“El amparo es concebido como garantía, no solo para la defensa de derechos individuales sino también de los derechos colectivos, reconociendo entre éstos últimos el derecho a un ambiente humano de vida saludable y ecológicamente equilibrado e imponiendo el deber de conservarlo”, indicó el senador en los fundamentos del proyecto.

Está acción legal puede ser interpuesta por cualquier persona residente en el país; por el Defensor del Pueblo de la Nación o por órganos análogos de las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con respecto al daño ambiental que se produce; por asociaciones relacionadas a la protección ambiental, o por el Estado Nacional, Provincial y Municipal.

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Si la iniciativa prospera, en cualquier etapa del proceso y a petición del amparista o de oficio, un tribunal podrá dictar medidas precautorias con carácter de urgencia.

En los casos en que el acto o situación generada provoque efectivamente la degradación de los recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal por lo que la acción de amparo ambiental podrá interponerse ante cualquiera de los tribunales de primera instancia de la Nación, cualquiera sea su competencia material.

Una vez aceptada la demanda, el tribunal deberá pedir un informe de la situación, que tendrá carácter de pericia y un plazo de tres días para presentarse. Si la sentencia es a favor de quien presentó el amparo, la contraparte deberá realizar su condena de forma inmediata, según lo definido por la Ley General de Ambiente 25.675,  el régimen común del amparo y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

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Según el texto del decreto, la ley 26.093 extenderá su vigencia hasta el 12 de julio de este año o hasta que se sancione un nuevo marco regulatorio. Pero teniendo en cuenta las críticas de la oposición, el plazo de 60 días termina pareciendo un período demasiado corto para arribar a algún acuerdo.

“Esto marca el problema que venimos teniendo en el sector desde hace años: la inestabilidad. No sabemos dónde estamos parados, no sabemos cuándo se cambian las reglas de juego, no sabemos qué horizonte tenemos para proyectar nuestros negocios. El Congreso está totalmente ausente de las necesidades de políticas públicas que tiene el sector productivo argentino”, señaló a Bichos de Campo Germán Paats, presidente de Fundación Barbechando.

-Teniendo en cuenta los tiempos legislativos, ¿sesenta días son suficientes?

-No creo que una política pública, que pueda definir cuáles son las reglas de juego de un sector como los biocombustibles, se pueda discutir en 60 días. Menos con la falta de conocimientos que tiene el Congreso de la Nación. El Congreso tiene que acudir a especialistas técnicos a los que les consulten cómo es esto. ¿Cómo es el corte? ¿Cómo es en el resto del mundo? ¿Es obligatorio el corte? ¿Cómo hacen los países a los que les va bien? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué porcentaje queremos en 10 o 20 años?

Paats agregó luego que el debate por biocombustibles era “una excusa ideal para que el Congreso se ponga los pantalones largos y trabaje como corresponde en políticas púbicas”, pero que la prórroga no hace más que demostrar que “no se está preparado para darle a la Argentina las reglas de juego de los próximos años”.

¿Qué opinan los productores de biocombustibles sobre la prórroga por 60 días del régimen vigente?

-¿Qué opinión te merece el hecho de que Argentina haya ratificado el Acuerdo de París y que aún así se quieran bajar los porcentajes de corte de biocombustibles?

-Es parte de esta política de apartarnos de la realidad del mundo. Esto es un ejemplo del famoso slogan que tenemos los argentinos de que borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Si ya nos comprometimos con acuerdos internacionales a seguir un camino, deberíamos ratificarlo. ¿Nada más fácil no?

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