El período de exclusividad es una etapa del proceso durante la cual la concursada puede ofrecer acuerdos a sus acreedores orientados a subsanar la pérdida de capital ocasionada por la cesación de pagos.

“La prórroga solicitada lleva en su génesis el compromiso de trabajar con los acreedores en la formulación de una propuesta o menú de propuestas aceptables”, indicó Lorenzini en un escrito difundido hoy.

“El tiempo adicional que se otorgue deberá ser aprovechado para desplegar una conducta concreta en esa dirección, ofreciendo instancias de evaluación que permitan conocer los avances logrados, tanto por parte del tribunal como frente a los órganos y auxiliares del proceso”, remarcó el juez.

Lorenzini dispuso como fecha límite el 20 de noviembre para que el directorio de Vicentin presente un plan de negocios y una propuesta de pago a sus acreedores. Un aspecto interesante del escrito es que la propuesta, según indicó el juez, deberá explicar la “circunstancia de la explotación y destino previsto de los activos non core”, entendiendo como tales los “emprendimientos y explotaciones industriales dependientes de la concursada que no se corresponden estrictamente con la molienda de oleaginosas”.

Si bien la fecha límite del período de exclusividad para negociar un acuerdo vence el 16 de diciembre, el escrito de Lorenzini señala que podría extenderse eventualmente “conforme a la evolución del proceso y en consulta con el Comité de Acreedores  y la Intervención”.

La empresa, que entró en default en diciembre de 2019 y está en concurso de acreedores desde comienzos de 2020, había solicitado que el plazo para negociar una deuda del orden de 1400 millones de dólares se extendiera hasta el 31 de marzo de 2022.

Según la resolución firmada por Lorenzini, la prórroga otorgada hoy del período de exclusividad cuenta con los avales de la Sindicatura, el Comité de Control y las entidades bancarias que lo integran.

A comienzos del presente mes de agosto el directorio de Vicentin presentó una propuesta a los acreedores quirografarios que contempla una quita del 75% con el pago del 25% restante en Obligaciones Negociables (ON) por liquidar en un plazo de 20 años.

Como tal propuesta fue considerada inaceptable por la mayor parte de los acreedores, posteriormente la empresa, de manera informal, señaló que era una “propuesta testimonial” que sería superada.

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Por medio de un escrito realizado por Mariela Alejandra Romero, representante legal de la Afip, se solicitó a Lorenzini que dicte una medida cautelar para evitar que los 122,7 millones de dólares recibidos por Vicentin SAIC por la venta puedan escaparse del concurso preventivo, algo que el juez viene rechazando de manera sistemática por considerar improcedente el reclamo.

“Renova S.A. es propiedad por mitades de Vicentin SAIC y de Oleaginosa Moreno, irrumpiendo, 48 horas antes del anuncio público del default de la concursada, Renaisoc B.V. como supuesta adquirente del 16,67% del paquete accionario. Convalidar tal venta (simulada o ineficaz en subsidio) implicaría la disminución del patrimonio del deudor que desbarata los derechos de la masa de acreedores de este concurso”, argumenta el escrito de la Afip.

La Afip sostiene que la venta se constituyó como un vehículo para pagar, por fuera del concurso, a determinados acreedores de Vicentin en desmedro del resto. Y recordó que la compañía concursada enfrenta otros procesos judiciales, entre los que se incluyen uno por búsqueda de activos que presuntamente ocultó, sustanciado en los tribunales del distrito sur de Nueva York, EE.UU: otro por estafa contra la administración pública y lavado de activos, radicado en los tribunales federales en lo criminal y correccional de la Capital Federal; por evasión tributaria agravada en sede de los tribunales federales de Reconquista; por estafa y desbaratamiento a los derechos acordados, impulsado en los tribunales de Rosario; y el último por balance falso, tramitado en los tribunales de Santa Fe.

“Qué más necesitamos ya para inferir que existe peligro en la manera de conducirse de la empresa? ¿Qué otros indicios requeriremos para entender que es verosímil sostener que hay algo que anda mal con la conducta de la concursada? ¿Qué más pediremos para entender cuanto nos afecta el paso del tiempo si no se toman medidas?”, sostiene el escrito.

La Afip además indica que superposición de las fechas en que se dan los eventos de la oferta, aceptación, transferencias y cesación de pagos de pagos de Vicentin son una muestra de lo que fue “una huida en estampida y a las apuradas de la firma Vicentin SAIC, que ya sabía de su insolvencia, de su lugar en Renova S.A.” con el propósito de “sustraer a Renova SA del rango de alcance de la masa de los acreedores de este concurso”.

Y asegura que 25,9 millones de dólares de la operación de venta se emplearon para abonar una deuda a Rabobank por afuera del concurso. “Por dentro del concurso, Rabobank es a su vez un acreedor más admitido por otros 23,6 millones de dólares. Pero los 25,9 millones de dólares los cobró por afuera”, advierte.

“De esperarse a la eventual quiebra para poder pedir la ineficacia de estos actos realizados durante lo que será el periodo de sospecha (por la fecha, no hay manera que la venta de las acciones de Renova se quede afuera de dicho período), redundaría en una pasividad irrazonable ante irregularidades evidentes y ahora ante probanzas concretas que obran en el expediente. Lo que consumaría un daño gravísimo para las posibilidades continuación de la empresa, de arribar a un acuerdo preventivo y de salvaguardar los derechos de los acreedores y trabajadores”, afirma el documento presentado por la Afip.

Además de solicitar el pedido de inhibición de transferencia de  la titularidad del 16,6% de las acciones de Renova, la Afip pidió también  que se dicte traba de embargo preventivo sobre los fondos que Vicentin transfirió a sus cuentas de Banco Nación, Banco Mariva, a sus controladas o sobre pagos realizados a Rabobak, con posterioridad al 2 de diciembre de 2019, hasta a sumade 122,7 millones de dólares.

Auditores forenses descubrieron que hacía años que el default comercial de Vicentin se venía incubando gracias a la “magia” de las operaciones a fijar

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“Los papeles de trabajo son el conjunto de documentos que contienen la información obtenida por el auditor en su revisión, así como los resultados de los procedimientos y pruebas de auditoría aplicados; con ellos se sustentan las observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones contenidas en el informe correspondiente”, definieron en un escrito presentado en el concurso preventivo de Vicentin SAIC.

“Los papeles de trabajo de ambas auditorías son de vital importanciapara determinar las verdaderas causas de la insolvencia de la concursada, aún más ante las severas inconsistencias en los estados contables presentados por Vicentin SAIC”, añadieron.

Los abogados resaltaron que el ocultamiento de las razones de la ruptura contractual entre Vicentin y KPMG –razón por la cual esta última no confeccionó el balance 2019– junto con las abstenciones de opinión de Sandrigo relativos al mismo, constituyen un fenómeno “sumamente sospechoso”.

“De esta forma, resulta innegable quelos papeles de trabajo representan un elemento esencial para desentrañar las causas reales de la crisis de la empresa, para conocer suestado económico-financiero actual y real, y como ha sido su evolucióna lo largo de los últimos ejercicios”, sostuvieron.

Los Robiolo pidieron además que los papeles de trabajo de KPMG y Sandrigo sean de acceso no solo a la Sindicatura del proceso concursal, sino también a los interventores, auditores forenses y acreedores de la concursada.

A fines de septiembre pasado, recién ocho meses después de la solicitud de apertura del concurso preventivo de Vicentin, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial Nº 4 de Reconquista publicó el último balance de la compañía en el cual se indica que en el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2019 registró una pérdida neta de 52.536 millones de pesos con un patrimonio neto negativo de 17.502 millones de pesos.

Si bien la eliminación del diferencial de derechos de exportación para la harina y aceite de soja, junto con las particularidades de la campaña comercial 2019/20, perjudicaron el margen comercial de la compañía agroindustrial argentina, la mayor parte del agujero informado en el balance (-63.200 millones de pesos) corresponde a “resultados financieros por tenencia”.

La cuestión es que en el balance no sólo no queda claro cuál es el origen de semejante pérdida, sino que el propio balance –firmado por W.H. Correa y Asociados junto con Sandrigo– indica que “la no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda o RECPAM), genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, ni tampoco las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del RECPAM sobre dichos resultados”.

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“El enfermo es Vicentin y nosotros somos el oxígeno para un enfermo que respira poco. Empiezan a cortar el oxígeno y un día el enfermo se muere”, graficó Fernando Jurado, presidente del Grupo Olio, el cual, a través de Díaz & Forti, opera las plantas industriales de San Lorenzo y Ricardone de la concursada (y desde ayer también intervenida) Vicentin SAIC en el marco de un contrato de fasón. Los ingresos generados por ese acuerdo cubren buena parte de los salarios del personal de Vicentin hasta tanto se resuelva el concurso preventivo en curso.

“Creo que lo que pasó en estos últimos tres días hábiles fue muy finamente planificado porque va a ser la primera vez que se saca una resolución el 1 de diciembre (132/20), el 2 de diciembre viene una carta dirigida a nosotros diciendo que no podíamos egresar divisas por un expediente que está abierto al respecto, el día 3 Marcelo Rossi, titular de la Dirección de Control Comercial Agropecuario, envía tres notas del Banco Central (BCRA), ese mismo el Banco Central dice que estamos en situación irregular, y hoy viernes 4 por la mañana, previo a un fin de semana largo, nos dan de baja del RUCA”, indicó Jurado.

Usted entiende que se trató un plan organizado desde el Estado.

FJ: Ayer traté de comunicarme con Marcelo Rossi cuando me enteré de las notas enviadas al Banco Central, de las cuales nadie nos participó, preguntando de qué se trataba, pero no tuve respuesta porque el plan ya estaba trazado y en ejecución. No le quiero quitar importancia a que justo ayer se dictó la intervención del directorio de Vicentin y al hecho de que hoy viernes salió la primera medida del juez (Fabián Lorenzini), suspendiendo el proceso de búsqueda de compradores por parte de Maxim (Group, empresa contratada por el directorio de Vicentin). Creo que hay gente que tiene mucha bronca y enojo contra el directorio de Vicentin, contra las personas que lo integran, y ponen una bomba general con el propósito de matar a pocos, pero en el medio van a romper fábricas, hogares, dejando a gente sin trabajo. Si el objetivo fue destruir a quiénes cometieron un error, por ahí lo logran, el tema es que en el medio generan daños colaterales que creo pueden llegar a ser grandes. El efecto que podrá tener sobre nosotros, más allá de las acciones legales que estamos llevando adelante, será esperar a que levanten la suspensión del RUCA para poder volver a operar; mientras tanto, Vicentin tendrá que ver cómo paga sus cuentas sin oxígeno.

¿Cuántas personas trabajan en las plantas industriales de Ricardone y San Lorenzo?

FJ: 1900 personas de manera directa. Puesto indirectos deben ser más de 4000 si sumamos a los transportistas, prestadores de servicios, etcétera.

¿Cómo planean seguir adelante?

FJ: Vamos a iniciar acciones legales porque creemos que estas cosas ameritan notificaciones previas en las cuales se permita la posibilidad de realizar descargos; además, es un poco incoherente, porque las operaciones que paran son de ingreso de divisas, entonces cuando desde el Banco Central ordenan que no podemos seguir operando, no entiendo cuál es la lógica. Creo que hay muchos funcionarios públicos que tendrán que dar explicaciones, especialmente por la velocidad de las decisiones tomadas, en la cuales tres organismos públicos, en el término de 48 horas, se comunicaron y ejecutaron acciones de una manera que ni una empresa privada lo hace así. Es admirable eso: quiero a esos funcionarios públicos actuando con esa eficiencia; lamentablemente, trabajan así selectivamente, no todos los días.

¿Es correcta la nota oficial del Banco Central que dice que no liquidaron 450 millones de dólares?

FJ: No, el monto es absolutamente inexacto; sí tenemos algunos expedientes abiertos con el Banco Central de liquidaciones que tenemos que regularizar definitivamente, pero también puedo decir que si el 1 de diciembre sale una nueva regulación y el 2 de diciembre sale una nota, nosotros no tenemos la plata para regularizar la situación en 24 horas, entonces claramente decimos que lo vamos a regularizar y tenemos toda la intención de hacerlo.

¿Qué sucede con respecto a los productores que les entregaron mercadería?

FJ: Tienen el pago garantizado de nuestra parte: por el hecho de que el Estado nos pare, no vamos a dejar de pagar.

¿Las acciones legales contra quiénes van a estar dirigidas?

FJ: Contra personas y organismos públicos por excederse de sus funciones. Ojalá que estos funcionarias nos contesten cómo hacen para trabajar con una modalidad “Argentina 5.0”, en lo que hemos dado en llamar “operación 1-2-3”. Es una operación muy bien armada en la que lamentablemente no ven que somos un tubo de oxígeno; lo que hicieron es cerrar una válvula, nosotros seguimos con oxígeno, pero el enfermo que necesita el oxígeno, no. Lamentablemente, en su mentalidad de “comando guerrillero”, creen que bombardeando un pueblo, donde tienen que matar a pocos, matando a todos se hace justicia.

¿Quién sospecha que está detrás de las acciones?

FJ: Creo que lo quieren es que Vicentin sea una empresa estatal, gobernada por funcionarios públicos, burócratas, que por otra parte no tienen el dinero para hacer funcionar a las fábricas; creo que Argentina ya tiene demasiados ejemplos de empresas tomadas por el Estado que fueron quebradas por el mismo, una detrás de otra, entonces estos funcionarios creo que tienen un gran idealismo. El comunismo sin plata nunca funcionó. Vicentin sin plata nunca va a funcionar. Y pretenden incorporar a los productores (que integran el concurso preventivo) como socios, cuando son acreedores, no capitalistas de una fábrica. Le venden así la ilusión de que van a cobrar.

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