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La entrada Feletti consiguió 20 mil toneladas de carne barata para pasar las fiestas: ¿Pondrá un precio diferencial a los siete cortes prohibidos? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>¿De qué venía hablando? De los siete cortes que se destinarán por completo al mercado interno porque su exportación seguirá lisa y llanamente prohibida en 2022. El problema no era ese sino que Domínguez venía diciendo que esos cortes -que equivalen a más o menos el 22%/24% del peso de una media res- se iban a ofrecer a un “precio diferencial” en el mercado interno.

“La política de fijación de precios la resuelve el Secretario de Comercio Interior. Yo nunca opino de temas que no son de mi competencia”, enfatizó Domínguez, tras anticipar que Feletti recibirá este viernes a los frigoríficos exportadores del Consorcio ABC, a los que el gobierno finalmente comprometió a volcar 20.000 toneladas de carne a menor precio durante las fiestas del fin de año, para evitar faltantes y calmar posibles conflictos sociales.
Lo que discutirá Feletti con esos frigoríficos será el precio al que venderán esas 20 mil toneladas adicionales de los 7 cortes prohibidos de consumo popular, que son el asado, la tapa de asado, el vacío, el matambre, la falda, la paleta, y la nalga o la cuadrada (se está debatiendo cuál quedará prohibido).
Los frigoríficos del Consorcio ABC vienen entregando unas 6.000 toneladas de cortes a precios baratos (por ejemplo, el asado cotiza a insólitos 450 pesos) a través del programa oficial de “precios cuidados” en una red de 2.600 puntos de venta, en especial los supermercados. Se especula que las 14 mil toneladas adicionales que deberán soportar este mes también se ofrecerá a un valor mucho más bajo que el del mercado. Será lo que definan con Feletti.
Los siete cortes prohibidos para la exportación representan 24% del total de una media res
Pero una cosas es ese programa de carne barata y otra muy distinta que toda la producción de esos siete cortes -incluyendo la de frigoríficos orientados al consumo o que participan marginalmente de las exportaciones- deba tener “precios preferenciales”, como insinuó varias veces Domínguez en la conferencia de prensa. ¿Será posible que el secretario de Comercio Interior quiera imponer un precio más bajo para todos los asados que obligatoriamente deben quedar dentro del país?
Parece difícil pensar en algo así. Con una faena de poco más de 1 millón de cabezas por mes, la producción de carne vacuna se arrima a las 250 mil toneladas por mes. De ese volumen de carne, los siete cortes prohibidos representan cerca del 55 mil toneladas. Los frigoríficos exportadores, a su vez, concentran de 25 a 30% de la faena. Es decir que ellos dispondrían de unas 15 mil toneladas mensuales de dichos cortes reservados al mercado interno.
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]]>En fin, más de lo mismo.
Feletti dijo que la chance de subir retenciones a los productos agropecuarios ha quedado bajo estudio del Poder Ejecutivo. “El diagnóstico es que la suba de precios internacionales llegó para quedarse por lo menos hasta el año que viene, cuando este efecto se agudizará”, dijo el funcionario. Y agregó: “En este marco aumentarán el precio del maíz, el trigo y la carne y tenemos que evitar que impacten en la mesa de las y los argentinos”.
“Si queremos asegurar carne, pollo, pan y leche tenemos que desvincular los precios internos de los internacionales”, fue, explícito, el funcionario encargado de monitorear los precios, que blanqueó que la posibilidad de incrementar los derechos de exportación es una posibilidad que cuenta con el aval del ministro de Economía Martín Guzmán.

Conocida esta posición, desde el Ministerio de Agricultura se ocuparon de difundir las declaraciones del ministro Julián Domínguez en el pago chico del kirchnerismo, El Calafate, donde participó de la inauguración oficial de la Exposición Rural de Lago Argentino. “El presidente me encomendó que salga al diálogo con los productores para potenciar el desarrollo del país”, enfatizó.
Policía bueno, policía malo. Cuando empiezan estos cabildeos en el gobierno los productores suelen siempre salir perdiendo. Lo que es peor es que Domínguez y Feletti son dos recién llegados al gobierno.
Este doble juego ya se vivió en múltiples ocasiones y siempre fue desgastante: A Guillermo Moreno se le oponían tibiamente Javier De Urquiza, Carlos Cheppi o el propio Domínguez, en su primera gestión. A Paula Español se le oponía Carlos Casamiquela y más recientemente Luis Basterra.
Siempre, hay que decirlo, ganaron los malos.
Pero hay un pequeño problema esta vez. Cuando asumió Alberto Fernández, en diciembre de 2019, el Congreso sancionó una ley de emergencia que en uno de sus artículos le puso tope a una posible suba de retenciones. Hay que recordarlo: Mauricio Macri venía de prometer una baja paulatina de este tributo que se frustró con la crisis de 2018. Alberto, de entrada, pidió que los legisladores le cedieran la facultad de fijar las retenciones y éstos accedieron, pero con limitaciones.
Con el correr de los meses la soja (que aporta el 75% de los recursos por derechos de exportación) se llevó al tope establecido por el Congreso del 33%. Para los cereales y el resto de los productos (se sobreentiende que la carne vacuna también), al máximo imponible es del 15%. Antes de fin de 2021, cuando vence esa ley, no queda mucho margen para subir el tributo, a más de eso, pues el trigo y el maíz hoy tributan 12% y la carne un 9%. Los pocos puntos de diferencia no tendrían el impacto real sobre los precios que pretende -se supone, siendo bien pensados- el contador Feletti.
En el nuevo proyecto de Ley de presupuesto 2022, el Ejecutivo pidió al Congreso que extienda las facultades, sin poner límites o topes esta vez. Pero el oficialismo debería apurarse para aprobar esa ley antes del 10 de diciembre, porque luego de eso su mayoría estará mucho más discutida. Y en este nuevo contexto, poner el espinoso tema de las retenciones en el centro de la discusión podría ser más contraproducente que beneficioso para lo que queda del mandato de Alberto.
Pero en su rol de policía malo, sin demasiadas armas y mucho menos creatividad para formular nuevas estrategias, Feletti dijo que el equipo económico tiene una posible suba de los derechos de exportación como parte de su estrategia. La segunda medida en análisis, según mencionó en una entrevista con Página/12, es una ampliación de lo que se denomina el “fideicomiso del aceite”.
“Es un acuerdo entre privados por el que parte de la renta exportadora se destina a subsidiar el precio de aquellos que venden en el mercado interno. Hoy el modelo es el de aceite mezcla y es exitoso en términos de precios y para el productor”, explicó el secretario de Comercio Interior. Le faltó aclarar que el aceite se hace sobre todo con soja o girasol, que no son granos que tengan una demanda interna tan grande como el trigo o el maíz, que el sector está dominado por unas pocas empresas concentradas, y que sería imposible replicar este tipo de acuerdos en las cadenas productivas que hoy le preocupan.

Desde El Calafate, donde no pudo entrevistarse con la vicepresidenta Cristina Kirchner aunque mantuvo reuniones con la ogbernadora Alicia Kirchner, Domínguez continuó haciendo el papel de policía bueno e invocando al presidente en cada momento que pudo. “Mi tarea en esta etapa del país es articular las mejores capacidades de nuestros productores para que Argentina pueda proveer lo que el mundo está requiriendo”, indicó, dando a entender que no está de acuerdo con regular las exportaciones ni penalizarlas con más impuestos.
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]]>Pero eso no quiere decir que el funcionario que ni bien llegó al cargo impulsó un congelamiento de precios en más de 1.400 artículos de la canasta básica no tenga nada de predicamento en el sector agropecuario. Por el contrario, hay voces que saludan su gestión.
La Mesa Agroalimentaria Argentina, en un comunicado de prensa, contó que el lunes se reunió con el secretario Feletti, la subsecretaria Débora Giorgi, y el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezia. Esa Mesa, nacida el año pasado, es la conjunción de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Fecofé (un grupo de cooperativas chacareras que se desprendieron de Federación Agraria) y el Movimiento Campesino Indígena (MNCI-Somos Tierra Via Campesina).
“Quedamos muy conformes con la reunión con Feletti y funcionarios de Comercio”, dijo Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT y actual presidente del Mercado Central de Buenos Aires. Luego explicó el sentido de mantener un diálogo con los funcionarios responsables del control de precios. “Desde el primer día de gobierno las organizaciones de ‘El Otro Campo’ les decimos que acá hay un aliado para resolver problemas estructurales de la Argentina, ya que podemos garantizar alimentos saludables a precios justos en todas las mesas argentinas”.
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El encuentro entre estos grupos de productores y los funcionarios ocurrió en el Mercado Mayorista de Productos Cooperativos, ubicado en Avellaneda. Durante una recorrida por el lugar, Feletti, Giorgi y Mezmezian pudieron conocer las formas de producción y comercialización de alimentos cooperativos y ver los productos de diferentes cooperativas del país.
La gacetilla no lo dice, pero al parecen no preguntaron por los precios.
“El encuentro fue muy importante porque se reconoce como un actor válido a la Mesa Agroalimentaria Argentina, que representa a las cooperativas, pequeños y medianos productores, chacareros, al agricultor familiar”, aseguró Juan Manuel Rossi, el presidente de la Fecofe.
Ese sector, según la gacetilla, planteó tener algunas necesidades, como acceder a créditos para capital de trabajo, que se fortalezcan las compras de alimentos de pequeños productores en las licitaciones del Estado y que se “paute una matrícula de matarifes para frigoríficos locales recuperados”. Son tres temas, por cierto, que no corresponden a la órbita de Feletti.
“También se apuntó a la posibilidad de generar una alternativa de abastecimiento a partir del movimiento cooperativo y de las organizaciones de nuestro sector”, se informó.
Feletti mostró su compromiso con el proyecto y sus demandas, y “acordó con la necesidad de transformar el modelo agroalimentario”.
“Quedamos comprometidos en una mesa de trabajo para poder avanzar en políticas públicas que potencien y fortalezcan esas experiencias cooperativas para darle escala en todo el territorio nacional. Tenemos la convicción de que la Mesa Agroalimentaria Argentina puede protagonizar este proceso”, destacó Diego Montón, referente del MNCI-ST.
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]]>La entrada Precios Máximos: No hubo acuerdo con los empresarios y el nuevo secretario de Comercio decidió hacer “la Gran Moreno” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Mientras se espera el texto definitivo de la resolución, un comunicado social explicó que “la decisión fue tomada en el marco de la ronda de negociaciones impulsada por la Secretaría con todos los actores que integran la cadena de producción y comercialización de los diversos rubros que conforman la canasta anunciada”.
De todos modos, en esa negociación poco acuerdo hubo. Horas antes de que se conociera la decisión de Feletti, la COPAL (Coordinadora de Productoras Alimenticias), perteneciente a la UIA, recordó que para que haya un acuerdo debe haber antes diálogo. También acusó al flamante funcionario, que es contador, de tomar decisiones unilaterales.
La versión de Feletti era otra: “En los encuentros mantenidos, los funcionarios subrayaron que el crecimiento económico proyectado para este año, sumado al aumento de la circulación producto del inicio de la pospandemia, el hecho de que el último trimestre es estacionalmente el de mayor consumo y el potencial de incremento que aún tiene la capacidad instalada en la industria, conforman un conjunto de condiciones que habilitarán un aumento de las ventas”.
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De allí la decisión de “congelar” precios, con todo lo que esto implica. La medida consistirá en retrotraer los precios de esos más de mil productos al 1 de octubre pasado y mantenerlos vigentes así hasta el 7 de enero de 2022. Según esta mirada, la medidas “fue consensuada por un amplio porcentaje de los representantes de las empresas participantes (tanto productoras como comercializadoras), que así lo hicieron saber a las autoridades de la Secretaría”.
La lista acordada comprende un diverso espectro de 1.432 artículos, que incluye tanto primeras marcas como productos de pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, la resolución garantiza que en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la canasta contendrá necesariamente los siguientes rubros: Almacén, Limpieza e Higiene y Cuidado Personal.
Feletti se mostró satisfecho con el resultado de su “negociación”, pero remarcó que “en el complejo escenario que viene atravesando la sociedad argentina desde 2015 a la fecha, que se vio profundizado por la pandemia, haya fracciones de la cúpula empresarial que no sean conscientes de sus privilegios y se nieguen a adoptar una actitud colaborativa y contemplativa de la dura situación que vive hoy el pueblo argentino”. El dardo fue para la industria alimenticia. Daniel Funes de Rioja, actual presidente de la UIA, proviene de la COPAl.

“En la convocatoria recibida no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios. En representación de 35 cámaras sectoriales y de más de 14.500 empresas de alimentos y bebidas, Pymes y economías regionales del país, la entidad sostiene que los acercamientos realizados hasta el momento reflejan la falta de voluntad por parte de las autoridades para realizar un acuerdo con el sector”, se excusó la Coordinadora alimenticia.
Según la COPAL, en la convocatoria de Feletti “se evidenció que, a pesar del esfuerzo realizado por las empresas en enviar sus propuestas de participación, las mismas no fueron tenidas en cuenta, así como tampoco fue considerado el pedido de generar un espacio de intercambio en lo inmediato, que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores y encontrar en conjunto un acuerdo sostenible”.
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]]>La entrada El principio del fin del doble discurso de nuevo ministro: Julián Domínguez se alineó con los controles de precios que impulsa el gobierno se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>-Cómo recibió la noticia del congelamiento de precios de los alimentos por 90 días ¿Como responsable de un ministerio que tiene que ver con la producción de alimentos, no teme que ponga en riesgo la fabricación y el abastecimiento?
-Por respeto, no opino sobre decisiones que se toman en otras áreas del Gobierno. Mi opinión sobre el tema es que esta es una etapa difícil y requiere un sacrificio compartido de todos los actores para salir de la crisis. No olvidemos que el PBI viene de caer 10% en 2020. El congelamiento es una convocatoria a un sacrificio compartido. La gente lo está haciendo, el nivel de pobreza y la caída del poder adquisitivo fue muy grave y recién estamos saliendo. Se pide un sacrificio a todos los sectores en un momento en que empieza a recuperarse el consumo. Creo que la sociedad lo entiende.
-¿No cree que la sociedad teme por lo que pase el día 91, cuando supuestamente se levante el congelamiento?
-En el Consejo Agroindustrial se construyó una idea de futuro, y el futuro es crecimiento en producir más alimentos e invertir más. Los problemas se resuelven con más producción y productividad. Y estamos en esa dirección.

-¿Pero congelar precios en un proceso de alta inflación no puede derivar en menos producción?
-Yo soy ministro de Agricultura…
-Pero la suba y el abastecimiento de los alimentos le debe importar, no?
-No es mi competencia.
-Los alimentos, sí…
-Le repito. Esto requiere el sacrificio de todos los sectores de la sociedad y hay que armonizar intereses. Estamos todos en eso. De mi parte enfrentamos este momento impulsando la producción con más financiamiento en condiciones muy favorables, hasta ahí llego yo. Sí puedo decir que garantizo un futuro con más producción.
En la entrevista, Domínguez insiste en instalar ciertos mensajes mentirosos, a pesar de que se las hemos corregido varias veces desde Bichos de Campo en base a la propia estadística oficial: continúa diciendo que este año será el segundo récord en materia de exportaciones de carne vacuna, cuando fue el 2019. “Este año será el segundo año más alto en exportaciones de carne”, afirmó. “El año 2020 fue el año de mayor expo de carne. y en 2021 estaremos levemente por debajo. Pero hay que trabajar en la recomposición del stock”, insistió.
También se luce el ministro desmintiendo que exista un cepo o limitaciones a las exportaciones de carne vacuna. Nos trata como si fuéramos todos idiotas. La semana pasada se acaba de extender hasta fines de año el sistema de cupos al 50% de las exportaciones de 2020, a las cuales se añadieron dos nuevas cuotas que de por sí implican un límite: una cuota de vaca vieja a China y otra de cortes kosher para Israel.
-Los ganaderos dicen que el cepo a la carne no se termina de eliminar y eso impide el despliegue del potencial del sector.
-El freno se liberó. Hoy además se están pagando por los toros precios que nunca se pagaron. Lo dicen los propios cabañeros. Vamos a tener 700,000 madres más, eso es muy bueno. Tenemos un dispositivo del desarrollo del mercado ganadero con las mejores expectativas. Lo dicen los productores. En este escenario planteamos dos cosas: aumentar el peso de faena y certificación de ganadería ambientalmente equilibrada.
-En números concretos, ¿hoy en qué porcentaje estamos a nivel restricciones a la exportación de carne?
– No hay ni cepo ni restricciones.
– Pero no hay libertad total.
– Hay un promedio de saldo exportable que es el 50% del último semestre del 2020, que fue el más grande de la historia. Si no tomábamos ciertos recaudos se estropeaba todo el sistema de producción argentino. La pérdida de madres lo demuestra. Por otro lado, al mercado chino lo abrimos nosotros, durante mi anterior paso por este ministerio. Pero siempre nos fijamos una condición básica: definir el modelo de desarrollo. No hay ningún país que renuncie a diseñar su modelo de desarrollo. Ningún país, aun los más desarrollados, permiten que la demanda de una aspiradora sin límite defina el modelo de crecimiento. El modelo, en armonía de todos los intereses de la cadena, lo define cada país.
En otro tramo de la entrevista con Clarín, Domínguez reconoce que la baja de retenciones no es un tema en discusión, a pesar de que la semana pasada prometió revisar la estructura de derechos de exportación para las economías regionales.
-Usted definió a la producción de granos y carne como bienes culturales. una definición que no cayó muy bien en el sector.
-A los 57 años digo lo pienso. Tengo formación cristiana y antes que nada está la dignidad de las personas. El Papa dijo que la dignidad está antes que cualquier derecho. Me acostumbre a comer pan, carne y siempre hemos dicho que la Argentina debía dejar de exportar productos primarios y convertirlos en proteínas, en cerdo… Lo que dije es lo que siempre pensé. No pueden sorprenderse porque diga que son parte de la identidad del país. Es la identidad cultural. Soy de Chacabuco y para mí es un valor cultural la producción de granos y carne. Quiero que tengamos, mucho trigo, maíz, carne… lo que quiere cualquier argentino bien nacido. Imagínese qué pasaría en la Argentina si el ministro de agricultura tuviera que importar carne, maíz, harina para la mesa de los argentinos. No me hagan un problema político por una definición. Lo que digo lo digo como cristiano y como peronista. ¡Es lo que pienso! ¿Por qué me tendría que arrepentir de lo que pienso?. ¡No me despojen de mi dignidad!. Cualquier producto o cualquier empresario, saca el argumento político, desde la intoxicación de la grieta… Preguntá si la Argentina tiene que comer pan importado. Si eso pasa no dura nadie en el gobierno! Además, tenemos cosecha récord de trigo y maíz, hay cosas para festejar… No hagan de un pelo una peluca.
-Hubo buenas cosechas pero lo que se ve es que en otros países crecen más, en volumen y en rindes.
-Yo quiero llegar a los 100 millones de toneladas exportadas. Es verdad que tenemos un problema con la soja. Pero en trigo y maíz estamos en la estimación correcta. En soja deberíamos estar en 70 millones de toneladas, pero hay temas de costos. Además la soja se reemplazó por maíz y hay que ver cómo se recompone. Al país le sirve, al Estado le sirve que haya más soja por más recaudación!
-¿Hay espacio para pensar en una baja de retenciones para impulsar aún más la producción?
-No está en discusión, Imposible pensarlo con estos niveles de pobreza y la caída que sufrimos del PBI.
-¿La brecha cambiaria es un problema para el campo?
– No tuve reclamos del tipo de cambio. Hubo una corrida con trigo y maíz y se generó un desorden bárbaro. Hay sectores que hicieron correr hace 15 días un tuit de aumento de retenciones. Eso significó una anotación anticipada de dos millones y medio de toneladas de trigo y maíz que se liquidan y se pagan retenciones al fijar el precio de ese día. Más allá de ese episodio, no recibí ningún tipo de preocupación por ese tema Dado que las reservas están en un nivel muy bajo.
Puede leer la entrevista completa aquí.
Fotos: Clarín
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]]>La entrada Caníbales: Nombran en Comercio Interior a un ex funcionario K que acusaba al agro de “especulador” y defendía el control de precios se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“El Jefe de Gabinete, Juan Manzur, por indicación del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha dispuesto que Paula Español pase a desempeñarse en el ámbito del Ministerio del Interior”, se informó este mediodía del sábado. Según esta escueta gacetilla, la ex secretaria de Comercio “trabajará, en conjunto con las provincias, en la coordinación de estrategias y proyectos de desarrollo a nivel federal, que contemplen la radicación de empresas, la agregación de valor, la generación de empleo y el arraigo socio-productivo en cada rincón del país”.
Pero lo importante es que el gobierno también decidió designar a Feletti “para que asuma las funciones de Secretario de Comercio Interior en el marco del Ministerio de Desarrollo Productivo”, que por ahora continúa a cargo de Matías Kulfas.

Nos recuerda con rapidez la Wikipedia que Feletti, actualmente se desempeña como secretario administrativo del Senado de la Provincia de Buenos Aires. fue nombrado en 2009 por la ex presidenta Cristina Kirchner como secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, secundando nada menos que al ex ministro Amado Boudou. Luego pasó a ser diputado nacional y cuando terminó su mandato en 2015 fue uno d elos funcionarios kirchneristas que encontraron cobijo en el Municipio de La Matanza, junto a la intendenta Verónica Magario.
”La renta agropecuaria no puede ser dominante de las decisiones económicas en Argentina”, declaró este experto en finanzas en enero pasado, como para ir aproximándonos a lo que piensa sobre el agro. En esa misma entrevista aseguró que en el marco de la pandemia “el Gobierno dio respuesta, como dio respuesta al reestructurar la deuda heredada, y ahora está enfrentando otro tipo de ataque especulativo que es la presión de los agentes económicos ligados al sector agropecuario con los precios de los alimentos, que me parece que está en un punto de mucho conflicto, y que el Gobierno no debe ceder porque está en juego la mesa de los argentinos”.
“Hay una maniobra especulativa en torno al precio de los alimentos que es monumental, donde pretenden que los argentinos paguen una canasta de alimentos a precio internacional, y todos sabemos que el común de los argentinos y argentinas no gana ni en dólares, ni en precios internacionales”, agregó Feletti, que recomendaba no ceder en materia de control de precios, al tema del cual ahora estará directamente a cargo.
“Los alimentos son un tema sensible y esencial en cualquier pueblo, pero el pueblo argentino viene sufriendo y acompañando al Gobierno en esta pandemia, por eso tiene necesariamente que intervenir”. Punto final y hasta la próxima noticia.
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]]>La presentación la hicieron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.
El programa incluye 30 productos de almacén, 10 lácteos, 2 variedades de panificados, 5 bebidas sin alcohol, 6 productos para el cuidado de la ropa, 5 artículos de limpieza, 4 tipos de pañales infantiles y 8 productos varios de perfumería y cuidado personal.
“El total de 70 productos corresponden a primeras y segundas marcas de las empresas más importantes de cada sector de la industria, y tendrán una reducción del 7% promedio de los precios en comparación a los datos relevados en los comercios de proximidad en el último mes de mayo”, se informó.
La secretaria de Comercio Interior explicó: “Teníamos pendiente cómo hacer para llegar al negocio de proximidad. La respuesta de Súper Cerca tiene que ver con eso, con encontrar una canasta que esté disponible en los almacenes y autoservicios de barrio y que tengan previsibilidad. Esto va a estar en todo el país y va a mantenerse con el mismo precio, no hay diferencias regionales”.
Los productos de Súper Cerca tendrán un rotulado específico impreso en el envase que identifica el logo del programa y con el precio de venta sugerido.

Los alimentos comprendidos en esta canasta son Arroz largo fino Lucchetti 500 gr $ 65; Azúcar común Noel 1 kg $ 76; Cacao en polvo Nescao 300 gr $ 140; Café Instantáneo La Morenita 100 gr $ 225; Caldo de gallina en cubo Knorr 2 u $ 25; Fideos Marolio Celentano 500 gr $ 49; Fideos Molto Bavette 500 gr $ 59; Fideos Spaghetti Favorita 500 gr $ 50; Fideos Tirabuzón Favorita 500 gr $ 50; Galletitas dulces Dale María 145 gr $ 62; Galletitas Terrabusi Anillos 170 gr $ 65; Galletitas Terrabusi Boca de dama 170 gr $ 80; Galletita de agua Arcor 112 gr $ 37. ; Jugo de limón Marolio 1000 cc $ 145; Mate Cocido Unión Suave 25 u $ 61; y Mermelada Noel de ciruela $ 108.
El sector molinero cooperará con Harina 000 Cañuelas 1 kg $ 61; Harina 000 Favorita 1 kg $ 63; Harina 0000 Cañuelas 1 kg $ 79; Harina de maíz Morixe 500 gr $ 55; Pan rallado Cañuelas 500 gr $ 71; Pan rallado Favorita 450 gr $ 65.
Otros alimentos serán Postre Royal de dulce de leche $ 60; Puré de tomate Marolio 340 gr $ 49; Salsa de tomate para pizza Noel 340 gr $ 64; Tapa de empanada Favorita 12 u $ 78; Tapa de tarta Favorita 400 gr $ 85; Té La Morenita Común 100 u $ 179; Tomate pelado entero común en lata Noel 400 gr $ 71 y Yerba Mate con Palo Ytacua 1 kg $ 339.
Las bebidas sin alcohol incluidas son Agua mineral Nestlé $ 79; Agua mineralizada sin gas baja en sodio Córdoba 2 lt $ 55; Agua saborizada de Lima Limón H2O 2,25 lt $ 162; Gaseosa Cola sin azúcar y sin tacc Cunnington 3 lt $ 110; y Gaseosa Pepsi Black 2,25 lt $ 185.
Las industrias lácteas se comprometieron a aportar Dulce de Leche clásico en pote La Martona 400 gr $ 122; Leche sachet 1% La Martona 1 lt $ 74; Leche sachet 2% La Martona 1 lt $ 74; Leche sachet 3% La Martona 1 lt $ 74; Queso Crema García 290 gr $ 168; Queso Rallado libre de gluten Armonía 120 gr $ 170; Yogur entero batido de frutilla García 140 gr $ 44; Yogur entero batido de vainilla García 140 gr $ 44; Yogur entero bebible sachet de frutilla García 900 gr $ 94 y Yogur entero bebible sachet de vainilla García 900 gr $ 94.
Del acuerdo participaron las empresas Unilever, Molinos Río de la Plata, Danone S.A., Mastellone, Bimbo, Marolio, Cafés La Virginia S.A., Estancia Las Marías, Arcor, Mondelez, Molino Cañuelas, Kimberly-Clark, Morixe, Queruclor S.R.L, Alicorp, SC Johnson, Papelera del Plata, P&G, Clorox, Colgate, Nestlé, Tía Maruca, Prodea y Quilmes.
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]]>La entrada Comercio Interior comenzó a pisar los precios del ganado en el Mercado de Liniers: Hoy le ordenó a Coto que dejara de comprar se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El 13 de marzo de 2006, el ex presidente Néstor Kirchner ordenó de buenas a primeras cerrar las exportaciones de carne vacuna. La hacienda ese día había subido 9% y amagaba trasladarse a los precios de la carne en las carnicerías. Luego, el gobierno comenzó a aflojar el cinto e imponer cupos a través de los ROE (Registro de Operaciones de Exportación), que nacieron con fines estadísticos pero después se convirtieron en una herramienta para regular el comercio exterior.
Memoria. Después de aquella primera intervención, Néstor entronizó a Guillermo Moreno como secretario de Comercio. Una de las primeras cosas que hizo en el cago, hacia octubre de 2006, fue enviar una lista de precios máximos al Mercado de Liniers. Todos los operadores recuerdan esa fotocopia, que era respetada a rajatabla aunque no tenía ningún valor legal. Si los precios se pasaban de ese límite impuesto por Moreno, tronaba el escarmiento.

Bueno, por estos días se está repitiendo peligrosamente esa historia. Primero el gobierno de Alberto Fernández recreó los ROE con la creación de una declaración jurada para la exportación de carnes (DJEC), solo a los fines estadísticos, afirman los funcionarios.
Y este miércoles volvieron a sonar los teléfonos en el Mercado de Liniers. Llamaron desde Comercio Interior, ahora a cargo de Paula Español, para fijar -como con aquella famosa fotocopia de Moreno- una suerte de precios máximo.
El que recibió la llamada de las autoridades fue uno de los principales compradores de hacienda en ese tradicional mercado ganadero. Nada menos que los Supermercados Coto. Luego de recibir el mensaje, esa empresa anunció que dejaría de participar de los remates que definen el precio de la hacienda -y sirven como referencia para todo el país- en los próximos días.
Coto es el principal comprador de hacienda en Liniers. En 2020 adquirió allí para sus plantas de faena y para abastecer luego su cadena de supermercados un total de 135.320 cabezas, mas del 10% del total de las que pasaron por el mercado.

La primicia la tuvo casi en vivo el periodista agropecuario Silvio Baiocco, que comanda junto a Alfredo Guarino y el equipo de DelSector.com las transmisiones de Canal Rural desde Mataderos. Luego de chequear con varias fuentes de las casas consignatarias, ellos reconstruyeron que el propio Alfredo Coto en persona llamó a Elvio Colombo, uno de los consignatarios más influyentes, para confesarle que lo habían llamado desde Comercio Interior y que le habían pedido que no siguiera comprando hacienda para no “convalidar” los valores.
El gobierno sacó a @Coto_Ar del @Mercado_Liniers El supermercado pagó $198 por lote de novillito de 400 kilos.https://t.co/hmcANfG5Fx
— delsector.com (@delsectorcom) April 27, 2021
Minutos antes, por las cámaras de televisión se pudo ver que Coto había pagado unos 198 pesos por kilo vivo por un lote de novillitos pesados, en un remate de la casa Madelan. Ese fue el precio que habría sacado de sus casillas a los inspectores de Paula Español , que seguramente seguían la transmisión lápiz rojo en mano
El retiro, aunque sea temporal, de Supermercados Coto de las operaciones de Liniers fue un mazazo para los operadores, que tienen fresco el recuerdo de las intervenciones a los gritos de Moreno. Implica en los hechos que Comercio Interior está dispuesto a jugar fuerte para ponerle un techo a los precios del kilo vivo. Los 200 pesos por kilo vivo parecen haber sido ese límite.
“Coto lleva mucho volumen de hacienda y no suele pagar precios máximos. Sacándolo de la cancha tenés una demanda que va a caer fuertemente y se supone que con esa jugada los precios para la hacienda de consumo van a tender a bajar”, evaluó una fuente que conoce al dedillo el mercado ganadero. “Sin Coto jugando ahí el precio no se sostiene”, añadió.
Desde las casas consignatarias remarcaron a Bichos de Campo que esta fue una decisión tomada solamente por Coto, que anunció a sus operadores que no asistiría a los remates del jueves y viernes. “No sabemos hasta cuando”, dijeron sus representantes, generando mayor incertidumbre.
Desde fines de 2020, luego de que la carne trepara el año pasado más del 70% a nivel del consumo minorista, la Secretaría de Comercio Interior sostiene negociaciones con los grandes frigoríficos exportadores nucleados en el Consorcio ABC y con la Asociación de Supermercados. Coto forma parte de ambas cámaras en su doble rol: fue uno de los supermercado que ofreció a sus clientes cortes algo más baratos a pedido de Paula Español.
Desde que esas negociaciones comenzaron, un rumor fuerte es que también muchos frigoríficos exportadores redujeron sus compras en el Mercado de Liniers, buscando contener la suba de los precios. Esas también pudo haber sido la explicación de la fuerte baja de los precios de la categoría Vaca la semana pasada, que fue superior al 10%. Pero por lo visto no ha sido suficiente.
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]]>“Las exportaciones de los productos cárnicos y sus subproductos estarán sujetas a la registración previa de una Declaración Jurada de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC)”, define el artículo 1° de la resolución conjunta 3/2021. Es decir, lo mismo que los ROE instrumentados por el primer gobierno kirchnerista en 2006: las exportaciones de carne debían declararse de antemano y recién se autorizaban luego de chequear la información presentada por cada operador. De modo claro, una barrera a la exportación.

Es decir que los exportadores de carne, como si traficaran drogas o acaso órganos humanos, deberán avisarle al Estado lo que están a punto de hacer, como si se tratara de un ilícito o de algo peligroso. “¡Ey amigo, rati! Confieso que voy a exportar carne…”
Las autoridades económicas, que según sus propias declaraciones estaban supuestamente preocupadas por el aumento de los precios de la carne vacuna primero, y después porque algunos individuos de ese negocio subfacturaban sus exportaciones, habían anticipado la semana pasada la creación de este nuevo registro, pero solo limitado a los cortes bovinos de exportación. Ahora no se les escapará nada, ni las cabras saltarinas ni los pollos cacareadores.
Conocida la letra chica, la primera sorpresa ha sido que todas las exportaciones, de todos los tipos de carnes, deberán ser declaradas ante la oficialidad: “Los productos cárnicos a exportar alcanzados por la Declaración Jurada de Exportaciones de Carnes (DJEC) son la carne fresca, refrigerada o congelada de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, equina y Gallus domesticus”.
¡Que no se te olvide declarar el Gallus Domesticus (que no es otra cosa que el pollo), malandra!

Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. Los ROE ahora se denominan DJEC, que es mucho más chic. Pero ya no se limitan a los cortes de carne vacuna, como sucedía en la época de Guillermo Moreno, sino que se extienden a todo tipo de carnes. Incluso a las que casi no se exportan, como la caprina.
Ojito: “La Autoridad de Aplicación podrá ampliar el alcance a propuesta de alguna de las instituciones que conforman la Comisión Mixta de Seguimiento y/o la Comisión Mixta de Fiscalización, o en ejercicio de sus propias competencias”, avisan desde el gobierno, advirtiendo con severidad que también que muy pronto podrían exigirse declaraciones para las exportaciones de carne de ñandú o de camélidos. Es que no se pueden quedar los argentinos sin salamines de llama.
¿Qué serán la Comisión Mixta de Seguimiento y/o la Comisión Mixta de Fiscalización que con tanta pompa se anuncian? Suspenso.
¿Y qué habrá que declarar, señor comisario? El artículo 2° lo dice clarito: Se deberá presentar ante las autoridades pertinentes una declaración jurada conteniendo el período de embarque de la mercadería (en este caso la carne); los datos identificatorios del exportador; el tipo de mercadería (se refiere a la especie ganadera); el tipo de carga (enfriada o congelada); el volumen en toneladas; el Precio FOB oficial (algo que no existe en carnes, aunque sí en granos); la fecha de cada venta; los datos de identidad del comprador; si se trata de un intermediario o del destinatario final; el país de destino de la mercadería y todo eso. En rigor, deberá informar todos los detalles de los delitos que se le imputan.

También en la Declaración Jurada deberá aclarar el peligroso exportador si es sujeto obligado de informar en el Sistema Informático para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE); No sabemos qué es eso, pero si acaso el sujeto fuera parte y “sea productor para el mercado interno, también deberá informar el volumen de lo comercializado en los últimos dos meses”.
Porque no solo es delito exportar. También es grave vender carne a los propios argentinos. ¡A nosotros no se nos escapa nada, sotreta!
¿A dónde deberá presentarse esa declaración jurada? Ante la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, o la ex ONCCA, que ya había sido disuelta en 2011 por un decreto de Cristina Kirchner por incontables actos de corrupción, pero luego fue resucitada por el gobierno de Cambiemos para intentar dar transparencia a las diferentes cadenas agroalimentarias. Son paradojas, no jodan con eso a esta hora.
La ex ONCCA podrá determinar el procedimiento y el plazo de vigencia de la flamante DJEC, así como también “dictará las normas complementarias para una adecuada implementación de la medida y dictará las normas aclaratorias que sean necesarias”.
No aclare que oscurece, amigo sargento.

Y como allí les encanta crear programas de computación, también este organismo “implementará un sistema informático para dar cumplimiento a la medida dispuesta en la presente”. Ricardo Echegaray, que administró la ex ONCCA en 2008 y otorgaba los ROE a discreción, también creó un sistema propio llamado Jauke que le permitía perforar la base de datos desde una ONCCA Paralela.
¡Qué lindo es promover la industria del software!
¿Y para qué servirá que los delincuentes, esos porfiados exportadores de carnes, confiesen su delito antes de cometerlo? Pues en al artículo 4° se explica que -en base a sus declaraciones o confesiones- la ex ONCCA y la Secretaría de Comercio Interior “instrumentarán procedimientos para el intercambio diario de la información amparada bajo las DJEC con el objeto de monitorear el adecuado abastecimiento del mercado interno, así como el cumplimiento de los marcos legales de ambos organismos”.
Además, la norma establece que Comercio Interior, a cargo ahora de Paula Español y no ya del Guillermo Moreno, quien en su gestión alimentó un circuito paralelo de venta de ROE, “podrá requerir a los sujetos obligados por el presente régimen toda documentación respaldatoria o complementaria en relación a la finalidad expuesta”.
Por eso, amigo exportador, no salgas sin el DNI de tu casa.

Todo resulta muy parecido a lo que sucedía con los ROE, nacidos por una resolución de 2006 firmada por la ex ministra Felisa Miceli, que informaba que se iban a monitorear las exportaciones de carne vacuna solo con fines estadísticos. Después terminaron siendo un cepo absolutamente discrecional para que unos exportaran y otros no. Para que se fundieran miles de ganaderos y más de un centenar de frigoríficos. Para que se perdieran varios millones de cabezas de ganado y miles de puestos de trabajo en la industria de la carne.
Los actores son todos los mismos de antaño, más allá de los cambios de nombres y de gobiernos. Por un lado, dice la resolución que se creará a “Comisión Mixta de Seguimiento”, integrada por la Secretaría de Comercio Interior y la ex ONCCA, pero además con la invitación exclusiva a la AFIP para participar. Esa comisión, se supone, “tendrá por finalidad relevar y proponer los precios mínimos de referencia para las exportaciones, y evaluar periódicamente la evolución de los precios”. Es algo que ya venía haciendo la Aduana, solita y sin problemas. De hecho, hay precios de referencia en vigencia.
También nacerá una “Comisión Mixta de Fiscalización”, donde estará el mismo viejo Ministerio de la Producción a través de la Secretaría de Comercio Interior, y la ex ONCCA por el Ministerio de Agricultura. Pero a diferencia de aquellas épocas, se invitará también a que esta vez se sumen al Senasa y el Banco Central y por supuesto la propia AFIP, como para que nadie falte a los festejos. Este comisión, se supone, “se reunirá periódicamente para verificar y fiscalizar el cumplimiento de la medida implementada en la presente resolución conjunta”.
Orden y progreso, que carachos. No puede ser que la delincuencia exporta carne, así, con tanta impunidad. Como si fuera una zona liberada.
“La medida establecida por la presente propenderá a un ordenamiento de la actividad exportadora de la carne y sus subproductos, facilitando un control más eficaz del sector y la recepción de información oportuna y sistematizada para la ejecución de políticas públicas destinadas a la promoción de las exportaciones y, al mismo tiempo, el debido abastecimiento de la demanda interna”, se explica en los preámbulos de la resolución.
No podrán decir luego que el comisario no le avisó que ya dentro de la celda los iban a cagar a palos.
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]]>La historia ya determinó sobradamente que cuando Néstor Kirchner y Guillermo Moreno intervinieron las exportaciones de carne vacuna -entre 2006 y 2009- los resultados fueron catastróficos para la cadena de ganados y carnes: se perdieron 8 millones de cabezas de ganado, cerraron más de 100 frigoríficos y se perdieron 20 mil puestos de trabajo especializado, además de que se fundieron miles de pequeños productores y los precios del alimento finalmente subieron. No hace falta machacar con esto. Existe la estadística.
Pero también hubo ganadores en aquel dramático proceso. Un grupo de grandes frigoríficos (varios de los cuales habían pasado a manos extranjeras poco tiempo antes) hicieron enormes diferencias con los cierres temporales de las exportaciones. Sabían cuando comprar hacienda y cuando vender la carne. Recibían de modo más que oportuno los ROE (permisos de exportación) y hasta cobraron subsidios de la ex ONCCA. Pese a que el país reduciría a partir de 2010 a expresiones mínimas su negocio de exportación de carne (se cayó hasta el 5% de la producción total), en los años de intervención ese grupo de empresa tuvo s enormes ganancias y hasta eran récord los embarques debido a la gran liquidación.
Perdían los ganaderos. Ganaban los grandes frigoríficos exportadores. Después perdieron todos. No podemos ignorar ese detalle.

En aquel momento, Guillermo Moreno montó una “escuelita”, que era una reunión semanal donde tenían que acudir los integrantes de la cadena que quisieran ser parte de ese juego o acaso sobrevivir en el reinado de la discrecionalidad. Los que criticaban la intervención quedaron afuera, marginados. Muchos dirigentes alumnos agachaban la cabeza y mantenían silencio, resignados. Pero había otros que aprovechaban su cercanía con el poderoso funcionario. Negociaban y le prometían “carne barata” en los supermercados, para que el INDEC -intervenido por el propio Moreno- pudiera tomar de allí los precios que le permitieran construir un índice mentiroso de inflación.
La gente usualmente no encontraba aquella carne barata. Y cuando lo hacía era en bandejitas de pura grasa.
La historia, dicen, se repite como farsa. Desde principios de año rige un “acuerdo de precios” para vender una serie de cortes populares a precios de diciembre. Es decir, el asado debe ser colocado a 400 pesos por kilo, cuando en el resto del mercado vale 590. Los volúmenes no son grandes sino todo lo contrario: los grandes frigoríficos del Consorcio ABC y los supermercados (la mayoría tiene faena propia) pactaron con Comercio Interior, a cargo ahora de Paula Español, colocar 6.000 toneladas de carne por mes a bajos precios, lo que es el equivalente a 2 o 3% del consumo total. Se venden solo en las grandes cadenas, con lo cual los minoristas se quejan de la competencia desleal.
Por suerte, al menos por ahora, el INDEC no toma esos valores, y por eso el IPC sigue mostrando que la carne vacuna siguió subiendo este primer trimestre de 2021.

Y como la carne sigue subiendo -por una serie de factores- el Gabinete Económico anunció este jueves una nueva ofensiva y la reimplantación de un registro de exportadores: se comenzará así a monitorear los embarques desde Comercio Exterior, al tiempo que se extremarían los recaudos para inscribir operadores en el RUCA, el registro de la cadena agroalimentaria que funciona en el Ministerio de Agricultura. Quien no figura allí no podrá exportar.
La excusa de las autoridades para extremar estos controles es evitar un delito: posibles maniobras de subfacturación de las exportaciones. Pero el riesgo de que ese monitoreo termine por complicarles las exportaciones a unos y beneficie a otros quedó más latente que nunca, a pesar de las promesas de transparencia de las autoridades. ¿Por qué creer a funcionarios que dicen que no van a obstaculizar las exportaciones cuando ya lo hicieron en el pasado reciente y jamás expresaron autocrítica o arrepentimiento?
Moreno no está. Y la escuelita ya no abre sus puertas. Pero en la negociación con las nuevas autoridades de Comercio Interior no participan todos los integrantes del sector, sino los mismos de siempre que ya se vieron beneficiados en el pasado: los grandes frigoríficos exportadores del Consorcio ABC. El acuerdo de precios es solamente con ellos y los supermercados, con los cuales son como primos hermanos. A la par, este sector de la industria (que representa 75% de los embarques, pero solo 30% de la faena) logra imponer sus recetas, como la prohibición de la media res a partir de 2022.
Desde 2015 a esta parte funcionó un conglomerado de organizaciones llamado Mesa de las Carnes, donde están los productores, los consignatarios, los matarifes, los frigoríficos del consumo y también los exportadores nucleados en el Consorcio ABC. Ese bloque se dio el lujo, durante el gobierno pasado, de reunirse hasta una decena de veces con el presidente Mauricio Macri, para revisar la agenda del sector. Llegó Alberto y no hubo nunca más una reunión, a pesar de que la Mesa cambió al coordinador, buscando en la figura de Dardo Chiesa, el ex presidente de CRA, un dirigente más moderado que pudiera lograr mantener las vías de diálogo con el muevo gobierno.
Nada de eso sucedió. En el primer acuerdo de precios de diciembre pasado, la Mesa de las Carnes ni siquiera opinó y lo suscribieron solamente el Consorcio ABC y otras cámaras frigoríficas que se comprometieron a abastecer de cortes baratos el Mercado Central, como UNICA, FIFRA y CADIF. Estas últimas parece haber sido desplazadas ahora en esta nueva negociación para extender el acuerdo solicitado por Paula Español. Es decir, el gobierno tiene ahora solamente un solo interlocutor: el Consorcio ABC que preside Mario Ravettino.

Es muy interesante, en este contexto, releer la editorial que escribió horas antes del anuncio sobre un nuevo registro de exportaciones el presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), Leonardo Rafael. En esas líneas, el empresario más vinculado a los operadores que proveen de carne al conurbano bonaerense hablaba de una evidente tensión entre “mercado interno y exportación”, especialmente “a partir de la disparidad de condiciones que el sector de matarifes debe afrontar frente a los grandes frigoríficos exportadores al momento de comprar hacienda, situación que impacta de manera directa en los precios de venta al público”.
Rafael representa a operadores que mueven miles de cabezas de ganado pero que no suelen tener una planta propia, por lo cual contratan el servicio de faena de un tercero. Ese sector se viene quejando porque mientras los grandes frigoríficos vienen ganando posiciones en el mercado interno (por ejemplo, a través de los acuerdos de precios con Comercio Interior), a ellos se les hace cuesta arriba convertirse en exportadores.
“Nuestro eslabón está listo para acceder a los mercados externos, hemos realizado inversiones y cumplimos al pie de la letra con los requisitos sanitarios para llegar a todo el mundo con el fruto de nuestro trabajo. Pero vemos con preocupación cómo se cierran las puertas, tanto desde el Estado como el sector privado”, estableció su directivo en la editorial, y luego preguntó: “¿Será muy fuerte la presión de los principales jugadores del negocio de la carne vacuna, para que no habiliten ninguna planta más y se consolide un monopolio exportador?”
A las horas de divulgada esta editorial, el gobierno anunciaba los nuevos registros en Comercio Interior y mayores controles en el RUCA. Allí, días antes, las autoridades de Agricultura designaron a un contador llamado Luciano Zarich y de inmediato comenzaron a suceder cosas sospechosas y poco transparentes (o al menos pésimamente explicadas): “Se han suspendido las actividades de 15 empresas exportadoras de carne”, informó el propio gobierno, sin jamás dar a conocer el nombre de esas empresas ni precisar qué falta cometieron. Tan burda era la información de Agricultura que ni siquiera definía de qué registro se las había suspendido, pues esos “exportadores sin planta” ni siquiera estaban inscriptos en el RUCA.
¿Puede ser el RUCA utilizado como filtro para que unos puedan exportar y otros queden inhabilitados para hacerlo? Es una posibilidad concreta. También es cierto que los matarifes representados por Rafael vienen tropezando con una segunda piedra, a la hora de pedir la habilitación sanitaria del Senasa para algunas plantas de faena con las que trabajan.
A diciembre de 2020, según estableció la CAMyA, había unos 82 matarifes abastecedores que contaban con matrícula para exportar y hasta había 14 de ellos que integraban grupos de productores de Cuota Hilton, casi la mitad de los existentes. Pero al parecer había algunos más querían ingresar al negocio dominado por los grandes frigoríficos del Consorcio ABC. Esto era lo que planteaba Rafael en su editorial: “Desde el 2018, el Senasa habilitó algunas plantas para exportaciones puntuales, pero en líneas generales no se abrió el juego para los frigoríficos del mercado interno que están en carpeta para comercializar a China”.

Los matarifes argumentan incluso que si se los dejara exportar también podrían subsidiar cortes de consumo a precios populares, como hacen exclusivamente los socios del Consorcio ABC. “Nuestra participación en este plan de rebajas nos permitiría llegar a donde los exportadores no pueden: al bolsillo de los sectores con menos recursos”, escribió Rafael..
“Los frigoríficos del mercado interno, responsables del 80% de la carne que llega a la mesa de los argentinos, reclamamos nuestro espacio a la hora de abrir el juego exportador. Estamos preparados”, añadió el presidente de la Cámara de Matarifes, dejando expuesto que ahora -como en tiempos de Moreno- podría haber hijos y entenados a la hora de acercarse a negociar con el gobierno.
Queda flotando una pregunta obvia, ahora que al parecer habrá nuevos controles de precios y hasta un nuevo registro de exportaciones como fueron los ROE. ¿Por qué no se reúne el gobierno con toda la Mesa de la Carne y se sacan todos estos trapitos al sol? ¿Por qué los acuerdos de precios no incluyen a todos los operadores?
Es lo que debería suceder: Cualquier manual básico de política pública exige a los funcionarios definir una política transparente y aplicar una ley pareja para todos.
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