen conforme las norma procesales y en los términos que la sentencia prevé”.
“No obstante lo anterior, se hace saber que ésta Dirección General está llevando adelante un relevamiento de los expedientes administrativos físicos, tendiente a evaluar el actual estado de dichas actuaciones en el marco de la Resolución SAGYP 21/19. Las tareas allí indicadas, cuentan con las dificultades propias de los protocolos sanitarios imperantes para resguardo de la salud” en el marco de la pandemia, aclararon los letrados del Estado.
¿Será justicia?
La entrada Acceso a la información pública: Todavía hay 138 juicios que reclaman millones al Estado por las compensaciones de la ex ONCCA ¿Qué empresa los impulsan? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Bichos presentó un nuevo pedido de acceso a la Información Pública: ¿Cuáles son las empresas que todavía reclaman compensaciones de la ex ONCCA? ¿Y por cuánto? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Se reconocía de este modo que todavía quedaban empresas (aceiteras, molinos, feedlots y de otros rubros) que reclamaban al Estado cobrar parte de las “compensaciones” que distribuyó la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA entre 2008 y 2011). En ese tramo el organismo fue administrado por Ricardo Echegaray, Emilio Eyras y Juan Manuel Campillo. Durante esas gestiones fueron públicas múltiples denuncias por posibles casos de corrupción en la distribución de esos fondos públicos. Tantas, que incluso condujeron a la decisión de disolver la ex ONCCA en febrero de 2011.
Ocho años después, según confirmaba la Resolución 21/2019, había deudas pendientes de pago. Según versiones extraoficiales, las empresas alimenticias que no habían cobrado reclamaban del Estado una suma cercana a 3.000 millones de pesos.
La mencionada Resolución 21/2019 disponía que en el Ministerio de Agricultura, que había recibido los expedientes de pago pendientes desde la disuelta ex UCESCI de la Secretaría de Comercio Interior, se declaraban “concluidos los procedimientos administrativos originados a partir de la presentación de solicitudes de compensaciones al consumo interno”, y se suspendían “por el término de 180 días los efectos de los actos administrativos que hayan reconocido las compensaciones mencionadas en el artículo precedente”.
Ese plazo de “no innovar” fue prorrogado por 90 días en la Resolución 211/2019, de noviembre de ese año. Quedaban pocos días para el cambio de gobierno, Cambiemos ya había perdido la elección y la decisión de no pagar esas deudas sospechosas se trasladaba para febrero: la papa caliente quedaría en manos de la nueva gestión. La decisión final respecto de estos expedientes corresponderían a las nuevas autoridades del Ministerio de Agricultura, que a partir de diciembre de 2019 quedó a cargo del agrónomo Luis Basterra.
Esta nueva gestión publicó a fines de abril de 2020 la Resolución 16/2020, que amparándose en la situación de emergencia económica y pandemia, y alegando que “atento al cambio de autoridades, aún no se ha concluido con los trámites respectivos”, suspendió el cómputo del plazo previsto en la resolución del artículo anterior.
Sin plazos perentorios para resolver si correspondía o no pagar esas millonarias compensaciones, en octubre de 2020 el propio Basterra designó como asesor especial de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio al reconocido abogado Eduardo Barcesat, quien ante consultas periodísticas sobre los motivos de su nombramiento explicó que iba a dedicarse al análisis de esos ciertos expedientes de la ex ONCCA, entre otros temas. Barcesat pertenecía a la estructura del Instituto Patria, al igual que la jefa de Gabinete de Basterra llamada Diana Guillén.
Una mujer de 71 años es la que maneja los verdaderos hilos del poder en el Ministerio de Agricultura
En abril de 2021 una evidencia de que Agricultura todavía no había resuelto por la negativa o la positiva estos expedientes de pago fue que la empresa molinera Morixe admitía en sus balances públicos que a diez años de la disolución de la ex ONCCA todavía reclamaba el pago de 245 millones de pesos pendientes.
En este pedido de acceso a la información pública que Bichos de Campo presenta a las autoridades del Ministerio de Agricultura mediante los mecanismos legales vigentes se pretende que conocer estas precisiones:
- El listado de empresas que todavía reclaman deudas por aquel régimen de compensaciones que ejecutó la ex ONCCA hasta febrero de 2011, dando a conocer la identidad de cada sociedad, su número de CUIT y el monto que reclama a las autoridades.
- Que exponga cuál ha sido su decisión sobre esos expedientes de pago, si ya se ha tomado. Y que explicite si en el caso de que se estén reconociendo las deudas reclamadas por las empresas, como se procederá a efectuar los pagos y si se aplicará algún mecanismos de actualización de los montos.
Este medio de comunicación ya había utilizado este recurso de acceso a la información pública en el caso de los supuestos 15 exportadores de carne que habían sido suspendido, y que en realidad nunca fueron tales. Muchos de ellos incluso fueron rematriculados a los pocos días.
En esta ocasión vinculada a las compensaciones pendientes de la ex ONCCA, ya se efectuó la consulta periodística pertinente al área de comunicación del ministerio, pero han pasado 15 días y no obtuvimos respuesta. Ahora empiezan a correr los 15 días en que deben responder lo que se solicita según los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública.
IF-2021-64305047-APN-DNAIPAAIPLa entrada Bichos presentó un nuevo pedido de acceso a la Información Pública: ¿Cuáles son las empresas que todavía reclaman compensaciones de la ex ONCCA? ¿Y por cuánto? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Un juez federal obligó al Ministerio de Agricultura a regularizar el pago de una compensación pendiente a un pequeño productor de soja se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El productor es Oscar Lorenzo Forconi y su empresa agropecuaria se llama Italia Chica SA. Su hija Yanina, abogada e integrante de la Federación Agraria, decidió llevar el caso a tribunales.
Forconi era uno de los 40 mil pequeños productores de soja que debía cobrar la devolución de retenciones que le correspondía según el cálculo que la AFIP envió al Ministerio de Agricultura para hacer operativa este reintegro. El esquema surgió por orden del Congreso al gobierno de Alberto Fernández, en la Ley de Emergencia sancionada en diciembre de 2019, apenas asumió la presidencia. Como esa ley autorizó una suba de 3 puntos en las retenciones a la soja, llevándolas al tope de 33%, se ordenó al Ejecutivo que procediera a algún tipo de “segmentación”. Es lo que hizo el Ministerio de Agricultura, pero han pasado 14 meses desde aquella cosecha de soja y mcuhos chacareros no vieron un peso.
El primer listado de productores beneficiados fue publicado a fines de noviembre como adjunto a la Resolución 237/2000, firmada por Luis Basterra. Y allí figuraba la firma Italia Chica SA con su número de CUIT. El dinero, según la promesa oficial, debía ser depositado directamente en el CBU del productor en los meses de noviembre y diciembre, pero eso nunca sucedió. Desde ahí han pasado además otros seis meses sin tener noticias.
Por eso Forconi se presentó a los juzgados federales de Junín con una acción de amparo por mora contra el Ministerio de Agricultura y la AFIP, ya que ese organismo estuvo involucrado en el cálculo del reintegro que le correspondía a cada productor. El productor damnificado solicitó a la justicia que ambos organismos “se expidan respecto del reclamo efectuado por el pago que se le adeuda en concepto de compensaciones”.
Es que eso es lo peor… No solo no le pagaron al pobre productor sino que además, cuando efectuó el reclamo ante el Ministerio de Agricultura, nadie le contestó ni informó nada sobre su caso.
El reclamo se efectuó luego del 25 de febrero pasado, cuando en la página web del Ministerio se habilitó un acceso específico para pedir por los saldos impagos. “El sitio direcciona automáticamente a la página de la AFIP”, explicó el damnificado. La página oficial, luego de que cargara los datos, “no entregó constancia alguna como tampoco un número de trámite que permita seguirlo. Sólo se puede escribir un mensaje y, al enviarlo, la página se cierra”, describió el chacarero.
Frente a la demanda, el juez Plou citó a las dos instituciones implicadas para que den sus explicaciones. Las representantes de la AFIP argumentaron desde el vamos que ese organismo no tuvo nada que ver con el nacimiento del programa de compensaciones y ni siquiera intervino en su reglamentación. Por eso, afirmaron que resultaba contradictorio “que se pretenda imputar a su representada algún tipo de responsabilidad por la mora de un pago que ella no estableció, no debe aprobar y mucho menos depositar en la cuenta del accionante, siendo completamente ajena al reclamo”.
En representación del Ministerio de Agricultura luego se presentó ante el juez su representante legal Rodrigo Galarza Seeber, quien revista de Director General de Asuntos Jurídicos de esa cartera nacional . Y lejos de lo que era visible, que el Ministerio estaba en mora con los pagos prometidos por Basterra- lo hizo “negando cada uno de los hechos”.
Relata el fallo que el abogado estatal “precisó que la Administración no incurrió en mora y no se encuentra vencido plazo alguno puesto que se ha procedido en un todo conforme con la Resolución 237/2020”. Según esta particular mirada, no correspondía la intervención de la justicia por cuanto “se encuentran en proceso las acciones que prevé la propia resolución, que la actora sabe y conoce”.
Al parecer, Galarza Seeber informó ante la justicia que en el caso particular de Italia Chica SA, más allá de que su orden de pago fuera publicada en el Boletín Oficial del 27 de noviembre, luego “se le requirieron a la AFIP algunas especificaciones y se puso nuevamente a la actora bajo análisis”, y que por lo tanto “sin levantar los ‘hallazgos’ no es factible efectivizar el pago”.
Según surge del fallo, el abogado del Ministerio de Agricultura hasta parece luego burlarse del productor damnificado al mencionar “la notoria orfandad argumental y probatoria respecto de la pretensión de expedirse sobre un reclamo que se alega presentado vía web, que no suple el régimen de reclamaciones administrativo previsto en la ley 19.549. Tampoco se ha informado que exista expediente administrativo de petición efectuado por el accionante. Que no se encuentra acreditado cuáles serían los plazos que se
encuentran vencidos para que la Administración se expida”.
Turro el letrado: te mandaban a efectuar un reclamo a la página web y no te daban comprobante, como para que él venga después a decirte que no hay ningún expediente iniciado con el reclamo.
Y como buen abogado, también terminó pidiendo que las costas las pague el productor afectado.
Por fortuna, el juez hizo una rápida comprobación de los hechos fácticos.
- “De las constancias de la causa surge que la sociedad actora se encontraba en el listado que conformaba el Anexo I de la Res. 237/2020, publicada con fecha 27/11/2020, como beneficiaria del programa”.
- “De la prueba acompañada se vislumbra el instructivo contenido en la página del Ministerio de Agricultura para llevar adelante el reclamo por “Compensaciones 2020” donde la página web guía al particular en su proceder, debiendo el interesado llenar los formularios respectivos y enviarlos, tal como lo hizo la actora.
- “De los artículos periodísticos surge claramente que para los que no cobraron las compensaciones, el Ministerio demandado habilitó la página web en cuestión, para recibir los reclamos, tal como se indicara precedentemente”.
“Repasando las circunstancias fácticas puestas de manifiesto por las partes cabe concluir en que otra debió ser la conducta de la demandada para resolver el trámite de la actora”, retó Plou al Ministerio de Agricultura, y también rechazó el pedido de la AFIP de ser excluida de la causa pues “los formularios a completar estaban contenidos en su página, al igual que su intervención en las resoluciones indicadas, lo que hace presumir que debe ser parte en el juicio con independencia del resultado final”.
En definitiva, el juez federal de Junín resolvió incluir a la AFIP en el caso y “hacer lugar a lo peticionado por Italia Chica SA, ordenando al Estado Nacional -Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca- que comunique al particular el número y carátula de su expediente, resolviéndolo dentro del plazo legal y, en caso que falten datos o la presentación sea deficiente, deberá comunicarle, en un único pedido, cada requisito a cubrir o deficiencia a salvar, pasando a resolver el pedido sin más trámite”.
Este fallo, por supuesto, podría dar pie a nuevas presentaciones de productores que salieron en el listado de 37 mil CUIT beneficiarios de la compensación que se publicó en noviembre, pero que jamás lo cobraron. Y a los reclamos de otros 4.000 productores pequeños de soja que debían cobrar en el primer trimestre de 2021, según la promesa oficial, pues vendieron la soja luego del 30 de septiembre de 2020, fecha definida como primer corte para la tarea de procesamiento de datos efectuada por la AFIP.
Pero lo más lindo es que Plou también decidió en esta primera instancia “imponer las costas a las demandadas vencidas por haber dado lugar a la acción”.
In your face, abogado Galarza Seeber.
Lo más triste es que por la incompetencia de los funcionarios de Agricultura, que siempre se han excusado de estas demoras diciendo que el Ministerio de Economía no les gira los recursos para terminar de saldar estos pagos pendientes, todos nosotros -sufridos contribuyentes del Estado Argentino- terminaremos pagando en esos honorarios mucho más dinero del que el gobierno prometió devolver a los pequeños chacareros que producen soja.
La entrada Un juez federal obligó al Ministerio de Agricultura a regularizar el pago de una compensación pendiente a un pequeño productor de soja se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Salió subsidio de 950 millones de pesos para subdistribuidoras de gas: Productores de soja deberán seguir esperando se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El subsidio, denominado “asistencia económica transitoria”, consistirá en el reconocimiento del 25% de la facturación que en concepto de compra de gas natural –neto de impuestos– abonen mensualmente las subdistribuidoras durante el período comprendido entre mayo y noviembre de 2021.
La medida se tomó luego de que representantes de la Federación de Subdistribuidores de Gas (Fesubgas) y el Instituto de Subdistribuidores de Gas (ISGA) informaran al secretario Martínez “su delicada situación financiera y solicitaron medidas paliativas para el sector”, según indica la resolución 507/2021.
Lamentablemente, no sucede lo mismo en el sector agrícola. En noviembre del año pasado el Ministerio de Agricultura aprobó el primer tramo del pago de las compensaciones para unos 37.000 pequeños productores de soja por una suma del orden de 6800 millones de pesos.
Mientras que el primer tramo del pago correspondió a las ventas realizadas hasta el 30 de septiembre de 2020, las concretadas con posterioridad a esa fecha, según la resolución 237/2020, debían ser acreditadas en tres cuotas a pagar en los meses de enero, febrero y marzo de 2021. Pero hasta el momento eso no ocurrió.
La erogación máxima que el Estado argentino se comprometió a realizar por ese concepto es de 11.500 millones de pesos, lo que implica que deberían quedar otros 4700 millones de pesos disponibles para distribuir entre los beneficiarios del denominado “Programa de Compensaciones y Estímulo para Pequeños y Medianos Productores de Soja”.
“Estamos trabajando con el Ministerio de Economía para ir resolviendo esta situación y se termine de pagar las compensaciones”, había asegurado a fines de marzo pasado el secretario de Agricultura Jorge Solmi.
SubdistribuidorasLa entrada Salió subsidio de 950 millones de pesos para subdistribuidoras de gas: Productores de soja deberán seguir esperando se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Solmi aseguró que ya está casi listo el segundo pago de la compensación para productores de soja: “Cuando Economía lo disponga se transferirá” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Mientras que el primer tramo del pago correspondió a las ventas realizadas hasta el 30 de septiembre de 2020, las concretadas con posterioridad a esa fecha, según la resolución 237/2020, debían ser acreditadas en tres cuotas a pagar en los meses de enero, febrero y marzo de 2021. Pero hasta el momento eso no ocurrió.
“Estamos trabajando con el Ministerio de Economía para ir resolviendo esta situación y se termine de pagar las compensaciones”, aseguró hoy el secretario de Agricultura Jorge Solmi.
“Economía le está dando las últimas puntadas. En el grueso de los productores ya se realizaron todos los cruces, se han enviado los listados a Economía y cuando, éste lo disponga, se le transferirá la compensación”, añadió el funcionario en declaraciones realizadas a la agencia oficial Télam.
La erogación máxima que el Estado argentino se comprometió a realizar por ese concepto es de 11.500 millones de pesos, lo que implica que deberían quedar otros 4700 millones de pesos disponibles para distribuir entre los beneficiarios del denominado “Programa de Compensaciones y Estímulo para Pequeños y Medianos Productores de Soja”.
El beneficio se asigna según lo determinado por un “barrido” del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) a partir de los CUIT que en hayan facturado hasta 20 millones de pesos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 o bien hayan sembrado un máximo de 400 hectáreas sembradas con soja en ese mismo período.
“Las políticas del Ministerio (de Agricultura) tienen que ser, incluso la fiscal, políticas segmentadas en relación al tamaño del productor y a la región de producción. Hay compensación de retenciones para productores chicos, dependiendo de dónde esté radicado. Esto está fluyendo y ahora estamos esperando la nueva partida para asignar las compensaciones para aquellos productores que vendieron su producción luego de septiembre, que es la cuota que está faltando”, apuntó Solmi.
Cada beneficiario debe ser compensado por las ventas de granos de soja realizadas hasta el 31 de diciembre de 2020, pero con un tope de hasta 2,90 toneladas/ha de soja para productores de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, mientras que para el resto del territorio nacional el mismo es de 2,50 toneladas/ha.
El monto en pesos por percibir es determinado al multiplicar las toneladas de granos de soja vendidas en cada liquidación primaria de granos –con los topes antes mencionados– con el siguiente factor por escala y zona:
La entrada Solmi aseguró que ya está casi listo el segundo pago de la compensación para productores de soja: “Cuando Economía lo disponga se transferirá” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada “Nunca me manifesté en contra de las retenciones. Hay momentos en que se pueden aplicar y otros no”, señaló Jorge Solmi, el nuevo secretario de Agricultura se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En una entrevista con Bichos de Campo, el nuevo secretario (que oficia además como viceministro de Agricultura) se refirió a diferentes cuestiones vinculadas a la política agropecuaria y em particular al comercio de granos. Defendió la idea de que el Estado debe modificar la alícuota de retenciones en función de la situación de los productores, para no asfixiarlos, y también consideró que no son aconsejable las intervenciones del Estado en el mercado, aunque las justificó en algunos casos..
Por otro lado, como histórico defensor de las políticas de segmentación, Solmi anticipó que se están ultimando detalles para hacer efectivo el pago de compensaciones pendientes a los pequeños productores de soja, una suerte de devolución que fue impuesta por ley del Congreso luego de que presidente Alberto Fernández anunciara la suba de los derechos de exportación de soja de 30 a 33% en marzo de 2020.
“Están por cobrar la cuota a los productores que vendieron luego del 30 de septiembre (era la fecha de corte establecida). Hay un cruce de datos importante y cumplido eso se les pagará seguro durante este mes”, dijo Solmi. Se trata de cerca de 4 mil productores pequeños de soja. Hay un listado de unos 37 mil productores pequeños que ya tenían orden de pago pues habían vendido su cosecha antes del 30 de septiembre. De ellos, la mayoría cobró en diciembre, pero hay quejas de varios casos impagos.
Escuchá la entrevista a Jorge Solmi:
La ley de Emergencia Económica que impuso esta devolución de retenciones para pequeños productores permanece en vigencia, por lo que este esquema -o alguno semejante- debería repetirse mientras dure la suba de retenciones a la soja en el tipo del 33%. Al menos eso es lo que dicen los papeles. 0
Pero respecto de esa posibilidad, Solmi dijo que “tenemos que mirar que va a suceder con la (cosecha) gruesa este año, no está resuelto el cuadro fiscal. Hay una ley ley que autolimita al Poder Ejecutivo en materia de retenciones y que establece una devolución y se cumplirá con esa ley”, prometió.
El funcionario, que proviene del massismo y en el conflicto de 2008 fue un activo opositor a la aplicaicón de la Resolución 125, aclaró cuál es su postura sobre la aplicación de derechos de exportación y qué esquema le parece más conveniente-.
“Nunca me manifesté en contra de las retenciones, no debemos ser dogmáticos respecto de este tema. Hay momentos en que se pueden aplicar y otros no. Por ejemplo en los 90 había derechos de retenciones cero y más de 13 millones de hectáreas hipotecadas y estaban las mujeres en lucha trabajando para que no se rematen los campos”, recordó.
Solmi se mostró a favor de instrumentar un esquema móvil de retenciones aunque lamentó que del tema no se pueda hablar desde el conflicto de 2008. “El problema es que del derecho de retención móvil hoy no se puede hablar, es políticamente erróneo. Pero hay momentos de la economía donde no se puede soportarlas (a las retenciones) y otros sí. Hay que revisar esta cuestión y no deben ser estables en el tiempo, pero hay sectores dogmáticos que obstaculizan esto”.
En tal sentido consideró que los derechos de exportación no deben impedir que el productor invierta, se capitalice y destacó que “en función de eso debe moverse el cuadro fiscal”.
En materia impositiva informó que en el Ministerio de Agricultura se está trabajando en los “puntos finales” del proyecto de ley que impulsó el Consejo Agroindustrial y que fue mencionado por el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.
En tal sentido dijo que “la idea es que el productor tenga la posibilidad de diferir y tener beneficios impositivos por ejemplo en (el impuesto a las ) Ganancias”.
Finalmente se refirió a los tan temidos cierres de exportaciones. A fin de 2020, el propio Ministerio de Agricultura cerró los embarques de maíz y eso generó fuertes críticas y enorme temores de toda la cadena agrícola, debido a los nefastos recuerdos y grandes perjuicios que causaron a los productores cuando la llave de esos registros la tenía Guillermo Moreno a través de los ROE.
“Tenemos tensiones porque en nuestro país la exportación se abastece y compromete la mayor cantidad de productos ni bien termina la campaña. Por eso el trigo ya está jugado, no hay puja o es mínima hasta la cosecha que viene. Esa modalidad genera tensiones y tenemos que tratar de que no sucedan en el futuro. Debemos estar presentes. Hay que parar la pelota, que el sector privado se trate de acomodar. Lo que menos se quiere es tener que imponer la fuerza del Estado para que los privados tengan libre juego”, aclaró el flamante funcionario.
La entrada “Nunca me manifesté en contra de las retenciones. Hay momentos en que se pueden aplicar y otros no”, señaló Jorge Solmi, el nuevo secretario de Agricultura se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>