Se sabe que el trabajo agropecuario en los lindes de la ciudad de Rafaela debe sortear varios obstáculos para llevar a cabo su cometido. Pero esta vez un productor, harto de que se repitan estos episodios, decidió registrarlo en video para compartirlo con la opinión pública.

Muy enojado, le envió a Nuestro Agro dos filmaciones de hechos ocurridos la semana pasada en el sector que limita con el barrio 2 de Abril, donde son recurrentes los atentados contra las maquinarias y los trabajadores rurales que desempeñan tareas en ese sector. En esta ocasión, un tractorista recibió un piedrazo en el costado de su vehículo mientras transitaba por el camino rural que delimita el área suburbana.

Además de la inseguridad, el productor también mostró cómo conviven con la basura que se arroja en los caminos y el interior de los lotes. Un foco de contaminación que perjudica a animales y personas, tornando inviable el normal desarrollo de las tareas de producción.

Esta situación, se da en un momento muy particular de la política local, donde se encuentra en discusión una polémica ordenanza que pretende extender el límite agronómico de no utilización de fitosanitarios a una distancia de 1.000 metros desde la línea urbana. Un proyecto del kirchnerismo local que claramente pone en jaque la producción agropecuaria del periurbano, incluido el propio INTA Rafaela, que quedaría sin la posibilidad de continuar con su labor de ensayos agronómicos.

En este contexto, los productores afectados representados por la agrupación Productores Unidos de Rafaela y por la Sociedad Rural de Rafaela, exigen a los concejales que también prevean qué puede pasar en esos campos cuando se abandonen como consecuencia de la nueva legislación, en efecto estas dos denuncias anticipan algunas posibilidades.

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Pero los problemas en el comercio de granos arrancaron antes, con el paro de aceiteros primero a lo largo de la mayor parte del pasado mes de diciembre y luego con un conflicto protagonizado por el gremio de los recibidores de granos (Urgara).

En este contexto, en los puertos del sur bonaerense en los últimos dos meses se trabajó con cierta normalidad en no más de 10 jornadas, según explicó Carlos Sosa, presiente de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca (BCBA).

“Se produjo el corte de la cadena de pagos. Se libraron cheques que no se cobraron”, relató el directivo. “Además, a esta altura está de por medio el abastecimiento a la agroindustria y en definitiva la producción de alimentos”, añadió.

Al respecto, Sosa indicó que “se agotaron los stocks de materias primas: sin granos no hay harina ni fideos”. Y remarcó que “esto afecta a toda la sociedad; hay gente que perdió el empleo como los trabajadores eventuales del puerto, que si no trabajan no cobran”.

Escuchá la entrevista con Carlos Sosa:

Frente a la más reciente protesta de los transportistas autoconvocados, el gobierno de la provincia de Santa Fe autorizó el uso de la fuerza pública para liberar piquetes y garantizar el libre tránsito, pero en el provincia de Buenos Aires la protesta avanzó sin ninguna solución por parte de las autoridades políticas de esa jurisdicción. Y el ingreso de camiones se redujo a cero.

“No es un problema de un sector, sino que no pueden trabajar acopios, cooperativas, personal del puerto y transportistas que quieren pero no pueden porque están amenazados (por los autoconvocados) y tienen miedo; o, por ejemplo, las plantas de balanceados, que no pueden proveer a las avícolas”, lamentó el presidente de la BCBA.

Sosa agregó que el consorcio del Puerto de Bahía Blanca presentó “denuncias penales y la Justicia está investigando, pero no tenemos soluciones a la vista”. El dirigente indicó que en solo los primeros días de una protesta que lleva tres semanas se perdieron al menos 100 millones de dólares y cargas por 180.000 toneladas en puertos que funcionaron “a la perfección durante la cuarentena”.

“Nos tiene muy preocupados que no haya lugar para razonar y que no haya una acción para solucionar el problema”, finalizó Sosa.

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Las explicación es que la especialista lleva a cabo una investigación financiada por el Instituto Nacional del Cáncer, en donde estudia las percepciones de riesgos en comunidades chicas de la región Centro (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos). Es un tema que divide y crea grietas, incluso en comunidades muy pequeñas. La gente se divide entre quienes temen y critican abiertamente las prácticas agrícolas actuales y entre quienes las defienden por considerarlas inofensivas.

“Investigamos la percepción del riesgo que siente la gente con respecto a factores del ambiente que impactan en su salud, y ahí nos acercamos a uno de los ejes más conflictivos del agro argentino”, contó la antropóloga, en alusión a que muchos productores son acusados por sus vecinos por envenenar y contaminar todo con el uso de agroquímicos.

Mirá la entrevista completa a Estibaliz Cuesta Ramunno:

En un intento de explicar esta percepción, la antropóloga manifestó que “detrás de todo lo que tiene que ver con la creencia, siempre hay factores culturales. La gente no es irracional o ignorante, y no le falta información, sino que tiene razones que están construidas no desde el riesgo estadístico y matemático, sino desde la percepción del riesgo”.

Esta percepción, añadió, “se va constituyendo primero por los temas que están en boga en la sociedad en que vivimos, o los que escuchamos desde que nacemos o en los ámbitos donde nos relacionamos. Pero también por lo que sentimos, lo que es totalmente diferente al riesgo estadístico”.

-¿Y el miedo vendría a ser parte de los sentidos que uno incorpora a la construcción de esta imagen?

-Por supuesto, porque el miedo es una respuesta adaptativa que no podemos evitar. Estamos tan adaptados con nuestras expresiones de miedo, que de repente tenemos miedo a subir a un ascensor, pero es un miedo heredado de nuestra especie, y su miedo a los grandes depredadores. Son todas adaptaciones fenotípicas, o bien vivimos también un poco desadaptados.

-Ahora sabemos por qué te convocó la gente de Aapresid. La comunidad agropecuaria es cuestionada desde muchos sectores sociales. ¿Vos tratás de explicar que esto es una construcción más compleja y que los productores no tienen por qué sentirse perseguidos?

-En la percepción del otro hay razones que desde la antropología no cuestionamos o enjuiciamos como buenas o malas, sino que intentamos conocerlas. Hay razones que tal vez se mantuvieron en el tiempo y tiene que ver con un hecho específico que ocurrió hace 20 años, por ejemplo. En las discusiones muchas veces se generan diálogos de sordos, si yo ya doy por hecho de que el otro me habla desde la ignorancia o irracionalidad.

Estibaliz nos cuenta que un sociólogo llamado Anthony Giddens sostiene que “todos ponemos en una balanza qué riesgos tomamos y qué riesgos no. Si nos exponemos al virus o no lo hacemos. Todo siempre lo ponemos en una balanza. Lo mismo pasa con las decisiones dietarias. No son cuestiones irracionales, son decisiones que tienen razones”.

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-Entonces se trata de entender las razones del otro…

-Exactamente. Volviendo a nuestra investigación en la región Centro, estamos haciendo un trabajo de campo que nos quedó truncado por la pandemia. Pero estuvimos en localidades pequeñas, de menos de 5.000 habitantes, porque generalmente conocemos más sobre lo que pasa en grandes ciudades, y justo en esas localidades chicas todos los habitantes están expuestos a un mismo factor con respecto al ambiente

-En esas localidades deben construirse de modo diferente los miedos o las razones. Debe ser mucho más personal ¿No?

-Hace tiempo que hablo con la gente de Aapresid acerca de esta distinción que mantenemos a nivel de discurso entre el campo y la ciudad. Ponemos al campo contra la ciudad o viceversa, pero nos sorprendió bastante que en localidades chicas se vive casi igual que en las grandes ciudades, y el impacto del estilo de vida en la salud es casi igual. Por eso me pregunto si debemos seguir manteniendo una distinción entre campo y ciudad.

La profesional citó el caso de Los Molinos, Santa Fe. “Vimos que la gente tiene el mismo nivel de estrés que una persona de ciudad; tiene los mismos tiempos de trabajo que una persona de ciudad, y aparte tiene que trasladarse a la ciudad para recibir el confort y atención a la salud. Es que uno se imagina que en las localidades chicas rurales se vive bárbaro, se saluda todo el mundo y que no viven problemas de inseguridad. No estamos viendo eso, por lo menos en lo que estamos investigando”, aclaró.

Ver: Un estudio confirma la pésima imagen en la sociedad de los productores agropecuarios

-Debería darse una empatía casi natural entre los productores y sus vecinos. Sin embargo, muchas veces los productores encuentran resistencias en sus propios pueblos y no logran conciliar.

-Podríamos decir que hay una naturalidad, con respecto a que la mayoría de habitantes de estas localidades están vinculados al sector productivo. Lo que pasa es que es una vinculación medio de encrucijada. Puede haber un familiar que está trabajando en el campo, o bien tener amistades vinculadas al sector productivo. Pero si hay alguna percepción de que el sector les puede generar algún riesgo a su salud, ¿cómo lidias con eso en una comunidad chica con tu primo o tu vecino? No es lo mismo en las ciudades, donde a lo mejor hay un tercero de apelación, que puede generar un diálogo o una charla sin conflicto.

-Es cierto. Es mucho más complicado discutir con quien ves a diario.

-Uno puede hablar las cosas para mejorarlas, pero pensemos que las localidades chicas no han pasado por procesos de planeamiento urbanos. Entonces surgen los conflictos, del mismo modo que en las grandes ciudades como en Rosario, se avanzan con barrios sobre tierras o campos con producción agropecuaria extensiva, lo que genera conflictos entre vecinos. Bueno, en las localidades chicas pasa lo mismo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a hablar con el intendente, cuando lo conocés y luego lo verás en el club? Cuando sabes que hasta la gobernanza local tiene sus propias limitaciones. De eso hablamos en Aapresid.

-¿Y qué les sugerís a esos productores que se encuentran en esa encrucijada de sentirse mal y no poder dialogar abiertamente con sus vecinos?

-Yo no lo llevaría al plano de la empatía o de la emoción, sino al plano del raciocinio. Nosotros trabajamos con grupos focales que son charlas de dos o tres horas, para poder identificar de dónde viene esa violencia, enfrentamiento o malestar. En estos casos, recomiendo buscar un tercero de apelación, una persona que pueda gestionar el conflicto y mediar.

Estibaliz nos contó que en una de las localidades pequeñas que estudiaron “encontramos que la persona que servía muy bien como puente del diálogo era la secretaria del intendente. Ella nos abría las puertas y tenía un estilo en el manejo del conflicto, que abría mucho el diálogo. Era además una persona con mucha credibilidad, que sobrevivió a varias intendencias. Tiene un liderazgo más femenino, con lo cual genera más diálogos, acuerdos y baja los decibeles de conflicto”.

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-Uno tiende a pensar que el tercero que habilita el diálogo es el Estado o político electo.

-Claro, y en este caso, es un actor más cotidiano, no tan apegado al palo político, lo que podría generar resquemor o desconfianza. Nosotros (a la secretaria del intendente) la terminamos tomando como un actor con mucha credibilidad, algo que es difícil de encontrar en instituciones de localidades chicas, donde todos se conocen supuestamente. Y otra institución que identificamos como buena mediadora en otro proyecto fueron los bomberos voluntarios.

-Claro. Son figuras institucionales, pero que no forman parte de la política partidaria.

-Si, porque también identificamos que las intendencias o presidencias de comunas tienen bastante recortadas las alas en el sentido de que están muy limitadas por el apoyo de niveles superiores, y en muchas ocasiones son también puenteadas al querer resolver los conflictos. Tienen también sus limitaciones.

-Entonces la recomendación es no ocultar los problemas, y encontrar una voz mediadora en los conflictos locales. Y sobre todo, no tomarse todo como una agresión constante.

-Exacto. Hay que sobreponerse a la desconfianza, y empezar a confiar más en los que formamos parte de la comunidad, sin excluir a nadie, porque sino el conflicto continuará manteniéndose.

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Dice la nota:

“Unos 60 agricultores y contratistas de la localidad santafesina de Coronel Domínguez, ubicada 30 kilómetros al sur de Rosario, se encuentran en estado de alerta ante la posibilidad de nuevas regulaciones que les impidan seguir utilizando productos fitosanitarios en los campos linderos al casco urbano, situación que los forzaría a abandonar la actividad. La suposición se basa en la creciente conflictividad con nuevos vecinos que en los últimos años avanzaron con edificaciones sobre el área rural y ahora demandan el alejamiento de las pulverizaciones.

Los chacareros fueron convocados por las autoridades locales mañana viernes (por hoy) a una reunión en la sede comunal y temen que sea para comunicarles mayores restricciones. Sospechan que la administración de la socialista Mónica Adriana Villegas podría encarar acciones drásticas en respuesta a “un estado de psicosis” que reina entre los habitantes, acentuada a partir de una campaña de demonización del sector que incluye la distribución domiciliaria de volantes con mensajes atemorizantes y el hostigamiento a los operarios de máquinas agrícolas mientras realizan sus tareas.

Ver Los pergaminos del glifosato: Cuando los productores deben dejar sus tierras ante la presión ambientalista

En este contexto, productores, asesores, prestadores de servicios y dirigentes agropecuarios sospechan que detrás de estas acciones se oculta la intención de expandir negocios inmobiliarios, ya que la localidad se ha consolidado como un lugar de retiro de los rosarinos que encontraron allí un espacio “campestre” para casas de fin de semana. Luego, al experimentar la vida sin la inseguridad que reina en la gran ciudad puerto, decidieron radicarse en forma permanente. Los oriundos de Coronel Domínguez afirman que en poco años la cantidad de habitantes habría crecido de 800 a 1.300. Esto hizo que la urbanización se expanda sin planificación, por lo que el principal reclamo de los productores es un ordenamiento territorial para evitar que los loteos avancen sobre sus campos y su derecho de seguir siendo agricultores.

Un dato llamativo es que desde 2011 la localidad -relatan los productores- cuenta con una ordenanza que garantiza la salud y el ambiente en el área periurbana. Por ejemplo mediante la fiscalización de cada pulverización por parte de un funcionario comunal dentro de un anillo circundante de 500 metros. Incluso establece una franja de 50 metros libre de pulverizaciones. A pesar de ello, por efecto del miedo y la agitación entre los vecinos, la comuna trabaja en una nueva ordenanza.

Los chacareros vienen trabajando con el apoyo de la Regional Sur de Federación Agraria Argentina y la AER Arroyo Seco del INTA para aportar argumentos técnicos a la discusión en la búsqueda de consensos, pero no lograron ser escuchados. “No hay un ordenamiento territorial y a medida que se expanden los loteos en las afueras del pueblo sin control van corriendo la línea agronómica; y la gente que lleva generaciones produciendo en el lugar de repente no puede trabajar”, indicó Cristian Roca, vocero federado en el sur provincial. Por lo tanto el pedido es que las autoridades locales determinen hasta donde llega el límite urbano, para que quien decide edificar en zona rural asuma esa condición y no pretenda luego obstruir el trabajo de sus vecinos.

Roca relató que los activistas además ejercen una presión constante que empiezan a cansar emocionalmente a los productores. Por ejemplo irrumpen en propiedades privadas al observar la presencia de una pulverizadora y hostigan a operarios, asesores e incluso funcionarios comunales, filmándolos con sus teléfonos al tiempo que lanzan acusaciones, impidiéndoles trabajar. Las escenas se repiten cada vez con mayor frecuencia e incluyen la intervención de móviles policiales en los campos, como está documentado por los damnificados. “Creemos que detrás de esto hay una intención de obligar a los productores a vender; en Arroyo Seco conozco un caso”, afirmó. Por eso anticipó que mañana la entidad se movilizará a la sede comunal en apoyo a los chacareros.

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Uno de los productores afectados, Sergio Dipego, es cuarta generación de agricultores en Coronel Domínguez. Cuenta con varios lotes en los alrededores, en los que produce mayormente legumbres que envasa en una industria que emplea 40 personas en el pueblo. “Se loteó sin límite y sin regulación y perjudican nuestra actividad”, se lamentó. “Hay gente que no está bien informada; vinieron de la ciudad para vivir mejor y ahora hay como una psicosis casi enfermiza: ven la pulverizadora y entran en pánico; nos empiezan a filmar, sacan fotos; se acercan y le explicamos pero desconfían hasta de lo que cargamos en la máquina”, relató, pese a que el trabajo se hace bajo fiscalización de un funcionario comunal y con la receta agronómica a la vista.

Dipego señala que desde 2011 adecuaron su trabajo a la normativa y sin embargo nunca pueden dialogar ni acordar con los nuevo vecinos. “El pánico que se está sembrando es injusto con nosotros, desde mi tatarabuelo somos productores en Coronel Domínguez; desde 2004 industrializamos arvejas y nos sentimos un poco frustrados, desanimados; los productos y el método que usamos no dañan el medioambiente, lo dicen los propios asesores de la municipalidad; entonces no entendemos porqué entran en pánico”, dijo. “Creemos que algunos pueden estar movilizando vaya a saber con qué intereses”, agregó. A eso añadió que son señalados en el pueblo: “sentimos el odio”.

“El miedo a perder los campos hizo que empecemos a juntarnos y se formó un grupo junto con FAA e INTA, que nos está ayudando mucho, para poder llevar ideas nuevas a la comuna”, indicó el productor, quien estimó en más de 60 los actores amenazados, entre productores y prestadores de servicio. La intención de los activistas es dejar 1.000 libres de fitosanitarios y reconvertir el área a la agroecología. “Pero te dicen que recién puede ser rentable en tres años… y quien va a bancar esa pérdida durante ese tiempo alrededor de todas las localidades? Quien aceptaría trabajar tres años sin cobrar su sueldo”, planteó Dipego.

Silvia Medina y su marido Mario Pollacchi brindan servicio de pulverización (lo hacen ellos, no tienen empleados) y sufren la angustia de ser demonizados. Malestar que se traslada hasta su hijo de 14 años, a quien acosan en la escuela por tener padres aplicadores. Mostraron a Campolitoral todos los certificados que acreditan su idoneidad y no dudan en asegurar que “con Buenas Prácticas Agrícolas se puede trabajar sin problemas”. Incluso se han hecho análisis en sangre y orina con resultados negativos a cinco principios activos (herbicidas e insecticidas). Sin embargo relatan que mientras realizan sus labores “caen patrulleros a impedirlo y los policías no están capacitados, no entienden del tema”.

Ella suplica “queremos seguir trabajando” y declara: “nos hace mal esta situación, mi marido quiere vender las herramientas y dejar todo”. Pero no está dispuesta a resignar 16 años de trabajo. Entonces se plantó y dijo “algo tenemos que hacer” y así recurrieron a FAA. Con la entidad, más el INTA y otros productores, asesores y contratistas asistirán mañana a la comuna, con la esperanza de encontrar en los gobernantes la cuota de cordura y voluntad política que les permita, a todos, recuperar la calidad de vida que hasta poco tiempo atrás reinó en Coronel Domínguez.

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