Esas medidas, tomadas entre ayer y hoy por el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Comercio Interior, irían a contramano de las promesas que les habría hecho el presidente Alberto Fernández a los ruralistas en su última audiencia de febrero pasado. Por eso, en un comunicado, los dirigentes del campo consideraron que “aquellas promesas fueron sólo una puesta en escena para confundir a la opinión pública”.

Regresan los ROE y la “doble botonera”: Los exportadores de carne deberán pasar el filtro tanto de la ex ONCCA como de Comercio Interior

El viernes pasado, frente a “la escalada de declaraciones públicas por parte de funcionarios acerca de la reinstauración de mecanismos de probada ineficacia como el registro de exportaciones”, el bloque que en 2008 enfrentó al gobierno de Cristina Kirchner pidió una audiencia a los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Agricultura, Luis Basterra. Es que de ese Gabinete Económico surgió, el jueves pasado, la decisión de comenzar a intervenir con mayor fuerza los mercados de productos agropecuarios.

“Dichas solicitudes se sustentaban en la promesa de que hiciera el presidente de la Nación durante su último encuentro, cuando aseguró que antes de tomar cualquier medida de alto impacto para el sector, se conversaría con esta Comisión de Enlace”, recordaron los ruralistas, que en febrero fueron convocados de urgencia por Alberto, quien se ocupó de aclararles -ante un reportaje suyo publicado en Página/12– que había sido malinterpretado y que su gobierno no tenía pensado imponer restricciones a la exportación, como cupos o mayores retenciones.

La realidad es que dos meses después ninguna de esas medidas se aplicaron, pero desde el lunes Agricultura y Desarrollo Productivo están dictando normas que recuerdan las peores épocas de intervención a los mercados de carnes, granos y lácteos.

“Al momento, no sólo no hubo respuestas de parte de los funcionarios sino que, contradiciendo su compromiso una vez más, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial de hoy la puesta en marcha de una nueva Declaración Jurada de Operaciones de Exportaciones de Carne”, recordaron desde Sociedad Rural Argentina, CRA, Coninagro y Federación Agraria.

Para los dirigentes agropecuarios está más que claro el panorama: “Esta medida recuerda a los nefastos ROE, por medio de los cuales se restringían y direccionaban discrecionalmente las exportaciones de bienes de origen agropecuario, y causaron un daño irreparable a la producción”, se remarcó.

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En la Mesa de Enlace cayó muy mal otra disposición publicada el lunes:Se trata de la Resolución 60 de Agricultura, “que establece  una serie de resoluciones y cumplimientos para quienes deseen exportar”.

“Ambas medidas se suman a otras políticas implementadas anteriormente en forma inconsulta, perjudicando siempre al productor, que necesita incentivos promocionales para seguir produciendo bienes y colocarlos en el mercado interno y externo”.

Los dirigentes del campo ya piensan en convocar a algunas asambleas, para evaluar los pasos a seguir. La explicación es que “esta situación nos pone en estado de alerta y abre un tiempo de consulta con nuestras bases, porque rompe con la promesa de diálogo que hicieron las autoridades y demuestra un altísimo desinterés en los productores y en el sector, que tantas divisas aporta a las arcas del Estado, al tiempo que provee de alimentos a los argentinos”.

De todos modos, se decidió dejar la puerta abierta al diálogo, aunque no sea ya solo con Fernández o con sus ministros. “Reforzaremos nuestros pedidos de audiencia a gobernadores, legisladores y fuerzas políticas, con el fin de transmitirles nuestra visión acerca del sector y las políticas que consideramos virtuosas para la producción, la actividad económica y la generación de empleo, que lejos están de las implementadas en las últimas horas”, marcaron los dirigentes agropecuarios, conscientes de que este es un año electoral.

Para terminar, el comunicado de la Mesa de Enlace define: “No deja de asombrarnos que, en el momento en que el país más necesita la cohesión para salir del atolladero en el que se encuentra como consecuencia de la grave crisis sanitaria, económica y social, el Gobierno nacional decida cerrarse así sobre sí mismo. Porque es lo que hace cuando decide prescindir del diálogo y de la búsqueda de consensos, que es a nuestro entender la única forma de lograr la construcción colectiva de la Argentina que todos deseamos”.

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Las fotos que van a ver a continuación fueron sacadas este viernes en un supermercado Carrefour de la ciudad de La Plata. En una primera mirada, confirmarían que están ingresando al país cortes bovinos de Brasil a precios muy competitivos para los consumidores, tanto que hasta podrían representar una competencia desleal para los productores locales. Para este tipo de importaciones, muy inusuales por cierto, necesariamente hubo un guiño de las autoridades liberando los dólares a valor oficial necesarios para concretarlas.

En el hipermercado de origen francés había una gran oferta de cortes congelados envasados al vacío. La tapa de cuadril brasileña se vendía a 599 pesos por kilo y el vacío a 647 pesos por kilo. Todo excelente carne de “novillito”.Por la etiqueta, parecía ganado faenado en el estado de San Pablo, Brasil.

Nota de la redacción: Otra versión que se conoció luego de publicada esta nota, y que aquí añadimos, es que en realidad la carne era argentina e iba a ser destinada a Brasil. Por eso los datos que figuran en la etiqueta son los de una empresa importadora paulista, como exigen las normas de allá. Esta hipótesis dice que como el mercado brasileño estaba saturado, Carrefour Argentina decidió suspender esa operación y entonces volcó dichos cortes a sus propia cadena local de distribución. Ese caso sería más grave aún, pues la carne no estaría bien etiquetada ni se informaría el origen a los consumidores argentinos, algo exigido por las normativas.

Lo cierto es que este lote de carne (brasileña o no) estaba casi regalada. En su relevamiento en más de 300 bocas de expendio correspondiente a fines de febrero, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) estableció que esos mismos cortes, pero de origen argentino, tenían un precio superior, de 641 pesos en el caso del cuadril y de 669 pesos por kilo de vacío. Es decir que la carne bovina paulista se estaba vendiendo ahora, fines de marzo, más barata que la local un mes atrás. La diferencia ha de ser más abultada contando los nuevos aumentos registrados en los últimos días.

Los alimentos importados con el tipo de cambio oficial (97,2 $/u$s) están de alguna manera subsidiados, dado que los mismos ingresan con un valor inferior al que tendrían que tener si fuesen abonados con el valor real del dólar (145,8 $/u$s cotiza hoy el “contado con liquidación”).

Mientras castiga sus exportaciones con retenciones y brecha cambiaria, la Argentina “subsidia” unos 2.800 millones de dólares para importar alimentos que podría producir

Para eso sí hay dólares. Una explicación posible puede ser que las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo, que son quienes monitorean los sectores sensibles del comercio, hayan decidido abrir el grifo, a través de los grandes supermercados, y permitir la importación de ciertos alimentos como mecanismo para contener el aumento de la canasta básica. De hecho, no está prohibido traer carne de Brasil y otros países del Mercosur. Y aquí, la carne vacuna es uno de los alimentos que más subió en 2020, cerca de un 70%. Los mayores aumentos, por casi 20%, se concentraron en diciembre pasado.

Los grandes supermercados ya están colaborando activamente con este intento oficial por sofocar los aumentos de la carne y, junto a los grandes frigoríficos exportadores del Consorcio ABC, anunciaron en enero pasado una oferta de cortes baratos. Los híper iban a poner una mitad y los frigoríficos la otra de 6000 toneladas mensuales, equivalentes a solo 3% del consumo mensual de carne en el país.

Según el último dato disponible en el Ministerio de Agricultura, los volúmenes de carne bovina congelada ingresada del extranjero (lo más probable es que sean cortes llegados de Brasil o de Uruguay) más que se duplicaron respecto del año anterior.

En efecto, en el primer mes del año la Argentina consumió 4,35 millones de dólares para importar 1879 toneladas de carne vacuna congelada a un precio promedio de unos 2300 dólares por tonelada o 2,3 por kilo.

Hay una evidente aceleración de este negocio, que un año antes -en enero de 2019- había implicado solo 965 toneladas por 1,7 millones de dólares. Si uno anualizara la cifra gastada en importar carne en enero pasado, resultaría en importaciones cercanas a los 50 millones de dólares para 2021. En todo 2020 no se llegó a esa suma, ya que el ingreso de carne congelada fue en todo el año de 14 mil toneladas, por 30 millones de dólares.

Como sea, para importar carne sí aparecen los dólares comerciales a disposición de los supermercados. Por supuesto, se trata de un negocio ínfimo respecto del consumo total de carnes en la Argentina, que supera las 2 millones de toneladas anuales.

Históricamente la situación era a la inversa. Durante décadas fue habitual que la Argentina exportara algunos cortes (especialmente la picaña) hacia el enorme mercado paulista. Pero con el correr de los años el vecino país se convirtió en uno de los dos grandes exportadores globales de carne y la Argentina fue cayendo en desgracia e incluso salió del ránking de los diez principales exportadores de ese alimento. Recién en los últimos años viene recuperando posiciones, a punto de exportar en 2020 un volumen récord de 900 mil toneladas.

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El tema es ultrasensible porque Díaz & Forti maneja actualmente, mediante contratos de fazón autorizados por el juez Hernán Lorenzini, las operaciones en las dos plantas aceiteras que tiene el malogrado grupo Vicentin cerca de Rosario, donde trabajan cientos de personas. El propio Jurado vinculó ambas situaciones en una entrevista concedida a Bichos de Campo.

Vicentin se quedó sin oxígeno con la suspensión del RUCA a Díaz & Forti: “Quieren que sea una empresa estatal pero el comunismo sin plata nunca funcionó”

Frente a estas acusaciones contra Rossi y la gente de la ex ONCCA, fuentes oficiales salieron a aclarar que las investigaciones sobre las operaciones de Díaz & Forti son previas a esta última semana, ya que la empresa venía de una primera suspensión el 20 de noviembre, y que nada tiene que ver con esta decisión las operaciones realizadas en las plantas de Vicentín, sino que hay sospechas por negocios realizados en otros establecimientos fabriles del Gran Rosario, pertenecientes a Cofco y Renova.

Además se aclaró que este segundo expediente se inició no en el ámbito del Ministerio de Agricultura sino en el Banco Central (BCRA), donde se detectó que Díaz & Forti tiene liquidaciones de divisas pendientes por más de 450 millones de dólares. Recién cuando se recibió esta información, dijeron las fuentes, se procedió a la segundo suspensión, “que puede ser subsanada ni bien ese operador acredite haber corregido las situaciones” denunciadas.

¿Cuáles son esas situaciones?

El viernes 20 de noviembre se produjo una primera intervención oficial sobre la empresa Diaz & Forti. El mercado venía anticipando una situación muy particular sobre su accionar, ya que esa firma corredora ofertaba entre 3 y 5 dólares más por tonelada de soja que el resto de los operadores. Frente a esta situación, los funcionarios de Agricultura actuaron de oficio y comenzaron a verificar los movimientos comerciales de esa firma y de otros operadores granarios vinculados a ella.

Haciendo cruces de información sobre las Declaraciones Juradas que los operadores granarios están obligados a presentar periódicamente ante el Estado (formularios de cartas de porte, formularios C15, C17, C18, etc), surgió que Díaz & Forti realizó operaciones comerciales como “usuario de industria” sin estar habilitado para ello, por un total de 57.691 toneladas de soja en tres plantas procesadoras.

Estas plantas son las de Renova en Timbúes y dos plantas de la empresa china Cofco ubicadas en Puerto General San Martín y Timbúes.

El Estado sospecha que esas casi 58 mil toneladas de soja de Díaz & Forti que ingresaron a su nombre para industrialización y producción de aceite (38.654 toneladas a la planta de Renova y 19.037 a las instalaciones de Cofco), en la práctica fueron exportadas como grano sin procesar. De inmediato se comenzó a actuar frente a “una posible maniobra para eludir el pago de derechos de exportación, por la diferencia de alícuotas entre el poroto de soja (33%) y sus subproductos procesados (30%)”.

Agricultura, en ese momento, procedió a suspender a la operadora. Y requirió información sobre las tres matrículas involucradas en la posible maniobra.

A partir de ese incidente, lo que hicieron los inspectores fue requerir información adicional de otros organismos. Días después la respuesta del Banco Central fue contundente: “Se hace saber que Diaz & Forti incumple en un 97,8% con este organismo, adeudando -a la fecha de la consulta- liquidar 450 millones de dólares”.

Frente a esta situación, la DNCCA actúo nuevamente de oficio y volvió a suspender la matrícula de dicho operador. Se trata de una decisión de manual, que según la versión oficial no esconde “ninguna animosidad especial” contra la empresa Díaz & Forti, como argumentaba su CEO.

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Primero regresó Alberto Abad a la AFIP. Luego regresó Marcel Rossi a la ex ONCCA (que primero fue subsecretaría y luego fue degradada a Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario). Ellos armaron una gran política para formalizar la actividad mayorista que permitió multiplicar los niveles de recaudación: se armó un sistema donde cada operador (sea frigorífico o matarife) debía actuar con su propia matrícula y anticipar parte de sus impuestos antes de la faena de cada animal. Fue un éxito indudable: la cadena se ordenó en su etapa industrial y el fisco recaudó mucho más.

Pero esa ofensiva comenzó a flaquear cuando el Estado (y aquí sumamos también a ARBA, la agencia de control bonaerense) no pudo o no quiso o no supo dar la que algunos consideran “la madre de las batallas”: el control de las decenas de miles de carnicerías que existen, especialmente en el conurbano bonaerense, buena parte de las cuales ni siquiera está habilitada por Bromatología de cada ciudad, y la inmensa mayoría de las cuales no emite una factura ni que le reclames con Gendarmería.

Con el cambio de gobierno y la cuarentena que congeló todo, esta ofensiva para ordenar la cadena de ganados y carnes parece haber quedado en la nada. Marcelo Rossi insiste con su ferreo control sobre los mayoristas (incluso hizo instalar controladores electrónicos en todas las plantas de faena), pero la AFIP desmanteló su equipo profesional y quedó en la nada su promocionado Remito Electrónico de Carnes (REC), una plataforma en internet en la cual debían anotarse todas las ventas a la cadena minorista.

En este marco debe entenderse esta entrevista a Leonardo Rafael, presidente de la Cámara de Matarifes y Abastecedrores (CAMyA), que nació unos años atrás en medio de este proceso de blanqueo. Justamente, cuando los matarifes fueron obligados a tener cada uno su propia matrícula (antes operaban detrás de la matrícula del frigorífico o con “matriculines”, como se conoce en la jerga a los permisos medio truchos) Rafael se convirtió en impulsor de un fuerte blanqueo de ese eslabón que domina hasta 80% de la faena en el conurbano.

Mirá la entrevista a Leonardo Rafael:

“La actividad del matarife existía de toda la vida, pero en un momento había un paraguas, donde el frigorífico tenía la matricula y nosotros siempre estábamos ocultos detrás de un frigorífico”, recordó Leo. En aquellos tiempos, reconoció, muchas plantas acumularon una gran deuda impositiva con la AFIP (por el IVA y toros tributos nacionales) y con ARBA (por Ingresos Brutos), ya que no se podía trasladar los impuestos al siguiente eslabón de la cadena, que son las carnicerías.

Según el empresario, es imposible que los controles impositivos sobre la cadena de la carne funcionen si no se controla ese escalón final, previo al consumidor. “La madre de la evasión está en el último eslabón que es la carnicería. Mientras nosotros no podamos blanquear las carnicerías es muy difícil que nos podemos hacer cargo de que toda la trazabilidad de la carne, y el blanqueamiento de la parte legal y económica no va a poder llegar”, afirma el presidente de CAMyA.

Nuevo remito electrónico para mover la media res hasta la carnicería

¿Cuál parece ser el problema? Que ahora que blanquearon los matarifes se sienten los hijos de la pavota, porque los que no pueden trasladar los impuestos al comercio minorista ya no son los frigoríficos sino ellos. “Si yo tengo a las carnicerías que no me aceptan una factura, este esfuerzo que me exigió el Estado en algún momento no tengo donde descargarlo”, nos explicó el matarife.

Este sector tuvo hace unos días una reunión con la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Buenos Aires, Carla Sain, tratando de resucitar la agenda de controles. Y es que, sin que ARBA y AFIP logren cerrar el cerco sobre las carnicerías -Leonardo estima que son más de100 mil-, “nos encontramos nosotros como cuello de botella”, y acumulando deudas por impuestos que no pueden trasladar a los carniceros. En algunos casos, como son agentes de percepción, ese monto se traslada a consumidores y productores, encareciendo el precio de la carne o deprimiendo el valor de la hacienda

“A veces en este tema los organismos desconocen la actividad y se creen que apretando a un eslabón de la cadena es la manera de ordenarla. Pero en este caso es muy necesario el rol del Estado como policía. Necesitamos que salga a fiscalizar y a regular todo lo que quedó en ese gris”, declamó el directivo de los matarifes.

-¿Por qué no controla el Estado a las carnicerías?

-Ni siquiera tienen idea de cuántas son las carnicerías. Tenés carnicerías de todo tipo y en todo lugar. En provincia de Buenos Aires hay carnicerías en los garajes o en barrios donde es imposible el acceso. Pero algo hay que hacer.

-¿Y ustedes qué proponen?

-Yo creo que hay que apuntar más a los municipios. Acá hablamos de impuestos. Pero a mi me preocupa más la inocuidad del producto y las carnicerías muchas veces no están ni habilitadas. La primera obsesión debería ser por salud, no me cabe ninguna duda. ¿Cuál es la diferencia de exportar a China y vender carne al mercado interno? ¿Por qué los chinos tiene que tener una inocuidad y más control que los ciudadanos de la Argentina?

-Entonces en principio cada Municipio debería tener claro cuántas carnicerías hay en su territorio.

-Por ahí sería la punta del ovillo. Hay que hacer responsables a los intendentes de la salud de sus ciudadanos. Hay lugares que son inaccesibles. Entramos nosotros quizás. Pero nosotros no podemos ni debemos hacer de agente de policía.

-En algún momento AFIP ordenó que todos operen con un Remito Electrónico cada venta al último eslabón. ¿Qué pasó con eso? ¿Quedó en la nada?

-Es más de lo mismo. Vos podés querer hacer cosas pero en la práctica no sucede lo mismo que lo teórico. Hay cosas que no pueden suceder. Por ejemplo, un carnicero raso, de cinco medias reses por semana, no puede seguir figurando como monotributista. Tiene que ser responsable inscripto, tener un contador, etcétera.

En medio de la cuarentena, hubo un rebrote del virus de la evasión en la industria molinera: Anuncian controles cruzados entre Agricultura y AFIP

Las cuentas a favor de los que dice Rafael son claras. Si cada media res vale entre 20 mil y 30 mil pesos, el minorista que baje cinco por semana estará trabajando con unos 100 mil pesos por semana o hasta medio millón de pesos por mes. Y esto sin contar el pollo, el cerdo, los huevos o las menudencias.

“Los sistemas no están adaptados a la realidad. A nosotros los matarifes nos constó mucho adaptarnos cuando antes ni figurábamos. Pero ahora esta deuda que tenían los frigoríficos y nos la están pasando a nosotros”, advirtió el titular de la Cámara de Matarifes. Y agregó que muchos de sus pares, cansados de esta situación, “empiezan a buscar la alternativa de nuevo en matriculines, las matrículas alternativas”.

-Es decir, ¿volver a operar en negro?

-La realidad es que siempre se agarró por esos carriles. Pero nosotros no queremos seguir por esos carriles. Queremos que nuestro trabajo sea una práctica legal y pagar lo que haya que pagar. No queremos volver a pagar monotributo como cuando, al no ser considerados como matarifes, éramos comisionistas o fleteros. Lo mejor que nos puede pasar a todos es blanquear nuestra actividad, andar seguros, tranquilos.

La entrada El mundo al revés: Leonardo Rafael, el matarife que impulsó a sus pares a blanquearse, ahora reclama al Estado que controle a todos se publicó primero en Bichos de Campo.

Las cámaras forman parte del equipamiento que desde Agroindustria, y en consenso con las cámaras empresarias de ambas ramas productivas, se obligó a comprar a las empresas de una lista amplia de proveedores de esa tecnología. En el caso de los frigoríficos, los Controles Electrónicos de Faena (CEF) ya tienen algunos meses de funcionamiento. Y en el caso de los molinos, muchos ya las compraron y deberían estar oprativas a mediados de marzo próximo.

Los números de camaritas que envían señales hacia Agroindustria impresionan: serán largamente más de 2.000. Por eso la broma que compara este centro de monitoreo contra la evasión y subfacturación en carnes y trigo con el que montó y explotó electoralmente Sergio Massa cuando era intendente de Tigre, y que se ponía como ejemplo de una medida a favor de la seguridad en el conurbano.

Ver Las cajas negras en frigoríficos gozan de buena salud, aunque algunos se hagan los vivos

Según la información oficial hay un total de 411 frigoríficos que compraron hasta aquí los Controladores Electrónicos de Faena (CEF), como se denomina pomposamente a una serie de dispositivos electrónicos que están montados en la playa de faena de las plantas que sacrifican vacunos. Cada uno de ellos, según la marca, dispone de varias camaritas que envían las imágenes de lo que sucede de modo constante. Pero el mayor interés de los funcionarios pasa por las llamadas “cajas negras”, que pueden almacenar los datos finos de cada faena por lo menos por un lapso de dos años.

Con la harina de trigo, un sector donde se estima que la evasión llega al 30% de la moliendo total (que es de casi 6 millones de toneladas anuales del cereal), los controladores electrónicos de “molienda” que se han vendido hasta ahora son 160. Aquí hay todavía más camaritas por cada planta, casi una docena. Así que el número final de señales hacia el centro de monitoreo se multiplica.

Suena curioso, pero el operativo para lograr semejante despliegue de equipos electrónicos, que a la vez han tenido un alto costo para cada una de las empresas, ha contado con un alto apoyo institucional de las cámaras que representan tanto a los frigoríficos y matarifes como a la industria molinera. El negro y la competencia desleal que existe en ambos sectores asusta hasta a los más valientes.

Ver De frigoríficos a molinos, se viene la saga de los controles electrónicos

En el caso de las carnes, a partir de la constitución de la Mesa de las Carnes y el cambio de Gobierno, la Dirección Nacional a cargo de Marcelo Rossi viene aplicando una serie de medidas que han provocado un fuerte blanqueo de operadores en la actividad, a punto tal que la cantidad de matarifes matriculados ante el RUCA (Registro Único de Operadores) se multiplicó diez veces.

El esqueleto del nuevo sistema de control es que los faenadores deben pagar un anticipo impositivo antes de iniciar cada faena, porque de lo contrario esta no se autoriza y es considerada marginal. El control electrónico aquí es la frutilla del postre.

Hasta ahora el sistema ha permitido a la AFIP duplicar la recaudación del IVA y de aportes sociales en el sector, aunque hay resquicios. Por eso, en los últimos días Agroindustria intimó a 90 matarifes que se estaban apoderando de una porción del IVA que debían reintegrar a los ganaderos. La mayoría corrigió rápidamente esta situación, pero el menos 30 matrículas fueron suspendidas por no hacerlo.

En el caso de los molinos, cada vez que los inspectores de la dirección de control comercial salen a visitar plantas hacen estragos. En las últimas horas, por ejemplo, se informó sobre operativos en Santa Fe, Córdoba, Formosa, Mendoza y Corrientes, y en todos los casos “se detectaron molinos que operaban de forma irregular”, según dijo un comunicado oficial que brindó detalles sobre esas anormalidades.

La entrada Los controles de Agroindustria: “Vamos a tener más camaritas que la Municipalidad de Tigre” se publicó primero en Bichos de Campo.

Con la publicación en el Boletín Oficial de la Disposición 4/2018, el organismo que lidera Marcelo Rossi cumplió su promesa de extender gradualmente sus controles sobre granos, carnes y lácteos a sectores más vinculados a las economías regionales. En este caso, la economía azucarera que se despliega básicamente en Tucumán , Jujuy y Salta. 

“El desarrollo de la actividad azucarera se ha transformado en una cuestión estratégica para el Estado Nacional y a fin de establecer reglas claras e igualitarias que propicien la sana competitividad en todo el territorio nacional, se establecen los requisitos y condiciones mínimas a cumplir por parte de las personas humanas y jurídicas que intervengan en operaciones con azúcar y/o alcohol en sus distintas formas de comercialización”, explica la disposición firmada por Rossi, que incorpora a los capítulos que deben inscribirse obligatoriamente en el RUCA a los operadores del sector sucroalcoholero.

La norma dispone que el Capítulo 9 del RUCA incluya nuevas categorías para albergar a quienes intervienen en el comercio de azúcar y alcohol, sin contar a los productores cañeros. Estas son: 

• Ingenio Azucarero, que es “quien industrialice caña de azúcar con el objetivo de obtener azúcar, melaza, celulosa y otros productos derivados de esta actividad, en instalaciones propias o de terceros”. 
• Industrial Destilería Anhidradora, que es las que “produzca alcoholes a partir de jugo directo de caña y/o melaza, en instalaciones propias y/o de terceros”.
• Usuario de la Industria Azucarera, que corresponde a quien “industrialice caña de azúcar de su propiedad, en instalaciones industriales de terceros, pagando el servicio o retirando parte de los productos y/o subproductos obtenidos”. Estos deberán presentar su contrato de maquila de caña, en el marco de la Ley 25.113.
• Exportador de azúcar o alcohol, que es quien “realice la venta al exterior de azúcar y/o alcohol, subproductos y/o derivados”.
• Importador de azúcar o alcohol, como el anterior, pero a la inversa. 

“Se entiende sumamente importante contar con un registro unificado a nivel nacional que contenga los distintos operadores del sector azucarero a efectos de permitir y facilitar la fiscalización conjunta de toda la cadena, incluyendo los actuales circuitos informales que son los que mayor distorsión producen en el adecuado funcionamiento del sector”, indicó la normativa de la ex ONCCA, que estableció además los aranceles anuales para la inscripción de lo operadores en el registro oficial. 

Ver El menú de Marcelo Rossi para 2018: pollo, yerba, azúcar y harina de trigo

Con la disposición en vigencia a partir del día de su publicación, se sobreentiende que el sector azucarero debe comenzar a inscribirse de inmediato, y que así quedará bajo la lupa de la Dirección Nacional. El propio Rossi adelantó que el próximo paso de su oficina es ir por otras actividades regionales, como la producción de yerba mate. También anticipó que la AFIP tiene pensado copiar en estos sectores, como ya hace con la carne vacuna, el remito electrónico. 

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No es una película y mucho menos puede afirmarse todavía que el operativo para instalar controles electrónicos en los frigoríficos haya tenido un rotundo éxito, más allá de que una mayoría absoluta de plantas de faena hayan cumplido con la obligación de montar en sus playas esos equipos antes de mayo. Pero lo cierto es que antes de conocer el final, el Ministerio de Agroindustria insiste con un nuevo capitulo de esta saga. O una remake, porque ya hubo un fallido intento de instalar estos “caudalímetros” a principios del milenio, que fracasó por completo.

Lo cierto es que este lunes se publicó en el Boletín Oficial la orden para que los molinos que muelen trigo deberán instalar a más tardar hasta octubre próximo un dispositivo electrónico de control.

“Eesulta primordial avanzar en la obligatoriedad para los establecimientos de molienda de trigo de incorporar tecnologías que permitan la obtención de los datos referidos al proceso productivo, los que a su vez garanticen la transparencia en la operatoria y generen datos estadísticos certeros”, indicó la resolución 84 firmada por el secretario de Agricultura, Guillermo Bernaudo, de quien depende ahora la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario.

Los Controladores Electrónicos de Molienda de Trigo (CEMT) cumplirán una función semejante a los equipos instalados en la mayoría de los frigoríficos de bovinos del país en los últimos meses: enviar información fiable al Estado para que se puedan controlar los volúmenes de trabajo de cada una de estas plantas y evitar así casos de evasión o subfacturación impositiva.

El camino para llegar a ese objetivo antes de octubre próximo será semejante al que se siguió con los frigoríficos bovinos. Primero se abrirá la convocatoria para las empresas interesadas en fabricar, vender y mantener esos equipos. El listado definitivo deberá estar listo antes del 2 de julio próximo y a partir de allí, según establecío la norma, correrá un plazo de 90 días para que las empresas elijan a su proveedor e incorporen el equipamiento, a costo propio.

¿Y qué debe poder hacer al CEMT? “Registrar fecha, peso, hora de pesada, fecha al momento de la parada del diagrama, peso acumulado al momento de la parada del diagrama, hora de la parada del diagrama, sistema de control de consumo eléctrico en banco de primera, sistema de control de consumo eléctrico en banco de segunda rotura, imagen del banco de primera rotura, imagen del banco de segunda rotura, imagen del diagrama de molienda y alarma de desconexión por manipuleo”.  Y todo eso con un margen de error que no podrá exceder el 1%, definieron las autoridades.

La Argentina tiene un número bastante variable de molinos harineros, ya que en los últimos años muchos han abierto y cerrado siguiendo los vaivenes de la actividad. Pero por lejos superan las 150 plantas diseminadas por todo el país. En conjunto, muelen cerca de 6 millones de toneladas de trigo cada año, aunque tienen una elevadísima capacidad ociosa.

Veremos cómo sigue la película. Muy pronto, en todos los molinos del país

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Varios referentes de la Mesa de las Carnes se reunieron con funcionarios del Ministerio de Agroindustria para analizar la evolución del sistema de control sobre la cadena vacuna. Del lado oficial estaban Daniel Asseff, jefe de Gabinete de la cartera agropecuaria, y Marcelo Rossi, el subsecretario de Control Comercial Agropecuario (Succa).

En el encuentro se les comunicó a los privados que ya está definido el grupo de empresas que podría comenzar con la instalación de la tecnología necesaria para que funcionen los controladores fiscales y las cámaras de seguridad de seguimiento de la faena. Estos dispositivos recabarán la información de faena en forma diaria y la almacenarán 60 días.

Los datos de faena de cada planta serán transmitidos a la Succa de forma instantánea y el organismo dispondrá los controles e intervenciones necesarias en función de esa información recabada. Así se pondría contra las cuerdas a la evasión al menos a nivel industrial y en lo que refiere al comercio mayorista de carne vacuna.

Marcelo Rossi, titular de la Succa, dijo que “hay tres empresas con las que convinimos hacer en el próximos mes pruebas pilotos en los frigoríficos Ecocarnes, Rioplatense y Mattievich, pero la idea es también sumar algunas plantas del interior”. El funcionario señaló que si bien no resulta conveniente hablar de costos, debido a que cada empresa hará su propio presupuesto a los frigoríficos, se estima que la colocación de todo el sistema (cajas negras y cámaras) rondaría los 10.000 dólares por planta.

Entre las empresas oferentes de la tecnología hay una importante firma japonesa, otra alemana y también locales.

La norma que obliga a instalar cajas negras en los frigoríficos

Con respecto a esta iniciativa Daniel Urcía, de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales, dijo que “la intención es que el sistema esté implementado en todos los establecimientos faenadores en el arranque del año próximo. El sistema dará transparencia al comercio y certezas al productor respecto del resultado de la faena de su hacienda. Lo que nos preocupa es que tenga alcance a los cerca 450 frigoríficos que hay en el país”.

En tal sentido, Urcía consideró que es necesaria la implementación “desde la periferia” y destacó que el Ministerio de Agroindustria comunicó que se diseñará un mecanismo de ayuda para los que no logren soportar el costo de la instrumentación.

“Si no se alcanza a todas las plantas se corre el riesgo de que haya una migración de los operadores informales a las plantas que cuenten con esa tecnología, lo que además implicaría convalidar la competencia desleal con el resto”, evaluó el industrial cordobés.

Miguel Schiaritti, de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes, entidad que representa sobre todo a empresas del conurbano bonaerense, coincidió con esa postura: “Hay que instalar la tecnología en todos los frigoríficos sino podría suceder que haya traslado de faena a los que no cumplan con esa exigencia”.

El referente industrial dijo que: “habrá controladores en los palcos de faena y además 3 o 4 cámaras que van a monitorear toda la operatoria y fotografiar las reses  y las etiquetas que se les coloquen para que no se alteren los rótulos. De esa manera el productor va a poder ver qué pasa con su hacienda”.

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