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]]>“El CAA ratificó la agenda de trabajo para llevar adelante en lo que resta del año, así como en 2022, donde se priorizará el fomento de políticas a favor de la producción, la generación de empleo en todas las provincias y una estrategia exportadora sostenible sin restricciones de ninguna naturaleza, donde los derechos de exportación son un pilar central a seguir trabajando para lograr un programa de eliminación progresiva”, indicó la organización por medio de un comunicado.
El eje central de la agenda es el proyecto de Fomento Agroindustrial, el cual, si bien fue presentado casi dos semanas atrás por el propio presidente Alberto Fernández, aún no ingresó al Congreso para su tratamiento.
Por la tarde los miembros del CAA recibieron al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y al secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, a quienes se presentó formalmente la agenda completa de prioridades de todos los eslabones agroindustriales. “El ministro Domínguez anticipó que habrá medidas a favor de las economías regionales en base al trabajo previo con el CAA”, aseguró el comunicado.
La agenda completa es tan extensa como los discurso que ofrece el propio Domínguez al momento de asegurar que se está trabajando en beneficio del sector, al tiempo que algunos aspectos colisionan con medidas exactamente contrarias a las solicitadas, como es el caso del reciente cierre del registro de exportación de maíz 2020/21. Sin embargo, los integrantes del CAA mantienen el diálogo abierto porque –como dice el dicho popular– lo último que se pierde es la esperanza.
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]]>La entrada El proyecto de ley agroindustrial y la “teoría de los juegos” se publicó primero en Bichos de Campo.
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¿Como convencer a un empresario agropecuario, acostumbrado a las planillas de Excel, a invertir con instrumentos que funcionan como una referencia circular?
Con el muy atractivo objetivo de crear 700 mil puestos de trabajo, y exportar 100 mil millones de dólares se redactó un proyecto de ley denominado “Régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y exportador” (sic). Un objetivo muy ambicioso, que, tal como se observa, requería de un pomposo título de nomenclatura casi imperial.
Este proyecto viene acompañado de la creación de un nuevo ente burocrático encargado de asegurar de materializar la ecuación que conjuga la referencia circular. El nuevo “buroducto” se denominará “Registro nacional de fomento al desarrollo agroindustrial, federal, inclusivo sustentable y exportador” (sic), en el cual se supone se anotarán empresarios del agro para intentar comprobar que van a superar una determinada “línea de base” productiva medida en cantidades físicas en relación a años anteriores, para luego, si es que la “autoridad competente” autoriza, y si hay partida presupuestaria, poder acceder ex post a una promesa evanescente de futuras desgravaciones impositivas.
Al no ser los beneficios para el total de los productores agro, y solo para los aspirantes anotados en tal registro, el nuevo ente de control analizara, CUIT por CUIT, para ver quién es el beneficiario (o no) de estas gracias. Desde ya que auditar para cada caso cantidades de fertilizantes utilizadas, aumento peso promedio de hacienda vendida, stocks, etcétera, etcétera, es impracticable, ya que esa información no surge de los balances impositivos o DDJJ de las empresas del sector.
La “teoría de los juegos” estudia cuáles pueden ser las reacciones probables ante una determinada situación con distintos participantes. Y el cómo se toman las decisiones en el ambiente empresario, encaja perfectamente en la “teoría de los juegos”.
Un razonamiento para un empresario ganadero sería el siguiente: ¿Cuál es el incentivo para invertir en fertilizar pasturas o construir nuevos corrales si la exportación de mi producto (carne) está cerrada o condicionada? Evidentemente hay un problema previo a la posibilidad de eventualmente desgravar la compra de un fertilizante o acogerse a la remota probabilidad de amortización acelerada de bienes de capital.
La implacable planilla de Excel del empresario, frente a un proyecto intrincado como el mencionado, “tira error”, ya que la ecuación es una “referencia circular”. Caemos repetidamente y hasta el infinito en la “celda” inicial de la planilla, en la cual hay un problema irresuelto.
Así como mencioné la actividad carnes, lo mismo sucede con maíz, trigo y lácteos, entre otros productos. Intervenir el mercado es el “tapón” de la inversión. Saber que hay un mercado intervenido es una certeza que muestra la estrechez del camino o bien anuncia el frustrante callejón sin salida.
Ahora, y volviendo a la “teoría de los juegos”, quienes diseñaron este proyecto de ley, se puede decir que quizás no conocen los “drivers” auténticos que movilizan la inversión en la mente de los empresarios agropecuarios. Ese desconocimiento sería una posibilidad y no hay que descartarla.
La otra posibilidad es que quizás realmente son conscientes que esto es así y el hecho de saber que es un proyecto de ley intrascendente y de “suma cero” permite desviar la atención de los temas cruciales. Con lo cual, si el objetivo central es dejar contento al Poder Ejecutivo, la propuesta no es mala para quienes la impulsan.
Si el contenido del proyecto de “ley agroindustrial” promovido por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) omite hablar de derechos de exportación, diferencias de tipo de cambio (“retenciones cambiarias”), apertura de la economía, mercados no intervenidos, presión impositiva y, de esa manera, logra conformar al gobierno, se pueden lograr los otros objetivos buscados, una vez instalada la discusión en temas irrelevantes, quitando presión a los gobernantes.
Una vez que esta iniciativa entre a debatirse, como si realmente fuese el “proyecto del campo”, se comenzarán a discutir nimiedades de cómo se van a registrar las “líneas de base” o alguna de las otras “abstracciones”. De esa manera, se puede seguir trabajando en la agenda interna particular para lograr lo que cada cámara agroindustrial propone para su micro-interés. Y ahí sí, se corre el velo, y tiene sentido toda esta movida.
Sin tener en cuenta el interés global real de la agroindustria de nuestro país, pero sí el interés particular de alguna cámara, parecería cerrar que esta ley sea presentada como el “proyecto del campo”.
Posiblemente ese sea el “juego” al que estamos sometidos. Partido hay, pero por lo visto se juega en otro tablero fuera de la vista de la discusión pública.
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]]>La entrada Grave: La “crisis de los contenedores” podría provocar el colapso de muchas exportaciones agroindustriales argentinas se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Legumbres, maní, especialidades agrícolas –como el maíz pisingallo y el girasol confitero–, productos cárnicos y lácteos, vinos y frutas, entre otros muchos productos, se envían a diferentes mercados del mundo en contenedores. Y todas esas exportaciones están en problemas.
“El comercio exterior argentino viene experimentando diversos inconvenientes en materia logística marítima que impactan negativamente en las exportaciones y esta situación se está agravando en las últimas semanas. Más allá de la situación global que condiciona el tráfico marítimo, existen impactos específicos para la Argentina”, indicó hoy el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) por medio de un comunicado.
“Toda la carga containerizada que la agroindustria argentina exporta y que proviene de cadenas de producción y transformación presentes en todas las provincias y es hoy el mayor aportante de divisas al país, se encuentra atravesando una angustiante situación por la fuerte disminución del flujo marítimo hacia la Argentina”, advirtió.
El inicio de este colapso fue una sucesión de roleos (desplazamientos de las cargas de un buque a otro posterior y/o posteriores), llegando a retrasos superiores a las seis semanas, y continuó con la cancelación de “bookings” (contratos de fletes entre exportadores y armadores y operadores de buques), subas abruptas de tarifas tras esas cancelaciones, donde los valores de los fletes en determinados tráficos se multiplicaron por tres, cuatro, cinco y hasta ocho veces el valor habitual que por años fueron los valores de mercado, lo que promovió pérdidas cuantiosas para las empresas exportadoras.
“El Consejo Agroindustrial Argentino considera que estos cambios de valores afectan severamente a los productos agroindustriales, principalmente aquellos de bajo valor de exportación, ya que el flete que históricamente significaba entre el 5% y el 10% de su valor costo y flete, hoy puede llegar a impactar en un rango entre 20% al 50% del valor costo y flete de la mercadería, siendo más grave aún su efecto retroactivo, debido a que las nuevas tarifas se aplicaron a contratos ya negociados y dados de baja por los armadores de forma unilateral”, alertó el CAA, el cual está integrado por más de sesenta organizaciones sectoriales.
“No se considera razonable la retroactividad de los cambios unilaterales de los contratos de fletes que aplican algunos armadores, más allá de los problemas globales existentes. Ante esta realidad, las exportaciones agroindustriales de varios sectores se encuentran paralizadas, debido a la falta de previsibilidad de espacios en los barcos, así como a valores cambiantes de los fletes; sumados al hecho de la existencia de un importante stock de mercaderías ya comercializadas que de momento no tiene opciones de transporte”, alertó.
Desde el CAA se vienen mantenido conversaciones con el Centro de Navegación y con el gobierno nacional al respecto. “Sin embargo, la situación ha empeorado; es por ello que llamamos a trabajar conjuntamente para lograr condiciones previsibles que nos permitan restablecer el comercio exterior lo antes posible”, solicitó el CAA.
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]]>La entrada Martins aprovechó un acto oficial para volver a pedir al gobierno que reactive el congelado proyecto del Consejo Agroindustrial Argentino se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“La agroindustria representa el 67% de las exportaciones de bienes y genera 3,7 millones de puestos de trabajo, aproximadamente 22% del empleo privado”, recordó Martins en el “Congreso de la Producción y el Trabajo”, realizado hoy en la Casa Rosada, que contó con la presencia de los ministros Matías Kulfas y Martín Guzmán, entre otros funcionarios del gobierno nacional.
“Somos un sector dinámico que se adapta rápido a los cambios, que mantuvo los motores en marcha aún en los peores momentos de la pandemia, sosteniendo el empleo, abasteciendo el consumo interno y generando divisas a través de la exportación”, añadió.
Martins remarcó además que, gracias a las divisas generadas por el agro, el Banco Central (BCRA) pudo disponer de este año de un volumen de reservas adicional que resulta indispensable para la actual política económica.
“Estamos en condiciones de producir 180 a 200 millones de toneladas de cereales y oleaginosas y crecer en valor agregado en origen y así llegar exportaciones por valor de 100.000 millones de dólares y generar 700.000 puestos de trabajo en todo el país”, afirmó.
“Necesitamos el compromiso de la política en general y del gobierno en particular para mantener reglas de juego claras y sostenibles en el tiempo. Se debe evitar interrumpir o restringir los flujos de exportación”, agregó.
El vocero de la CAA recordó que esa organización está integrada por 63 entidades del sector que trabajan en el diseño de propuestas de políticas de Estado. En ese sentido, dijo que “se debe enviar al Congreso para su tratamiento y aprobación el anteproyecto de ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial que venimos discutiendo (con el Gabinete Económico del gobierno)”.
“Esa herramienta nos permitirá un salto cualitativo en ingreso de divisas y generación de empleo, sin requerir subsidios del Estado. Esto debe venir de la mano de inversión federal en conectividad, infraestructura, educación y salud”, afirmó.
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]]>La entrada Ahora sí por ahí la cosa cambia: El Consejo Agroindustrial Argentino pidió al gobierno que suspenda el “cepo cárnico” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Quizás ahora la historia cambie, porque las 64 entidades y cámaras que conforman el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) pusieron finalmente manos a la obra para redactar un contundente comunicado en el cual expresan “preocupación y rechazo a todo tipo de medida que limite exportaciones”. Muy jugado.
“Este tipo de medidas no contribuye a promover más producción, ni a crear empleo, ni a favorecer a los consumidores que tienen afectado su poder adquisitivo”, sostuvieron.
Los representantes de CAA avisan que tuvieron reuniones con el presidente, así como con ministros y otros funciones menores del gobierno nacional, donde se habló de la posibilidad de una reapertura de las exportaciones cárnicas bovinas.
“Sin embargo, han pasado varias semanas y no se implementaron tales medidas. Reiteramos nuestra visión que para solucionar los problemas de pobreza, inflación y desinversión productiva se necesitan políticas de mediano y largo plazo que promuevan empleo genuino, que es el instrumento más efectivo para mejorar sustentablemente las condiciones de vida de los argentinos”, afirmaron.
“Las exportaciones de carne bovina sin restricciones (hace falta aclararlo, claro) generan empleo y defienden las fuentes actuales de trabajo, así como permiten atender las demandas del mercado interno”, añadieron.
En los primeros meses del año los integrantes del CAA se entusiasmaron con la posibilidad de coordinar con el Gabinete Económico del gobierno nacional un proyecto de ley que contemplaba diferentes beneficios para el sector agroindustrial, entre los cuales se incluían beneficios impositivos para comprar semillas y fertilizantes.
Pero el gobierno, en su afán de posicionarse como antagonista del sector agropecuario para cosechar capital político entre sus votantes, en un momento cortó las negociaciones de manera definitiva.
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]]>La entrada Ley Yolanda: Cabandié aseguró que “las visiones alternativas y la promoción de producciones ecológicas no sustituyen los sistemas actuales” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La Ley Nº 27592, denominada “Yolanda” en homenaje a Yolanda Orti, quien fue en 1973 la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina, tiene como objetivo garantizar la formación ambiental de todas las personas que se desempeñan en la función pública. Fue sancionada el 17 de noviembre de 2020.
Para diseñar los contenidos, el Ministerio de Ambiente lanzó una consulta pública para poner en cuestión un documento que refleja los lineamientos centrales que tendrán la capacitaciones, en el cual es evidente una importante carga ideológica no sólo contra el sistema agropecuario vigente, sino incluso también contra la economía de mercado.
José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y vocero del CAA, junto a Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, manifestaron a Cabandié que el sector agroindustrial “se encuentra frente al desafío de seguir adoptando sistemas de producción cada vez más responsables en consonancia con los acuerdos internacionales vigentes”, en referencia, fundamentalmente, al Acuerdo de París, que contempla la necesidad de mitigar emisiones de gases de efecto invernadero.
Por su parte, Cabandié, según un comunicado difundido por el CAA, dijo que “las visiones alternativas y la promoción de producciones ecológicas no sustituyen los sistemas actuales, sino que son complementarias”.
Con respecto al documento que se diseñó para cumplir con la “Ley Yolanda”, el ministro expresó que la terminología utilizada en el mismo “es fruto de una visión académica, pero no es sustitutiva de los sistemas productivos” actuales.
Este jueves 15 de julio comenzarán las reuniones técnicas con representes de diferentes sectores para comenzar a elaborar el documento final a partir del cual se harán las capacitaciones ambientales a funcionarios públicos.
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]]>La entrada ¿Educación o adoctrinamiento? El Consejo Agroindustrial Argentino pidió que la capacitación ambiental no tenga “un posicionamiento parcial e inapropiado” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La Ley Nº 27592, denominada “Yolanda” en homenaje a Yolanda Orti, quien fue en 1973 la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina, tiene como objetivo garantizar la formación ambiental de todas las personas que se desempeñan en la función pública. Fue sancionada el 17 de noviembre de 2020.
Para diseñar los contenidos, el Ministerio de Ambiente lanzó el mes pasado una consulta pública para poner en cuestión un documento que refleja los lineamientos centrales que tendrán la capacitaciones, en el cual es evidente una importante carga ideológica no sólo contra el sistema agropecuario vigente, sino incluso también contra la economía de mercado.
El CAA se quejó porque el documento oficial “propone considerar a los sistemas productivos actuales como modelo de desarrollo hegemónico y una ideología” y eso “muestra un posicionamiento parcial e inapropiado sobre una materia con múltiples aristas que –de mantenerse dicho enfoque– no logrará una mejor información y capacitación para la toma de decisión en un tema tan prioritario como es la transición hacia una economía verde”.
“Por ello, entendemos que la capacitación no debería ser un espacio de replanteo para desarrollar ‘caminos alternativos’, sino un espacio de formación en el que se transmitan los conceptos fundamentales sobre los cuales está basado el diálogo internacional para atender los desafíos ambientales que son también globales”, argumentó.
El comunicado del CAA incluso remarca que el texto oficial “objeta el saber científico”, por lo que solicitó una audiencia a los ministros de Ambiente, Juan Cabandié, y Agricultura, Luis Basterra, para que la capacitación ambiental “se enfoque en los ejes que guían las intervenciones en los diálogos internacionales: economía verde; sostenibilidad económica, social y ambiental; economía circular; mitigación y adaptación al cambio climático”.
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]]>La entrada Santiago del Solar se pregunta: ¿Cuál es la agenda del Consejo Agroindustrial Argentino? se publicó primero en Bichos de Campo.
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Por ahora los logros mas concretos del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) han sido dos: la restitución del diferencial aceitero, que era el monotema hasta la obsesión de la industria oleaginosa durante la administración de Mauricio Macri, y el segundo “logro” fue el retorno del fideicomiso aceitero. Ambos significan transferencia de recursos desde el chacarero a la industria. Las magnitudes van de los 400 a 450 millones de dólares por año para el caso del diferencial y 190 millones de dólares aproximadamente en lo que respecta al fideicomiso. Todos los costos, desde ya, a cargo de la producción.
El próximo paso del CAA parece ser conseguir “desgravar” del Impuesto a las Ganancias algunos insumos. Para poder desgravar por ley de Ganancias un insumo utilizado en el agro, el resto de los otros insumos deben continuar siendo gravados. Pocos pueden ser los elegidos para una distinción tan atractiva. La lista debe ser corta y selecta.
Quienes tengan la capacidad dialéctica de posicionarse asegurando que “este insumo en particular es estratégico para la agricultura” o, mejor dicho, asegurar que “este insumo es más estratégico que otros insumos que venden otros”, van a poder acceder a una posición privilegiada.
Pareciera que en “pole position” estarían los fertilizantes, las semillas, los tractores nacionales y alguna que otra maquinaria agrícola. Habrá que ver a quienes les toca la “varita mágica” y a quienes no. Seguramente es momento de muchas charlas palaciegas y mil promesas de posible reactivación, si es que tal o cual insumo accede al privilegio de la “desgravación”.
Pensar que un plan, proyecto de ley o estrategia productiva que se basa en escoger algunos productos para que tengan un tratamiento impositivo preferencial, es al menos un plan bastante precario y de corto vuelo.
Hoy las limitantes para acceder a tecnologías y poder aumentar las producciones son otras, como el desdoblamiento cambiario, el cierre o cuotificacion de importaciones, los altos aranceles de importación para cosechadoras y tractores, la prohibición de importar maquinaria usada, como así también la silente intervención del mercado de trigo y maíz, o la letal combinación de derechos de exportación con diferencial de tipo de cambio, que hacen que el chacarero argentino acceda al 50% del valor FOB del trigo y maíz y al 40 % del valor FOB de la soja, reduciendo así la capacidad de compra del productor.
Se piensa en este tipo de supuestas soluciones micro, de dudoso impacto, omitiendo por ejemplo la agenda de creación de impuestos que continua a tambor batiente, como lo es la reciente intención de aumentar alícuota del Impuesto a las Ganancias a las empresas, terminar con el “Pacto Fiscal” que disminuía gradualmente Ingresos Brutos en las provincias y la creación del “Impuesto a la Riqueza”. Pareciera que el problema es no saber dimensionar las magnitudes de los problemas. Si no, no se entienden las prioridades.
La imposición de precios máximos no aparece tampoco con la relevancia que esta tiene en la agenda del CAA. Política que descoloca el sistema de precios, que se topa con un dique que no permite capturar los valores que podrían revertir la situación productiva. Tal es el caso de la lechería. El Siglea arrojó para marzo precios de la leche rondando los 24 $/ litro, cuando haciendo la conversión con precios internacionales y tomando el valor del dólar oficial, el precio al productor por capacidad de pago exportación debería ser del orden de 34 $/ litro; los tambos hoy no son rentables, pero capturando esos precios lo serían. Desgravar un insumo de Ganancias nada va a cambiar la ecuación lechera, ya que el problema pasa otro lado. El problema es el no acceso al precio.
Visto esto, pareciera que el CAA busca ser una suma anárquica de pedidos de sectores individuales, sin un objetivo común como cadena agroindustrial. Una suerte de “sálvese quien pueda” institucionalizado, donde los más hábiles tienen las de ganar y todos los sectores agregados tienen las de perder. Lamentablemente, ni siquiera es un juego de suma cero, sino que la sumatoria de prebendas termina achicando la torta y destruyendo la confianza.
Si vamos a pensar en el agro con políticas de Estado de mediano y largo plazo, tenemos que focalizarnos en los temas que sí son relevantes y no en aprovechar la primera “ventanita” para buscar algún beneficio de algún sector que pueda intentar salvarse solo.
A la hora de pensar políticas de largo plazo, la agenda debe ser otra; la de la infraestructura, la apertura comercial, los Tratados de Libre Comercio, bajar la presión tributara, reducir burocracia y no buscar tener las “mejores zapatillas” para que el león se devore al que corre más despacio.
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]]>La entrada “Este error es plena responsabilidad del Gobierno”, acusa Gustavo Idígoras tras la veda al maíz. Sugiere armar un fondo anticíclico con el dinero que recaudarán por la suba de los granos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En diálogo con Bichos de Campo, Idígoras aseguró que sigue apostando al Consejo Agroindustrial como herramienta. “Estoy cada vez más convencido de que el Consejo es la mejor herramienta para la defensa de los intereses de toda la cadena de valor. Lo que pasa es que a veces el Gobierno cambia de rumbo y pierde el diálogo, entonces las fallas no son del Consejo”, declaró.
-Estos primeros días de enero fueron tumultuosos. El Gobierno cerró las exportaciones de maíz de golpe y nos retrotrajo a todos a épocas no tan viejas. ¿Cómo te cayó esta medida?
-Personalmente me cayó muy mal porque veníamos de 21 días de paro con un conflicto sindical muy duro en las agroexportadoras y puertos paralizados y recién el día 30 de diciembre a las 2 de la mañana cerramos un acuerdo en el ministerio de Trabajo. Ese mismo día a las 9 de la mañana fuimos convocados al Ministerio de Agricultura, donde estuvimos reunidos 8 horas con la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Producción por el tema aceites y precios máximos, donde el Gobierno quería arribar a una nueva forma de gestión de los precios.
Recordemos que en 2020 los precios internacionales del girasol subieron más del 85% y que los costos internos se incrementaron a nivel de la inflación, cerca del 35%, y la Secretaría de Comercio otorgó un aumento del 9% total durante todo el año a los aceites refinados que consumimos los argentinos en lo cotidiano, con lo cual esos aceites no son los causantes de la inflación y esa diferencia genera además perdidas millonarias. Después de 8 horas de reunión el Gobierno definió que el mecanismo era un fideicomiso, lo cual no queremos ni promovemos porque genera perdidas, destrucción de mercados, producción y de marcas. Sin embargo accedimos a trabajarlo.
Ese mismo día, cuando cortamos para almorzar, recibí el comunicado donde cerraban el registro de exportaciones del maíz.
-O sea que siendo vos representante de las exportadoras de maíz y estando en el Ministerio de Agricultura… ¿Nadie te dijo que estaban cerrando el registro de exportaciones?
-Correcto, y es más, nunca me plantearon la problemática. Nunca me plantearon la urgencia del maíz ni lo que estaba sucediendo, con lo cual este error es plena responsabilidad del Gobierno.
Mirá la entrevista completa a Gustavo idígoras:
-Fue una medida sorpresiva que nadie esperaba. ¿Qué argumentos te dieron luego cuando volviste a hablar con el Gobierno?
-El argumento que me dieron es que había una necesidad de abastecimiento interno, que ellos veían un flujo exportador elevado previsto en 38 a 38,5 millones de toneladas, que veían que el remanente que quedaba en el mercado no tenia los flujos o la dinámica necesaria para abastecer sobre todo a la industria avícola, que había hecho sus reclamos correspondientes sobre el tema. Pero una cuestión de estacionalidad sucede normalmente en esta época del año y todos los años. Lo que yo reclamé era que si teníamos mecanismos de diálogo y de trabajo, por qué no los activaron. Nadie respondió al día de hoy esa pregunta. Esa falta de respuesta es la que motivó un paro nacional agropecuario, la que motivó un montón de malhumor, de desánimo y descreimiento, y eso es lo que tenemos que remar hoy. Es bastante complicado salir de ese escenario.
-Bueno, finalmente el gobierno levantó el cierre de las exportaciones y el paro de la Mesa de Enlace también terminó. Pero todo este manoseo genera ruido en el interior y los productores ven con malos ojos el proceso de diálogo que generó el Consejo Agroindustria. ¿Cómo te posicionás vos frente a esta acusación de que el CAA sirve para negociar solo para ustedes?
-En primer lugar el Consejo Agroindustrial Argentino es un espacio institucional imprescindible en la situación económica, política y social de la Argentina, porque permite que todos podamos conocernos y hablar entre nosotros. El Consejo permitió la creación, en sólo un par de horas, de la mesa intersectorial de maíz y de la de trigo. En la intersectorial de maíz ya están casi todos, somos 32, y está desde el representante de la industria del etanol, el de la molienda húmeda, el de la molienda seca, el que hace los orgánicos, el maíz pisingallo y también están las entidades de productores. Ese es el espacio que permite el Consejo. Hoy esas mesas tomaron autonomía. Cuando uno es parte de un conflicto, lo que espera de ese conflicto es un diálogo y una solución, porque si uno va a pensar que va a promover un conflicto de modo permanente, es un gran error.
Lo que buscamos es, primero, identificar qué quiere el Gobierno y cómo lo quiere implementar, y no solo buscar la solución de la coyuntura. Pero para eso el Gobierno debe definir qué es lo que quiere hacer en los próximos tres años en materia de comercio exterior, exportaciones, precios internos y derechos de exportación. Entonces, lo que la mesa le está pidiendo al Gobierno es este tipo de definiciones. De lo contrario, dentro de dos o tres meses tendremos problemas con otros cultivos. Es natural que un productor no crea así. Y por eso tenemos la decisión y el compromiso de defender la rentabilidad del productor. Si ese productor no está en condiciones de sembrar y de tener rentabilidad de nada sirve el diálogo. No tiene sentido que tengamos 22 puertos si no hay producción para transportar. Tampoco tiene sentido tener 22 puertos y tener un registro de exportación cerrado. Por eso trabajamos en conjunto como cadena.
-¿No es que la industria aceitera quiera sacar ventaja dentro el marco del Consejo Agroindustrial entonces?
-Cada vez que escucho estas cosas me pongo de muy mal humor porque pienso que es una falta de respeto que alguien dude de la capacidad de los dirigentes agropecuarios, de los de Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas o de Federación Agraria, que están dentro del Consejo, que trabajan todo el día y que además participan de las mesas, llevando propuestas y haciendo observaciones y objeciones. Sinceramente creo que no tiene sentido darle entidad a ese tipo de planteos.
-¿Crees que se equivocaron a tu juicio los dirigente de la Mesa de Enlace en hacer un paro?
-Creo que el paro es un derecho absolutamente legítimo y me parece que el cierre de las exportaciones es un NO negociable como cadena de valor orientada al mercado internacional. Por supuesto sin mirar para otro lado al respecto de cuestiones básicas de consumo interno, ya que no puede haber argentinos sin alimentos si estamos pensando en alimentar a Vietnam o a la India. Ahora, nuestra decisión de producción y comercialización está siempre vinculada al comercio internacional. Por lo tanto, si hay un cierre de registro claramente las entidades perciben que es un daño al productor y toman una decisión.
Ahora bien, esos paros tienen que ser vistos siempre con el objetivo de recuperar el diálogo, el compromiso del Gobierno y de estabilidad en las reglas de juego y eso es lo que pusimos por escrito. Si ves las actas de trabajo de las mesas siempre verás lo mismo: somos conscientes de la crisis económica y social de la Argentina, somos consientes de que la inflación es un problema, pero también somos conscientes de que el aumento de los precios de los alimentos en la Argentina es la consecuencia de la inflación y no la causa, debido a que la causa está mucho más orientada con la altísima emisión monetaria del Gobierno, que se encuentra frente al dilema de administrar un Estado que tiene múltiples demandas, una sociedad con altísimo nivel de desempleo y de crisis y una economía que perdió más de 11 puntos de PBI. La buena noticia es que están aumentando los precios internacionales, entonces tenemos que ser creativos y poner todas las opciones sobre la mesa.
-¿No es una maldición entonces tener excedentes?
-Es una bendición que Argentina tenga una oportunidad de mejora. El Gobierno tendrá 2.500 millones de dólares adicionales en 2021 de lo que preveía en 2020. Si yo fuera el ministro de Economía, haría un festejo en Plaza de Mayo y agradecería a todos porque tendré recursos para atender intereses y políticas sociales. Qué mejor que agradecer y seguir hacia adelante. Ahora, lo que pedimos nosotros, no solo como exportadores sino como gran comunidad agroindustrial argentina donde el productor es el eslabón central, es claridad de juego dentro de los próximos tres años. Que nos digan que no cerrarán los registros, que no aumentarán derechos de exportación y que trabajaremos en conjunto para ver formas razonables para abastecer al mercado interno.
-Antes era inimaginable que un Gobierno K retrocediera en una medida como esta. ¿Creés que después de este retroceso que hizo al respecto del maíz hay chances de reanudar el diálogo con lo que yo llamo el ‘lado sensato’ del Gobierno, como Kulfas o Guzmán?
-Nosotros seguimos trabajando con ellos en cuestiones vinculadas a precios, mercado interno y abastecimiento, entre otras. De hecho esta semana se hizo una reunión de economías regionales del Consejo Agroindustrial con los Ministerios de Economía, Producción y Agricultura por el tema de derechos de exportaciones. A fin de año hubo una baja y en algunos casos unos ajustes hacia el alza en algunas posiciones arancelarias y la discusión fue tensa porque algunos ganaron y otros perdieron, y por eso tomamos una agenda de trabajo para rectificar esa situación.
Luego, con respecto al proyecto de ley en el que estamos trabajando y esperamos la última versión escrita del proyecto para entrar en el tramo final de negociación. Hemos hablado con todos los ministros e incluso le mandamos un mensaje al presidente de La Nación, porque queremos que el proyecto entre en las sesiones para comienzos de marzo y tenga rápido tratamiento para ser aprobado.
-Al principio de la charla vos dijiste que no les gustaba el fideicomiso para el aceite. El gobierno propone replicar esa herramienta para resolver también el dilema del maíz. ¿Qué se dice de esta figura y quién pone la plata para que un fideicomiso empiece a intervenir, ahorrar y subsidiar cuando haga falta?
-Un fideicomiso es un mecanismo de financiamiento y compensación monetaria entre abastecedores y no abastecedores. En el caso del fideicomiso aceitero, las discusiones que estamos teniendo son durísimas porque son pocas las empresas abastecedoras y pocas las plenamente exportadoras, y nadie quiere transferir recursos innecesarios. Lo que pasa es que muchos suponen que todo esto lo absorbe el productor, pero eso es falso, porque si el mercado no es dinámico y no hay posibilidad de trasladar los costos y precios. Todo eso lo termina absorbiendo el mismo exportador quien le paga al abastecedor lo que debe pagarle de acuerdo a determinados conceptos vinculados siempre a la necesidad de que haya precios razonables en Argentina. Ahora, esos precios deben ser también competitivos.
Tuvimos un debate de muchas horas en la mesa intersectorial estableciendo que este fideicomiso es de difícil cumplimiento, y que hay otros ejemplos de fideicomiso, como el de trigo que tenía el Banco Nación que era de control estatal en 2013 y que hay otra posibilidad de fondos anticíclicos. Si asignáramos 400 millones de dólares del incremental de exportaciones que van a registrarse ahora que suben los precios internacionales podríamos armar un fondo anticíclico similar al que tienen países como Chile, que lo tiene por ejemplo con el cobre. Del mismo modo nosotros podríamos tener un fondo alimentario nacional directo. Esa es la solución estructural. No podemos seguir viendo cuántos camiones de maíz se entregan de modo subsidiado a tal o cual, porque eso es distorsionar el mercado.
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]]>La entrada ¿En qué consiste la propuesta presentada por el CAA al gobierno para garantizar la disponibilidad de maíz a usuarios internos? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Una de las propuestas presentadas por el CAA es la promoción del uso de coberturas de maíz en el Matba Rofex por medio de líneas de financiamiento específicas diseñadas para facilitar el empleo de futuros y opciones de maíz.
Argentina tiene la suerte de contar con el principal mercado de futuros agrícolas de América latina, el cual, por ejemplo, en julio y agosto de 2020 brindó la posibilidad de tomar coberturas de Maíz Rosario Abril 2021 a valores inferiores a los 140 u$s/tonelada, cuando en la actualidad el precio de ese contrato se encuentra en torno a los 200 u$s/tonelada.
Otra de las medidas propuestas es la implementación de un fondo anticíclico del maíz financiado con aportes fiscales generados por la recaudación de derechos de exportación de productos agroindustriales que excedan los ingresos proyectados por ese concepto establecidos en el Presupuesto 2021 de la Administración Pública Nacional.
Es decir, si el equipo económico del gobierno, por ejemplo, proyectó ingresos por derechos de exportación de 120.000 millones de pesos en el primer trimestre de 2021 y los ingresos por ese concepto terminan siendo de 140.000 millones, entonces que puedan aplicarse 20.000 millones de pesos para subsidiar el precio del maíz destinado a consumidores internos.
Otras de las iniciativas presentadas por el CAA es la reducción de impuestos para las empresas elaboradoras de alimentos por los meses que quedan para el empalme con la nueva cosecha de maíz en marzo próximo. Eso con el propósito de que los usuarios de maíz puedan contar en los próximos dos meses con mayores recursos para adquirir el cereal.
En ese mismo sentido, se propuso que las entidades bancarias del sector público pongan a disposición líneas de crédito especiales con plazos flexibles para que las empresas usuarias de maíz puedan acumular stocks de maíz, de manera que no tengan que recurrir de manera sistemática al mercado disponible para originar cereal.
En lo que respecta a los frigoríficos avícolas que integran CEPA, el sector más preocupado por el acceso al maíz, en el ámbito del CAA se detectó que en los próximos dos meses la necesidad de abastecimiento de ese sector ronda las 600.000 toneladas del cereal y se acordó que las necesidades puntuales que pueda tener algún frigorífico avícola se gestionará internamente en el ámbito de la CAA y luego en la “Mesa del Maíz” que se conformará entre integrantes del sector público y privado.
La propuesta, si bien fue muy bien recibida por Basterra, se encuentra actualmente en consideración por parte del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En la reunión realizada ayer con Basterra estuvieron presentes el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, el presidente de Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, el presidente de Maizar, Alberto Morelli; y el presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, Roberto Domenech.
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