Pero los problemas en el comercio de granos arrancaron antes, con el paro de aceiteros primero a lo largo de la mayor parte del pasado mes de diciembre y luego con un conflicto protagonizado por el gremio de los recibidores de granos (Urgara).

En este contexto, en los puertos del sur bonaerense en los últimos dos meses se trabajó con cierta normalidad en no más de 10 jornadas, según explicó Carlos Sosa, presiente de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca (BCBA).

“Se produjo el corte de la cadena de pagos. Se libraron cheques que no se cobraron”, relató el directivo. “Además, a esta altura está de por medio el abastecimiento a la agroindustria y en definitiva la producción de alimentos”, añadió.

Al respecto, Sosa indicó que “se agotaron los stocks de materias primas: sin granos no hay harina ni fideos”. Y remarcó que “esto afecta a toda la sociedad; hay gente que perdió el empleo como los trabajadores eventuales del puerto, que si no trabajan no cobran”.

Escuchá la entrevista con Carlos Sosa:

Frente a la más reciente protesta de los transportistas autoconvocados, el gobierno de la provincia de Santa Fe autorizó el uso de la fuerza pública para liberar piquetes y garantizar el libre tránsito, pero en el provincia de Buenos Aires la protesta avanzó sin ninguna solución por parte de las autoridades políticas de esa jurisdicción. Y el ingreso de camiones se redujo a cero.

“No es un problema de un sector, sino que no pueden trabajar acopios, cooperativas, personal del puerto y transportistas que quieren pero no pueden porque están amenazados (por los autoconvocados) y tienen miedo; o, por ejemplo, las plantas de balanceados, que no pueden proveer a las avícolas”, lamentó el presidente de la BCBA.

Sosa agregó que el consorcio del Puerto de Bahía Blanca presentó “denuncias penales y la Justicia está investigando, pero no tenemos soluciones a la vista”. El dirigente indicó que en solo los primeros días de una protesta que lleva tres semanas se perdieron al menos 100 millones de dólares y cargas por 180.000 toneladas en puertos que funcionaron “a la perfección durante la cuarentena”.

“Nos tiene muy preocupados que no haya lugar para razonar y que no haya una acción para solucionar el problema”, finalizó Sosa.

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La posibilidad de volver a encender las máquinas de la fábrica ubicada en el parque industrial de Reconquista fue posible luego de que a las 5 de la madrugada del viernes un escuadrón conformado por 200 policías, apoyados por 15 móviles de la fuerza, procedió a desalojar el piquete que desde hace 70 días mantenía bloqueado el ingreso a esa zona fabril. El desalojo había sido ordenado por un juez, pero la medida tardó varios días en cumplirse. El medio local Reconquista Hoy realizó una muy buena cobertura de ese operativo.

Tras esa acción de la policía, “al mediodía empezaron a entrar algunos empleados. Primero fueron 90 personas que se retiraron a las 6 de la tarde, para que no salieran de noche. Ahora a lassocho de la mañana vamos a retomar la actividad”, celebró Héctor Vicentin, que es accionista del grupo pero está más dedicado a esta rama del negocio.

El empresario aclaró que la planta de Algodonera Avellaneda “no estuvo tomada, estuvo bloqueada” durante 70 días. Y recordó que “todo esto empezó con un problema gremial, de gente que no reconocía al gremio Asociación Obrera Textil. Después (el conflicto) se fue trasladando a un pedido salarial, pero el tema central es que estos empleados querían hacer un reempadronamiento sindical y pasar al sindicato aceitero”.

De todos modos, Vicentin aclaró que como telón de fondo ve la mano del gobierno y el conflicto por la frustrada estatización de la aceitera que ingreso en concurso de acreedores con una deuda de 1.400 millones de dólares. “Yo creo que el motivo del bloqueo era político. No hay ninguna duda de que el motivo era absolutamente político dentro de todo el marco de agresión y revancha que está sufriendo el grupo Vicentin de parte del gobierno”.

Escuchá la entrevista con Héctor Vicentin:

Mientras que la regional del norte de Santa Fe del Sindicato Aceitero, que es más fuerte en la zona de Rosario, donde se encuentran las fábricas que molían soja para el grupo Vicentin (ahora lo hacen a nombre de otras empresas), convocaba a un paro de actividades, la empresa confiaba en los trabajadores leales al gremio textil para la reapertura de la planta que estuvo parallizada por unos 70 días.

“El sindicato aceitero no tiene absolutamente nada que ver con la actividad textil. Nosotros cumplimos con la normativa emanada del convenio colectivo con el sindicato de trabajadores textiles”, enfatizó Héctor Vicentin”, que remartó que “con respecto a sueldos, estábamos pagando entre 12 y 13% más de lo que especificaba el convenio colectivo”.

De todos modos el empresario aclaró que hay caldo de cultivo para el conflicto gremial, más allá de la política: “Reconozco que no son sueldos extremadamente altos, pero cuáles son los sueldos altos hoy en la Argentina”, preguntó.

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Los trabajadores de la empresa, a los que no se les depositan aportes patronales desde hace varios meses, expresaron en los últimos días su temor al cierre definitivo de la empresa, aunque su presidente, Fernando Sansuste, dijo a Bichos de Campo que están haciendo todo lo posible para enderezar esa situación.  

En los últimos meses, 3 Arroyos tomó financiamiento de varios bancos privados  (como el Macro, el Patagonia y el Comafi), y ya acumula un giro financiero de 62 millones de pesos, con buenos niveles de cumplimiento por el momento. Pero no sucede lo mismo con sus proveedores y prestadores de servicios, a los que les vienen rebotando los cheques emitidos por la compañía. De los 1.341 cheques sin fondos emitidos en los últimos seis meses, por 123 millones de pesos, solo se levantaron 102 por 8 millones. 

En este contexto, según una nota de Conciliación Obligatoria, un grupo de trabajadores expresó su temor ante la posible pérdida de unos 120 puestos de trabajo. Denunciaron además que hay faltante de la mayoría de los insumos y que peligra el funcionamiento normal de las dos plantas de 3 Arroyos, en el parque industrial Pilar y en la ciudad homónima del sur bonaerense. En las últimas hora, los empleados acusaron además a los dueños de la empresa “por no pagar la última quincena”. 

El gobierno nacional y el provincial están en conocimiento de esta situación. La diputada de Cambiemos, Rosío Antinori, incluso está intentando una suerte de mediación entre los empresarios y sus trabajadores. “Tratamos de comunicarnos con la patronal para ver que está sucediendo y que nos cuenten cual es la situación de la empresa”, dijo Antinori en declaraciones a la prensa. “Los trabajadores nos han dicho que hay producción dentro de los galpones, sabemos que los últimos balances no han sido malos, que está exportando sus productos”, añadió. 

La legisladora bonaerense, que tuvo contactos con fuentes de la ex Laso, sostuvo que si bien han podido conversar con los empresarios, “hasta que la empresa no quiera dar algún anuncio no me corresponde a mi hablar más de lo que estoy contando”.

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