Con este resultado, el primer trimestre de 2019 se constituyó como el peor primer trimestre del período bajo análisis, que va de 2015 a la actualidad.

Desagregando los datos, los resultados muestran que 16 de las 18 economías que se observan para componer este índice se encuentran peor que hace un año.

“Dentro de este grupo mayoritario se destacan los complejos que hoy se encuentran bajo a emergencia agropecuaria: peras, manzanas y cítricos. Estas economías mostraron en el primer trimestre del año caídas de dos dígitos en su competitividad multidimensional: -18,7% en peras, -11,6% en manzanas y -16,4% en cítricos”!, precisó un documento difundido por Coninagro.

La competitividad se mide, para estos complejos productivos, tomando en cuenta varios ejes multidimensionales.

“Las economías de peras, manzanas y cítricos se vieron afectadas por el desenvolvimiento negativo del contexto macroeconómico, mostrando en los tres casos caídas superiores al 10% en dicha dimensión. Dentro de este apartado, los principales causantes corresponden al marcado deterioro del poder adquisitivo de la población (mayor al 10%) y un menor acceso al financiamiento”.

Por su parte, la dimensión correspondiente al desempeño económico afectó profundamente a las economías regionales mencionadas, con una caída promedio de la misma de 20% interanual.

“El complejo de peras fue el que sufrió los mayores golpes como consecuencia de un marcado retroceso del precio al productor (-40% en términos reales), lo que indica que el precio se incrementó muy por debajo de la inflación) y una caída de más de 30% en el consumo interno”, se explicó.

Queda claro que en esta composición de la competitividad tomando diversos factores, la fuertísima devaluación del peso producido en 2018 ya no alcanza a compensar otros desequilibrios.

En rigor, las pérdidas siguieron acumulándose a pesar de que “las economías de peras, manzanas y cítricos se vieron beneficiadas por un buen desempeño en el frente externo gracias a una ganancia de competitividad cambiaria (9% promedio) como consecuencia de la devaluación y a pesar de la imposición de retenciones y disminución de reintegros a la exportación”.

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Sobre el filo del final de la reunión de la denominada “Mesa de Competitividad de Cultivos Extensivos”, Macri confesó ante los interlocutores del agro que le estaba “costando mucho” convencer a las provincias y los municipio de la necesidad de reducir el gasto público en todas las escalas de gobierno: nacional, provincial y municipal. Fue entonces que pidió a los productores que se conviertan en “militantes” de esa causa, reclamando a sus gobernadores e intendentes una mayor intensidad en el ajuste del sector público.

Minutos antes, según contaron a Bichos de Campo dirigentes que participaron de esa reunión, el presidente se había manifestado abiertamente en contra del reclamo expresado por algunos gobernadores, en el marco de la discusión por la Ley de Presupuesto que se prepara en el Senado, para que el gobierno central reimplante el fondo federal sojero, a través del cual se coparticipaba a las provincias un 30% de la recaudación derivada de las retenciones aplicadas a ese cultivo y sus derivados. 

No fue la única novedad de alto voltaje político que se produjo en la reunión, donde hubo una larga rueda de exposiciones de las diversas entidades que componen la cadena agrícola: habló desde la Mesa de Enlace, en la figura del presidente de CRA, Dardo Chiesa, a los representantes de las entidades de cadena, las entidades técnicas como Aapresid y los hasta exportadores de granos.

La reunión tuvo un claro objetivo político para los máximos referentes de Cambiemos: mostrar que el diálogo entre el Gobierno y el sector rural no quedó lesionado luego de la reimplantación de los derechos de exportación y los amagues de una nueva suba generalizada de impuestos, motorizada por la necesidad oficial de cerrar las cuentas en 2019 con el tan mentado “déficit cero”. 

El encuentro de Trenque Lauquen también debe ser considerado como un gesto de respaldo político de Macri a su ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, ahora devenido en secretario dependiente del Ministerio de la Producción. 

Según las fuentes consultadas, el presidente y la gobernadora se mostraron siempre bien dispuestos a atender los planteos de los agropecuarios y hasta coincidieron con ellos en varias ocasiones. Por ejemplo, sucedió cuando alguien expuso los temores del sector ante la catarata de ordenanzas y fallos judiciales que ordenan restringir las aplicaciones con agroquímicos en torno a zonas pobladas o escuelas rurales. “Argentina tiene una tendencia al suicidio”, fue la reflexión de Macri, que se mostró crítico con la imposición exagerada de zonas “buffer” o de prohibición  a las aplicaciones.

Vidal, en tanto, se ganó la simpatía de los dirigentes bonaerenses (en la reunión estuvo Matías de Velazco, el presidente de la combativa Carbap), cuando despejó los temores ruralistas a un nuevo revalúo de los campos bonaerenses. La gobernadora dijo que eso ya lo habían hecho el año pasado y dio a entender que la recaudación por el Impuesto Inmobiliario Rural del año próximo crecerá en niveles cercanos a los de la inflación. 

Según los números que expuso la gobernadora, la Provincia perderá de recaudar unos 1.800 millones de pesos debido a las bajas comprometidas en el Impuesto a los Ingresos Brutos, y no llegará a compensar esa merma con la suba esperada en el Inmobiliario Rural, que estimó en 1.000 millones de pesos para el año que viene. 

Hubo consenso además, a partir de un pedido expreso de Aapresid, de la necesidad de que este año se apruebe en el Congreso una nueva Ley de Semillas que proteja las innovaciones en ese sector. Macri, por otro lado, se mostró molesto cuando el representante de Argentrigo  contó que a cierto panadero la bolsa de harina le había subido 3,75 veces este año, contra una suba de 100% en el valor del dólar, provocada por la inflación.

Luis Zubizarreta, como representante de Acoja pero también como integrante de la industria aceitera, se lamentó por la decisión del gobierno (tomada en conjunto con la eliminación del Fondo Sojero) de terminar con el diferencial histórico de retenciones, de 3%, que apuntalaba la molienda de soja y la exportación de harina y aceite, en lugar del grano sin procesar. Pero le salió al cruce con vehemencia el secretario Etchevehere, uno de los teóricos de esa medida que subsidiaba la industria y castigaba al productor.

El secretario indicó además en la reunión que “nuestro objetivo es un escenario de 180 millones de toneladas para 2028, para lo cual es necesario trabajar en políticas públicas que nos permitan alcanzarlo, tales como las buenas prácticas agrícolas, la tecnología y simplificación de trámites”.

En otro tramo se destacó la creación del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), cuyo sistema de scoring premia al productor que cumple con la AFIP y que comienza a funcionar desde este jueves 1 de noviembre. Quizás alguno recordó que ese fue un anuncio improvisado por el propio Macri en la última Expoagro, que finalmente pudo ponerse en marcha en un lapso de seis meses.

Del encuentro participaron admepas el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el secretario de Energía, Javier Iguacel, que prometieron la continuidad de muchas obras públicas en beneficio del sector. 

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El sapo, en realidad, debe de haber sido enorme, al punto de bloquearle la garganta y anudarles las cuerdas vocales. No se explica de otro modo que ninguna de ellas haya reaccionado todavía públicamente contra el artículo 83 del proyecto de Presupuesto 2019, que habilitaría al Ejecutivo a elevar ese tributo del tope del 12% actual hasta el 33% si fuera necesario.

Volvieron las retenciones. Y ahora piden permiso para subirlas hasta 33% si hiciera falta

Frente el silencio de la Mesa de Enlace sobre el As que el gobierno se guarda bajo la manga, apenas se conoció una carta de un grupo de productores “autoconvocados” que parecían furiosos con esa posibilidad. Pero ahora se sumó una voz institucional más sólida: la de la Federación de Acopiadores. 

“Hemos aceptado, en silencio, primero la eliminación de los reintegros a las exportaciones, luego el incremento de los derechos de exportación a la soja y la aplicación nuevamente de retenciones al trigo, maíz, economías regionales y a todos los productos exportables; todo ello adhiriendo al compromiso público asumido por el Presidente de la Nación en el sentido de realizar un último y necesario esfuerzo para reducir el déficit fiscal”, enumeró el comunicado de los acopiadores que “alerta” sobre el artículo 83 y pide que ese párrafo sea excluido de la ley de leyes.

Sobre la posibilidad de que el gobierno puede elevar las retenciones hasta el 33% hasta fines de 2020, la Federación indicó que “manifestamos nuestro más rotundo rechazo a tal iniciativa, ya que su sola mención nos retrotrae a conductas y políticas anti exportadoras que entendimos estaban perimidas, sobre todo cuando creemos estar imbuidos por una verdadera vocación por el cambio y desde el propio Gobierno se ha calificado a los derechos de exportación como pésimos tributos”.

Primeros síntomas de enojo ante la posibilidad de que suban las retenciones al 33%

“¿Acaso se puede pensar en fuertes inversiones cuando de la noche a la mañana el Poder Ejecutivo puede llevar los derechos de exportación al 33% alterando sustancialmente cualquier ecuación económica prevista? ¿Dónde queda la necesaria seguridad jurídica para alentar inversiones?” Esas fueron las preguntas de la entidad que dirige Fernando Rivara. 

Y para abundar, los acopios añadieron: “Nos preguntamos cómo puede ser que el Gobierno hable de reglas claras, seguridad jurídica, del supermercado del mundo y al mismo tiempo se reserve la potestad de confiscar en un instante un tercio de la facturación bruta de cualquier bien exportable”.

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Las exportaciones de productos lácteos no pararon de retroceder desde 2013. Pero este año podría revertirse esta tendencia y los embarques de leche en polvo, quesos y otros productos deberían recuperarse un 25% en volumen, respecto de los bajos niveles que tuvieron en 2017, según el escenario más probable de los vislumbrados por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA).

Luego de jugar con todas las variables posibles y trazar diferentes escenarios, los expertos que confeccionan este Observatorio dijeron que “la alternativa que podría presentar una mayor probabilidad de ocurrencia se puede ubicar en un nivel de exportaciones  de unos 1.800/1.900 millones de litros de leche equivalentes, lo que implicaría un 17/18% del destino de la producción y significaría un aumento del 25% respecto a las exportaciones de 2017”.

En 2017, según los datos oficiales, el sector realizó negocios con el exterior por 226 mil toneladas de productos lácteos y un valor de 727 millones  de dólares. Traducido a litros (la leche cruda necesaria para elaborar esas 226 mil toneladas de productos), significó que el exterior demandó 1.488 millones. Es decir que el año pasado el negocio de la exportación se llevó apenas 14,7% del total de la producción de leche, que fue de 10.097 millones de litros.

En 2011, año histórico en materia exportadora, ese porcentaje había superado el 24% y dos años después tocó un pico de 26,3%. Pero luego cayó estrepitosamente durante cuatro años seguidos y llegó al magro 14,7% del año pasado. Hay que remontarse a 2001 (con 12,3%) para encontrar una participación exportadora más débil que esa.

El OCLA traza ahora tres escenarios posibles para la remontada exportadora, previendo para 2018 un crecimiento de la producción de leche de entre 2 y 4%, y diferentes niveles de consumo interno. El crecimiento anual proyectado en la oferta de leche es menor al que se ha venido dando hasta mayo, que fue del 7,8% en la comparación contra los primeros cinco meses del año anterior. Pero eso se debe a que ese ritmo de crecimiento se ha ido “ralentizando” pues se contrasta “contra un período donde se dieron importantes inundaciones en la cuenca lechera central”.

En estos escenarios tan diversos, las posibilidades van desde exportaciones por solo 1.104 millones de litros a 2.196 millones. Pero el que eligieron los analistas habla de un salto del 25% en el acumulado anual, que es el que se ha venido dando hasta ahora, en el periodo enero a mayo.

Esta claro que los números ayudan a exportar, en especial la leche en polvo. Para fabricar 1 tonelada de ese producto se requieren 8.500 litros de leche cruda. Al precio internacional actual de ese alimento, de unos 3.200 dólares FOB por tonelada, y descontando gastos de Fobbing por 200 dólares más un costo industrial de unos 550 dólares, queda un valor de 2.450 dólares o unos 68.600 pesos (a un tipo de cambio de 28 pesos por dólar). Esto implica que la capacidad de compra de un exportador  supera los 8 pesos por litro de leche cruda.

Por eso, con esos números en vista, que son muy superiores a los 6,30 pesos que están cobrando los tamberos en la última liquidación, es que en la Mesa de Competitividad de la Cadena Láctea que se realizó la semana pasada se analizó seriamente la posibilidad de que los propios productores analicen las ventajas de comenzar a participar del negocio de la exportación de leche en polvo elaborada “a fazón”.

Los números, al parecer y luego de varios años, cerrarían. Aunque en el caso de los lácteos, la tortuga puede salir siempre por el lado más inesperado.

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“La suba del dólar de estos últimos días nos impacta bastante porque el 97% de nuestro mercado es el interno y porque nuestro gran insumo es el maíz y la soja, la cual tuvo aumento, aparte de que la genética y el equipamiento se paga a precio dólar. En un 62% la matriz de costo es el dólar”, dijo Prida a la agencia Télam durante la apertura de la Expo Avícola, en el Centro Costa Salguero.

Inauguración 10ma edición #ExpoAvicola 2018 12ma seminario internacional avicola y #ExpoPorcinos en Centro #CostaSalguero – #JavierPrida #Capia pic.twitter.com/TbsEgxD3FW

— JuliaLuzu (@JuliaLuzu) May 8, 2018

“Como sector, estamos en un momento que requiere más que nunca del compromiso de todos. Creemos que el crecimiento vendrá de la mano de la expansión de nuestros mercados externos, una expansión que confiamos está en la agenda del Gobierno”, sostuvo el directivo.

Pese a la recomposición de los precios internos que logró el sector productor de huevos en febrero pasado -luego de ajustar su oferta para el emrcado doméstico-, Prida argumentó: “El precio promedio del kilo de pollo es 30 o 35 pesos. Una docena de huevos está entre 35 a 40 pesos. No hay nada más barato que comer pollo, pero Argentina tiene una escala de desarrollo de producción tan importante que lo que necesita es buscar caminos o mercados externos. Estamos en un techo de consumo de pollo y huevo”, insistió.

“Si queremos seguir creciendo y transformar el maíz y la soja en proteínas, tenemos que buscar el mercado externo y la única manera es darle competitividad a las empresas: bajarle impuestos, convenios colectivos de trabajos razonable y financiamiento”, remarcó el dirigente de Capia.

Según datos de la entidad, en la Argentina la producción anual de carne de pollo es 2.100.000 toneladas, de las cuales solo 12% se exporta y el resto se consume en el mercado interno, a un promedio de 45 kilogramos anuales per cápita. Como el grueso de la industria está radicada en Entre Ríos, la exposición recibió la visita del gobernador de esa provicnia, Gustavo Bordet, que se mostró solidario con los productores.

No son momentos sencillos los que nos tocan atravesar, hay inestabilidad financiera y preocupación por la suba de tarifas, pero tenemos que ponernos al frente de las situaciones y acompañar a los productores e industriales de #EntreRíos. pic.twitter.com/TfMF2jYUXt

— Gustavo E. Bordet (@bordet) May 9, 2018

También presente en la exposición, el secretario de Agricultura y Ganadería, Guillermo Bernaudo, pidió paciencia, aunque reconoció que “el maíz y la soja, que es el principal insumo de la actividad, por la sequía tuvo en incremento en sus precios, pero son los avatares de la actividad”.

Luego tomó el guante: “Estamos trabajando muy fuerte en el tema mercados. en nuestra agenda.
(el ministro de Agroindustria, Luis Miguel) Etchevehere se está yendo a China y se está trabajando en la exportación de cerdo, en la formalización de la cadena y en mejor la mesa de competitividad”, agregó.

“Sabemos que por muchos aspectos no son momentos del todo fáciles, principalmente en estos días. Hubo recuperación de precios en las actividades, como la del huevo. Sabemos que los precios de los insumos, soja y maíz, es clave. No querríamos imaginarnos una seca como ésta si teníamos un escenario de maíz decrecientes como hace dos años. Hoy estaríamos viendo como conseguirlo, estaríamos importándolo”, concluyó.

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En aquel caso, el tributo actúa deprimiendo el valor en pesos del producto. Por ejemplo, si la soja vale 400 dólares y sufre una retención del 25%, el chacarero terminará cobrando 300 dólares. Los 100 dólares restantes van a parar a las arcas del Estado.

En el caso del atraso cambiario, el efecto se expresa reduciendo la cantidad de pesos que recibe el productor luego de vender una mercadería que cotiza en dólares. Es decir, si la soja vale finalmente 300 dólares, no es lo mismo que esa divisa cotice a 20 que a 25 pesos, pues el valor final de la soja será de 6.000 pesos y no de 7.500 pesos.

Es decir, el atraso cambiario también actúa deprimiendo el precio de un producto transable en los mercados internacionales. La diferencia es que en este caso no recauda el Estado y podría decirse que el beneficio se distribuye entre los consumidores. Por eso los gobiernos apelan a este tipo de políticas cambiarias como freno a la inflación.

Toda esta introducción para contar que el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE), de la Universidad de Belgrano, acaba de calcular el retraso cambiario vigente a febrero de 2017. Lo hace a partir de un índice que parte de 100 puntos en diciembre de 2015, es decir en el momento en que el gobierno de Mauricio Macri “sinceró” el tipo de cambio. Aquella devaluación, sumada a la quita de retenciones, resultó en una inyección imortante de oxígeno (léase pesos) a un sector productivo que se ahogaba.

Bueno, para febrero de 2018 ese mismo índice se ubicó en 7,4,84. Es decir, un 25% por debajo de cuando se colocó esa inyección que devolvió competitividad al sector agropecuario.

El informe del CENE, en base a estos datos, “sostiene que volvió otra vez el atraso cambiario y que, para restablecer el tipo de cambio real vigente a fines de diciembre de 2015, la cotización del dólar debería ser de 27,10 pesos”.

No es la primera vez que este índice de la Universidad de Belgrano se ubica en niveles tan bajos. Un año atrás, durante casi todo la primera mitad de 2017, se ubicó cerca de los 72 puntos. Pero entre diciembre y enero había remontado algo y se instalaba por arriba de 76 puntos.

“El retroceso verificado en febrero se debió al fuerte aumento en las tarifas de gas, electricidad y comunicaciones registrados en dicho mes. De esta manera, interrumpió una tendencia a la recuperación del tipo de cambio real iniciada en octubre, merced al deslizamiento de la cotización de la divisa”, explicó Víctor Beker, director del CENE.

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