La audiencia tendrá lugar el próximo 4 de noviembre a las 17:00 horas por medio de la plataforma virtual Zoom y, además de Lorenzini, estarán presentes los integrantes de la intervención, la sindicatura y el segundo Comité de Control del proceso concursal.

En agosto pasado Lorenzini exigió al directorio de la compañía agroindustrial que presente un plan de pago concreto a los acreedores antes del próximo 20 de noviembre.

Posteriormente, el representante legal de de Vicentin, Guido Javier Ferullo, presentó el programa en cuestión que tendría una primera fase el 12 de noviembre, cuando la concursada presentará una propuesta de organización empresaria y designará a tres miembros del directorio de Vicentin para que actúen como voceros oficiales en las reuniones presenciales por organizar.

Lorenzini dispuso además que el período de exclusividad vence el 16 de diciembre de 2021, con lo cual no habrá mucho tiempo entre la presentación de la propuesta y la negociación entre los diferentes acreedores, donde, por el volumen de la deuda y el hecho de que buena parte de la misma está dolarizada, la decisión de las entidades bancarias y financieras tendrá un rol relevante.

El período de exclusividad es una etapa del proceso durante la cual la concursada puede ofrecer acuerdos a sus acreedores orientados a subsanar la pérdida de capital ocasionada por la cesación de pagos.

¿Cuáles son las condiciones en las cuales Vicentin ofrece servicios agroindustriales?

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Si bien fuentes ligadas a Vicentin se mostraban optimistas sobre la posible operación de venta, lo cierto es que desde Molinos Agro, Viterra y ACA siempre se mostraron muy cautelosos y, más que de una oferta de compra, hablaron desde el día uno de” una exploración de posibilidades” respecto al futuro de Vicentin.

La alternativa que sigue sobre la mesa es la de la operación de sus plantas de molienda de oleaginosas, algo que ya se está concretando en el marco de acuerdos específicos monitoreados por el proceso concursal, pero no una compra de la totalidad de la compañía.

En tanto, Vicentin se movió rápido en el juzgado que lleva adelante su concurso y pidió tiempo, hasta el próximo mes de marzo, para presentar una oferta de pago a sus acreedores. En los hechos, el directorio de Vicentin debía presentar un plan durante la primera semana de agosto, pero eso se desvaneció junto con el proyecto de venta a Molinos Agro, Viterra y ACA.

Entre tantas idas y vueltas, volvió a aparecer nuevamente el fantasma de la intervención de la empresa. Es que el director del Banco Nación, Claudio Lozano, presentó recientemente un informe en el que detalla la concentración en el negocio de la molienda de soja y exportación de subproductos en manos justamente de Molinos Agro y Viterra, quienes –entre otros jugadores– operan a fazón las plantas de Vicentin.

A partir de ese escenario, Lozano reclamó “una nueva intervención gubernamental en Vicentin y la creación de una empresa testigo en el comercio exterior de granos”.

Informe "Por una nueva intervención gubernamental en el caso Vicentín"
Probablemente, la decisión de expropiar, que en su momento tomara el P.E.N., careció de la preparación de las condiciones políticas y de oportunidad para poder prosperar. Abro Hilo.

https://t.co/qgBM2ffyer pic.twitter.com/vuktNPmc78

— Claudio R. Lozano (@Lozano_Claudio) July 29, 2021

“Parece razonable que, cuando venza el período de exclusividad en el marco del concurso, el Estado nacional haga valer sus derechos asociados a los créditos del Banco Nación, del resto de la banca pública y la AFIP, y busque los socios necesarios para que el final de esta historia se acerque a la necesidad de nuestro país y no al fraude de Vicentin. Es decir: no a la extranjerización, sí a la creación de una empresa testigo en el comercio exterior de granos”, afirmó Lozano en  un informe elaborado junto a Javier Rameri.

De esta manera, lo único concreto hasta el momento es que la empresa agroexportadora pide todavía más tiempo para salir del default, que en diciembre próximo cumplirá dos años, pero no está claro aún cuál será el destino final de la misma.

El origen del desastre: Qué dice el documento definitivo de los auditores forenses que investigaron a Vicentin

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Así lo advirtieron los síndicos del concurso preventivo de Vicentin Ernesto García, Diego Telesco y Carlos Munt en un escrito presentado al juez concursal Fabián Silvano Lorenzini, titular del Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de Reconquista, Santa Fe.

Eso porque las ventas de bioetanol elaborado a base de maíz que produce Vicentin en la planta industrial de Avellaneda, Santa Fe, son retenidas por BNA, dado que las mismas constituyen la garantía de un crédito concedido por la entidad bancaria estatal.

“Sin ánimo de efectuar un juicio de valor sobre la cuestión traída a consideración, entendemos que el nuevo marco regulatorio, de concretarse, podría conllevar consecuencias para la concursada y su actividad, que, no obstante, no podemos mensurar y que estarán sujetas, finalmente, a las decisiones que se adopten a nivel legislativo”, advierte el informe de los síndicos.

El régimen de promoción de biocombustibles, establecido por la Ley Nº 26.093, expiró y fue extendido, por medio de un decreto hasta el próximo 12 de julio, fecha en la cual el gobierno de Alberto Fernández prevé tener listo un nuevo marco normativo que reduce el uso interno de bioetanol y biodiésel con el propósito de beneficiar a la compañía petrolera estatal YPF.

El informe de los síndicos resaltan las advertencias realizadas por la Cámara de Bioetanol de Maíz y la Conferencia Episcopal Argentina relativas a los aspectos negativos que podrían desencadenarse con la reducción del uso de biocombustibles promovida por el proyecto oficialista en tratamiento.

Entre marzo de 2020 y marzo de 2021 el BNA retuvo cobros por venta de bioetanol de Vicentin SAIC por un total de 558,2 millones de pesos, monto que, según el tipo de cambio de cada momento de venta, equivalente a 8,0 millones de dólares. Vale recordar que el BNA

La Conferencia Episcopal Argentina rechazó el proyecto oficialista de biocombustibles porque “implica un franco retroceso en la política ambiental”

tiene una deuda concursal reconocida de 296 millones de dólares.

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Diego Telesco, síndico del concurso de Vicentin, informó a Fabián Silvano Lorenzini, juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de Reconquista, Santa Fe, que las plantas procesadoras de soja de Terminal Embarque y Oleaginosa San Lorenzo se encuentran “ocupando aproximadamente el 80% de la capacidad instalada”.

Los principales clientes de esas plantas industriales son la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Molinos Agro, empresas que, junto a Viterra Argentina (ex Glencore), tienen planes para presentar una oferta de compra por tales activos, los cuales se encuentran comprendidos en el concurso preventivo.

En lo que respecta a la planta de Ricardone, especialmente adaptada para la molienda de girasol, el informe de Telesco señala que “debido al fracaso de la cosecha de dicho cultivo (en el norte de Santa Fe), solamente se han procesado alrededor de 40.000 toneladas de girasol a fazón de la Unión Agrícola de Avellaneda y actualmente ha comenzado a procesar soja”.

Con relación a la molienda de maíz en la planta localizada en Avellaneda, Santa Fe, el síndico apuntó que “el nivel de actividad se ha visto afectado en razón de la restricción financiera que genera la cesión de los derechos de cobro de la facturación de etanol a favor de Banco de la Nación Argentina”, entidad oficial que forma parte de la a legión de acreedores del concurso.

Entre el inicio de concurso, en febrero de 2020, y abril de 2021 se procesaron en las instalaciones de Vicentin 3,15 millones de toneladas de soja, 150.465 de maíz y 39.240 de girasol. Y los contratos vigentes aseguran un procesamiento mensual del orden de 300.000 toneladas de granos hasta diciembre de este año.

“También cabe mencionar que, en razón de los contratos de depósito para almacenaje de granos y alquiler de inmuebles que componen el Complejo Industrial Vicentin Planta Avellaneda, se asegura una facturación mensual hasta diciembre de 2021, por dichos conceptos, de 383.250 dólares IVA incluido”, remarca el síndico.

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La decisión adoptada hoy por el magistrado se realizó “sin afectar el normal giro comercial de la empresa, que continuará con su posesión”, con lo cual Algodonera Avellaneda podrá seguir con sus operaciones habituales, pero con el impedimento de transferir cualquiera de los bienes embargados por la justicia federal.

De esta forma, Ercolini prohibió la venta o transferencia de tres inmuebles de Algodonera Avellaneda, además de trece vehículos, entre los que se incluyen camionetas, camiones, tractores y autoelevadoras.

La decisión de Ercolini se fundamenta en la necesidad de proteger los intereses del denunciante (BNA) al considerar que los préstamos otorgados en el gobierno anterior a Vicentin SAIC por parte de las entonces autoridades del BNA se habrían de manera presuntamente irregular, lo que produjo, una vez declarado el concurso, una deuda –ahora parte de la masa concursal– del orden de 18.500 millones de pesos.

“En esa línea, la relación que aparentemente existiría entre el patrimonio de Algodonera Avellaneda S.A. y el beneficio presumiblemente ilícito del mecanismo denunciado exhibe fuertes lazos, en tanto fue una de las beneficiarias de la asistencia crediticia que generó la deuda impaga con el BNA”, apuntó Ercolini en el escrito a partir del cual se decidió el embargo preventivo.

Algodonera Avellaneda S.A., vale recordar, tiene un crédito del BNA por 294,5 millones de pesos que está categorizado por el Banco Central en situación “4”, es decir, con “alto grado de insolvencia”.

La semana pasada el juez Penal de Primera Instancia del Distrito Nº 2 de Rosario, Hernán Postma, quien investiga una presunta estafa cometida por los directivos de la compañía agroindustrial, ordenó congelar las cuentas bancarias por 180 días de los principales directivos del grupo Vicentin.

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El equipo de auditores forenses, liderado por Raúl Saccani de la firma Deloitte Argentina –quien preside la Comisión de Anticorrupción y es vicepresidente de la Comisión Antilavado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas– tiene la tarea de crear una base de datos con todos los correos electrónicos de directores y funcionarios de Vicentin, contratos de exportación y transferencias internacionales de fondos entre la compañía y las restantes empresas del grupo económico con el propósito de identificar eventuales operaciones inusuales.

En un escrito presentado a Lorenzini, Saccani informó que “se había establecido como prioritario y esperaba estar completo para el hito del primer informe de avance que tuvo lugar el pasado 16 de noviembre de 2020”, pero ninguno de los procedimientos previstos en el plan de trabajo pudo llevarse a cabo “debido a la falta de acceso a la información”.

“El único avance que habíamos conseguido fue la coordinación de una videollamada el pasado 10 de diciembre con la Sra. Nora Cumiano (punto de contacto identificado por la concursada, con especialidad en informática) y el envío de los datos de dos miembros del equipo para que la concursada otorgara acceso a los dos sistemas de gestión”, señaló el auditor, para luego remarcar que “estos accesos aún no llegaron a concretarse”, señaló.

“Si bien podría llevarse a cabo la preservación de las bases de datos en crudo, la falta de colaboración podría, eventualmente, derivar en que este cuerpo (forense) no pueda acceder a la información necesaria para llevar adelante las tareas requeridas”, advirtió Saccani.

Ante tales manifestaciones, Lorenzini procedió hoy jueves “requerir formalmente la colaboración” de las autoridades de Vicentin en lo que respecta a la posibilidad de acceder a la información alojada en los servidores informáticos de la compañía.

Los auditores forenses manifestaron que se trata de un momento ideal para realizar tal tarea porque, en virtud de actuaciones realizadas por el titular de la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Salvador Moreno, se prohibió momentáneamente el uso de los equipos y sistemas de Vicentin, dado que los mismos están a resguardo de la justicia penal en una investigación por presunta estafa.

Lorenzini señaló que “para el supuesto eventual de no contarse con la colaboración necesaria por parte de los dependientes de la concursada, podría igualmente realizarse una copia forense de los discos rígidos de servidores, preservando las bases de datos crudas  en cumplimiento de una orden judicial conforme al citado plan de auditoría”.

También solicitó que se coordinen “todos los esfuerzos que sean necesarios” entre los auditores forenses y los integrantes del equipo informático de la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, de manara tal de que ambios “actúen de manera eficiente y eficaz”.

Foto. Raúl Saccani

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Fernando Jurando, CEO del Grupo Olio, cree que la semana que viene este requerimiento será subsanado. “Hasta fines de año estamos operando la planta industrial de San Lorenzo de Vicentin, haciendo molienda de soja, y también el puerto; desde el año que viene se incorpora además la planta de Ricardone para molienda de girasol. Hay un contrato firmado y homologado por el juez (concursal Fabián Lorenzini) en septiembre pasado”, indicó hoy a Bichos de Campo.

“Al cabo de este año habremos procesado y embarcado aproximadamente 3 millones de toneladas, de las cuales el 60-70% serán a través de molienda y el resto como grano. Para nosotros es un volumen significativo, pero no somos uno de los jugadores grandes”, añadió Jurado.

– Quedaron fuera del RUCA. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Hay problemas con las liquidaciones de divisas de exportaciones? 

– Por segunda vez (quedamos fuera) un viernes anterior a un fin de semana largo; la primera vez nos dieron de baja del RUCA argumentando que nosotros habíamos elevado poroto de soja en plantas de Glencore (Oleaginosa Moreno) y Cofco y que en realidad había sido aceite o harina, para lo cual, como medida, la requisición que hizo la Secretaría de Agricultura (de la Nación) fue darnos de baja del RUCA y luego preguntarnos. Ya esta demostrado, comprobado y documentado, incluso por Cofco y Glencore, que elevamos poroto, por lo tanto se cometió un error que nos costó rechazar 1500 camiones ese fin de semana con el costo de flete y contratiempos con los productores, que luego fue normalizado. El error fue administrativo de la Secretaría (de Agricultura), porque hay cartas documento de las otras empresas, que muestran que fueron bien reportadas. La segunda vez surge el 3 de diciembre a raíz de la resolución del 1 de diciembre (132/20), que establece que la Secretaría también puede intervenir a través de la baja del RUCA cada vez que una empresa incumple con la Secretaria, la AFIP o con el Banco Central (BCRA).

– La resolución 132 que dice que las empresas que no liquiden divisas en los plazos correspondientes no pueden permanecer en el RUCA.

– La resolución es para cualquier empresa que haga exportaciones agroindustriales. Lo extraño de esto es que la resolución salió el 1 de diciembre, el 2 de diciembre sale una nota de la Secretaría al Banco Central preguntando específicamente por Díaz & Forti y no por todas las empresas que exportan; ese mismo día el BCRA le responde que había incumplimientos de nuestra parte y el día 3, sin medir intimación ni pregunta desde la Secretaría, se nos da de baja del RUCA, hasta este momento en el que estamos haciendo las diligencias para poder levantarla. Lamentablemente y nuevamente, lejos de actuar como debería o como lo hace normalmente, que es bajo requisitoria –donde uno corrige lo que este mal– primero se ejecuta y luego se pregunta.

Escuchá la entrevista con Fernando Jurado:

– Se los acusa de no haber hecho en tiempo y forma la liquidación de divisas por exportaciones. ¿Incumplió la empresa? 

– Cambiaría la palabra acusación porque no tenemos ningún expediente ni acción administrativa en el Banco Central más allá de que hemos tenido y tenemos algunas discusiones y regularizaciones respecto de la liquidación de divisas, no de la magnitudes que manifiesta el Banco Central, pero sí me preocupa la ejecutividad con que la Secretaria de Agricultura actúa con el RUCA, porque creo que lo hace de forma selectiva y discrecional y eso lo dimos en llamar la “Operación 1-2-3”, porque el 1 sale resolución, el 2 sale una nota de la Secretaría de Agricultura al Banco Central, el Central le responde y el 3 la Secretaría “aprieta el botón” y con eso noto un trato no justo ni igualitario y ahí sí realmente creo que hay algún exceso de parte de las autoridades.

– ¿Reconoce entonces que hubo demora en liquidación de divisas de parte de la empresa?

– Siempre hay diferencia en la liquidaciones de divisas y siempre hay un dialogo permanente con el BCRA referido a las diferentes liquidaciones que se dan, porque el cliente paga más tarde, porque hay una diferencia entre lo que se exportó y lo que el cliente quiere pagar, por una diferencia de calidad, por demora en el embarque, (entre otros factores); eso es moneda corriente y en general esto se manejó en tono muy dialoguista del BCRA, porque todos dependemos de este modelo de prefinanciación y queremos liquidar las divisas; de ahí a querer abogarse la perfección, estamos lejos de eso, pero que nos pongan como incumplidores seriales es injusto y exagerado.

– ¿Cuál es el monto de divisas que tienen atrasado en cuanto liquidación? 

– Hay liquidaciones por debajo de los 200 millones de dólares que se están regularizando, que no quiere decir que hay 200 millones de dólares pendientes de regularizar. No te olvides en que cada embarque son entre 15 y 20 millones de dólares. Por lo tanto, si tengo diferencias es de 200.000 dólares en un embarque de 20 millones, que es el embarque total, pero la liquidación total es la que está cuestionada.

– El gobierno dice que ustedes adeudan una liquidación de divisas de cercana a 400 millones de dólares.

– El gobierno dice eso, pero si vamos a terminar exportando 600 millones de dólares, te podrás dar cuenta de que prácticamente el 60% a 70% de las exportaciones del año no fueron liquidadas, no, por lo que el monto es absolutamente inexacto.

– ¿El monto que manejan ustedes es de cuánto?  

– Para nosotros el monto es muy por debajo de la mitad de lo que el gobierno está diciendo, pero no es el gobierno, sino el Banco Central.

– ¿Están subsanando el problema? ¿Cuál es el mensaje que quieren darle a los productores que comercializaron mercadería con ustedes? 

– Es bastante claro. Desde la semana anterior de esta resolución tuvimos reuniones con el Banco Central en la que mostramos cómo íbamos a regularizar esto. La resolución que toma la Secretaría respecto del RUCA es como que va en camino paralelo con lo del Banco Central. La Secretaría se toma atribuciones para darnos de baja del RUCA, pero no tiene acción sobre el Banco Central; no sé cómo seguirá el tema administrativamente en forma interna. Nosotros, respecto de los productores, todos los contratos los estamos cumpliendo. Desde el punto de vista del productor, no hay nada que los esté impactando y, en paralelo, estamos llevando adelante todas las medidas para estar activos con el RUCA; esperábamos ayer tenerlo resulto ayer, pero creemos que será entre el lunes y martes próximo.

– ¿Alguien se beneficia con la salida de Díaz & Forti? Porque entiendo que para originar granos pagaban precios por encima de los del promedio del mercado. ¿Ven alguna mano rara? 

– Primero y principal, nosotros movemos mucho grano a través de la Bolsa y sí, es cierto que para completar un barco alguna vez hacemos una operación sobre 2000 ó 3000 toneladas a precio más alto. Pero todas las empresas grandes que tienen que hacer programas de carga pagan “primas” para tener preferencia de volumen y esto pasa por afuera de la Bolsa y las mismas corredoras que se quejan en el mercado, son las que aceptan vender a estos precios más altos que, bueno, protegen muy bien al productor. En lo que es pagar precios más altos o más bajos, lo que me extraña es que estamos en un mercado defendido por empresas y corredoras que, cuando ven un precio alto, se quejan, entones, ¿a quién defienden? ¿Al productor o a sus propios intereses?

– Que salga del negocio una empresa que opera las plantas de  Vicentin, ¿no genera más concentración del negocio? 

– Definitivamente: tenés 15% de capacidad instalada que sale del mercado. Solo para darte un ejemplo concreto: los dos viernes previos a los fines de semana largo –a los hechos me remito; busquen la información– esos dos viernes todo el mercado salió a pagar 10 dólares (por tonelada) menos la soja.

– Si parte de la industria se ve beneficiada con la salida de Díaz & Forti, ¿se puede suponer que hay funcionarios que le hacen el juego a esas industrias aceiteras?  

– Creo que hay más una animosidad contra la empresa y el directorio de Díaz & Forti, pero daría la impresión de que nadie se preocupa por todo el impacto que tiene en el universo: productor, corredor, camionero, periféricos y familias que trabajan en las mismas. Es como una respuesta perversa disfrutar con la caída de alguien cuando no se ven los efectos colaterales.  Definitivamente, hay capacidad instalada ociosa en el país y definitivamente sí pueden hacer cosas por error, omisión o intención para que esa capacidad no vuelva a entrar en el mercado; eso va a mejorar los márgenes del resto de la industria.  Me parece aventurado acusar, pero trato de ser observador y me daría la impresión de que en los hechos parece que prefieren que la empresa muera por falta de oxígeno y atacamos entonces al fabricante del tubos de oxígeno.

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