Graciela Picchi es la titular de la Asociación de Productores Agropecuarios de Junín (APAJ), una entidad de nivel local que se creo justamente para pelear por ese objetivo. Ella contó que ahora incluso están pidiendo cosas que parecen salidas de otro mundo, o por lo menos de un mundo muy lejano. Por ejemplo, piden que la Municipalidad les deje de cobrar a los productores una segunda tasa: la vetusta Guías, Marcas y Señales.

Dice Graciela que esa gabela se creó en la época en de Juan Manuel de  Rosas, el Restaurador de las Leyes, quien gobernó la provincia entre 1835 y 1952. Se supone que la tasa de Guías, Marcas y Señales se cobraba como contraprestación por el daño que provocaban sobre los camiones rurales los ganaderos cuando llevaban hacienda de un lado a otro, mediante el arreo. Las tropas se arriaban entonces y era cosa muy común, porque no existía el motor y menos los camiones jaula. Pero ahora, salvo por una inundación padre, es una técnica en desuso. 

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Según Picchi, es “injusto” que haya una doble imposición, cuando encima el dinero no se usa para el fin correspondiente. “Lo que pretendemos es que el municipio, que recauda 3,5 millones de pesos por la tasa, la afecte a los caminos. Y pedimos que sea reemplazado (el sistema) por el documento único emitido por Senasa; que se cree un registro nuevo en el que el documento sanitario sea único y electrónico”, reclamó la dirigente, que en épocas no muy lejanas tampoco dudaba en hacer frente a otro hombre poderoso, el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. 

La productora recordó que con APAJ “presentamos un proyecto en el Consejo Deliberante de Junín para la formación de un consorcio vial por el tema arreglo de caminos, que no es de hoy ni de ayer, es un problema de años”.

“Perdimos muchos granos en la cosecha pasada por no poder sacarlos oportunamente (debido a la inundación) y entonces presentamos proyecto para hacernos cargo de los caminos”, apuntó.

Picchi contó cuál fue el punto de conflicto con las autoridades actuales del Municipio. “Cuando llegamos al punto del porcentaje de la tasa vial, pedimos que el dinero sea aportando al consorcio menos un descuento por los gastos de emisión y cobro, que suponemos que en un municipio moderno es 7% de lo que se recauda. Pero el resto debe ser aplicado al arreglo de caminos. El intendente sólo quiere darnos el 50%”, comentó. 

En Junín el intendente que responde a Cambiemos y se llema Pablo Petrecca. La productora lo criticó con dureza: “No sólo pretende que el dinero de la tasa vial se destine a otro fin, también quiere seguir cobrando la tasa que se creó hace unos 180 años”, disparó.

“Entre las cosas que le pedimos que se afecte (al consorcio vial) es una segunda tasa que se llama tasa de Guías, Marcas y Señales, que es muy antigua, de la época de Rosas. Antaño los animales se movían en arreo y cuando el ganadero tenía que sacar el animal y todo eso que rompían los caminos. Pero ya nos van más así sino en camiones y la seguimos pagando”, se quejó la productora. 

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“Queremos que se haga una legislación a nivel nacional, para que el sistema sea considerado”, explicó en Bichos de Campo, Antonio Picca, presidente de la asociación de consorcios camineros de Córdoba.

Picca explicó que “del impuesto inmobiliario rural que paga el productor agropecuario, 30% es destinado para la conservación y obras de mejoramiento de los caminos rurales. Ese dinero va desde Vialidad a los consorcios camineros, que son entidades sin fines de lucro, integradas en su comisión directiva por productores agropecuarios, que son los mismos que aportan y los que usan los caminos. Esto hace más eficiente la tarea que hacen los consorcios en el año”.

Actualmente hay 289 consorcios agrupados en 19 regiones; mantienen 57.869 kilómetros de caminos de tierra y todos están enmarcados dentro de la Asociación de Consorcios, que es la interlocutora entre el Gobierno y los consorcios.

“Hay parajes que ni siquiera son poblaciones y tienen un consorcio caminero que abarca cierta jurisdicción de kilómetros de camino conservados. Todo está controlado por Vialidad provincial. Hay un inspector por cada regional, que es quien califica mensualmente su estado de modo porcentual para luego pagar el precio lleno del kilómetro. Por eso los productores tratan de tener los caminos lo mejor posible”, dijo Picca.

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Pero aquí el problema, advirtió el productor: “La bondad del sistema es que los mismos que usan los caminos son quienes los hacen, pero ante esa necesidad, a veces el Estado prioriza otras cosas y no paga, porque sabe que los productores seguirán manteniendo los caminos para su transitabilidad”. Y agregó: “Hemos estado hasta un año y medio sin cobrar en algunas oportunidades. Por eso yo estoy en la asociación, para dignificar al consorcista”.

Ver: Caminos rurales // Había una vez en Rojas productores que controlaban la tasa vial

Al respecto de otras provincias que tomaron precedentes de esta modalidad de consorcios camineros, Picca enumeró que “Córdoba creó los primeros consorcios en 1956. Luego le siguió Chaco en 1994, que copia el sistema y lo aplica a su jurisdicción, y pese a que todavía no tienen todos los kilómetros de caminos conservados, sigue creando consorcios. Y luego está Corrientes, que también está creando consorcios, y Entre Ríos, que está creando la legislación, para ver cómo aplicará el sistema”.

Ver: Horacio Salaverri: “Las intendencias destinan menos dinero del que reciben para arreglar los caminos”

“Lo maravilloso de estos consorcios es la eficiencia. Ocurre que este sistema debe funcionar con recursos. Por eso otorgar sólo 30% del inmobiliario rural es poco. Donde yo vivo, en Río Segundo, nos dan 8.800 pesos por kilómetro por año desde el Gobierno provincial. Es el sistema más barato. Y como el mismo sigue funcionando, el Estado no se preocupa; tal es así que sería lo ideal que un consorcista ocupe el directorio de Vialidad, pero ni eso nos dan. Se abusan de este sistema de autogestión”, reclamó Picca.

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En cuanto a la situación, Salaverri pidió “entrar en una discusión más amplia sobre esta problemática, en la cual se involucren nación , provincia y municipios. Tenemos avances tecnológicos por un lado, pero por el otro, la transitabilidad de los caminos es igual a la del siglo XIX. Y el enfoque no debería ser sólo productivo, sino también desde el hábitat, por la gente que optó por vivir en el campo, y que hoy atraviesa múltiples problemas en cuanto a prestaciones de servicios”.

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Para entender cuál es el problema de fondo en las obras que escasean, Salaverri dijo que “hay un tema de utilización de fondos por un lado, y por no prestar importancia por el otro. Si uno mira el presupuesto de un distrito rural, en sus recursos propios, más del 50% es producto de la tasa vial o aquella que se cobra para mantenimiento de caminos”.

¿Y cómo se resuelve el conflicto? “La transitabilidad es responsabilidad exclusiva del gobierno. Ahora bien, ante la eventualidad de que no lo haga, como ocurre en muchos lugares, se apela a la conformación de consorcios viales en donde trabajan el municipio y la intendencia en forma conjunta. Generalmente, los intendentes aportan el 70%, y con ese fondo administrado por productores en conjunto con el gobierno municipal, hacen un mantenimiento razonable de los caminos. Pero no podemos hablar sólo de mantenimiento. Lo que hace falta es una reconversión de los caminos”.

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Años tan lluviosos como el actual ponen en evidencia el pésimo estado de la infraestructura pública, que en el caso del sector agropecuario se expresa con más claridad en el déficit que existe en materia de caminos rurales.

La situación se volvió este año tan preocupante que desde la Fada (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina) desarrollaron una aplicación que permite relevar el estado de esos caminos. Al respecto, David Miazzo dijo que: “de las 500 alertas que registra ese sistema, el 70% reporta estado malo y sólo el 30% de regular a bueno”.

Ver “Llega la Waze del campo: te cuenta dónde hay caminos inundados”

El economista de Fada explicó que la falta de caminos rurales “impide el arraigo en el campo, la generación de empleo rural y resta competitividad a diferentes actividades”. Entre ellas destacó a la lechería, la cría de pollos y de cerdos. Estas requieren del ingreso y salida constante de insumos y productos.

Miazzo explicó que el país cuenta con 500 mil kilómetros de caminos rurales de los cuales 270 mi están en las provincias pampeanas (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa). El mantenimiento de la mayor parte de ellos es gestionado por los estados provinciales y municipales. Pero también a veces por consorcios camineros, como los que existen en Córdoba y Chaco, que se hacen cargo de poner el dinero necesario por adelantado para que luego el inspector de turno certifique la obra y el Estado reembolse los fondos si sus cuentas públicas están más o menos en orden.

Para revertir esta situación, el especialista de Fada consideró que hay que trabajar en tres ejes principales:

• En primer lugar los productores deberían mejorar la implementación de las buenas prácticas agrícolas, que implica realizar las rotaciones para retener en el campo los excesos hídricos y manejar la altura de la napa.
• En segundo término se deberían instrumentar “planes viales directores con una buena coordinación y planificación, en la que puedan intervenir la Nación. Pongámonos al menos a planificar los caminos rurales”.
• Finalmente Miazzo consideró que el mantenimiento y su mejora requiere de más fondos. “Lo que paga el campo vía impuestos supera lo que se destina a los caminos rurales”, observó.

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Esteban Vitor, diputado de Cambiemos por Entre Ríos, y director de la filial provincial de la Sociedad Rural Argentina (SRA), es el autor del proyecto de ley que contempla la creación de los consorcios viales en su provincia. En Bichos de Campo, explicó que “mientras que en Córdoba unos 54.000 kilómetros de caminos de tierra se mantienen con 600 empleados, en Entre Ríos tenemos 24.000 kilómetros de tierra y 2.300 empleados de Vialidad, la mayoría ubicados en Paraná, con estado paupérrimo de la maquinaria. Y tengamos en cuenta que casi 90% de los caminos de la provincia son de tierra y el 10% restante es asfaltado”.

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“Los consorcios son producto de un grupo de personas que arman una asociación civil que tendrá personería jurídica, es decir que podrán contratar gente y de ser titulares de derechos. La autoridad de aplicación es el gobierno provincial, y los aportes se distribuyen en un 70% aportado por el estado provincial, y el 30% restante que viene de aportes privados. Esto hace un mantenimiento vial mucho más barato y también más eficiente”, desarrolló Vitor.

En cuanto a las quejas respecto de esta iniciativa, el legislador dijo que “la principal resistencia viene del sindicato vial en Entre Ríos ante una posible privatización de los caminos, pero nosotros no vamos en contra de los derechos laborales adquiridos, sino que proponemos un paliativo a una situación deplorable en el estado de caminos”.

“Ojalá se apruebe esta iniciativa, porque hay mucha presión de los productores, pero también por las áreas de salud y educación provincial. Unas 300.000 personas deben atravesar caminos de tierra cada día para trabajar en la provincia”, expresó.

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