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]]>¿Qué ocurrió? Desde la Secretaria de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Nación se presentó un proyecto para regular el etiquetado de los productos considerados veganos, y la UVA denunció que esa iniciativa es una maniobra para “prohibir el veganismo en Argentina” (sic).
El proyecto en cuestión indica que el término “vegano” queda reservado para los productos que “no contengan ingredientes de origen animal y/o sus derivados (incluidos los aditivos y coadyuvantes)”. Hasta aquí, nada raro.
Pero la iniciativa también determina que “será incompatible” la declaración de producto vegano “cuando la empresa declare ante la Autoridad Sanitaria que, aun habiendo aplicado las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), existe la posibilidad de contaminación accidental durante el proceso de elaboración de alguno de los alérgenos de origen animal”.
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Desde UVA sostienen que ese párrafo es controversial porque el veganismo, como posición ética y filosófica que rige un estilo de vida, nada tiene que ver con cuestiones sanitarias, bromatológicas o médicas, y le hecho de establecer como obligación la declaración de una posible “contaminación cruzada” con derivados de origen animal podría desincentivar a la industria elaboradora de alimentos veganos.
“Están pidiendo algo que es impracticable porque si esto fuera posible, tanto las certificaciones a nivel mundial como la norma ISO lo tendrían como algo usual y no es así. Los empresarios deben cuidar las buenas prácticas de manufactura. La CONAL se metió en algo que no le corresponde porque la autoridad sanitaria no aplica con el veganismo, que es una posición ética, y no tiene nada que ver con riesgos sanitarios”, dijo a Bichos de Campo Manuel Martí, presidente de la Unión Vegana Argentina.
Contrario a lo que podría llegar a pensarse sobre el intento de la CONAL de lograr una mayor transparencia en los ingredientes de los productos, y asegurar de esa forma que ninguna persona vegana consuma algo con derivados de origen animal, desde el veganismo el proyecto fue interpretado como la implementación de un requerimiento que ninguna empresa del rubro alimenticio podrá cumplir, lo que derivará en una traba para la producción de productos veganos.
“Ni siquiera los que tengan plantas de producción exclusivas para productos veganos podrían asegurar que la materia prima que ingrese a su planta no tenga trazas”, señaló la UVA en un comunicado. Por eso elevaron un pedido para que estos productos sean rotulados bajo “estándares internacionales como los de la Norma ISO V 23.662 de Francia, los Criterios de V-Label de Suiza o los Criterios de la Vegan Society de Reino Unido, entre otros”.
“¿Cómo se va a involucrar el Estado sino controla los agrotóxicos que hay en las frutas y verduras? Cada vez que va al Mercado Central todas superan los límites permitidos y eso sí que es peligroso, la gente se muere, es un veneno. Acá no estamos hablando de ningún veneno, simplemente se está hablando de que puede haber trazas que son involuntarias, que no hacen falta para producir. Si ahora la CONAL es vegana y se pone la camiseta de que no tiene que haber ninguna traza de origen animal, bueno, bienvenido sea, pero que dejen trabajar a la gente”, afirmó Martí.
El proyecto en cuestión tiene otro párrafo que también fue cuestionado: “En los rótulos de estos productos no se podrá hacer referencia a alimentos de origen animal con identidad definida establecida en el presente Código (Alimentario Argentino), ni tampoco utilizar términos o nombres de fantasía que hagan alusión a los mismos”
La intención, según lo mencionado por Martí, es que productos como las “leches y carnes vegetales” no puedan llevar esos nombres en tanto que no son realmente productos a base de leche y carne.
Si bien desde la UVA se indicó que eso no representa un peligro, ya que se podrían sustituir esos nombres, se tomaron el trabajo de refutar el argumento por medio del uso de las definiciones del diccionario de la Real Academia Española.
“El término carne, además de las de origen animal, dice lo siguiente: ‘parte de un fruto o de un tubérculo, generalmente blanca, que está bajo la cáscara o la piel’. Y del término leche, además de las de origen animal, dice ‘jugo blanco obtenido de algunas plantas, frutos o semillas’”.
El proyecto aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial, por lo que está vigente , y desde la UVA realizaron un llamamiento público para lograr una versión alternativa de la iniciativa.
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]]>La entrada Antes de irse, sin Ley de Semillas, Agricultura busca modificar la manera de controlar la bolsa blanca y el pago de regalías se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En concreto, el INASE convocó a una reunión especial de la Conase (Comisión Nacional de Semillas) para este jueves 28, buscando que los representantes de las entidades del sector agrícola aprueben dos propuestas que apuntan a establecer un nuevo ordenamiento en el mercado local de semillas. El aval de los privados sería “no vinculante”. Pero en el macrismo en retirada creen que sería respaldo suficiente como para modificar tanto el régimen vigente en materia de “uso propio” y el controvertido sistema BolsaTech, que administra hasta ahora el cobro de regalías por la tecnología Intacta, que pertenecía antes a MOnsanto y ahora es propiedad de Bayer.
Los dos puntos en discusión que propuso Raimundo Lavignolle, el titular del INASE, a los miembros de su consejo asesor son, en lenguaje críptico, “el proyecto de implementación de la Resolución 338/06 y la renovación de la Resolución 207/16”. Veamos de qué se trata cada cosa:
En el primer caso, la Resolución 338/06 fue firmada en su momento por el ex secretario MIguel Campos, una docena de años atrás, pero nunca fue reglamantada por el INASE. Su breve articulado dispone que “no se requerirá la autorización del obtentor de una variedad vegetal protegida conforme lo establece el Artículo 27 de la Ley 20.247 (la ley de Semillas vigente), cuando un agricultor reserve y use como simiente en su explotación, cualquiera sea el régimen de tenencia de la misma, el producto cosechado siempre que la nueva siembra no supere la cantidad de hectáreas sembradas en el período anterior, ni requiera mayor cantidad de semillas que la adquirida originariamente en forma legal”.
¿Qué quiere decir? Que el derecho al Uso Propio de los agricultores está garantizado siempre y cuando siembren todos los años la misma cantidad de superficie con las semillas compradas originalmente y sus sucesivos vástagos. Es decir que si Pirulo compró semilla certificada de una determinada variedad para sembrar 100 hectáreas, al año siguiente podrá guardarse semilla de ese mismo lote, pero para sembrar solamente 100 hectáreas y no 500 hectáreas.
Ver La Ley de Semillas agoniza otra vez, porque no fue incluida en la maratónica sesión de Diputados
En otras palabras, el equipo de Etchevehere quiere poner límite a que, al amparo del derecho al Uso Propio, algunas empresas agrícolas cometan abusos y multipliquen semillas certificada sin límites, sin pagar regalías a sus obtentores. La creencia de los funcionarios salientes es que allí se esconde buena parte del activo negocio de la “bolsa blanca”, que es la semilla no certificada que se vende cada año en el mercado sin pagar regalías.
La segunda reforma que propone Agricultura tiene que ver con el sistema BolsaTech. Cerca de Etchevehere afirman que ese sistema, que fue creado por la ex Monsanto para asegurarse el cobro de regalías por su soja Intacta y ante el rechazo oficial se transformó en un mecanismo administrado por las Bolsas de Cereales, podría ser reemplazado por otro régimen de control más “inteligente” sobre el mercado de semillas, que no sea solo limitado a esa variedad sino que abarque a todos los germoplasmas de soja y a sus tecnologías transgénicas asociadas. y también a otros cultivos.
El Bolsatech, en rigor, durante todo este tiempo continuó siendo costeado desde las sombras por la ex Monsanto (que enviaba gratuitamente los reactivos necesarios para testear toda la cosecha de soja a los laboratorios de las bolsas y otros centros habilitados). Los resultados eran enviados al INASE, que luego informaba a la dueña de la tecnología, que eventualmente así terminaba intimando judicialmente a los productores que no habían pagado por la tecnología Intacta.
¿Y qué cambio desde entonces? En el Ministerio se muestran sorprendidos por la eficiencia del SISA (el sistema unificado de Información Agrícola), que administra la AFIP a partir de los datos recabados de los productores, y que se alimenta también de las declaraciones sobre la compra de semillas certificadas. En base a esa información, Agricultura afirma que se pueden detectar situaciones sospechosas, sobre todo en el rango de empresas de mayor tamaño, y a partir de allí hacer controles dirigidos para detectar el uso de semilla ilegal. Este sistema, además, podría ser pagado con recursos propios del INASE, según se estima.
Desde la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) rechazan la posibilidad de avanzar en esta reforma del Bolsatech, de seguro por temor a que esos nuevos controles terminen malográndose y queden solo en promesas. Si así fuera el Bolsatech se caería y quienes buscan cobrar regalías se quedarían sin el pan y son la torta.
De todas estas opciones se debatirá el jueves.
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