La entrada País de locos: Por fin el Estado se acordó de controlar a la aviación clandestina y los aplicadores registrados lo festejan se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En tiempos en que la actividad está sometida a una enorme presión social para hacer bien las cosas en materia de cuidado del ambiente y la salud, parecía un despropósito absoluto que el Estado -en sus distintos niveles- permitiera en pleno siglo 21 que hubiera aviones que aplicaban agroquímicos sobre los cultivos (o sobre las escuelas rurales, no sabemos porque eran justamente clandestinos) sin tener ningún tipo de control. Pero sucedía. Lo denunciaban sus pares que sí estaban registrados.
Este es aquel programa:
Todo este recuerdo viene a cuento de que recién ahora, dos años y medio después de aquella emisión y a más de 90 años de la aparición de la aviación agrícola en el país, leemos con algo de expectativa un comunicado que da cuenta de que “durante la semana pasada, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) realizó inspecciones de seguridad operacional sobre empresas de Trabajo Aéreo y aeronaves agrícolas en la provincia de Entre Ríos” y “detectó aviones aeroaplicadores que no contaban con las habilitaciones correspondientes en dos localidades de la provincia”.
Albricias. Los integrantes de FAERCA celebran en dicho comunicado el hecho de que “la aeroaplicación clandestina” haya quedado “en la mira”. Nosotros nos preguntamos por qué pasó tanto tiempo.
Como sea, por primera vez en años se sabe de un operativo de la ANAC y eso es bienvenido. Contaron los aeroaplicadores bien registrados que la fiscalización se llevó a cabo en las localidades de San Salvador y Villaguay, “luego de haberse recibido varias denuncias de actividad agroaérea clandestina”.
Es decir, que la ANAC reaccionó recién luego de las denuncias, porque sigue sin conocer al parecer qué cantidad de aviones aplicadores existen en el país, cuántos están registrados, cuantos están en condiciones de volar, quiénes son sus pilotos, y otros etcéteras elementales en cualquier país normal, que no parece ser nuestro caso.
“Según informó la ANAC, se detectaron aeronaves aeroaplicadoras que no contaban con matrículas ni cumplían tampoco las condiciones mínimas de seguridad, dado que estaban ensambladas sin la intervención de personal calificado ni certificado” contó FEARCA, que manifestó su apoyo “a la presencia en territorio de la ANAC”.
“Desde hace años, la Federación viene reclamando a la autoridad aeronáutica mayor presencia en territorio y mayor interacción con las autoridades legales para una efectiva fiscalización de la actividad agroaérea. Cada acción en este sentido, cada nota presentada y cada planteo fueron oportunamente informados a la comunidad agroaérea”, indicó la cámara de los aviones bien registrados, que suelen pagar por los platos rotos de los pecadores.
En ese mismo sentido, FEARCA reconoció que “el trabajo aéreo clandestino constituye la principal causa del reclamo ambientalista dirigido a la aviación agrícola en su conjunto, dado que el desapego a las normas de los evasores no se limita a las reglamentaciones aeronáuticas, sino especialmente a las protectoras del medio ambiente”.
La consecuencia de esta inacción de control y registro por parte de las autoridades es que “los aeroaplicadores legales quedan expuestos ante la sociedad por las prácticas desaprensivas de los ilegales, que al encontrarse fuera del sistema eluden todos los mecanismos de fiscalización, por lo que las acusaciones y cuestionamientos terminan siendo soportados siempre por quienes están en regla”.
Tras expresar su apoyo a las autoridades de la ANAC, los pilotos inscriptos recordaron que esta ofensiva sobre la aviación clandestina “también merece ser respaldadas desde la perspectiva comercial, pues desbaratan la competencia desleal que desde hace años padecen los empresarios legales a manos de los clandestinos, lo que ha degenerado en una auténtica depredación del mercado”.
Por si quieren verlo, este es otro programa de Bichos de Campo sobre el tema, pero ya con aviones que no solo están registrados sino que además certifican su actividad son el sello IRAM:
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]]>La entrada Con un brote de Peste Porcina Africana en Dominicana, el Senasa decidió reforzar las medidas preventivas en todas las fronteras se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>A través de un comunicado del 28 de julio de 2021, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) hizo público que República Dominicana envió muestras al laboratorio del Centro de Enfermedad Animal Plum Island de los Estados Unidos. Las mismas fueron extraídas de dos establecimientos en las provincias de Sánchez Ramírez y Montecristi, y dieron positivo para la enfermedad que ya causó estragos en el stock de cerdos de China.
La información publicada por la OIE hasta el momento describe un foco cerca de la frontera con Haití, con 827 animales afectados, y otro en el centro del país con 15 animales afectados. Los ejemplares sobrevivientes fueron sacrificados en forma preventiva.
En Argentina y de cara a esta situación, Senasa comenzará a reforzar los controles del tratamiento de desperdicios y del ingreso ilegal de productos y subproductos de cerdos en aeropuertos y puertos, dado que los residuos de aviones y buques transcontinentales provenientes de países donde la enfermedad es endémica, que luego pueden ser utilizados para alimentar porcinos, son una vía posible de ingreso de la enfermedad al país.
La entidad difundió los siguientes puntos a tener en cuenta en torno a la PPA:
- No existe vacuna contra esta la enfermedad que afecta a cerdos domésticos y silvestres. El virus es altamente resistente al ambiente y puede ocasiones severas pérdidas económicas por su alta letalidad.
- No representa un peligro para la salud humana, ni afecta las condiciones de los productos alimenticios contaminados.
- Está prohibido ingresar carne de cerdo y sus derivados sin autorización del Senasa, así como animales y material reproductivo (semen y embriones) sin la certificación sanitaria correspondiente.
- Los productos porcinos que no fueron sometidos a tratamientos para inactivación del virus de PPA durante su elaboración, como es el caso de salames, jamón crudo, carne porcina fresca y otros constituyen un riesgo ya que el virus puede permanecer en ellos durante meses.
- La Resolución Senasa N° 655/2017 permite el ingreso de jamón serrano e ibérico, lomo ibérico, trozado o laminado, sin hueso, procedente de España, en envase al vacío o atmósfera controlada original de fábrica, debidamente rotulado e identificado y de libre comercialización en dicho país.
- Se debe evitar concurrir a granjas luego de estar en países con presencia del virus porque la ropa y el calzado puede vehiculizarlo.
Y un día la Peste Porcina Africana hizo pie en América: Denuncian dos brotes en República Dominicana
“Es muy importante que ante la sospecha de signos no habituales en los animales avise al Senasa, particularmente si observa en los cerdos aumento de la mortandad, manchas o enrojecimiento en la piel, fiebre alta y abatimiento se contacte con la oficina local de su jurisdicción o escriba a notificaciones@senasa.gob.ar”, indicó la entidad en su web. También dejaron abiertos los siguientes canales para pedir información: porcinos@senasa.gob.ar / 011- 41215430.
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]]>La entrada ARBA salió a controlar camiones en plena cosecha, aunque su titular parece saber poco de agro, transporte, geografía y hasta matemáticas se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>De entrada, esta intencionalidad manifiesta se nota en la gacetilla que difundió la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires. Allí se informa que “se puso en marcha un amplio operativo de fiscalización, a través de múltiples controles que se realizan de manera simultánea en corredores cerealeros y puertos, con el objetivo de identificar y combatir maniobras de contrabando y evasión en la comercialización de granos”.
¿Contrabando? ¿Desde la Provincias de Buenos Aires? ¿Y hacia dónde? Últimamente las autoridades han venido machacando con esta idea y para dar crédito han mostrado el secuestro de unas pocos cientos de toneladas de soja en la zona fronteriza de Misiones, que está ubicada a 1.250 kilómetros de Pergamino, uno de los puntos de control establecidos por ARBA.
Según el último tarifario acordado por la propia Provincia de Buenos Aires con las cámaras del transporte de granos en febrero pasado, el costo de derivar un camión hacia allí, es decir el flete para transitar esos 1.250 kilómetros, sería de 4.840 pesos por tonelada. Es decir casi 16% del valor de una soja de 31 mil pesos. O casi el 25% del valor de un maíz de 19.600 pesos por tonelada.
Es decir que entre una buena parte del supuesto beneficio que podría ahorrarse un contrabandista de soja a Paraguay (ahorrar retenciones del 33% que equivalen a unos 15.000 pesos por tonelada) se lo llevaría el flete. Flor de negocio. Y eso sin contar con los “sobreprecios” que el camionero debería dejar en los puestos camineros de diversas provincias para justificar por que transita en contra de la corriente. Lo lógico sería controlar camiones desde zonas productoras, como Salta o Chaco, más cercanas a esa frontera.
Sigue el operativo de Fiscalizacion de actividades agrarias contra la evasión en PBA. Continúan los controles de mercadería en tránsito con foco en el transporte de granos en más de 15 puntos en rutas y puertos de la provincia. pic.twitter.com/10KK2F7laV
— Cristian Girard (@cristiangirard) April 22, 2021
Pero si ya la búsqueda de “contrabando” suena exagerada en la gacetilla de ARBA, su director ejecutivo, Cristian Girard, se empantanó más todavía al hablar de estos operativos. El jueves, tras visitar el puesto montado en la zona de Pergamino, este funcionario kirchnerista declaró a la agencia Télam que se había detectado mercadería en infracción por un total de 100 millones de pesos.
“Esta vez se pone el foco en el transporte de granos porque estamos en tiempo de cosecha con el objetivo de detectar salida de camiones sin documentación, lo que podría terminar siendo una operación de contrabando”, insistió Girard.
¿Y cómo llegó el funcionario al cálculo de los 100 millones? Vamos a reproducir textuales con sus declaraciones.
“Desde el lunes, llevamos 100 millones de pesos de mercadería detectada en tránsito sin documentación de respaldo”, especificó Girard. Luego, según el mismo cable, detalló que de los 1.100 camiones fiscalizados hasta el momento, “se decomisó la mercadería de unos 10 que cargaban aproximadamente 450 toneladas de cereales sin la documentación respaldatoria”.
Que se haya decomisado la carga de solo diez camiones sobre un total revisados de 1.100 es realmente una gran noticia, pues quiere decir que solo el 0,9% del universo controlado no llevaba la Carta de Porte y otra documentación requerida a la hora de hacer cada viaje.
Que el 99,1% del resto de los transportes controlados por ARBA no hayan presentado irregularidades graves es realmente llamativo, pues para la mayoría de los productores suele ser un dolor de cabeza en esta época gestionar las Cartas de Porte ante la AFIP, y siempre están unos pocos que quieren vender algún camión en negro (pero por acá, no contrabandeado a Paraguay).
Aquí el problema es que hay que demonizar a la cadena agrícola y entonces todo se debe exagerar en su contra. De hecho, en las mismas declaraciones, Girard agregó: “Entre el 9 y el 10% de los camiones tienen infracciones o multas. No todos circulan sin documentación”, apuntó.
De golpe pasamos de haber secuestrado la carga del 0,9% de los camiones controlados, a que el 9% o 10% hayan cometido alguna infracción. O el titular de ARBA manipula los porcentajes a favor del discurso que quiere instalar. O es peor: no sabe matemáticas ni sacar porcentajes.
Lo que sí está claro es que el funcionario nombrado en ese alto cargo por el gobernador Axel Kicillof se subió al caballito de la demonización de los productores. Ya lo había hecho semanas atrás apelando a un “índice Verde” cuya aplicación también dejó muchas dudas.
Girard está cerca de los 40 años, es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y posee una maestría en Economía Política (FLACSO). Pero esto no le impide decir -con una simplificación del agro que espanta- que desde ARBA “nos dimos la tarea de reforzar los controles en los sectores donde más recursos hay” y “empezar por lo que más tienen”.
En Pergamino y zonas aledañas, donde él fue a controlar, por estos momentos hay pequeños productores y arrendatarios que han cosechado menos de 15 quintales por hectárea de soja, y no llegan a cubrir los costos de esta campaña. ¿Sabrá Girard lo que es un “rinde de indiferencia”?
Quizás no deba saber tanto el recaudador. Pero lo que está muy claro es que conoce muy poco sobre el sector que debe fiscalizar y también sobre el transporte de mercaderías.
El cálculo que lanzó al aire para definir que “una parte del agro evade”, surgió a partir de multiplicar por 30 mil pesos (el valor actual de la soja) por las 450 toneladas decomisadas en los diez camiones secuestrados en estos operativos. El mayor inconveniente para sostener esos números es que no existen camiones capaces de transportar 45 toneladas cada uno, que es lo que daría el promedio (10 infractores con 450 toneladas de soja) informado por el titular de ARBA.
En efecto, un equipo moderno en promedio carga 30 toneladas de granos, y bastante menos si los que se detienen en la ruta son los viejos y queridos 1114, que suelen aparecer en este momento de cosecha, cuando no da abasto la flota de camiones. Deberían revisar la VTV y que funcionen los frenos, más que buscar operaciones fellinescas de contrabando.
Existen algunos camiones llamados bitrenes que fueron autorizados a circular por ciertas rutas nacionales por una decisión del Ministerio de Transporte tomada en 2018. Pero se los llegó a ver andar cargados de rollizos de los forestadores de la Mesopotamia y no de granos de la región pampeana.
“La provincia de Buenos Aires posee la mayor superficie sembrada del país y cuenta con la producción de granos y oleaginosas más importante”, establece el comunicado de ARBA para dar cuenta de la razón de estos controles. En esa definición, al menos, no se equivocaron.
Nota del editor: A partir de la publicación de esta nota, ARBA pidió publicar a Bichos de Campo la siguiente aclaración. Que ayer se controlaron 1.100 camiones, y que entre 9 y 10% de esos vehículos estaban en infracción, y que de entre aquellos que transportaban cereales había unos 10 de los que se había incautado la carga, para totalizar unas 450 toneladas. Pero la suma total informada de 100 millones de pesos no correspondía solo al valor de esa soja, sino al total de las infracciones que se habían cometido. Las interdicciones a camiones del agro es porque no tenían ningún tipo de documentación. También desmintieron que no era la intención del organismo “demonizar” al agro sino informar sobre los controles.
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]]>La entrada Los productores argentinos celebran el refuerzo de controles frente a la expansión de un hongo asesino de bananos en Sudamérica se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El Fusarium TR4 es una enfermedad fúngica que se transmite por el suelo y que provoca un daño en el tejido vascular de las raíces y tallos de las plantas, provocando la marchitez y posterior muerte. Afecta al banano de la variedad Cavendish, la más exportada en el mundo. Hasta el momento se detectó en Colombia y Perú.
“Nosotros no tenemos las mejores condiciones para lograr una producción de banana como otros países, porque tenemos inviernos secos y fríos. Eso casualmente es una fortaleza a la hora de frenar el avance de las enfermedades. Desde los 90’ se viene hablando del Fusarium TR4, una mutación del Fusarium TR1 que devastó bananas en los años 50’”, explicó a Bichos de Campo José Luis Checa, presidente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta.
El principal problema radica en que no existe aún una cura ni tampoco protocolos para la prevención. En Colombia, por ejemplo, se ha optado como única medida de contención el aislamiento de lotes infectados.
Debido a que la producción local es muy escasa, Argentina importa bananas principalmente desde Ecuador, seguido por Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia y Costa Rica. Y eso representa un riesgo potencial.
“El hongo afecta a la planta más que a la fruta. Lo que hay que evitar es que entre material con presencia de Fusarium TR4 como, por ejemplo, un cajón de bananas con pedazos de hojas; ahí es donde hay que apuntar”, señaló Checa.
En ese sentido, la disposición conjunta 1/2021 del Senasa tranquilizó a los productores del norte, que desde hace tiempo venían reclamando mayores controles en las fronteras, por donde ingresan los cargamentos de esta fruta.
Los productores, concentrados en Jujuy, Salta y Formosa, celebraron la disposición del Senasa que obliga a emitir un Documento de Tránsito Vegetal Electrónico (DTV-e) para cualquier banana que circule por el país, ya sea importada o de producción local.
Checa asegura que el aumento de la superficie implantada en los últimos años permitiría abastecer el mercado interno en el caso de que haya un faltante en las góndolas como producto de la difusión de la enfermedad. “Lo normal de los países que producen bananas es autoabastecerse primero. Lo que nos pasa a nosotros acá es que se le da importancia a la importación por sobre el productor nacional. Es una cosa de locos. La producción argentina viene creciendo y mejorando en calidad para abastecer al país”, afirmó Checa.
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]]>La entrada En España desarrollaron un sistema que permite detectar la presencia de antibióticos en animales antes de ser sacrificados se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En el caso de la Unión Europea, Bichos de Campo informó semanas atrás que sus autoridades establecieron que a partir de 2022 quedará prohibido el uso de microbianos como promotores de crecimiento y profilácticos, y que también será exigido a quienes exporten carne a ese destino.
En ese marco, una investigadora del Instituto Agroalimentario de Aragón, en España, desarrolló un nuevo sistema de detección de antibióticos que permite testear al animal en vida.
“La ventaja que presenta este test sobre otros ya comercializados es la posibilidad de llevarlo a cabo ante mortem, esto es, de forma previa al sacrificio del animal. Esto evita la llegada de un res con residuos antibióticos al matadero”, explicó la Doctora María Jesús Serrano Andrés al medio español Portal Veterinaria.
El análisis consiste en una pequeña extracción de sangre que será puesta en contacto con un reactivo que detecta el crecimiento de microorganismos. En caso de que la muestra de sangre cuente con alguna sustancia inhibitoria del crecimiento bacteriano, el reactivo lo demostrará al no cambiar de color. El test arroja resultados en menos de tres horas.
“En caso de detectarse una res contaminada (con residuos de antibióticos), se procedería a su decomiso y destrucción, lo que supondría graves pérdidas para el ganadero, que por un lado tendría que hacer frente a la sanción y por el otro perdería el dinero invertido en el animal. Así mismo, el impacto ambiental sería importante, no sólo derivado de la destrucción de la canal (res) res sino de los recursos consumidos en criar un animal”, indicó la investigadora.
El objetivo principal del estudio es poder darle al ganadero la posibilidad de decidir en forma casi inmediata el destino de los animales y evitar pérdidas económicas.
-¿Cuáles serían las consecuencias de la llegada al matadero de estas reses contaminadas?
-La consecuencia más grave en materia de salud pública sería la llegada de estos residuos antimicrobianos al consumidor, en el que podrían provocar graves consecuencias como alergias, disbiosis intestinales o generación de antibiorresistencias en la microbiotica intestinal.
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]]>La entrada El procesamiento de trigo por parte de la molinería alcanzó el nivel más elevado de los últimos ocho años gracias al corralito contra la evasión se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020 –según datos oficiales– la industria molinera procesó 6,07 millones de toneladas de trigo pan, la cifra más elevada desde 2011/12, cuando se molieron 6,12 millones de toneladas.
En aquel momento, la intervención del mercado de trigo instrumentada por durante el gobierno kirchnerista provocó, en una primera fase, la proliferación de nuevos molinos harineros en diferentes regiones productivas con el propósito de aprovechar la oferta “cautiva” del cereal.
Sin embargo, debido a la falta de incentivos, la cosecha argentina de trigo se destruyó a partir del ciclo 2012/13 y los precios internos del cereal comenzaron a registrar importantes subas, lo que hizo que muchos molinos comenzaran a operar con diferentes grados de informalidad.
A partir de 2016/17, con nuevas reglas de juego instrumentadas por la gestión del presidente Mauricio Macri, la cosecha argentina de trigo –que no había logrado superar los 10 millones de toneladas en 2012/13 y 2013/14– se recuperó para volver a alcanzar cifras mayores a 18 millones de toneladas. Pero los volúmenes procesados por molinos harineros, extrañamente, no acompañaron ese proceso.
Eso comenzó a cambiar a fines de abril de 2019 con la implementación, a nivel nacional, de la obligación por parte de los molinos harineros de contar con un Controlador Electrónico de Molienda de Trigo (CEMT) en la fase previa al ingreso de la primera roturación del cereal, lo que permitió, junto con un trabajo de inteligencia comercial, realizar un seguimiento mucho más estricto de los volúmenes industrializados.
El “corralito” contra la evasión instrumentado a partir de entonces permitió a los agentes de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario clausurar y aplicar multas a aquellos molinos en los cuales se detectó mercadería sin declarar. Desde entonces, se observó un progresivo crecimiento de los volúmenes registrados de molienda.
En el último ciclo comercial la industria molinera argentina procesó un 30,8% de una cosecha de trigo de 19,75 millones de toneladas.
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]]>La entrada Frigoríficos reclaman al Gobierno que se ponga firme frente al atropello de China: Por controles de Covid, muchas plantas podrían quedar fuera del negocio se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Desde hace un tiempo, las autoridades chinas comenzaron a controlar la presencia de Covid-19 en la mercadería y encontraron (aseguran) rastros del virus en cargas ya nacionalizadas (es decir que ya habían ingresado a China y habían sido manipuladas allí). Aunque el hallazgo del virus se producía sobre las cajas y no implicaba riesgo alguno en la ingesta de la carne, no se pudo evitar la sanción de varias empresas que durante noviembre y lo que va del presente mes de diciembre quedaron fuera de ese mercado.
En las últimas semanas, los chinos comenzaron a exigir más. “Piden testeos de PCR al personal, que se desinfecten las cajas por dentro y por fuera, y luego en la superficie del container”, contaron a Bichos de Campo empresarios del sector cárnico.
También indicaron que “se necesita un protocolo claro, reglas de juego que den previsibilidad al negocio. Todo esto generó sobrecostos y en el mismo tiempo en que antes hacíamos diez containers, ahora hacemos solo uno. Hace falta que las autoridades sanitarias se pongan de acuerdo”.
Además, está dando vueltas la versión de que China incluso pediría el deslistado definitivo de las plantas industriales autorizadas a vender a ese destino en las que se haya detectado al menos un caso positivo de Covid-19. Esto dejaría fuera del mercado a muchísimos de los 80 frigoríficos habilitados para vender a China.
Lo que sospechan los empresarios de la carne es que, en realidad, se trataría de una maniobra para controlar el flujo comercial, pero sobre todo para infundir temor entre los operadores y bajar los precios. En rigor, la exigencia y las suspensiones se repiten con todas las carnes (también con embarques de productos porcinos y aviares) y otros países.
En efecto, un despacho típico para ese mercado, que integra el garrón y el brazuelo, no se movió de los 5.200/5.500 dólares la tonelada en los últimos cuatro meses, momento en que se dio el incremento de las ventas por la proximidad del Año Nuevo chino, que se festeja esta vez a inicios de febrero.
En este contexto, desde el Consorcio ABC emitieron un comunicado de prensa en el que señalan su “profunda preocupación ante las reiteradas solicitudes de la República Popular de China debido a la pandemia de Covid-19, las cuales no cuentan con aval científico ni epidemiológico y afectan la producción de alimentos cárnicos argentinos”.
“No existe evidencia científica que demuestre que el SARS-CoV-2 se transmita por carne bovina, ni por la superficie de sus empaques”, enfatizaron los frigoríficos exportadores.
Luego vino el reclamo del sector al Senasa para que tome cartas en el asunto: “Se solicita al Senasa mayor firmeza y claridad en la negociación bilateral con China, ya que la implementación de las acciones mencionadas no tiene base científica y por ende no deberían ser aceptadas”.
Tanto es el malestar entre los exportadores de carne con este atropello chino que indicaron que “de ser necesario, se solicita al Senasa que tome las medidas del caso para elevar esta situación a la Organización Mundial de Comercio (OMC)”.
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]]>La entrada Gonzalo Berhongaray denuncia en primera persona: “Cómo el aislamiento obligatorio asesinó a mis padres” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Fueron las restricciones a las libertades humanas fundamentales –y no el Covid-19– las que provocaron la muerte de mis padres. El experimento social que se está desarrollando en la Argentina es mucho más dañino que el virus. Y la dimensión completa de las consecuencias finales del mismo aún están por verse.
Mis padres residían en una finca en San Rafael, Mendoza, donde nos criamos junto a mis dos hermanos: uno que vive en esa misma provincia, mi hermana –con cinco meses de embarazo– que se encuentra en Mar del Plata y yo en la ciudad de Santa Fe. Nunca imaginamos que semejante dispersión geográfica sería un inconveniente para volver a vernos. Pero lo fue cuando el “aislamiento obligatorio” implementado en marzo pasado hizo que desde entonces muchas provincias y municipios comenzasen a comportarse en los hechos como jurisdicciones independientes en las cuales las normas discrecionales quedaron libradas a las voluntades de los jefes provinciales, comunales y policiales locales.
Mi madre, ya jubilada, nunca se perdía ningún acontecimiento importante relativo a sus nietos. Uno de mis tres hijos comenzaba en marzo primer grado y ella quería viajar, como lo hacía usualmente, en colectivo para pasar luego una o dos semanas con nosotros en la ciudad de Santa Fe. Ya había comprado los pasajes cuando le pedí que los devolviera porque los medios de comunicación comenzaban a poblarse de noticias sobre un virus peligroso que se extendía por todas las naciones del orbe. Si pudiese volver el tiempo atrás, alertado por la desintegración territorial que venía en camino, le diría seguramente que viajase cuánto antes junto a mi padre para estar con nosotros. Pero por entonces no había manera de advertir la degradación en ciernes.
“No te preocupes, vieja”, dije. “En Semana Santa estamos por allá”. Así lo hacíamos todos los años. Pero esta vez no pudo ser. La soledad comenzó a resultar un peso importante en la salud mental de mi madre, quien estaba a acostumbrada a llevar una vida social muy activa en Mendoza. Cada semana que pasaba era una tortura estar lejos de su familia y sus afectos.
Hicimos todo lo posible para mantener contacto permanente por medios virtuales, pero la realidad es que mi trabajo y el mi esposa se multiplicó durante los primeros meses de la “cuarentena”, mientras nos adaptábamos al uso permanente de plataformas digitales para cumplir con nuestras responsabilidades laborales.
Mi madre no aguantó más y en mayo tramitó un permiso para viajar con su automóvil hacia La Pampa, donde residía su madre, quien, con 82 años, había quedado sola para atravesar el encerramiento obligatorio.
La creciente angustia le provocaba insomnio y el uso nocturno de redes sociales era testimonio fiel de ese problema recurrente. Quizás se quedó dormida. Quién sabe. Pero jamás llegó a visitar a su madre.
Mi hermano me avisó que mamá estaba internada en coma luego de accidente vial. Me desesperé. Comencé a intentar tramitar un permiso para poder viajar los más de 1000 kilómetros necesarios para poder acompañarla. Pero los burócratas que diseñaron el experimento social argentino –en vigencia– no habían habilitado ninguna posibilidad de acercamiento entre familiares que estuviesen atravesando circunstancias críticas.
En el medio de esa búsqueda frenética para cumplir con el mandato más básico presente en la naturaleza humana –acompañar a un ser querido durante una convalecencia– mi hermano me comunicó que mamá había fallecido. Decidimos junto con mi esposa que todos, los cinco integrantes de la familia, iniciaríamos el viaje desde Santa Fe hacia Mendoza para que los nietos pudiesen despedir a la abuela.
El viaje se hizo por demás extenso porque nos encontramos con controles policiales en las diferentes jurisdicciones de cada provincia. En todos fuimos detenidos y, con el certificado de defunción que me había remitido mi hermano desde Mendoza, explicamos, imploramos y lloramos todos para que nos dejasen avanzar para dar el último adiós a mi madre. Creo que jamás me había sentido tan impotente frente al uso discrecional de una autoridad. Parecíamos inmigrantes ilegales tratando de ingresar a diferentes países sin la documentación correspondiente.
La campaña mediática del miedo había dado buenos resultados y muchas estaciones de servicio localizadas en las rutas no nos dejaban comprar alimentos ni bebidas. Pasamos hambre cuando se acabaron las provisiones propias.
Cansados ya de tener que rogar que nos dejasen pasar al atravesar el territorio santafesino y cordobés, no sabíamos que le peor estaba por llegar cuando llegamos al límite con la provincia de San Luis, donde nos encontramos con un campamento de personas y familias que esperaban días e incluso semanas la posibilidad de poder atravesar la custodiada frontera de esa jurisdicción.
Luego de seis horas de espera y hambre, abastecidos solamente de agua provista por una canilla de uso público de los acampantes, nos permitieron atravesar la provincia de San Luis con vigilancia permanente de diferentes móviles policiales que se iban pasando la posta cada tanto. Tardamos más de siete horas en hacer un viaje que usualmente no demoraría más de tres.
Cuando llegamos a Mendoza, nos informaron que debíamos irnos a un hotel en la ciudad capital para realizar una “cuarentena” de dos semanas con un costo, que correría por nuestra parte, del orden de 150.000 pesos. Rogamos nuevamente por hacer valer nuestro derecho constitucional y natural de circular libremente hasta la finca de San Rafael, donde nos estaba esperando nuestro padre, quien para entonces estaba atravesando una fase depresiva profunda.
Afortunadamente, se apiadaron de nosotros y nos permitieron seguir viaje, nuevamente escoltados por patrulleros, quienes se aseguraron que no tomásemos contacto con nada ni nadie en el territorio mendocino. Un policía se compadeció de mis hijos y le compró una pizza para que pudiesen tener algún alimento hasta llegar a destino.
Permanecimos dos semanas en la casa mi padre, brindándole la compañía necesaria, para luego regresar hacia Santa Fe. La vuelta fue mucho más sencilla porque, al evidenciar que estábamos viajando hacia nuestro hogar, los controles policiales nos permitían avanzar sin necesidad de implorar hasta el llanto.
La promesa era volver para las “vacaciones de Julio”.
El 17 de agosto mi padre decidió quitarse la vida. En la última carta que escribió pidió perdón, pero nos aseguró que no podía vivir en soledad sin la compañía de mi madre. Mi padre no pudo, como tenía antes de la instauración del encerramiento obligatorio, contar con el acompañamiento profesional necesario para poder sobrellevar su enfermedad.
Las listas de muertos por Covid-19, que muchos medios de comunicación informan diariamente con entusiasta dedicación, deberían ir acompañadas por todos los fallecidos a causa del aislamiento impuesto por el Estado con la excusa, irónicamente, de preservar la salud de la población. Si ese fuera el caso, seguramente nos llevaríamos una sorpresa por el número de víctimas. Una sorpresa no precisamente agradable.
PD: hoy 10 de Octubre tenía pensado estar con mi padre festejando su cumpleaños. No mandando esta carta.
PD2: mi abuela sigue aún sola en La Pampa, ninguno de sus nietos ni bisnietos puede visitarla.
PD3: agradezco enormemente a Ezequiel Tamborini por ayudarme a escribir esta carta.
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]]>La entrada ¡Larga vida al Bolsatech! Seguirán por otro año los controles a la semilla de soja en busca de una tecnología de la ex Monsanto se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En el Boletín Oficial de este martes se publicó la Resolución 27/2020, firmada por el ministro de Agricultura, Luis Basterra. Dispone que “para la cosecha de soja Campaña 2019/20 le serán extraídas al productor o remitente 2 muestras de grano en el primer punto de entrega, para la verificación del cumplimiento de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 20.247”. Es decir, prorroga la vigencia d este sistema por una temporada más.
Ver El fantasma de Monsanto seguirá poniendo dinero para controlar la soja Intacta
A la vez, en un segundo párrafo, Agricultura estableció que el INASE (Instituto Nacional de Semillas) podrá realizar controles aleatorios sobre otros cultivos que no sean la soja. Esta vez, queda claro, ya no en busca del evento transgénico Intacta sino para verificar la legalidad de la semilla. Esto es, a la búsqueda de “bolsa blanca”.
“Le serán extraídas únicamente al productor o remitente que el INASE determine 2 muestras de grano en el primer punto de entrega, para la verificación del cultivar utilizado para la obtención del producto analizado”, define la norma. En este caso, los productores serían seleccionados en función de los datos sobre semillas que declaren cada año en el SISA, el sistema de información agrícola puesto en marcha por la AFIP, y del cual también abreva el INASE.
De este modo, Basterra zanjó las dudas que se habían apoderado de la cadena agrícola desde octubre pasado, cuando la gestión del ex ministro Luis Miguel Etchevehere, amagó con no prorrogar el Bolsatech y pasar a un sistema de control inteligente (a partir de los datos del SISA) que permitieron detectar no solo la presencia de Intacta sino de otros eventos transgénicos y velar por el origen legal también del germoplasma (la semilla en si misma).
En aquel momento, tanto los representantes de la Asociación semilleros Argentinos (ASA) como de Confederaciones Rureales Argentinas (CRA) negaron el quorum para que la Comisión Nacional de Semillas pudiera dar por muerto al Bolsatech. Las bolsas de cereales de todo el país, cuyos laboratorios realizan casi todos los análisis en busca de la Intacta que son fondeados secretamente desde la nueva dueña de Mosanto, en aquel momento se pronunciaron a favor de la continuidad de este sistema semi-privado de control.
Ahora el Bolsatech tendrá un año más de vida. Pero mientras tanto el INASE ensayará otro esquema de controles selectivos. En función de sus resultados veremos qué sucede en la campaña de soja 2020/21.
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]]>“La coordinación de estos operativos entre fuerzas policiales, nacionales y provinciales constituye una acción inédita en materia de fiscalización del contrabando de cereales dados los resultados obtenidos”, elogió el comunicado oficial.
La Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA) está desde hace algunas semanas prestando especial atención a esa región del país, especialmente a partir de la introducción de nuevos dispositivos de control al sector molinero. Hace unos días, por ejemplo, clausuró un molino perteneciente a un diputado provincial de Cambiemos en Salta.
Ver El molino de un diputado de Cambiemos fue clausurado por vender harina en negro
En las últimas horas, con apoto de fuerzas policiales y de otros organismos, realizó nuevas inspecciones cerca de ese paso fronterizo. Los resultados quedaron a la vista aunque ya eran conocidos: Salvador Mazza es sin duda un lugar de contrabando de granos hacia Bolivia.
Por un lado, Agroindustria detectó la falta de matrícula de una firma, que además intentó amparar la mercadería que tenía en su poder mediante remitos y Cartas de Porte apócrifos, con datos falsos de origen y procedencia. En ese lugar se encontraron 153.000 kilos de maíz, 17.820 de trigo, 66.880 de girasol, 30.200 de soja y hasta 4.650 kilos de sésamo. Todo tenía destino en suelo boliviano.
Además, en el operativo se precintó el portón de ingreso del galpón trasero y la puerta trasera colindante a un pasaje rural que conduce al límite internacional de Bolivia. Por allí la mercadería era trasladada embolsada en carretillas.
En otra de las firmas inspeccionadas en salvador Mazza se constató que si bien poseía matricula RUCA, su principal negocio era el contrabando hacia Bolivia. Por eso se le suspendió la matrícula de inmediato y se le retuvo toda la mercadería encontrada en el depósito: 132.350 kilos de maíz, 58.850 de soja y 3.800 de trigo.
También , en esta caso, los fondos de esa firma daban a un pasaje rural que conduce al límite internacional con Bolivia.
“En virtud del flagrante delito constatado se entabló una consulta judicial y la fiscalía Federal de San Ramón de la Nueva Oran dispuso el allanamiento y el secuestro de 1 camión y 58.850 kilos de soja”, informó el comunicado oficial.
Hubo una tercera firma inspeccionada. Aquí los inspectores de la ex ONCCA y la AFIP también comprobaron “la existencia de diversos granos, pertenecientes a terceros y que no poseían la matrícula de RUCA habilitante para operar en el mercado”. También todo era maquillado con Cartas de Porte falsificadas.
En este caso se retuvo toda la mercadería hallada en el correspondiente depósito: 363.250 kilos de maíz y 31.200 de soja. También se precintaron las puertas trasera colindante a un pasaje rural que conduce al límite internacional de Bolivia.
En otra firma dedicada a la compra y venta de harina de trigo se detectó la falta de matrícula y se le retuvieron 269 bolsas equivalentes a 13.450 kilos de harina.
Por su parte, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Agroalimentaria (Senasa) detectó la presencia de una unidad productiva avícola sin su correspondiente RENSPA.
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