En ese marco, los representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), advirtieron que las “pymes no soportan más tributos provinciales”.

“Estamos convencidos de que, a partir del crecimiento de las pymes existentes, y con la generación de nuevas empresas en todo el país, saldremos adelante, creando empleo y dinamizando las economías locales. Para lograrlo, quienes impulsamos el sector productivo pyme nacional necesitamos estabilidad fiscal y desarrollo federal”, indicó CAME por medio de un comunicado.

Los representantes de las Pymes argentinas solicitaron que se reduzca progresivamente la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos en un plazo no mayor a tres años para toda empresa calificada como micro, pequeña y mediana (tramo I).

Suspender por 180 días todo régimen de retención y/o percepción, hasta tanto una comisión arbitral establezca un sistema claro y uniforme que evite la apropiación indebida de base imponible al cobrar impuestos que no corresponden. Y solicitaron crear una cuenta corriente única que permita que la retención y/o percepción indebida realizada por una provincia pueda ser tomada por el contribuyente en la provincia que corresponde.

Además, requirieron uniformar los requisitos para la obtención de certificados de no retención y/o percepción, evitando así que “algunas provincias establezcan requisitos de imposible cumplimiento para las Pymes”, además de la devolución automática de saldos a favor generados a través de la cuenta corriente única.

Speedy González para firmar el “consenso fiscal” y Manuelita para declarar la emergencia agropecuaria en Córdoba y Santa Fe

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Al anunciar la firma del documento, en un acto realizado en la Casa Rosada, Fernández aseguró que se trata de “un paso más en favor de garantizar un crecimiento equilibrado en toda la Argentina”, refiriéndose claramente al sector público provincial, porque tal política contribuirá a “secar” de efectivo a las empresas.

En lo que respecta a Ingreso Brutos, el proyecto contempla una alícuota máxima de 0,75% para la actividad agropecuaria; de 1,50% para industria, de 5,0% para comercio y actividades inmobiliarias (incluye arrendamientos agropecuarios); de 6,5% para telefonía celular; y de 9,0% para servicios financieros, entre otros rubros.

Si bien el gobierno de cada provincia luego deberá decidir la alícuota por fijar en cada caso, está claro que el “consenso fiscal” está diseñado para incrementar la presión tributaria sobre el sector privado, lo que podría tener un impacto considerable en el agro, dado que es la actividad que ya soporta la mayor carga impositiva.El impuesto a los Ingresos Brutos, tal como sucede con los derechos de exportación, es uno de los tributos más dañinos que existe para el sector privado en general y el agro en particular, porque, como su nombre lo indica, se aplica sobre los ingresos brutos de las empresas sin considerar si las mismas están pasando o no por un mal momento.

Además, el “consenso fiscal” invita a las provincias a crear el impuesto a la herencia. Actualmente, la única jurisdicción del país que cobra impuesto a la herencia es Buenos Aires, mientras que Entre Ríos lo derogó hace dos años y en Santa Fe hubo un intento por aplicarlo, pero no prosperó en la Legislatura local.

El presidente consideró que “es importante poner en debate buscar la progresividad del sistema recaudatorio y que paguen los que más tienen y dejen de pagar los que menos tienen, y en ese sentido que en 2022 podamos poner en discusión un impuesto como el de herencia es muy interesante”.

Por otra parte, sobre el impuesto de Sellos se estableció una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3,0% a la transferencia de automotores y del 2,0% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general.

El “consenso” fue firmado por todos los gobernadores, con excepción de la ciudad de Buenos Aires (CABA), dado que el jefe de gobierno de esa jurisdicción, Horacio Rodríguez Larreta, se manifestó contrario a realizar un ajuste tributario en la actual coyuntura.

La iniciativa fue firmada por los gobernadores de San Luis y La Pampa, aunque se trató sólo de una cuestión protocolar, porque ambas provincias, al no haber firmado en su momento el “pacto fiscal” promovido en la gestión de Mauricio Macri (que establecía un cronograma de reducción tributaria), tienen plena libertad para subir impuestos locales.

Fernández aseveró, por último, que el consenso firmado “preserva la autonomía de las provincias y profundiza el sistema federal”. El presidente estuvo acompañado en el acto por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán.

La iniciativa deberá ser aprobada en el Congreso, algo que el año pasado recibió el apoyo de los legisladores que responden a los gobernadores radicales de Jujuy (Gerardo Morales) y Corrientes (Gustavo Valdés), quienes seguramente volverán a validar el proyecto en 2022.

Argentina va camino a posicionarse como líder mundial en el cobro de impuestos sobre el patrimonio

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Se trata del denominado “consenso fiscal”, que será anunciado la semana que viene, a partir del cual se habilitarán topes máximos para que las provincias determinen las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos para las diferentes actividades productivas.

El proyecto contempla una alícuota máxima de 0,75% para la actividad agropecuaria; de 1,50% para industria, de 5,0% para comercio y actividades inmobiliarias (incluye arrendamientos agropecuarios); de 6,5% para telefonía celular; y de 9,0% para servicios financieros, entre otros rubros.

Si bien el gobierno de cada provincia luego deberá decidir la alícuota por fijar en cada caso, está claro que el “consenso fiscal” está diseñado para incrementar la presión tributaria sobre el sector privado, lo que podría tener un impacto considerable en el agro, dado que es la actividad que soporta la mayor carga impositiva.

Una vez lanzada la iniciativa, la misma deberá ser aprobada en el Congreso, algo que el año pasado recibió el apoyo de los legisladores que responden a los gobernadores radicales de Jujuy (Gerardo Morales) y Corrientes (Gustavo Valdés), quienes seguramente volverán a validar el proyecto en 2022.

Diputados radicales que responden a los gobernadores de Jujuy y Corrientes votaron junto a los kirchneristas a favor de liberar a las provincias para que suban Ingresos Brutos

El impuesto a los Ingresos Brutos, tal como sucede con los derechos de exportación, es uno de los tributos más dañinos que existe para el sector privado en general y el agro en particular, porque, como su nombre lo indica, se aplica sobre los ingresos brutos de las empresas sin considerar si las mismas están pasando o no por un mal momento.

En lo que respecta a la actividad agropecuaria, más allá de las alícuotas propias de la actividad, el hecho de aumentar la presión tributaria sobre los diferentes bienes y servicios requeridos por el sector impacta de manera directa en los costos de producción.

El proyecto de “consenso fiscal”, que fue comunicado esta semana por Fernández de manera personal a un grupo gobernadores afines, no deberá ser validado por el gobiernos de San Luis y La Pampa porque, al no haber firmado en su momento el “pacto fiscal” promovido en la gestión de Mauricio Macri (que establecía un cronograma de reducción de Ingresos Brutos hasta su completa eliminación), cuentan con plena libertad para fijar alícuotas del impuesto en cuestión.

“Esto no significa que las provincias deben aplicar esas alícuotas; incluso pueden aplicar alícuotas menores si así lo desean. Simplemente lo que se hizo fue armonizar los topes máximos”, explicó la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, en referencia al proyecto que será anunciado la semana que viene.

La funcionaria remarcó que el proyecto en sí mismo “no autoriza aumentos de tributos, pero sí le confiere mayor estabilidad jurídica a todos los sectores que deben pagar impuestos y, por otra parte, también le da mayor estabilidad jurídica y certeza a los gobiernos provinciales”.

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El nuevo “Consenso Fiscal” promovido por el presidente Fernández –que ya contaba con media sanción del Senado– fue aprobado hoy jueves en la Cámara de Diputados con 140 votos a favor, 104 en contra y una abstención del radical José Cano (Tucumán).

El proyecto fue sancionado con los votos aportados por los diputados del Frente de Todos y de los bloques aliados del oficialismo, entre los cuales se incluyen Federal, Unidad Federal para el Desarrollo y Acción Federal (irónicamente los tres se hacen llamar “federal” porque supuestamente representan los intereses de los habitantes de las provincias).

Si bien la mayor parte de los diputados de Juntos por el Cambio votaron en contra del proyecto, hubo cuatro de ese bloque que votaron a favor: se trata de los que responden a los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy). Los legisladores en cuestión son por Corrientes Sofia Brambilla (PRO) y por Jujuy Gabriela Burgos, Jorge Rizzotti (UCR) y Osmar Monaldi (PRO).

El proyecto de “Consenso Fiscal” fue acordado en diciembre por el presidente Alberto Fernández y los mandatarios provinciales con excepción de los representantes de San Luis y La Pampa (dado que no habían firmado el “Pacto Fiscal” de Macri) y de la Ciudad de Buenos Aires (que mantiene una controversia por los recursos para la policía porteña).

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Hoy el proyecto se trató en una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde, si bien obtuvo dictamen favorable, el mismo no contó con el apoyo de casi la totalidad de los integrantes de Juntos por el Cambio que forman parte de esa comisión.

La única excepción fue el jujeño de la UCR Jorge Rizotti, alineado con el gobernador Gerardo Morales, quien decidió acompañar el dictamen de mayoría firmado por todos los diputados del Frente de Todos.

El diputado Luciano Laspina aseguró que el bloque del PRO no apoyará el proyecto de “Consenso Fiscal” porque no consideran apropiado apoyar una iniciativa que va en contra del “Pacto Fiscal” aprobado en 2017, por medio del cual –a partir de una iniciativa del gobierno de Mauricio Macri– se pretendió reducir la incidencia de Ingresos Brutos de manera progresiva hasta su eliminación.

“El impuesto sobre Ingresos Brutos pega muy fuerte en los precios de los alimentos y los productos básicos en general. Y es uno de los tributos con mayor sesgo antiexportador de nuestro sistema impositivo”, remarcó Laspina.

Por su parte, el radical Atilio Benedetti aseguró que “las provincias que han tenido administraciones menos cuidadosas se han visto obligadas a aumentar los impuestos provinciales y eso impacta directamente sobre las actividades productivas”.

En tanto, Luis Mario Pastori (UCR) explicó que en su provincia, Misiones, mientras que el “Pacto Fiscal” de 2017 establecía para 2021 la eliminación de Ingresos Brutos para la actividad agropecuaria, en la actualidad sigue gravada con una alícuota del 0,75%. “Con la actual presión impositiva hay que ser un héroe para mantener hoy una Pyme y este tipo de leyes va en sentido contrario a lo que la economía demanda”, explicó.

El cordobés Víctor Hugo Romero (UCR) dijo que “es cierto que las provincias tienen dificultades macroeconómicas, pero, ¿acaso los consumidores que van a recibir el impacto de este incremento impositivo no las tienen también?”.

El dictamen recibió 26 firmas y el proyecto de “Consenso Fiscal” quedó en condiciones de ser votado en el recinto en la próxima sesión (que aún no tiene fecha). El rechazo sumó votos de 18 diputados de Juntos por el Cambio.

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También se evaluaron aquellas cuestiones que, si bien fueron mencionadas, no se profundizó en las mismas para resolver dudas sobre cuestiones cruciales para el desarrollo del sector agroindustrial.

Alberto Fernández: “Hemos impulsado acuerdos internacionales por un financiamiento de 4695 millones de dólares destinados a la reactivación de las líneas de carga Belgrano, San Martín y Tren Norpatagónico. Esto generará 28.500 puestos de trabajo distribuidos en catorce provincias”

En diciembre pasado el gobierno nacional firmó un convenio con la empresa CMEC (China Machinery Engineering Corporation), que otorgará un financiamiento de 816 millones de dólares para renovar otros 911 kilómetros de vías del ferrocarril Belgrano Cargas en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires, además de proveer nuevas formaciones y locomotoras orientadas a incrementar la capacidad de carga de esa línea ferroviaria. El contrato inicial con CMEC, si bien fue firmado durante la última gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue renegociado y puesto en marcha durante la administración de Mauricio Macri. En diciembre también se acordó con China Railway Construction Corporation (CRCC) un acuerdo de financiamiento para reactivar la línea San Martín de Trenes Argentinos Cargas (otra empresa estatal), que atraviesa el centro del territorio argentino para conectar a Cuyo con la zona pampeana. En este caso, la cifra total acordada es de 2603 millones de dólares –que se distribuirá en dos etapas– para renovar 1813 kilómetros de vías. En lo que respecta al ferrocarril Norpatagónico, hasta el momento solo existe un memorando de entendimiento con CMEC.

Alberto Fernández: “Con el propósito de coordinar el uso estratégico de nuestros ríos, creamos el Consejo Federal de la Hidrovía y vamos a instituir una agencia nacional en la que estén representadas todas las provincias del Litoral para participar primero del proceso licitatorio y para controlar después el efectivo cumplimiento de las obligaciones del nuevo concesionario de la Hidrovía Paraná-Paraguay, algo que nunca ocurrió hasta aquí”.

La cuestión central en este aspecto, que no fue mencionada por el presidente Alberto Fernández, es qué sucederá con la concesión de la empresa Hidrovía S.A. que vence en las próximas semanas. ¿Se concederá una nueva extensión de la concesión a Hidrovía S.A. hasta tanto se resuelva el proceso de licitación del nuevo concesionario o el gobierno comenzará a cobrar el peaje en el marco de un contrato de prestación de servicios con Hidrovía S.A? Misterio.

Alberto Fernández: “En enero de 2020 se sanciona un nuevo Consenso Federal que inició el camino para la recuperación fiscal de los gobiernos provinciales”

El “Consenso Federal”, que ya cuenta con media sanción del Senado, debe ser aprobado por la Cámara de Diputados para comenzar a regir. La denominada “recuperación fiscal de los gobiernos provinciales” no es otra cosa que dar por terminado el “Pacto Fiscal” promovido por el gobierno anterior para que los gobierno provinciales puedan subir el impuesto a los Ingresos Brutos sin limitación alguna.

Alberto Fernández: “Para superar los desequilibrios territoriales es necesario rediseñar la concentración que existe. La próxima etapa de avance económico tiene que potenciar más los polos productivos y llevar el dinamismo a todas las regiones, a un anhelo que cada argentino y cada argentina encuentre en la tierra en la que nace todas las condiciones necesarias para poder desarrollarse y ser feliz. Esto es parte del plan de desarrollo federal que hemos trabajado con gobernadores y gobernadoras, incluyendo medidas que interesan a más de un gobierno provincial. Estas diez iniciativas son: la extensión universal de la conectividad digital; la promoción de la inversión privada; las obras que faciliten la salida de la producción argentina a través de puertos chilenos sobre el océano Pacífico, en particular las vinculadas con el Corredor Bioceánico NOA- Centro; la actualización del acuerdo federal minero; la solución de los problemas de infraestructura y regulatorios que impiden la explotación de tierras aptas para el cultivo en zonas distintas del país; la extensión de la red de gas natural en zonas del norte y el sur en la que la dificultad de acceso a este recurso detiene la actividad productiva; el impulso a la extracción y transporte de los recursos hidrocarburíferos del yacimiento Vaca Muerta; la continuidad del plan gas que lanzamos en 2020; el desarrollo de fuentes de energía hídrica, eólica y solar; y finalmente el impulso a la construcción de puertos tanto fluviales como marítimos”.

¿Y los biocombustibles? Ni una sola palabra al respecto. En lo que respecta a la “solución de los problemas regulatorios que impiden la explotación de tierras aptas para el cultivo en zonas distintas del país”, ¿a qué se refiere? ¿Van a promover una modificación de la Ley de Bosques (Nº 26.331) o de la denominada Ley de Extranjerización de la Tierra (Nº 26.737)?

Alberto Fernández: “Estamos potenciando particularmente las exportaciones de mayor valor agregado. Por eso reducimos los derechos de exportación a la producción industrial. El nuevo diseño de retenciones premia al que agrega valor. Menos retenciones, mayor elaboración del producto. En el caso de la economía del conocimiento se eliminaron totalmente las retenciones a las exportaciones. También reducimos las retenciones a las exportaciones de las economías regionales para impulsar el desarrollo federal exportador”.

A comienzos de este año se suspendió la aplicación de derechos de exportación para carne ovina y caprina; cueros; miel; ovoproductos; cebollas y ajos; cítricos frescos y jugos de cítricos; manzanas, peras y membrillos; jugo de manzana; damascos y duraznos; cerezas y arándanos; uvas frescas y pasas de uva; aceite de oliva y aceitunas; semillas de girasol; chía, legumbres; té y yerba mate; frutos secos y batatas, entre otros productos.

Pero aumentaron las retenciones para leches fluidas, quesos, lactosuero y manteca;  vinos; tabaco; papas; jugo de pera; semillas forrajeras; panificados; azúcar;  embutidos; aceite de girasol, cereales para desayuno, alimentos para mascotas, jaleas y mermeladas y muchos otros productos que se caracterizan por contar con un elevado valor agregado. Además, se mantuvo la alícuota del 9,0% sobre la leche en polvo (que provoca un daño enorme en el poder de compra de las industrias exportadoras), al tiempo que para el maní se mantuvo el derecho en un 7,0%.

Alberto Fernández: “La inflación es la principal evidencia de nuestras deficiencias. La inflación es un problema multicausal. Debemos abordarlo de modo integral con políticas macroeconómicas consistentes y sostenibles y con diálogo social que permite estructurar acuerdos de mayor alcance. Durante 2020 pudimos reducir en 18 puntos la inflación que heredamos en 2019. Fue un primer paso para revertir la tendencia ascendente que se había registrado en 2018 y 2019. Nuestro Gobierno cuida y seguirá cuidando la mesa de las familias argentinas. No es posible que como sociedad caigamos una y otra vez en el viejo sistema donde algunos amasan fortunas especulando con los precios y los consumidores retroceden en su capacidad de comprar. Debemos hacer que los salarios crezcan y los precios se estabilicen”.

El presidente considera que la inflación no es un fenómeno monetario, sino la consecuencia de gente que “amasa fortunas especulando con los precios”, con lo cual caben esperar crecientes presiones sobre las empresas para que sigan financiando, con recursos propios, el programa oficial de precios máximos en un contexto de gran aceleración inflacionaria. La industria alimentaria argentina se cansó de explicar que no es causante de la inflación, sino su víctima, y que se encuentra en una situación crítica porque no va a poder aguantar mucho más si es obligada a vender productos a precios por debajo de los costos de producción.

Alberto Fernández: “Hemos iniciado una mesa de concertación de precios y salarios junto al sector empresario y sindical. El diálogo va a contribuir en el proceso de desinflación. Planteamos un debate abierto donde cada sector esté dispuesto a contribuir en beneficio del conjunto. Porque nadie se salva solo y porque en este contexto es central coordinar esfuerzos para que el salario le gana a la inflación. Estamos proponiendo un abordaje integral para resolver el problema. Ello incluye el programa macroeconómico plasmado en el presupuesto 2021, la coordinación de precios y salarios y los programas específicos como Precios Cuidados. Creemos en el diálogo. Quiero dejar en claro que el diálogo de ninguna manera significa que el estado resigne sus potestades legales, menos cuando hablamos nada más y nada menos que de cuidar el alimento y el desarrollo de nuestro pueblo”.

Nuevamente: la inflación es un fenómeno –según la creencia del presidente– no relacionado con el factor monetario ni con el gasto público que debe ser administrado con “contribuciones” del sector empresario y sindical, es decir, del ámbito privado. El gobierno, ese sentido, está abierto al “diálogo”, pero si alguien desobedece, sufrirá consecuencias.

Alberto Fernández: “Es prioritario para la Argentina integrarse a las cadenas globales de valor a través de la tecnología 4.0. Este año presentaremos 6 proyectos de ley destinados a dinamizar la estructura de crecimiento que abordan nuevos desafíos tecnológicos y productivos. También son una convocatoria a la unidad nacional y productiva, para establecer los pilares de un gran Proyecto Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Los proyectos de ley son los siguientes: el primero, tiene que ver con la electromovilidad. El mundo avanza hacia vehículos eléctricos con baterías de litio o el uso de hidrógeno verde. Argentina debe ingresar paulatinamente en este sendero. Implementaremos incentivos tanto en la incorporación de movilidad sustentable como en la producción en el país de este tipo de vehículos y su cadena de valor que comienza en el litio. Luego de un año de trabajo con los actores de la cadena automotriz, empresarios, fabricantes de autos y autopartes, trabajadores y el gobierno, llegamos a un acuerdo para este proyecto de ley incluye dos grandes capítulos: a) incentivos fiscales para la inversión. b) la creación del Instituto de la movilidad. La ley facilitará la realización de inversiones por más de 5 mil millones de dólares”.

¿Y los biocombustibles?

Alberto Fernández: “El cannabis tiene propiedades de gran utilidad con fines medicinales e industriales. La industria mundial del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos cinco años. El proyecto prevé la utilización del cultivo exclusivamente con fines de industrialización para uso medicinal e industrial”.

Aparentemente el gobierno argentino pretende seguir los pasos de Uruguay, país que está muy avanzando en el desarrollo de productos medicinales elaborados en base a cannabis.

Alberto Fernández: “Hemos trabajado durante 2020 con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) en iniciativas destinadas a fortalecer la inversión para agregar valor. Aumentar la producción y las exportaciones. Vamos a promover la inversión agroindustrial con incentivos impositivos y previsibilidad para estimular las inversiones en el sector generando más empleo y más valor agregado”.

La iniciativa, desde ya, no contempla ninguna suspensión ni reducción de derechos de exportación para los principales productos agroindustriales.

Alberto Fernández: “Finalmente vamos a promover la industria hidrocarburífera mediante el envío de una ley que aborde en forma integral al sector, desde su extracción hasta su industrialización, y genere las condiciones para el desarrollo de los recursos energéticos que tiene el país en beneficio de los argentinos y las argentinas. La política energética es clave para asegurar el desarrollo del país. Tenemos que trabajar para recuperar el autoabastecimiento y generar las condiciones para que todos los argentinos y todas las argentinas tengan acceso a la energía en forma eficiente. Podemos convertirnos en un exportador de energía a nivel regional y mundial. Nuestros países son demandantes de energía que nosotros podemos hacer en forma competitiva. Tenemos los recursos. Vaca Muerta es la segunda reserva de gas del mundo, un combustible clave en el marco de la transición energética que los países impulsan para minimizar los efectos del cambio climático. Sabemos cómo hacerlo. YPF lidera el desarrollo de la producción hidrocarburífera en el país y hoy sus proyectos son competitivos a nivel mundial. De esta manera vamos a agregar más valor en la cadena y favorecer un mejor balance de divisas. El desarrollo energético queremos que favorezca también a los usuarios de la energía”.

¿Y los biocombustibles?

Alberto Fernández: “Consensuamos con todas las provincias mecanismos de gestión que permitan movilizar los recursos económicos del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos”.

El gobierno nacional violó por doce años consecutivos lo establecido por la “Ley de Bosques” (Nº 26.331), que establece un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos para compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión. Dicho fondo –según lo que determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”. El 0,3% del proyecto de Presupuesto 2021 de la Administración Pública Nacional equivale a un monto de 25.184 millones de pesos, mientras que en concepto de derechos de exportación agroindustriales deberían sumarse al menos otros 5000 millones. Es decir: este año el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser por lo menos de 30.000 millones de pesos. Sin embargo, se asignó una partida de apenas 1212 millones de pesos (apenas un 4% del monto correspondiente). El incumplimiento sistemático en la conformación del Fondo de Conservación de los Bosques Nativos constituye una apropiación indebida, por parte del Estado nacional, de recursos pertenecientes a las provincias.

Alberto Fernández: “Otro tema clave para un desarrollo integral es la conectividad. La pandemia mostró más aún su relevancia. Establecimos el carácter de servicios públicos esenciales en competencia de los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y suspendimos los incrementos de precios hasta el 31 de diciembre de 2020. Ahora, el Ente Nacional de Comunicaciones debe autorizar cualquier aumento. Creamos la Prestación Básica Universal ampliando derechos para que todos y todas puedan acceder a estos servicios esenciales. No voy a permitir que el negocio de unos pocos sea a costa de postergar a millones de argentinos. Nunca debemos permitir que eso ocurra. En articulación con la empresa ARSAT, en el mes de septiembre se lanzó el plan nacional Conectar. Estamos trabajando para reducir la brecha digital y universalizar el acceso a los servicios en tecnologías de la información y la comunicación y a las conexiones de banda ancha en todo el territorio nacional”.

No se está trabajando en tecnologías que permitan desarrollar una “autopista digital” en toda la extensión del ámbito rural, como puede ser el caso de la tecnología Television White Spaces (TVWS), la cual busca en el espectro radioeléctrico frecuencias atribuidas a televisión en espacios geográficos en las cuales las mismas no se usan, de manera tal –como indica su nombre– de usar los espacios en blanco de esas frecuencias para brindar plena conectividad en regiones rurales con baja población que no son atendidas por compañías tradicionales de telecomunicaciones.

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La Cámara de Diputados tendría que haber sido la primera en retomar sus funciones durante el mes de enero, pero los desacuerdos sobre el protocolo para sesionar y los temas que entrarían en agenda dilataron el comienzo de las sesiones.

Junto con el tratamiento del proyecto para suspender este año las elecciones primarias (PASO) a causa de la situación sanitaria, una de las iniciativas que mayores disidencias generó en la Cámara baja fue la prórroga de la Ley de Biocombustibles. Y es que su presidente, Sergio Massa, prometió a fines del 2020 que sería incluida en el temario –porque el Decreto presidencial no lo mencionaba- y eso finalmente no sucedió.

Según el diputado Fabio Quetglas, la ley de Biocombustibles es “una oportunidad para comenzar a repensar el futuro”

Se trata de un proyecto que genera divisiones entre quienes quieren mantener las ventajas tributarias actuales y el corte obligatorio del 10% de biodiesel en gasoil y del 12% de bioetanol en las naftas, y quienes consideran que la ley va en desmedro de los intereses de la industria petrolera, cuyo mayor exponente en el país es YPF, compañía controlada por el Estado nacional argentino.

Ver también: Los cañeros tucumanos reclaman la prórroga de la Ley de Biocombustibles, pero además exigen que sea con “una utilidad razonable”

Estos tironeos iniciales llevaron a que Diputados retomara la actividad recién en febrero -a la par del Senado, que ya había anunciado que arrancaría en el segundo mes el año- con la convocatoria por parte de Máximo Kirchner, líder del bloque oficialista, a una sesión especial para discutir el proyecto de “Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública”, que posteriormente fue convertido en ley.

En la misma sesión se discutieron los incentivos a la industria de la construcción, iniciativa que exime del impuesto a los Bienes Personales a las inversiones destinadas a proyectos de inmuebles nuevos durante dos años, y que, luego de ser girado al Senado, también obtuvo sanción.

En cuanto a aquellos temas de interés para el sector agroindustrial, sólo se realizó una primera sesión informativa sobre la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos Envasados y Bebidas Alcohólicas, que ya cuenta con media sanción en el Senado. De la misma participaron distintos representantes de la cadena alimenticia. Con el fin de mes a la vuelta de la esquina, la continuación del debate y el posible dictamen de comisión llegarán recién en el Período 139° de Sesiones Ordinarias que comienza la próxima semana.

En el tintero quedaron pendientes la Ley de Educación Ambiental (iniciativa que busca convertir la educación ambiental en un componente fundamental de la formación ciudadana y la educación nacional), el Registro de Fitosanitarios (proyecto del actual ministro de Agricultura, Luis Basterra, que establece un marco legal para la elaboración, registro, comercialización y control de productos fitosanitarios) y, por supuesto, la Ley de Biocombustibles, que nunca llegó a la agenda.

¿Y el Senado qué hizo? Le otorgó media sanción al proyecto que ratifica el Consenso Fiscal 2020, que permite a las provincias aumentar las alícuotas de los impuestos de Ingresos Brutos y de Sellos, y lo giró a Diputados.

Se acabó la grieta: senadores oficialistas y opositores votaron a favor de liberar a las provincias para que suban el impuesto a los Ingresos Brutos

También aprobó el proyecto de Ley de Defensa de la Competencia, que generó malestar en algunos sectores al considerar que se le quitará autonomía a la Comisión Nacional de la Competencia, y le dio el OK a los pliegos para la designación de jueces.

El próximo lunes Alberto Fernández encabezará el acto que abrirá el período legislativo del 2021. ¿Qué tendrá para decir sobre el agro? Veremos

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El nuevo “Consenso Fiscal” promovido por el presidente Fernández fue aprobado hoy en el Senado, lo que no constituye una sorpresa, porque el oficialismo tiene mayoría propia en la Cámara alta.

Pero la cuestión es que entre los 49 votos positivos que registró la norma, hubo varios de senadores de Juntos por el Cambio, la coalición que apenas unos años atrás promovió justamente una norma para ponerle un “techo” a las alícuotas de Ingresos Brutos.

El mendocino Julio Cobos, que responde al gobernador radical Rodolfo Suárez, voto a favor del “Consenso Fiscal” de Fernández. Y también hicieron lo mismo la jujeña Silvia Giacoppo, que está alineada con el gobernador radical Gerardo Morales, y el correntino Pedro Braillard Poccard, que sigue órdenes del gobernador de la UCR Gustavo Valdés.

También votaron a favor el riojano Julio Martínez y el fueguino Pablo Blanco, ambos de Juntos por el Cambio, mientras que el porteño Martín Lousteau, si bien habló en el recinto en contra del proyecto oficialista, estuvo ausente durante la votación.

El nuevo acuerdo fue firmado por los gobernadores de todas las provincias, excepto San Luis y La Pampa, que no lo rubricaron porque tampoco habían adherido al “Pacto Fiscal” de Macri.

Tampoco firmó el acuerdo la Ciudad de Buenos Aires, debido al enfrentamiento que mantiene Horacio Rodríguez Larreta con el gobierno nacional por la quita de fondos coparticipables.

El “Consenso Fiscal” fue firmado por los gobernadores y el presidente Fernández el 4 de diciembre pasado, para luego ser enviado al Congreso. Ahora, ya con media sanción, se espera que se apruebe sin mayores inconvenientes en la Cámara de Diputados para transformarse en ley.

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