Para empezar se conoce ahora con precisión, a partir de la difusión de un informe elaborado por el Ministerio de Agricultura, el INASE (Instituto Nacional de Semillas) y la propia Bioceres, que no son 55.000 las hectáreas sembradas con el HB4 (pensando en producir semillas para cuando se libere) sino 52.755 hectáreas, y que casi la mitad de ellas están ubicadas en la Provincia de Buenos Aires.

Para tener una dimensión, vale decir que estas siembras equivalen a más de 2 ciudades de Buenos Aires enteras, ya que se estima que la capital federal ocupa unas 22 mil hectáreas, el equivalente a 22 mil manzanas de 100 x 100 metros.

De toda la superficie sembrada en los meses de invierno ya se han cosechado unas 7.000 hectáreas, el 14% del total, con rindes más bien pobres pues hasta ahora se obtuvieron solo 8.700 toneladas. De todos modos, es lo habitual en las provincias del norte, que son las que primero se trillan. Los números se irán engrosando a medida que avance la recolección cada vez más al sur. Suponiendo que el promedio sea finalmente igual al nacional, de unos 3.000 kilos por hectárea, estamos hablando de casi 160 mil toneladas. En silobolsas de 200 toneladas cada uno, habrían falta unos 800.

Se sabe dónde está ubicado cada lote de trigo HB4 y está es la condición inicial para montar ahora un estricto programa de control, que pueda evitar la fuga de esa variedad y un potencial episodio de contaminación que pueda perjudicar al resto del cereal producido en la Argentina, cuyo principal destino será la exportación. Se espera una cosecha cercana a las 21 millones de toneladas, y de ese volumen los argentinos solo consumiremos unas 6,5 millones.

El Ministerio de Agricultura apuró este esquema de control un poco por las exigencias de la cadena comercial (acopios, molinos y cerealeras rechazan el HB4 con el argumento de que el consumidor, aquí y en el mundo, no quiere un trigo transgénico) pero otro poco para cubrir sus propios pifies. Esa cartera aprobó la innovación de Bioceres en octubre de 2000, pero condicionó la venta de semillas a que Brasil (principal mercado del cereal argentino) también lo aceptara. Esto no sucedió o mejor dicho sucedió a medias (pues el vecino país solo aprobó la harina de trigo HB4). Por lo tanto, sigue estando prohibido sembrar el HB4.

¿Y entonces? ¿Por qué hay más de 52 mil hectáreas sembradas? Porque el INASE autorizó a la empresa INDEAR (formada por Bioceres y el Conicet) hacer esta expansión para comenzar con la producción de la semilla que sería vendida en caso de una aprobación. Por eso ahora es el propio organismo el que debe cuidar también sus propias espaldas. Si hubiera una contaminación que nadie desea, sería de algún modo corresponsable.

Hacia fines de la semana pasada, Agricultura reunió a toda la cadena triguera para presentar su plan para evitar esta desgracia. Y en las últimas horas se conocieron detalles del sistema que ya se está ejecutando, porque la cosecha ya comenzó. No todos los sectores se quedaron tranquilos, pero desde la agroexportación dijeron a Bichos de Campo que el esquema de trabajo parece riguroso y era mejor de lo que esperaban. “Ahora tenemos que ver que se cumpla y mostrarle al mundo que estamos dándole las garantías que necesitan”, resumió la fuente.

Este es el documento presnetado por las autoridades:

En principio, ya se sabe que todo el trigo HB4 que se coseche será almacenado en silobolsas dentro de los propios lotes identificados, y que la propia Bioceres controlará la custodia del almacenaje en esos bolsones “mediante sistemas de sensores remotos que registraran principalmente movimiento y variables de calidad. De esta manera Bioceres podrá en todo momento conocer el lugar y el estado de la producción HB4”.

El esquema se completará con un sistema de trazabilidad en blockchain donde se registrarán todos los movimientos de unas 350 cosechadora con monitor de rendimiento calibrado y transmisión en tiempo
real; tolvas que tengan registro de peso; y camiones con gps, control de peso y transmisión en tiempo
real. En total hay 250 empresas agrícolas involucradas (de golpe aparecieron 25 más respecto de los 225 productores informados originalmente) que han firmado 372 contratos de siembra con la compañía que desarrolló el HB4. El lote más grande tiene casi 3.000 hectáreas. Pero en promedio son mucho más pequeños, de 142 hectáreas.

El INASE dispondrá de unos 50 agentes para realizar inspecciones en cada uno de esos 372 puntos de control y verificar, entre muchas cosas, que los equipos que han participado de la siembra y los que participen de la cosecha sean adecuadamente lavados, para evitar que sean vehículos de una contaminación hacia los campos.

Este sistema permitirá, según prometieron las partes involucradas, “elaborar un mapa interactivo y un monitor de seguimiento permanente en el Ministerio de Agricultura y el control de siembra y cosecha de Trigo HB4”, que a la vez permitirá “informar a los actores de la cadena sobre las tareas de control y el estado de confinamiento de las semillas cosechadas”.

Adicionalmente, las grandes cerealeras han comenzado a instrumentar otras dos estrategias para evitar el escenario más temido: en todos sus contratos de compra del trigo imponen una cláusula especial para comprometer al productor a no vender ese trigo resistente a la sequía y al mismo tiempo comenzaron a instrumentar un sistema de controles en los puertos, ante el ingreso de camiones cargados con el cereasl que comenzará a intensificarse en los próximos días.

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Fernando Rivara, titular de la Federación de Acopiadores, lleva muchas cosechas en el lomo. Pero esta de la campaña 2021/22 lo tiene particularmente nervioso. La razón es que la cadena triguera teme por el riesgo de “contaminación” entre el trigo transgénico HB4 desarrollado por Bioceres (e implantado sobre 55 mil hectáreas bien identificadas) y el que no fue modificado genéticamente o “convencional”, que es el que por ahora aceptan sin problemas los mercados internacionales.

“Lo que repetimos hasta el cansancio y lo que a los funcionarios y a la gente de Bioceres le escapa es que el mundo le escapa al trigo transgénico. Fíjate la reacción de los molinos brasileños, que se presentan a la justicia para que se dé marcha atrás con la (aprobación de la) harina del trigo HB4 ¿A estos tipos les queremos vender trigo transgénico?”, reflexionó Rivara.

El acopiador se refirió además a los análisis que habrá que hacer este año a los camiones de trigo que ingresen al circuito comercial y a los problemas logísticos comerciales y de costos que se podrían ocasionar.

“Cuando carguemos un barco y haya contaminación queremos que Bioceres se haga cargo de los costos que esto ocasiona, porque los exportadores ya les avisaron a los acopiadores que si les mandan un camión con contaminación nos tenemos que hacer cargo de los costos. Si es un camión de trigo que no sabemos si está contaminado y los metemos en un silo tenemos que responder por las 10 mil toneladas de trigo que carga el silo”, explicó.

Escuchá la nota completa:

El empresario y dirigente enumeró los estudios qué -a su juicio- habrá que hacer y cuánto costarían. “Un exportador la semana pasada detectó un positivo, el camión en cuestión se tiene que poner a un costado, se llama a un recibidor oficial y se manda a hacer el (análisis) PCR que vale 16 mil pesos”, indicó primero. En tanto, el primer estudio que se hace cuesta 5 dólares.

“¿Por qué tengo que pagar 5 dólares para que Bioceres se llene de plata en Estados Unidos? Que lo pague Bioceres. Cuando Monsanto larga su soja Intacta proveyó a los acopios de la aparotología para hacer los análisis y pagaba por la pérdida de tiempo que significaba tener un empleado para saber si tenía (el gen) intacta. Todo el costo lo pagaba Monsanto. Pero resulta que acá todos le tenemos que bancar los costos a Bioceres. Esto que está haciendo el gobierno es de locos, favorece las ganancias de una empresa a costas de los argentinos”, declaró Rivara.

Vale aclarar en este punto que desde Bioceres sus voceros desmienten que por ahora la cadena comercial esté realizando esos análisis, ponen en duda los valores que circulan en los comentarios. Desde el gobierno, en tanto, se informó a Bichos de Campo que esta semana se presentará a la cadena un sistema para la detección eventual del trigo HB4, mediante primero un sistema de reconocimiento por imágenes semejante al que se utiliza en el mercado de la cebada.

Pero Rivara insistió: Tal como están planteadas las cosas se deben analizar todas las cargas primero con un estudio que cuesta 5 dólares. Si ese test da positivo se deberá hacer un PCR que cuesta otros 16.000 pesos. Y eso corre por cuenta y cargo del acopio o del productor.

Las grandes cerealeras recordaron que “no es legal” el trigo HB4 y prometieron controlar todos los camiones, con costos que serían descontados al productor

Pero además, según el acopiador, hay otras complicaciones que tienen que ver con la logística. “Estoy a 300 kilómetros de la Bolsa de Cereales de Rosario. Si me da un positivo en un análisis que suele dar falsos positivos tengo que poner aparte el camión. Aal otro día tengo que mandar un comisionista a Rosario que lleve la muestra, y ni te digo si da el viernes el lunes. Va el comisionista y el miércoles o jueves tengo el resultado, el camionero me va a correr por todo el pueblo porque va a estar 7 días parado”, imaginó el dirigente delos acopios.

En definitiva, ante la inminencia de la cosecha de trigo (que ya comenzó ene l norte y se está extendiendo hacia la región núcleo), son varios los que abren el paraguas y ponen de manifiesta sus reparos respecto de lo que pueda suceder si se contamina un trigo con el otro. Con el avance de la cosecha seguramente el tema volverá a ser noticia.

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“Semejante volumen de trigo alcanzaría para sembrar 2,5 millones de hectáreas con dicha variedad, que es algo menos de la mitad de la superficie argentina. Pero ese trigo todavía no está autorizado en el país y es rechazado por nuestros compradores”, advirtió Del Solar, que siempre ha sido crítico de la introducción del trigo transgénico por el peligro que implicaría para conservar los mercados que tiene abiertos la Argentina. El mayor temor de la Comisión de Granos de la Rural es que haya una mezcla accidental con partidas de trigo convencional.

El ex funcionario de Cambiemos fue más allá y estableció que el riesgo de que aparezcan trazas de este trigo modificado es mayúsculo, porque en un kilo de entran 27 mil granos del cereal (cada 1000 granos pesan cerca de 36 gramos). Y en cada camión van 29 mil kilos.

“El riesgo no debe medirse en kilos sino en cada grano de trigo, porque cada grano es en si mismo es potencial presencia del gen HB4. Y son muchos productores. Cualquiera de ellos puede cometer un pequeño error involuntario, que no limpió bien el camión o la cosechadora, y esa semilla se mezcló con otra. Toda esa propagación involuntaria se puede dar, y cada granito es potencial causante de un problema”, explicó.

Del último balance presentado por Bioceres, la compañía argentina que desarrolló este trigo HB4, tolerante a la sequía y resistente al herbicida glufosinato de amonio, surgió que 225 productores sembraron -bajo estrictas cláusulas de bioseguridad- en total 55.000 hectáreas con el trigo HB4. Es decir que hubo un crecimiento sustancial de la superficie respecto de las 7.000 hectáreas que habían sido implantadas en 2020.

En la Comisión de Semillas de la SRA se analizó el asunto y se estableció que el riesgo de contaminación cruzada no debe ser minimizado. Del Solar explicó que Bioceres firmó con cada uno de los productores un contrato que incluye un “Plan de Stewardship” (custodia) o de uso responsable de la tecnología HB4 para evitar fugas del sistema. La Conabia y el INASE dieron su visto bueno y se supone que están a cargo de los controles de bioseguridad correspondientes.

“¿Quién se hace cargo si esto falla? ¿Qué plan de control hay? Y si falla el control, ¿qué plan de contingencia se aplicará?” Preguntas de ese tenor son las que formuló Del Solar, que cuando era funcionario del ex ministro Luis Miguel Etchevehere rechazó aprobar el trigo HB4. El evento, sin embargo, fue aprobado con condicionamientos por el nuevo ministro Luis Basterra, luego de recibir el visto bueno del Senasa y de la Conabia.

Ese condicionamiento tiene que ver con la aprobación también del trigo HB4 en Brasil, que todavía está pendiente. es decir que la siembra se habilitará recién acá cuando sea aprobado allá también. La Comisión Nacional de Biotecnología (CNTBio) estuvo apunto de analizar el expediente en su reunión de mayo pasado, pero reclamó alguna documentación adicional. Ahora se espera el tratamiento en la reunión de octubre próximo.

“Nosotros estamos a favor de la tecnología y la innovación. Pero este tipo de  trigo transgénico no ha sido aprobado por nuestros competidores y tampoco alcanza con que lo apruebe solo Brasil. La Argentina exporta 13 o 14 millones de toneladas de trigo y Brasil a lo sumo nos compra 5 millones. El resto va hacia muchos países”, argumentó Del Solar.

El productor añadió que, incluso aunque las autoridades brasileñas den su visto bueno al nuevo cultivo modificado, “el consumidor siempre es el que manda”. En ese sentido, consideró que la comunidad brasileña rechaza el uso de transgénicos en trigo y que por lo tanto el posible hallazgo de trazas del HB4 en envíos a ese país puede terminar siendo “la excusa perfecta” para que Brasil elimine el Arancel Externo Común (AEC) del Mercosur para poder importar trigo sin aranceles de otros orígenes.

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En ese marco y con el objetivo de llevar un poco de certeza a los estudios de campo, las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe participarán de un proyecto interinstitucional junto al INTA y al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para detectar qué agroquímicos son utilizados a diario y medir su impacto real en el ambiente. El fin último es que la información recolectada sirva luego para gestionar políticas públicas.

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“Con el objetivo de realizar una evaluación espacio-temporal de los niveles de agroquímicos en suelos, agua superficial, sedimentos y biota, en diferentes escenarios agroproductivos de la región, se pone en marcha un proyecto que nos brindará información estandarizada sobre los actuales niveles ambientales de agroquímicos”, explicó Silvia Fanny Martens, especialista del INTA Tandil y representante del INTA en el equipo de gestión.

La iniciativa será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante la línea de Proyectos Interinstitucionales en Temas Estratégicos (PITEs). La partida presupuestaria será de 15.262.500 pesos y se contará con la participación de 16 profesionales de las Estaciones Experimentales Agropecuarias del INTA (Paraná, Balcarce, Pergamino y Oliveros); el Conicet y las universidades nacionales de Mar del Plata (UNMdPla) -que coordina este proyecto-, San Martín (UNSAM), Buenos Aires (UBA), Córdoba (UNC), Río Cuarto (UNRC), del Litoral (UNL Santa Fe), La Plata (UNLP) y Rosario (UNR).

“Para la realización del estudio se contemplarán tanto sistemas extensivos como intensivos, la temporalidad de aplicación, las características ambientales propias de las zonas, y los efectos sobre organismos que forman parte de los ecosistemas terrestres y acuáticos”, señaló Martens, coordinador de la Plataforma de Gestión de fitosanitarios de INTA.

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Por su parte Carolina Sasa, especialista del INTA Paraná señaló que “los plaguicidas utilizados para controlar adversidades en la producción agropecuaria, debido a los procesos de erosión y transporte principalmente por escorrentía, infiltración o deriva aérea, pueden alcanzar cuerpos de agua superficiales, adsorberse a sedimentos e ingresar a diferentes niveles tróficos”.

En este sentido agregó: “Resulta fundamental generar información ordenada y protocolizada, y obtenida de manera sincrónica sobre niveles de agroquímicos en cuencas de la principal región productora agrícola de nuestro país”.

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El Día de la Deuda Ecológica Global marca la fecha estimada en la cual la demanda anual de la humanidad por recursos y servicios ecológicos excede lo que la Tierra puede regenerar durante ese mismo año. Eso implica, por lo tanto, que la demanda posterior al 30 de julio –considerando el escenario para el presente año 2021– se sustentaría en base a un déficit ambiental.

Actualmente la humanidad utiliza un 74% más de lo que los ecosistemas del planeta pueden regenerar, indica Global Footprint Network, una organización internacional, con sede en EE.UU. y Suiza, que se encarga de calcular Día de la Deuda Ecológica Global. Para decirlo de otra manera: estamos usando los recursos de 1,74 Tierras.

El Día de la Deuda Ecológica a nivel global comenzó a incrementarse a inicios de la década del ’70 para luego seguir creciendo hasta retroceder en la recesión mundial de comienzos de los ’80. Luego siguió aumentando de manera ininterrumpida para detenerse recién durante la crisis financiera global de 2008/09. En la última década el indicador se ubicó entre fines de junio/comienzos de agosto.

Los principales desbalances ecológicos se registran en el Hemisferio Norte. Todas las naciones sudamericanas –con excepción de Chile, Venezuela y Guayana Francesa–, Australia y Nueva Zelanda son regiones, según Global Footprint Network, que cuentan con superávit ecológico.

En cambio, EE.UU., Europa, Medio Oriente, el norte de África, India y China registran elevados déficits ecológicos, lo que implica que la población que reside en esas áreas excede la biocapacidad presente en las mismas y necesita compensar el desbalance por medio del comercio, liquidación de activos naturales o emisiones excesivas de dióxido de carbono.

Global Footprint Network aclara que el consumo de recursos empleado para transporte terrestre a nivel global sigue siendo en 2021 inferior a los niveles prepandémicos, mientras que la actividad del transporte aéreo continúa en niveles bajísimos.

Entonces, ¿por qué el déficit ambiental subió tanto este año? El informe de Global Footprint Network nos cuenta que la respuesta está en un consumo gigantesco de carbón mineral, que explica nada menos que el 40% de la huella de carbono global estimada para 2021.

El uso de carbón mineral para generación eléctrica es muy contaminante, pero extremadamente barato, lo que confiere a los países que emplean ese recurso una mayor competitividad económica. Sin embargo, si tiene un peso tan significativo en la huella de carbono global, podría prohibirse y punto.

Pero la cuestión es que la mitad del consumo global de carbón ocurre en China, mientras que, en los siguientes puestos de los ranking, se encuentran India, EE.UU., Europa, Rusia y Japón. Es decir: las naciones que confeccionan la “reglas de juego” del mundo.

Los poderosos no quieren perder las ventajas de tener energía barata (y contaminante), pero tampoco pueden quedarse de brazos cruzados, porque, después de todo, son gente preocupada por el ambiente y el futuro de la humanidad. Así que han decidido focalizar su atención en los países latinoamericanos que producen alimentos, los cuales, si bien tienen superávit ecológico, están expuestos a una campaña orientada a mostrarlos como culpables de un delito que ni siquiera tienen los medios para cometer.

La gestión de la huella de carbono, como herramienta para producir lo mismo con menos o más con lo mismo, es, por supuesto, deseable en cualquier disciplina cuando se emplea como incentivo, pero cuando se quiere imponer como castigo, está claro que se trata de “bullying ambiental” contra quienes no están en condiciones de defenderse.

Además resulta insólito que se hable casi exclusivamente de intentar solucionar el problema a través de las consecuencias generadas por el mismo y no por las causas, que pueden rastrearse, precisamente, a comienzos de la década del ’70 con el colapso del sistema monetario vigente para dar paso a una nueva época de emisión descontrolada de monedas fiat que promovió la especulación financiera salvaje, la corrupción endémica y el consumismo bulímico.

Por eso el Día de la Deuda Ecológica Global, además de servir como conmemoración de una hipoteca inocultable, también debería ser considerado como el Día del Cinismo Ambiental, dado que todos gritan que es necesario hacer algo, pero nadie quiere meterse con los grandotes y terminan jodiendo –de manera culposa– a los más débiles del barrio.

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Comenzaron con estudios de laboratorio para pasar luego a pruebas piloto en algunas localidades obteniendo, inicialmente, 700 litros de agua por día (L/día) apta para consumo. La novedad ahora es que próximamente instalarán una planta de tratamiento de agua en la localidad de Pipinas. El objetivo es llegar a los 20.000 L/día. Luego se replicará el modelo en otras ciudades afectadas.

El sistema desarrollado consiste en una planta modular para la remoción de arsénico del agua de consumo basada en la técnica de hierro cero-valente (ZVI). Esta técnica involucra compuestos de hierro en diferentes estados de oxidación generados durante el tratamiento y se destaca por presentar una relación eficiencia/costo muy favorable.

La ingeneira Eliana Berardozzi, integrante del proyecto, detalló que “el diseño de la planta fue pensado utilizando materiales de bajo costo y fácilmente disponibles en el mercado. El prototipo consta principalmente de columnas y cañerías de PVC, tanques domiciliarios de agua y filtros comerciales de arena. También incluye un sistema de control de pH muy sencillo”.

La planta de tratamiento se encuentra en la localidad de Verónica donde se realizan trabajos de optimización para su posterior instalación en la cooperativa de la localidad de Pipinas, perteneciente a la Federación de Cooperativas de Agua Potable y Saneamiento de la Provincia de Buenos Aires (FEDECAP). Su construcción fue financiada con un subsidio de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y fondos de la cooperativa Eléctrica de Pipinas.

Los investigadores y técnicos de la UNLP-CONICET están trabajando en el ajuste del diseño de las etapas de filtrado de la planta. “El sistema está pensado para el tratamiento de 20.000 L/día, pero debido a algunas limitaciones observadas en las etapas de filtración, estamos trabajando para obtener, en primer lugar, 10.000 L/día. Sin embargo, si fuera necesario el caudal se podría duplicar replicando sólo las etapas finales del proceso”, explicó la ingeniera.

Según estimó Berardozzi, teniendo en cuenta una dotación de 5 litros por habitante por día y una familia compuesta de cuatro personas, con la planta de 10.000 L/día se podrá abastecer aproximadamente a 500 hogares de agua segura para bebida y cocción de alimentos.

De acuerdo a los resultados que se obtengan durante los ensayos planificados para la primera mitad de este año en la Cooperativa de agua potable de Verónica, se espera poder trasladar la planta y comenzar las pruebas definitivas en la localidad de Pipinas en el segundo semestre de este año. La idea a futuro, además, es poder adecuar la planta para poder remover también otros contaminantes.

Los prototipos diseñados por los científicos de la UNLP fueron previamente probados, con resultados satisfactorios, en las ciudades bonaerenses de Castelli y Verónica.

El ingeniero hidráulico Luis Ojer, gerente de la Cooperativa de agua potable y otros servicios públicos de Verónica, que participa del proyecto, advirtió que “el problema del arsénico en la provincia de Buenos Aires es una preocupación para las cooperativas, que es un sector de pequeños operadores de servicio de agua potable, que en general no tienen acceso a la tecnología disponible para poder remediar la calidad de las aguas”.

Para Ojer, “replicar la planta sería una solución para muchas pequeñas localidades, parajes y caseríos donde, en algunos casos, el servicio de agua potable es operado por cooperativas de otros servicios como el telefónico o de electricidad”.

La planta de tratamiento de agua opera de manera continua y se basa en la capacidad de los productos de corrosión, compuestos principalmente por especies insolubles de óxido de hierro Fe (III), de co-precipitar y/o adsorber una fracción mayoritaria del arsénico presente en el agua. En primer lugar, el agua atraviesa 4 columnas (conectadas en paralelo) rellenas con ZVI en los que este material reactivo es oxidado por el oxígeno disuelto presente naturalmente en el agua, generando así diferentes productos de corrosión.

El arsénico es uno de los elementos que por su elevada toxicidad ejerce una significativa limitación sobre la potabilidad del agua. La mayor parte del As incorporado a los acuíferos utilizados para abastecimiento en Argentina tiene origen natural y provino de la disolución de minerales vinculados a erupciones volcánicas y actividad hidrotermal.

La llanura Chaco-Pampeana es una región reconocida a nivel mundial por su elevado contenido de arsénico en agua subterránea, ya que el área involucrada abarca 10 millones de kilómetros cuadrados del país y afecta a 4 millones de habitantes. En la provincia de Buenos Aires el 87 % del territorio se ve afectado, donde se han identificado zonas con altos niveles de As, principalmente en la zona sur y noroeste.

La ingesta prolongada de agua con tenores elevados de arsénico causa daños al organismo, dando lugar a una enfermedad conocida como hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE). Produce cáncer de riñón, hígado, pulmón entre otros, además de otros efectos. Se acumula en huesos, músculos y piel. Se fija en pelos y uñas produciendo hipo/hiper pigmentación, queratosis y cáncer de piel.

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Desde una mirada citadina el sí es más que rotundo: la cuenca baja está dentro de los diez lugres más contaminados no solo del país sino del mundo, con niveles de mercurio, zinc, plomo y cromo de hasta 50 veces más de lo permitido. A ese curso de agua llegan residuos industriales, sólidos y restos cloacales.

Sin embargo, María José Parra, directora de Fortalecimiento Comunitario y Promoción del Desarrollo de ACUMAR –una de las áreas a cargo del programa- aclaró a Bichos de Campo: “La Cuenca Matanza Riachuelo es más amplia que lo que comprende el riachuelo en la boca. Incorpora lo que se denomina cuenca baja, media y alta y es un territorio bastante heterogéneo que tiene zonas urbanas y periurbanas, que son los municipios de la cuenca alta y media”.

En criollo, el programa se llevará adelante en los territorios lindantes al Río Matanza que sean de las cuencas superiores y que obviamente no presentan tal nivel de contaminación. Pero Parra asegura que no están sacando ningún conejo de la galera y que estos movimientos ya existen.

“Hay experiencias de agroecología y actores de agrupaciones sociales que llevan emprendimientos de ese tipo”, dijo y comentó que ya se realizan trabajos demostrativos en Morón y Marcos Paz –municipios de la cuenca alta- donde los trabajadores trabajan de manera asociativa. “Son emprendimientos que tienen un impacto social en la posibilidad de que las familias puedan generar un espacio cooperativo y trabajar en forma conjunta”.

ACUMAR sólo se encargará de acompañar los proyectos que impulsen las distintas jurisdicciones y la capacitación en agroecología vendrá de la mano de una articulación del programa con INTA. El próximo 14 de octubre se llevará adelante la firma formal de ese acuerdo con el organismo agrotecnológico.

“Históricamente los trabajos se centraron en los afluentes más de tipo industrial. La novedad de esta gestión es que se han propuesto trabajar en el saneamiento ambiental en un sentido más amplio y pensar en los territorios periurbanos por un lado, viendo cuáles son las prácticas agropecuarias predominantes y cómo promover procesos hacia la agroecología, y por otro lado trabajar en la recuperación de las tierras para destinarlas a la producción con un enfoque agroecológico”, señaló Luis Caballero, gerente de extensión de INTA, a Bichos de Campo.

El programa buscará, a fin de cuentas, promover y fortalecer la transición hacia modos de producción agroecológicos e impulsar una agricultura sostenible que logre llevar al consumo consciente y saludable. Los municipios que ya adhirieron a la iniciativa son Marcos paz, Morón, Ezeiza, y San Vicente. Se espera poder sumar pronto a Las Heras y Cañuelas.

“Para nosotros la agroecología no es sólo la sustitución de insumos. Es también recuperar la calidad del suelo, del agua, del aire, lo vinculado con la biodiversidad y la salud ambiental. Entendemos que la agroecología es interesante para desarrollar en estos territorios.”, concluyó Parra.

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Taboada mencionó que le llegó muy de cerca la noticia de la pandemia, porque en 2016 visitó mercados como el de Wuhan en China. “Estuve en la ciudad de Harbin y vi esos mercados en los que se come cualquier cosa. Entonces no me extraña que esto haya salido de ahí”, comentó en Bichos de Campo. “Luego fui a una ciudad que sería como la Detroit de Estados Unidos, donde fabrican autos, y era impresionante el humo, no se podía ver a 25 metros. Impresiona también el movimiento de gente en las estaciones de trenes”, agregó.

Aquí la entrevista completa con MIguel Angel Taboada:

Siguiendo con la contaminación y sus culpas, Taboada mencionó que hay que tener en cuenta que el 60% de la emisión de gases de efecto invernadero provienen de la quema de combustibles fósiles, en mayor medida desde el hemisferio norte. Y que la agricultura tal vez ocupe el 3% de los gases a nivel mundial, y los rumiantes la mitad de eso. Dijo desligando de grandes culpas a los ganaderos por el cambio climático.

“De todas formas, la ganadería argentina, no toda, pero el promedio no ha aplicado las tecnologías como si hizo la agricultura. Eso nos lleva a un índice promedio de preñez del 60%, lo que significa que casi la mitad de las vacas están emitiendo metano sin ser productivas. Eso hay que mejorarlo”, sentenció.

“Y después, nos hemos dado cuenta que ya no es válido producir de cualquier forma. La deforestación no es algo aceptable hoy en día, por el balance de carbono, lo mismo con el maltrato animal y tantas otras cosas”, remarcó Taboada, deseando que la pandemia ponga un límite más concreto a ciertas prácticas.

Por último, destacó que para los tiempos que vendrán habrá una exigencia cada vez más grande sobre los alimentos comercializados. “La gente estará cada vez más atenta a situaciones como las de los mercados chinos. Sino (mejoramos) solamente le seguiremos vendiendo a China, mientras nos quieran comprar”, pensó.

“Si queremos entrar en mercados de mayor calidad, como el europeo, tendremos que ir con sellos de calidad, libres de deforestación, etcétera. Y muchos ya lo entienden así. Si ves en los súper de Europa el café o chocolate del Caribe están llenos de sellitos. Chile también lo entendió así con la fruta fresca. Acá no podemos seguir con viejas tecnologías”, sentenció.

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Bichos de Campo entrevistó directamente a quien propone este cambio en las denominaciones. Ella es Virginia Toledo Lopez, Licenciada en Relaciones Internacionales, diplomada en Estudios Sociales Agrarios y Doctora en Ciencias Sociales. Además de becaria posdoctoral del CONICET. Desde hace algunos años la académica estudia los cambios, impactos y fenómenos producidos por los biocombustibles desde el punto de vista de las ciencias sociales. Se especializa en lo que llama “la ecología política”.

-¿Qué es la ecología política?

-Es un campo interdisciplinario que se compone por aportes de la economía política, economía ecológica y geografía crítica. En este sentido entiende que lo ambiental es un tema profundamente complejo que está atravesado por cuestiones físicas y materiales, de contaminación, de reacciones, de resiliencia, de capacidad de carga; pero también por todo lo que tiene que ver con las construcciones sociales y culturales respecto a cómo nos relacionamos con nuestro medio.

Es a partir de allí que estudio los impactos del boom de los biocombustibles en Argentina, a los que prefiero decirles ‘agrocombustibles’, dado que los agrocombustibles son la porción mayoritaria de esos combustibles que están siendo promocionados por la legislación, proyectos y políticas públicas, además de los proyectos empresariales.

–¿Cómo surge este debate sobre la producción de agrocombustibles?

-Surge a partir del análisis de contextos. La Argentina, de una producción inexistente de agrocombustibles en el 2000, en el 2006 comienza a posicionarse como uno de los mayores países productores y exportadores. Esto se entiende, por un lado, por la tradición histórica de inserción de Argentina en el sistema internacional, por su especialización productiva como proveedora de materias primas, y con un agro tradicionalmente orientado a la exportación.

Desde 1996 en Argentina vemos que creció fuertemente la producción de soja, llegando actualmente a ocupar el 60% de nuestra superficie productiva, y esto se trata de un cultivo elaborado a partir de un modelo de agricultura industrial. Un modelo dependiente de agroquímicos y combustible fósiles, con una fuerte utilización de maquinaria, una disminución de labores humanas, y dependiente de la tecnología y transgénicos. Frente a la profundización de un modelo orientado a la obtención de mayores rentabilidades y productividad, con una lógica de obtención de ganancias y beneficios, Argentina ve la oportunidad de agregar mayor valor a la producción de soja a partir de estos combustibles que se han dinamizado en el mercado externo.

En tanto, a nivel internacional, en paralelo, vemos la creciente importancia que empezaban a tener los temas ambientales en la agenda política y pública, con una progresiva emergencia de movimientos agrarios y la propuesta de soberanía alimentaria que surge en 1996 en Roma. En este contexto se promocionan los combustibles obtenidos a partir de otras fuentes, la propuesta de los biocombustibles.

En términos estrictos, biocombustible sería todo combustible generado a partir de insumos biológicos, y lo que se debate es principalmente el creciente destino de cultivos agrícolas a la producción de combustibles sobre la competencia por los usos del suelo.

Las connotaciones positivas que tiene el prefijo ‘bio’ no se corresponden con la agricultura industrial que se ve en los territorios, asociadas a contaminación y enfermedades.

–¿Cuáles son las características del modelo agrícola que analizás?

-Es un modelo que lleva a una orientación creciente de los sistemas agrícolas nacionales al predominio de un sistema agroalimentario corporativo como parte de una tendencia internacional. Son las empresas trasnacionales las que dominan la producción, desde la elaboración primaria, la de los insumos y hasta su comercialización. La prioridad no pasa por la alimentación y nutrición de las personas sino por la obtención de ganancias, que se concentran en estas empresas trasnacionales, que son los principales actores del sector. Los agrocombustibles se producen a partir de cultivos que son generados con esta lógica de agricultura industrial.

–¿En qué ámbitos impacta ese sistema agroalimentario?

-Varias organizaciones ambientalistas cuestionan que este modelo tiene serios impactos sociales, territoriales, ambientales, en la salud. Entonces no se puede denominar como bio, que alude a vida. Por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias del difundido uso de transgénicos sobre la biodiversidad? Los efectos son inciertos y predominan los estudios para su aprobación que realizan las mismas empresas que lo comercializan.

Por un lado tenemos esos procesos biológicos, y por otro los que tienen que ver con la preocupación por otros  problemas ambientales,  por el uso de combustibles fósiles y la deforestación, y entonces en las negociaciones que tienen que ver con el cambio climático se cuestionan cuáles son las consecuencias de su expansión para el efecto invernadero.

–¿Y cuál sería el problema con los biocombustibles?

-El problema no serían los sectores que están detrás pero si la lógica. Cuando vemos que no es que se destinan crecientes superficies agrícolas para la producción de estos combustibles, sino que las producciones agrícolas están orientadas en función de los requerimientos y dinámicas de los mercados externos más que de la necesidad más primaria, que tienen que ver con la salud y la alimentación. Eso es lo que no trasforma la lógica extractiva que esta por detrás de estas producciones.

Por eso se habla de cultivos flexibles que son utilizados para distintos fines pero que son elaborados con esta lógica de obtención de beneficios en el marco del sistema agroalimentario corporativo, un modelo de agricultura orientado por las ganancias y no por las necesidades de las personas. No tiene como prioridad la salud ni la soberanía alimentaria, y se trata de una producción que demanda mucho uso de energía. Esa lógica es la que invade este mercado verde de los agrocombustibles.

–Pero en concreto, ¿cómo impacta esta tendencia en los territorios?

-Si analizamos que es lo que dejó la expansión del agronegocio en Argentina desde 1996, donde tenemos como icono a la soja transgénica, vemos el crecimiento en usos de agroquímicos, la ampliación de la superficie sembrada, la expansión de las fronteras agropecuarias sobre ecosistemas frágiles, como por ejemplo el ecosistema del chaco salteño y en Santiago del Estero.

Salta y Santiago del Estero son dos de las provincias en las están los mayores índices de deforestación, aún con la vigencia de la ley de bosques. Son ecosistemas que están profundamente amenazados por el avance de estos  monocultivos de agricultura industrial en detrimento de otras formas de vida rural, como las campesinas, agroecológicas, de agricultura familiar y la de los pueblos originarios. Estos son los costos que no están tenidos en cuenta cuando se alienta la producción de estos agrocombustibles. Como así también, la reducción de los establecimientos agropecuarios por la fuerte tendencia a la concentración territorial además de concentración económica.

Hablo no solo de costos económicos, sino también sociales y ambientales a considerar desde la producción primaria, el uso del suelo, la producción industrial y hasta su comercialización. Muchas veces se trata de costos inconmensurables, porque es difícil medir el precio de la vida de una persona, o la conservación de un bosque frente al talado para la producción de estos cultivos flexibles.

–¿Superan esos costos a los beneficios que trajeron los biocombustibles?

-Se trata de un mercado verde que no es tan alternativo sino que significa mas bien de una renovación de actividades de largo arraigo y una profundización de tendencias que ya están presentes en la orientación del agro argentino.

Todos estos costos, transformaciones territoriales, en el fondo tienen que ver con una orientación del sistema en función de las ganancias y por un campo que perdió la conexión con el objetivo de nutrir y alimentar a las personas. Esto se da tanto a nivel nacional como internacional, en un contexto en el que el fantasma del hambre sigue presente. Las discusiones por los altos índices de desnutrición y crisis alimentaria sigue siendo un objetivo incumplido y pendiente. Por eso este debate tiene vigencia.

–¿Qué cosas de esta índole observaste en tus estudios en Santiago de Estero y en Córdoba?

-En el caso de los costos de los agrocombustibles, a todos los impactos que el agronegocio genera en los territorios en la producción primaria hay que agregarle lo que genera la industria. En Santiago del Estero estudié la producción de biodiesel a partir de soja; y en Córdoba, que desde 2012 se posiciona como principal provincia productora de etanol a partir de maíz. En ambos casos vemos impactos por desatenciones en los momentos de emplazamiento de las empresas.

Por ejemplo, el estudio de impacto ambiental en Santiago del Estero no consideró el tratamiento de los efluentes, y los efluentes fueron tirados en un canal a cielo abierto. Entonces hubo varios conflictos territoriales con los pobladores del lugar que tenían que soportar malos olores, y que sus animales se mueran, porque en un contexto de escasez hídrica los animales tomaban esa agua. Además, desatenciones relativas a seguridad industrial que generó muertes y un peligro constante de explosión.

En algunos casos como en Córdoba. las empresas están ubicadas en zonas urbanas sin los cuidados que amerita la manipulación de combustibles en un vecindario.

Si bien es cierto que se emplazan estas empresas y generan alguna movilidad laboral, el caso de Santiago del Estero, la inversión generó 200 puestos de trabajo, después de 10 años y habiendo generado un pasivo ambiental muy grande, la empresa declaró quiebra y cerró. Con lo cual vuelve a haber desempleo y los pasivos ambientales quedan. Entonces ello nos lleva a cuestionar los beneficios y cuál es el tipo de trabajo que generan estos emprendimientos.

–Los biocombustibles, entonces ¿profundizaron o alivian los problemas para el medio ambiente?

-Las soluciones a la contaminación ambiental creo que tienen que ser construidas socialmente. Para ver el problema de combustibles fósiles, más que solucionar el problema energético y la crisis ambiental, estos agrocombutibles vienen a permitirnos poder mantener un sistema de consumo y producción que ya está cuestionado. Por eso, son una respuesta que no soluciona los problemas ambientales de fondo.

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“La acusación (sobre la alta participación de la ganadería en las emisiones de GEI) es falsa, porque se basa en un trabajo que publicó la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación) en 2006, el cual se tituló ´La larga sombra del ganado´y el cual es por cierto, interesante y hay mucho para aprender. Pero hay también allí fragmentos que parten de una falsedad cuando sostienen que las vacas contaminan más que el transporte”, declaró Villa en Bichos de Campo.

El agrónomo agregó que “la medición en ese caso estuvo mal hecha, porque se hizo con dos criterios distintos. En el caso de la ganadería midieron todo el ciclo de vida. Es decir, las emisiones necesarias para elaborar los insumos y bienes de capital de la ganadería. Mientras que en el caso del transporte midieron solamente el combustible que se consume al desplazar el vehículo, pero no contaron todo lo que se emitió para fabricar las cubiertas, las chapas, el plástico y la electrónica que compone al vehículo. De hecho, ese punto era tan intrínsecamente errado, que la propia FAO tuvo que admitir el error”.

Escuchá la entrevista completa realizada a Luis Villa:

A partir de este dato de la FAO, falso, en palabras del ingeniero agrónomo, a la ganadería se le endilga ser responsable del 20% de los GEI en el Inventario Mundial, debido a las emisiones de metano de los rumiantes, a los que se les achacan mayores culpas que a todos los medios de transporte. Para Villa no se trató solamente de un error. “Realmente la política se coló sobre el final de un trabajo que era interesante desde lo técnico, y generó un alarmismo que, en estos tiempos de la pos verdad, es útil para quien quiere tener información que confirme lo que sólo quiere escuchar”, explicó el experto.

Pero tan grave fue el error que finalmente la FAO emitió un nuevo informe en 2013, desdiciendo aquello que había dicho en 2006, aunque Villa se lamentó porque “muchos siguen recurriendo a esa fuente original para decir algo que es falso”.

“Con esto no quiero decir que no haya impacto ambiental causado por la ganadería. Es sólo que no en esos niveles, sino que es responsable de aproximadamente el 4% y el 7% del total de emisiones de GEI de todas las actividades. Además, al igual que toda actividad agropecuaria, lo hace con una actividad decreciente. Todas esas mediciones se hacen bajo un esquema de inventario de gases que cada país presenta sobre sus actividades”.

Ver: Gran dilema gran: ¿Cómo medimos los gases de los bovinos?

Respecto de la propuesta del rabino Sergio Bergman para reducir las emisiones dejando de comer carne un día a la semana -el funcionario propuso “los lunes sin carne”-, Villa enunció que “si nuestro secretario de Ambiente tiene una real preocupación sobre el inventario de GEI, tendría que ocuparse de otras actividades que emiten mucho más que la ganadería, la cual, dentro de una década, terminará emitiendo entre 2% y 3% del total de GEI”, evaluó.

-¿Y por qué decrecen las emisiones GEI de parte de la ganadería, si es una actividad cada vez más importante y el stock de bovinos está en recuperación?- le preguntamos a Villa.

-La ganadería y la agricultura se están volviendo actividades más eficientes, por ende son las únicas que están bajando los valores absolutos de emisiones. Hoy todo el agro emite el 24% del total emitido por la actividad humana, pero ese nivel decrece cada vez más, y no lo digo yo, sino los informes del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, por sus siglas en inglés)- respondió.

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