Según el relevamiento, el año pasado el Congreso sesionó menos de la mitad de veces que el año 2020, lo que se replicó en cada Cámara en particular: Diputados realizó 5 sesiones contra 12 del 2020, y el Senado tuvo 11 contra las 21 que registró en el periodo anterior. En cuanto a las leyes sancionadas, en el 2021 se aprobaron 118 proyecto de ley contra los 175 del 2020, una merma del 33%.

Una de las explicaciones para estas caídas tiene que ver con la realización de las elecciones legislativas, suceso que siempre atenta contra la continuidad en las actividades del Congreso. En cuanto a la pandemia, a diferencia del 2020, en el 2021 se realizaron protocolos de control sanitario que no impidieron el normal funcionamiento como ocurrió en el periodo anterior.

Mirá el informe completo acá:

En materia de nuevos proyectos, el total de iniciativas presentadas fue de 2403, de las cuales sólo 237 estuvieron vinculado al sector, un 10% del total.

¿Qué temas estuvieron presentes en la agenda? La mayoría de los proyectos que rozan el agro tuvieron al Ambiente como temática principal: la ley de educación ambiental, el reciclado de neumáticos, la evaluación de impacto ambiental y otros los principios ambientales. Otros se abocaron a la cuestión impositiva, como aquellos para modificar bienes personales y el pago de ganancias para empresas.

También se discutieron las históricas leyes Ovina y de Biocombustibles, y se presentó una iniciativa para crear una comisión bicameral por la Hidrovía, tema que todavía sigue en discusión.

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Con respecto a las autorías de los proyectos presentados, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio están parejos con un 44% y 39%, respectivamente. Al interior del interbloque de Juntos por el Cambio, 53% de las iniciativas corresponden a la UCR; 42% al PRO y 5% a la Coalición Cívica. Luego le siguen otros partidos de terceras vías, con el 8% y casi un 7% de los bloques federales o partidos provinciales. El Poder Ejecutivo tiene casi un 2% de las iniciativas impulsadas que aún no lograron ningún grado de tratamiento

En cuanto los proyectos que tuvieron algún grado de sanción, el 95% fueron impulsados por el oficialismo –entre el Ejecutivo nacional y los diputados y senadores del Frente de Todos- y el 5% por la oposición. Catorce fueron leyes -9 de ellos todavía esperan sanción definitiva- y 8 dictámenes de comisión que ya perdieron vigencia.

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Pero hasta ellos tuvieron que rascar en el fondo de la olla para lograr dar con una docena de casos. Definitivamente el agro seguirá sin tener una representación equivalente a su importancia económica y social. Según los cálculos de la entidad, a partir del 10 de diciembre, habrá solamente 25 legisladores que tienen vínculo con la actividad rural, lo que significa menos del 10% del total de los legisladores que votan en el Congreso. Estos suman un total de 329: con 72 senadores y 257 diputados.

¿Cómo se llega a ese número? Luego de la votación del domingo, “de los 14 candidatos que siguieron en carrera post Paso, 10 de ellos se aseguraron la banca. Y cuatro de ellos provienen de la actividad privada y se lanzaron a la arena política” primera vez. Son:

• Pedro Galimberti (JXC-Entre Ríos): Productor agropecuario e intendente de Chajarí; presidió la Sociedad Rural local
• Juan Carlos Polini (JXC-Chaco): Productor agropecuario e intendente de Coronel Du Graty
• Pablo Cervi (JXC-Neuquén): Ingeniero agrónomo y productor frutícola
• Roberto Sánchez (JXC-Tucumán): Ingeniero agrónomo y productor agropecuario.
• Juan Manuel López (JXC-Buenos Aires): oriundo de Saladillo y técnico en producción agropecuaria.
• José Luis Espert (Avanza Libertad-Buenos Aires): productor agropecuario en Pergamino.
• Martín Maquieyra (JXC-La Pampa): de familia agropecuaria.
• Daniel Kroneberger (JXC-La Pampa): productor agropecuario. Ex intendente de Colonia Barón.
• Rogelio Frigerio (JXC-Entre Ríos): productor agropecuario de Villa Paranacito y ex Ministro del Interior.
• Gabriela Brower de Koening (JXC-Córdoba): familia prodcutora agropecuaria en Río Tercero.

Hay 2 candidatos con directa vinculación al agro que no pudieron mejorar su elección previa y quedaron afuera del Congreso: Son el ministro cordobés Sergio Busso (Hacemos por Córdoba) y el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzoto (Partido Federal-Mendoza).

Tampoco llegaron a ocupar una banca Luis Contigiani (Primero Santa Fe); Ariel Rauschemberger (FDT-La Pampa); Tané de Souza (Felicidad-Salta) y Cristian Klingbeil (Junto por el Cambio-Misiones).

Este es el informe:

“De esta forma, sumado a los diputados que siguen en carrera hasta 2023 o 2025, el Congreso de la Nación cuenta con 25 legisladores con alguna vinculación al agro, en mayor o menor medida”, estableció la Fundación Berbechando en sus cálculos.

Florencia Ricchiuti, integrante de la Fundación, prefirió destacar entonces que “los resultados de las elecciones generales arrojaron que el oficialismo perdió el quórum propio en el Senado, pero mantiene la primera minoría en Diputados”, aunque con una gran paridad frente a la oposición.

En Diputados, la virtual paridad que reinaba hasta entonces se mantiene, pero un poco más ajustada: el oficialismo es la primera minoría con 118 diputados y detrás, lo secunda Juntos por el Cambio con 116 bancas.
Tanto oficialismo como oposición deberán salir a la búsqueda de aliados para lograr las 129 bancas necesarias para dar inicio a la sesión: allí, el rol de los partidos provinciales -Hacemos por Córdoba, MPN, Frente Renovador de la Concordia y otros- será clave.

En tanto, después de más de 25 años de primacía del peronismo en el Senado, Juntos por el Cambio logró cosechar seis nuevas bancas y alcanzar un interbloque de 34 senadores; el Frente de Todos perdió siete bancas y quedó en paridad con el oficialismo con 34 senadores, y sin posibilidad de acceder automáticamente al quórum, como hasta entonces.

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El decreto 791, que hace efectiva la promulgación de la ley, lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Juan Manzur y el ministro de Agricultura Julián Domínguez.

La ley fue muy discutida, con demoras, en el Congreso Nacional en los últimos meses. En los hechos prorroga la vigencia de la ley Ovina vigente desde principios del milenio y le otorga un mayor presupuesto, aunque debido a la inflación los 850 millones asignados ahora representan menos moneda dura que los 20 millones de pesos originales.

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En su artículo 1° la ley establece un Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina “y de Llamas”, como continuación del régimen anterior. “El Régimen estará destinado al desarrollo sostenido de la producción, la transformación y la comercialización de la ganadería y sus productos derivados, a través de la actualización permanente, modernización e innovación de los sistemas productivos”, dice el texto legal.

Luego establece que los fondos asignados a la promoción de la actividad se repartirán entre productores que presenten “un plan de trabajo y/o un proyecto de inversión, según corresponda, ante la Unidad Ejecutora Provincial”.

“El Poder Ejecutivo incluirá en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional durante diez años a partir de la publicación de la presente Ley que prorroga el régimen de la ley 25.422 y sus modificatorias, un monto anual a integrar en el FRAO el cual no será menor a 850.000.000 pesos”, define el artículo clave de esta discusión. La frase “no será menor” da pie a una actualización en el caso de que la inflación pulverice esos recursos.

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Sin embargo, ya pasó un mes y medio y todavía no hay señales de esa “propuesta salvadora”.

“Yo creo que se dan una serie de situaciones. Por un lado el intrincado tema administrativo, mezclado al período pre electoral y el viaje que han hecho varios funcionarios y ministros del área a Glasgow. Creo que vamos a tener que esperar a la próxima semana, a que decante toda esta situación. Ahí me imagino que veremos los resultados”, dijo a Bichos de Campo José Martins, vocero del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Tiempo atrás, Martins había reconocido a este medio que el proyecto era una versión mucho más acotada de los postulados delineados en conjunto por las más de 60 cámaras y entidades de la cadena agroalimentaria integrantes del CAA -excluyendo del mismo uno de los mayores reclamos la reducción y posterior eliminación de las retenciones a la exportación-, pero que aún así era positivo haber concretado un texto luego de tanto trabajo.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec), señaló por su parte que realizan reclamos cotidianamente y que mantienen contactos periódicos con las carteras de Economía, de Agricultura y la propio Presidencia.

“Desde el gobierno nos señalan que está todo bien, pero que primero deben hacer todo un proceso de aprobaciones formales en los distintos ministerios. El proyecto tiene dos anexos extensos de más de 1500 actividades económicas. Entonces eso los llevó a una verificación técnica en el Ministerio de Agricultura, de Producción, de Economía, de AFIP, etc.”, comentó a Bichos de Campo.

Ante la pregunta sobre si la demora en la presentación podría significar alguna modificación en el texto pactado, Idígoras afirmó: “No podemos descartar que no haya alguna modificación pero no tenemos esa expectativa, porque no fue así transmitido por los ministros. El gobierno ha manifestado en varias oportunidades que este es uno de los proyectos prioritarios a tratar. De hecho hasta el presidente de la Cámara de Diputados (por Sergio Massa) lo puso como prioritario la semana pasada. De todos modos es incierto hasta tanto no salga del Ejecutivo”.

En el mismo sentido, Martins sostuvo: “No me imagino que haya algo negativo porque la verdad es que fue tan discutido y tan pulido que lo que está, es lo que está. Sí soy un optimista de que cuando llegue al Congreso, y podamos trabajar en comisiones con la oposición, se pueda mejorar algo. No veo nada hoy que nos preocupe”.

La entrada A un mes y medio del anuncio, la Ley de Fomento a la Agroindustria todavía no ingresó al Congreso: Desde el Consejo Agroindustrial no pierden la calma se publicó primero en Bichos de Campo.

“Se está dando un paso para ponerle fin a una disputa de años, entre el agro y la industria y la industria y la tecnología. (El proyecto) reivindica la cultura del encuentro y del diálogo”, había dicho Fernández durante la presentación del proyecto en la Casa Rosada, que marcó además su reencuentro con Cristina luego de la derrota de las Paso y la crisis del Gabinete. El principal objetivo del proyecto de ley era la generación de empleo y de estímulos que impulsen la inversión en el sector y sus exportaciones.

En aquel acto, Domínguez sostuvo que “esta ley implica un impulso a la industrialización a través de incrementar el valor agregado en origen, incorporando tecnologías de última generación”. Desde su cartera se difundió algún borrador de la iniciativa legislativa, al tiempo que el ministro pasaba una serie de diapositivas con cada una de las medidas.

Alberto Fernández presentó el proyecto de promoción agroindustrial para “ponerle fin a una disputa de años”

Sin embargo, desde entonces no hay noticias. Bichos de Campo se contactó con la cartera de Agricultura para obtener alguna confirmación sobre el envío del proyecto al Congreso, pero por el momento no se obtuvo una respuesta concreta.

Desde la Fundación Barbechando, que sigue con atención los asuntos vinculados al agro en el Congreso Nacional, se manifestó que “el anuncio del Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador, por el momento, no fue más que un anuncio”. Tanto legisladores como asesores “desconocen cuándo puede llegar”, completaron.

“La sesión de la semana pasada fue el termómetro político del escenario electoral post PASO: el oficialismo no logró el quórum necesario, por falta de acuerdos con los aliados, y se cayó la sesión. La falta de acuerdo político -o el sólo acuerdo para declarar el día nacional del kimchi o del águila harpía-, sumado al relanzamiento de la campaña electoral, pronostican un Congreso aletargado durante el próximo mes y sin el foco en construir las políticas públicas que el país necesita para hacer funcionar la economía. Incluso, puede seguir con escasísima actividad hasta el 10 de diciembre, cuando asuma la conformación del nuevo Congreso”, analizaron desde la Fundación.

El proyecto en cuestión surgió de una iniciativa presentada en 2020 por el Consejo Agroindustrial Argentina (CAA), que integra a más sesenta entidades del sector. La propuesta inicial era generar 700.000 nuevos puestos de trabajo entre el 2022 y el 2030, y fomentar el ingreso de divisas por exportación, por más de 100.000 millones de dólares anuales. Pero como luego de la presentación se excluyó la discusión sobre una rebaja de retenciones de la discusión, luego esas matas objetivo se achicaron bastante.

¿Para qué le serviría a un ganadero la nueva ley de fomento agroindustrial si llegara a aprobarse?

Ahora, mucho más modesta, uno de los beneficios que contempla esa ley es la amortización de nuevas inversiones en tres años, y la valuación de la hacienda vacuna para faena al momento de su venta, a los efectos de no incrementar el impuesto a las Ganancias. Por otro lado, también se contemplará un bono del 50% como crédito fiscal por la inversión en insumos como fertilizantes y semillas certificadas, que podrá ser deducido de Ganancias.

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Lo dijo Pablo Torello, que entiende algo de política ya que además de productor es diputado de la Nación por el PRO. En este sentido consideró que, más allá del cambio de nombres, “faltan políticas”.

“Hay que exigir políticas agropecuarias propuestas por la agroindustria”, indicó el legislador macrista. Luego indicó que “la reacción del sector productivo tiene que ser inmediata y fuerte, para que Domínguez reciba las propuestas y las ponga en marcha. Pero antes debemos ponernos de acuerdo (dentro del sector) sino cada uno sigue cuidando su quintita”, reconoció.

En diálogo con Bichos de Campo, el diputado opositor y productor dejó en claro que “no tengo esperanza (de cambios) hasta que no lo vea en los hechos, por los años que tengo esperando”.

Luego agregó: “Ellos saben el desastre que hicieron con el cierre de exportaciones de carne desde 2006 y lo vuelven a hacer. No veo a Julián Domínguez con una libertad enorme para hacer un cambio importante hacia el sector”.

Escuchá la entrevista completa:

Torello consideró que la apertura parcial de las exportaciones de carne no es una medida de política agropecuaria en sí misma. “Abrir las exportaciones es reparar un daño. Lo que quiero es saber cuál es la política agropecuaria, si vamos a seguir con desdoblamiento cambiario, si vamos a seguir con derechos de exportación. Tienen la posibilidad de acomodar las cosas pero las medidas tienen que ser inmediatas”, evaluó frente al visible giro del oficialismo en su estrategia.

Torello luego se refirió a la necesidad de acuerdos más sólidos dentro del sector y, desde su lugar como productor, fue crítico de la actitud del Consejo Agroindustrial Argentino.

“El CAA nació al revés. Se debería haber consensuado cual es la política que hay que llevarle al gobierno. Hay sectores dentro del CAA que son importantes y que no tienen una voz decisiva (por los productores). Se hacen propuestas aisladas o no consensuadas, mientras se habla con las autoridades, y eso no ayuda al sector”, explicó sobre su desconfianza.

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En tal sentido, el diputado dijo que el sector debe sentarse a negociar toda la batería de medidas y de políticas, para recién luego llevarle una propuesta a las autoridades.

“Acá empezamos al revés, desde arriba para abajo. Hay que ir desde abajo para arriba. Se fue al gobierno primero y quedaron algunos con beneficios”, dijo. Y citó algunos ejemplos: “El sector aceitero, al que le devolvieron el diferencial, o el sector molinero, ya que cerraron las exportaciones de trigo, o como parte del sector pollero y consumos de maíz, que fueron a pedir que cierren las exportaciones del cereal y ahora con algunos beneficiados de la industria cárnica que aumentaron la faena”.

Torello consideró que la nueva política agropecuaria debe estar centrada “en aumentas la producción, que es la base de la industrialización”.

Finalmente, el referente agropecuario del macrismo hizo una lectura sobre el resultado de las PASO. “Soy precavido, fue un resultado sorpresa, nadie se puede apropiar de un triunfo ni de una derrota. Hay que tener el claro que el voto es de la gente, de nadie el particular”.

“Lo que yo leo de eso es que la gente se cansó, que el daño que hizo el Gobierno fue enorme hacia la población, que desde nuestro espacio lo sospechábamos, pero que obtuvimos el mismo caudal de siempre. Eso hay que leerlo con cuidado y detenimiento, porque indudablemente nuestras propuestas sirven para los nuestros y eso no alcanza”, admitió.

De todos modos, Torello consideró que en caso de que el resultado de las PASO se repitiera en noviembre “habrá un equilibrio más importante en el Congreso, aunque no espero cambios para nuestro el sector porque el kirchnerismo tienen algo ideológico con el campo y lo vemos en todas las políticas que toman: solo presionan, maltratan y le meten la mano”.

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La obligación de establecer planes para “segmentar” las retenciones en favor de los chacareros más chicos fue establecida por la Ley de Emergencia Económica que se dictó ni bien asumió Fernández. En el artículo 53 de esa ley, luego de autorizar al gobierno a subir las retenciones, se establecía que “se deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas”. Pero eso sucedió solo parcialmente.

El ministro saliente Basterra implementó durante el primer año de gestión un mecanismo de reintegro de retenciones para pequeños productores de soja, que distribuyó con bastante demora unos 6.000 millones de pesos entre unos 40.000 chacareros, equivalentes a sus ventas de soja de la campaña 2019/20. Pero aunque las retenciones a la soja se mantuvieron en el tope del 33% al año siguiente, el Ministerio de Agricultura no repitió ese mecanismo o alguno semejante, incumpliendo con la obligación que le había fijado el Congreso.

Por eso Rodríguez, que lidera el bloque de Consenso Federal, aprovechó el recambio de Basterra por Domínguez en la cartera nacional para recordar que en abril pasado presentó un proyecto de ley para subsanar esta situación. El dirigente político calculó a grandes trazos que el Gobierno le estaría debiendo unos 12.000 millones de pesos a los pequeños productores de soja por este incumplimiento.

El proyecto de Rodríguez modifica el artículo 53 de la Ley 27.541, en lo referido a la “extensión de la vigencia de los Programas y Políticas de Compensación y Estimulo a los Derechos de Exportación”. Su discusión está pendiente en las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y la de Legislación General en Diputados:

“Topo” recordó que Agricultura solo estableció a través del Decreto 786/2020 un Programa de Compensación y Estímulo que duraba solo hasta el 31 de diciembre de 2020. Y que pagó a los premios las sumas que correspondían al cálculo aplicado (aunque no hay certeza de que hayan cobrado todos los beneficiarios).

Pero el diputado lavagnista subrayó que “s dable mencionar que el artículo 52 de la Ley 27.541 también establece que el Poder Ejecutivo Nacional podrá ejercer sus facultades hasta el 31 de diciembre de 2021”.

El gobierno ya sabe cómo devolverá a pequeños chacareros unos 140 millones de dólares de los 5.700 millones que cobrará por retenciones a la soja

“Con las actuales reglas, el Poder Ejecutivo Nacional toma para el  Estado recursos equivalentes a un año entero de compensaciones que deberían estar en manos de pequeños y medianos productores”, explicó, en referencia a que nunca se estableció un nuevo mecanismo para reintegrar a los chacareros al menos una parte de los 3 puntos de retenciones adicionales a la soja que se les descontaron, justo en un año de altísimos precios internacionales.

Por eso, Rodríguez argumentó que su proyecto de ley apunta a corregir este repentino olvido de las autoridades, un planteo que ni siquiera ha sido hecho por las entidades de la Mesa de Enlace.

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Integrando el sector más juvenil de los precandidatos a diputados nacionales, Sofía de Hagen se dirige hacia las próximas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el puesto 16° de la lista de Juntos por el Cambio en Buenos Aires, encabezada por el ex vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli. Es oriunda de Chascomús, en donde su familia se dedica a la explotación agropecuaria.

“Si bien no estudié una carrera vinculada directamente al agro, siempre me sentí vinculada al sector porque tengo dos hermanos que son ingenieros forestales, uno que es agrónomo y otro que trabaja en el Mercado de Liniers”, contó de Hagen a Bichos de Campo. Y aunque también le interesaba la ingeniería forestal, los conflictos de 2008 terminaron por empujarla –para bien o para mal- al universo de la política.

“Lo que me impulsó fue lo que vi en 2008: ese quiebre entre el Estado y el campo. En mi familia había muy buenas ideas para implementar pero mucha apatía política. Yo quise romper con eso para lograr mejores políticas públicas para el sector agropecuario”, recordó.

-¿Considerás que desde ese momento de la 125 hasta ahora la representación del agro en el Congreso fue creciendo?- le preguntamos.

-Lamentablemente creo que no. En ese quiebre ingresaron al Congreso “agrodiputados” y legisladores en el Senado, algunos como Alfredo de Ángeli directamente vinculados al sector, pero eso no se mantuvo constante y de forma creciente en el tiempo. Hubo un estancamiento y te diría que hasta un declive. Es parte de nuestra responsabilidad y desafío como miembros del sector el involucrarnos en política para poder ser nuestros propios representantes e incentivar el involucramiento en la vida pública, porque sino después se toman medidas que no benefician al sector ni al país.

Mirá la entrevista completa acá:

-¿Por qué considerás que cuesta dar ese paso? Vos ahora te candidateas en un puesto de la lista con bajas chances de ingresar y aún así decidís hacerlo.

-Creo que va un poco por la personalidad o la forma de ser de la mayoría de los productores, que entienden a la política como una mala palabra o que es para otros, y la política la hacemos nosotros. Si no nos involucramos va a ocupar ese lugar otra persona que posiblemente no tenga los mismos valores o intereses. Creo que está ese miedo a corromperse por meterse en política.

Respecto a las problemáticas del sector, De Hagen reconoce las mismas que acusa el termómetro social: la falta de reglas claras y previsibilidad para los productores, además del alto nivel impositivo que dificulta la producción y la generación de empleo. En cuanto a su propia ciudad, afirma que hay una deuda con la infraestructura, tanto en lo que respecta a los caminos rurales como al dragado de ciertos ríos en zonas bajas.

-¿Considerás que las entidades rurales no pudieron darle respuesta a estas problemáticas?

-Es muy valioso el rol de las entidades y de las diferentes cámaras que representan a las industrias y economías regionales, pero la realidad es que se queda corto. Es importante que haya representantes del sector en la Cámara de Diputados. Tenemos 257 diputados y debe haber diez, siendo generosa, que defiendan o promuevan una mejora en la actividad agropecuaria.

Las nuevas caras del agro en la política: Desde el Partido Felicidad, Da Souza Correa pretende “llevar la voz de los pequeños productores salteños al Congreso”

En ese sentido, la precandidata sostuvo que el trabajo dentro del Congreso será casi “un trabajo de misionar”, en el que habrá que hablar hacia afuera para fomentar el involucramiento, pero también hacia adentro para contagiar el entusiasmo y mostrar la oportunidad que existe para el sector y el país.

-Si efectivamente conseguís una banca, ¿qué estaría al tope de tu agenda?

-Es muy importante darle previsibilidad a la producción agropecuaria. Es importante también que haya una ley de ganadería, que deje en claro que no se pueden intervenir los mercados, y una ley de desarrollo sostenible que incluya las buenas prácticas, el cuidado del suelo y la conservación de la biodiversidad. Y aunque sea difícil, es necesaria una reforma fiscal.

La entrada Las nuevas caras del agro: Sofía de Hagen cree que la representación del agro en el Congreso viene en declive y que es necesario pasar a la acción se publicó primero en Bichos de Campo.

“La propiedad de inmuebles de dominio privado del Estado Nacional que a la fecha de sanción de la presente ley, se encuentren adjudicadas por cualquier título, a estaciones experimentales, agencias e institutos del INTA, destinadas al cumplimiento de su objeto, no podrán ser readjudicadas para otro fin, con excepción de su declaración de utilidad pública, conforme al Artículo 17 de la Constitución Nacional”, afirma el Artículo 1° del proyecto impulsado por el senador entrerriano Alfredo De Angeli, que proviene del agro y logró el acompañamiento de varios senadores de Juntos por el Cambio.

La contradicción está clara. El 17 de julio pasado, durante la votación del proyecto que ahora se cuestiona, todos los bloques mostraron su acompañamiento a la iniciativa de Dalmacio Mera. Según trascendidos a los que accedió Bichos de Campo, el senador De Angeli indicó que la oposición “voto engañada” el proyecto que busca la expropiación de tierras del INTA, pues el texto de la iniciativa no mencionaba a ese organismo, aunque sí estuviera claramente identificado en los considerandos. Con esta nueva iniciativa, el bloque opositor busca evitar que se cumpla ese traspaso, que ahora depende de su tratamiento en Diputados.

El mayor peligro estaba en el Congreso: El Senado le dio media sanción a un proyecto para quitarle tierras de investigación al INTA Catamarca

En su Artículo 2°, el proyecto “correctivo” afirma que el objetivo es “el reconocimiento de los bienes y los derechos relativos a la propiedad, posesión o tenencia de los mismos a favor del INTA”, y el respeto “por la titularidad y/o la situación de posesión, bajo cualquier título o situación de hecho de las tierras rurales afectadas a tareas de investigación y desarrollo”.

Es importante recordar que la situación en la que se encuentra inmersa la estación experimental del INTA de Catamarca, que tiene afectado un lote en la localidad de Sumalao, es la misma que afrontan varias estaciones en otras provincias, donde el crecimiento de los ejidos urbanos ha ocasionado que estos terrenos, y por consiguiente la actividad que se realiza en ellos, se encuentren cercados.

“Consideramos que resguardar esta institución es fundamental para el crecimiento científico y tecnológico de Argentina. Más aún, en la coyuntura de crisis económica, sanitaria y social en la que estamos inmersos, puesto que el desarrollo de investigaciones es de central relevancia para otorgar soluciones y oportunidades a las problemáticas que nos planteamos como sociedad en materia de producción, generación trabajo, cuidado del medio ambiente y soberanía alimentaria”, afirma el senador De Angeli en los fundamentos del proyecto.

“En tal sentido, creemos necesario continuar fortaleciendo la educación, la ciencia y la productividad de nuestra patria, y para ello debemos defender las instituciones que cumplen con ese rol y que aportan al desarrollo nacional”, agregó.

La iniciativa cuenta con las firmas de los senadores Stella Olalla,  Pablo Blanco, Laura Rodríguez Machado, Juan Marino, Humberto Schiavoni, María Vucasovich, Mario Fiad, Oscar Castillo, Néstor Braillard Poccard, Claudio Poggi, Silvia Giacoppo, Víctor Zimmermann, Roberto Basualdo, María Belén Tapia y Julio Martínez.

La entrada Tras haber votado a favor de una expropiación de tierras del INTA, la oposición ahora presenta un proyecto para poner a resguardo los bienes de ese organismo se publicó primero en Bichos de Campo.

Un poco por este motivo y otro poco por sus ideales propios es que Techi circuló muchos por redes sociales estos días, defendiendo a capa y espada al INTA, en medio de un escenario de tensión por la amenaza de pérdida de terrenos históricos en sus diferentes experimentales. La amenaza de expropiación de tierras rondó por salta y ahora se convirtió en un peligro concreto para el INTA Catamarca.

“Hace menos de un año que agarre el teléfono puse mi cara y empecé a decir lo que pensaba. El INTA trabaja, investiga y tiene una parte excelente que se llama extensión rural, que implica bajar el conocimiento al productor. Ahí te invitan a formar parte de grupos de Cambio Rural y hasta te contactan con asesores en forma gratuita. Está bien, pagamos impuestos para sostenerlo, pero de alguna manera uno ve el dinero bien utilizado”, dijo Cavoti a Bichos de Campo.

La semana pasada el Senado de la Nación le dio media sanción a un proyecto que busca nada más ni nada menos que transferir un título de propiedad de la estación experimental del INTA a la provincia, como consecuencia del crecimiento del ejido urbano local. Esto desató numerosos debates sobre la propiedad privada, el trabajo del Instituto y los intereses políticos detrás de eso.

Fue en ese marco que la productora empezó a subir videos a sus redes, argumentando la necesidad de que el INTA pueda seguir trabajando como lo viene haciendo.

Para empezar, la productora cree que no se puede mudar una experimental del INTA así como así. “Tiene una gran importancia que estén en un mismo lugar, porque cuando vos arrancas a trabajar a un potrero sin la información previa, tenés que saber cómo fueron los últimos diez años, cómo son las napas y hacer todos los estudios de suelo. Si vos te llevas una extensión de 100 hectáreas y le regalas 1000 en un lugar nuevo, eso no sirve porque se pierden 50 años de registro. El INTA es política de Estado a 20 años”, argumentó.

A cavotti tampoco le parece problemático que el crecimiento de las ciudades, como sucede en el caso de Catamarca pero también en muchas otras zonas del país, vayan encerrando a las estaciones experiemntales del INTA. Por le contrario, opina que se una gran posibilidad. En ese sentido, señaló que el problema de las ciudades es la falta de espacios verdes al momento de crecer, y que el INTA puede funcionar como ese pulmón verde. “Hay que pensar en una legislación para que justamente el INTA así quede comprendido en un ejido urbano, se vea como una virtud, como un beneficio para la ciudad”, sostuvo.

En otro tramo de sus videos, la pecanera incluso cree que esta cercanía y buena vecindad debería ser aprovechada para tender puentes de entendimiento entre campo y ciudad, y para que las escuelas de cada región visiten regularmente las distintas experimentales, para conocer de cerca el trabajo que se hace en el agro, cómo debe hacerse, y los chicos puedan así desterrar algunos temores sociales que existen en torno a las actividades agropecuarias.

A eso hay que sumarle los trabajos en Buenas Prácticas Agrícolas que se realizan en las experimentales, los cuales garantizas un correcto manejo medioambiental. “El INTA no te pasa con un avión fumigando por arriba de tu casa. No es irresponsable. El INTA trabaja en las Buenas Prácticas que son la base de toda esa experiencia”.

-¿Qué piensa que hay detrás de esto?- le preguntamos.

-Es un plan de destrucción del aparato productivo del país. No son burros, no se equivocan y no desconocen. Saben todo perfectamente bien, es un plan. Para someter un país debes destruirlo económicamente y ellos (por los gobernantes) son sumamente inteligentes.

Cavoti agregó luego: “¿Qué diferencia hay entre el productor agropecuario y aquel que tiene una pyme o una industria? Que el productor agropecuario no se puede llevar la tierra a otro país. El productor agropecuario es una persona cautiva dentro del territorio nacional y cautiva en muchos sentidos. Es un drama y una virtud también. Las pymes, las industrias familiares, tienen su historial y tradición, pero el empresario tiene en el interior el levantar las chapas y arrancar en otro lugar”.

-¿Piensa que se va a organizar algo desde el sector?

-Totalmente.

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