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]]>Primero fue el turno de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid). Y ahora también solicitó el mismo trato la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que reúne a cientos de entidades representativas de producciones regionales (desde la miel y el arroz hasta la horticultura, la cría de búfalos y la producción de alimentos orgánicos, por citar unos pocos ejemplos).
“Hace once años que esta entidad gremial empresaria representa a pequeños y medianos productores y, en su nombre, reclama ser parte del Consejo Directivo del INTA”, señaló hoy CAME por medio de un comunicado.
“Según el Censo Nacional Agropecuario 2018, el segmento denominado ‘Economías Regionales’ representa a más del 63% de las explotaciones agropecuarias de nuestro país, por lo que comenzar a considerarlo es una necesidad estratégica al momento de diseñar políticas de desarrollo productivo tanto regional como nacional”, argumentó.
Desde ya, las autoridades de CAME rechazaron la iniciativa de excluir del máximo órgano de decisión del INTA a las entidades agropecuarias y al sector académico, pero decidió “llevar la discusión hacia otro nivel: ampliar la representación vigente, considerando los cambios que presentó la estructura socioproductiva desde la fecha de creación del INTA, en el año 1956, y visibilizando a los nuevos actores sociales agropecuarios”.
“La activa participación del sector privado ha sido fundamental para que este organismo con más de 60 años de historia haya superado los diversos contextos políticos y económicos. Mirar para otro lado en vez de sumar nuevas miradas es actuar en desmedro del desarrollo equitativo de todas las regiones del país, a través de la producción primaria y/o la agroindustria”, añadió.
El decreto 287/1986 del presidente Raúl Alfonsín estableció la obligación de integrar el Consejo Directivo del INTA con un total de diez consejeros, de los cuales cinco deben ser designados por CREA, Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA).
Además de los cinco integrantes de la producción, el Consejo Directivo del INTA está integrado por el presidente y vicepresidente del organismo –designados por el Poder Ejecutivo nacional–, un representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y dos representantes del ámbito académico (un decano por las facultades de agronomía y el otro por las de veterinaria).
El hecho de que se definiera que los productores debían ocupar la mitad del órgano principal de gobierno del INTA no es casual, sino que se hizo así, precisamente, para que las políticas del organismo surgiesen a partir de consensos logrados con el acuerdo de los usuarios finales de los servicios del INTA.
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]]>Es un buen momento para conocer los antecedentes históricos a partir de los cuales se instrumentó la decisión de incorporar a representantes de los productores en la definición de las acciones de extensión e investigaciones emprendidas por el INTA.
El INTA fue creado en diciembre de 1956, por medio del decreto/ley Nº 21.680 del presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, con el propósito de “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria”.
El decreto/ley Nº 21.680, que definió al organismo como un ente descentralizado y autárquico, indicó que el Consejo Directivo del INTA debería estar integrado por “miembros de la producción”, aunque esa atribución se reglamentó recién en 1986 por medio del decreto 287 del presidente democrático Raúl Alfonsín.
El decreto 287 estableció la obligación de integrar al INTA cinco consejeros en representación de CREA, Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA).
La norma determinó que los restantes cinco integrantes del Consejo Directivo de INTA deben ser el presidente y vicepresidente del organismo –designados por el Poder Ejecutivo nacional–, un representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y dos representantes del ámbito académico (un decano por las facultades de agronomía y el otro por las de veterinaria).
El hecho de que se definiera que los productores debían ocupar la mitad del órgano principal de gobierno del INTA no es casual, sino que se hizo así, precisamente, para que las políticas del organismo surgiesen a partir de consensos logrados con el acuerdo de los usuarios finales de los servicios del INTA.
Los quince centros regionales de INTA, que abarcan todas las zonas productivas argentinas, cuentan a su vez con su propio órgano de representación integrado por referentes locales del sector agropecuarios, estatal y académico.
El Consejo Directivo de INTA, además de definir las estrategias por implementar en materia de investigación y extensión, gestionan la distribución del presupuesto del organismo (que en 2021 es de 11.727 millones de pesos) y los concursos para cubrir cargos directivos tanto a nivel nacional como regional.
Los quince centro regionales de INTA gobiernan 52 estaciones experimentales y 280 agencias de extensión rural. Se trata, junto al Correo Argentino y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), de uno de los tres entes de carácter nacional que cubren toda la extensión del territorio argentino.
INTA además cuenta con otros seis centros de investigación dedicados a las áreas de agroindustria; ciencias políticas, económicas y sociales; ciencias veterinarias y agronómicas; investigación y desarrollo tecnológico para la agricultura familiar; investigaciones agropecuarias; y recursos naturales.
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