La entrada La crisis de Molinos Cañuelas no tiene nada de parecido a Vicentin: “No le quedó debiendo a productores y cooperativas”, aclaran desde la industria molinera se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Por la magnitud de las deudas acumuladas, unos 1.400 millones de dólares, el caso de Cañuelas trae a la memoria casi de inmediato el de Vicentin SAIC, considerado hasta ahora como el mayor default de la historia del sector. Pero en declaraciones a Bichos de Campo, Diego Cifarelli, el presidente de la Federación de la Industria Molinera (FAIM), consideró que no tienen nada de parecido.
“Lo de Molinos Cañuelas pone la lupa sobre el sector, que en realidad está en uno de los períodos de menor endeudamiento de su historia. Lo de Cañuleas se circunscribe a un tema financiero con los bancos. Hablé con muchos productores y cooperativas y estaban todos al día. No le quedó debiendo a nadie”, enfatizó el directivo de los molinos. En el caso de la aceitera Vicentin, en cambio, dentro del pasivo había la menos unos 400 millones de dólares de deuda comercial con acopios, cooperativas y productores individuales.
Cifarelli añadió que “la empresa apunta y está convencida de que esto no se va a notar ni un segundo en su operatoria diaria. Será un tema a resolver con el club de bancos, donde lo tenía medianamente resuelto menos con dos entidades (una de las cuales es Banco Macro) que no quisieron esperar el plan de trabajo que se armó con las demás y fueron a la justicia. Entonces la empresa para proteger su capital decidió ponerse a resguardo con la convocatoria y, si éstas se advienen al plan, probablemente lo levanten (el concurso)”, explicó.
El dirigente de la molinería agregó que “no vemos inconvenientes para continuar con la operatoria normal. Esto no es como Vicentin (que dejó de operar por su cuenta para empezar a dedicarse sólo a prestar servicios de molienda a terceros). Es diametralmente opuesto, más allá de endeudamiento bancario, tema del que no estoy en condiciones de aclarar o dar detalles”.
“Acá no hay ningún productor o cliente golpeando la puerta porque le deben plata. Y te diría que esos dos bancos son los de menor volumen de deuda, pero están en su derecho”, añadió.
Escuchá la entrevista completa a Diego Cifarelli:
Cifarelli además se refirió a cómo está el sector y la preocupación respecto de la informalidad y del impacto de las medidas de gobierno y la macroeconomía sobre la industria molinera.
“Esta es una industria compleja porque tiene un sinfín de jugadores; hay más de 170 molinos con una informalidad manifiesta. La venta en negro es por una cantidad importante, que no podemos terminar de resolver. El sector invirtió mucho y la inequidad impositiva que eso genera resulta un cóctel imposible de resolver para las empresas formales”.
Según los datos de FAIM, se muelen un millón de toneladas de trigo “en negro”, lo que implica el 15% de un total de 6,5 millones de toneladas anuales. “Tuvimos una molienda en negro de más del 20%, que luego, gracias al trabajo con el Ministerio de Agricultura (entre 2016 y 2019), se bajó a 5% y durante la pandemia volvió a subir”, explicó el directivo.
Cifarelli espera que ahora que la pandemia aflojó, se pueda volver a controlar más y mejor, aunque ha habido cambios en la conducción de la ex ONCCA, con la salida de Marcelo Rossi, que no aseguran que el Estado vaya a querer retomar ese camino. Durante la gestión de Rossi, los molinos invirtieron en promedio 50 mil dólares en implementar los controladores electrónicos que envían información en tiempo real al centro de control que manejan en la sede de Agricultura.
Además, se refirió a otros problemas que tiene el sector. Dijo que “tratamos con las autoridades que la escalada inflacionaria impacte lo menos posible, teniendo en cuenta que nuestro costo depende en un 75% de la materia prima”.
“En lo que tiene que ver con la exportación, tenemos el famoso costo argentino, es decir, el costo logístico y los derechos de exportación, que hacen que para exportar se haga al costo o por debajo”, añadió.
Cifarelli dijo que el sector requiere que se le saquen “las mochilas” que no le son propias para incrementar la utilización de la capacidad de procesamiento, que llega a 12 millones de toneladas, pero de las cuales se emplea solo la mitad.
Los controles electrónicos a molinos recibieron un gran espaldarazo de la justicia
“Está el trigo del productor y están los ‘fierros’ sin usar. Es fundamental bajar costos operativos innecesarios. Primero las retenciones, que son dañinas y complejas; es corrosivo y daña el crecimiento de las empresas. Después, están los costos operativos en los puertos y fletes. Cualquier país competidor tiene un costo de ‘fobbing de 35 a 50 dólares y nosotros lo tenemos en unos 100 dólares por tonelada; por eso solo exportamos a Brasil, donde tenemos la protección del (Arancel Externo del) Mercosur y nos permite ser competitivo, o a Bolivia”, explicó.
Finalmente, respondió porqué los molinos tienen un retraso manifiesto en la compra del cereal este año. “Bajó un poco en función del (menor) consumo, aunque no lo puedo asegurar, ya que es probable que la diferencia haya ido al canal marginal, es decir puede que se muela lo mismo, pero se está comprando y vendiendo en negro y por eso las cifras no cierran”.
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]]>La entrada ACA, Glencore y Molinos Agro van por la mayoría accionaria de Vicentin y en tres meses podrían hacer una oferta a los acreedores se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Si prospera esa iniciativa, los integrantes del directorio de Vicentin (muchos de los cuales condujeron la compañía al “choque” con el iceberg que la llevó a la cesación de pagos) perderían el control de la empresa y podrían conservar solo un 10% del capital.
El propio directorio de Vicentin, que se encargó de hacer conocer la noticia por medio de un comunicado, estima que, luego de una auditoría contable, el ingreso de los tres accionistas permitiría que la empresa salga adelante para poder afrontar la gigantesca deuda concursal, la cual, sólo considerando los montos verificados en dólares de los acreedores financieros, suma 987 millones de dólares.
ACA es parte interesada en que la propuesta prospere, dado que tiene un crédito verificado de 5425 millones de pesos en el concurso de Vicentin que, mes tras mes, pierde valor por la creciente depreciación del peso argentino.
La clave al respecto será la opinión de los principales acreedores, que son los bancos nacionales e internacionales con deudas dolarizadas, entre los cuales se incluye el Banco Nación con un monto verificado de 296 millones de dólares. Y, por supuesto, también Fabián Lorenzini, el juez Civil y Comercial de Reconquista a cargo del concurso de Vicentin SAIC, quien debe considerar si la propuesta está orientada a preservar los intereses de los más de 1700 acreedores de Vicentin, entre los cuales se encuentran acopios, productores, industrias oleaginosas, entidades bancarias, accionistas, proveedores de servicios y organismos públicos.
El directorio de la compañía concursada en un comunicado informó que “en el día de la fecha un grupo mayoritario de accionistas de Vicentin han aceptado una manifestación de interés no vinculante presentada por tres compañías, de extensa trayectoria en la industria, que tienen la vocación de evaluar la posibilidad de adquirir una participación mayoritaria del capital de la sociedad a través de la modalidad de capitalización”.
Cuenta la gacetilla, que fue cuidadosamente redactada por representantes de las cuatro compañías, que la iniciativa fue de ACA, quien habría convocado a Molinos Agro y a Viterra Argentina para sumarse a la propuesta.
En diciembre de 2019, justo antes del cambio de gobierno, Vicentin dejó de pagar sus deudas, que ascendían por entonces a casi 1400 millones de dólares. En febrero de 2020 ingresó en concurso de acreedores y en junio de ese mismo año el gobierno nacional “pateó el tablero” al intentar intervenir y expropiar la empresa, iniciativa que luego se suspendió ante la fuerte resistencia de diferentes sectores de la población. La excusa del Ejecutivo para intervenir fue que el Banco Nación es uno de los principales acreedores.
Una fuente cercana a la empresa indicó a Bichos de Campo que el directorio de Vicentin, luego de aceptar la propuesta de ACA, Molinos y Viterra, espera iniciar una auditoría contable que determine, en dos o tres meses, el valor actual de la empresa. Si todo sale como espera el directorio de Vicentin, en septiembre próximo los nuevos posibles accionistas podrían estar haciéndose cargo de la gestión de la nueva empresa, para lo cual deberán, claro, presentar una propuesta de pago atractiva a los acreedores del concurso (entre los cuales, recordemos, está la propia ACA).
Mientras esa opción se cristaliza, el directorio de Vicentin expuso que las tres empresas interesadas “podrían evaluar la utilización de los activos de la sociedad bajo la modalidad de fazón, complementada con acuerdos de mediano plazo que otorguen el derecho a ingresar al capital social”. En realidad, ACA y Molinos Agro ya están operando bajo esa figura las plantas de Vicentin, mientras que Viterra es socia histórica de Vicentin en la enorme planta de Renova.
Tras la negociación, el grupo Vicentin perdería el control de la compañía y la mayoría de las acciones pasarían a manos de sus tres nuevos socios. “Las tres partes poseen una reconocida trayectoria en el mercado en el que se desempeña Vicentin y, aun teniendo distintos orígenes, detentan un compromiso de larguísima data con el desarrollo argentino: ACA es un referente del cooperativismo argentino desde 1922, Molinos Agro es, con 115 años de historia, una de las empresas nacionales más relevantes del sector agroexportador, y Viterra Argentina, que forma parte del grupo internacional Viterra, es referente en ese mismo mercado realizando actividades en Argentina desde hace 40 años”, destacó el comunciado, dándole envargadura a esa posible solución “privada” al conflicto.
El directorio de Vicentin dijo que “de prosperar la transacción, los interesados adquirirán una participación que en forma conjunta les otorgue todos los derechos políticos necesarios para adoptar las decisiones que hagan al giro ordinario y extraordinario de la sociedad, procurando que la sumatoria de sus participaciones no sea superior al 90% del total del capital y votos”
“Vicentin y sus accionistas analizarán las condiciones de una propuesta de reestructuración sustentable para ser presentada en el marco de su concurso preventivo. En cualquier caso, los accionistas de Vicentin asumirán el compromiso de no realizar retiros de fondos de la sociedad, hasta tanto se hubieran saldado las deudas en el marco de dicho concurso preventivo”, aseguraron.
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]]>La entrada Apareció Vicentín y prometió un plan para evitar una "convocatoria de acreedores" se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Después de declararse bajo “estrés financiero” a principios de diciembre pasado, paralizar sus plantas de molienda, y desaparecer de todos los lugares que frecuentaban, funcionarios de Vicentín se reunieron este martes con directivos de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsefe), del Centro de Corredores de Cereales de Rosario, del Centro de Corredores de Cereales de Santa Fe y de la Sociedad Gremial de Acopiadores de Rosario. Fueron estas organizaciones las que se ocuparon, desconfiadas, de publicitar este cónclave tan esperado por cientos de acreedores.
“Durante el encuentro los representantes de la empresa informaron que avanzan en la elaboración de un plan de acción para presentar una propuesta a los acreedores de la firma, cuyas premisas son:
- evitar la apertura del concurso preventivo de la empresa, poniendo en funcionamiento nuevamente sus plantas;
- considerar a todos los proveedores por igual, sin quita en la propuesta a presentarles;
- que dicha propuesta es su intención presentarla en el menor plazo posible.
“Las entidades presentes insistieron en la necesidad de encontrar una salida inmediata a la situación y que la misma contemple a la totalidad de los actores involucrados, abogando para arribar a la mejor solución posible para todos los actores involucrados”, se informó tras el encuentro, del que participaron los dirigentes rurales Carlos Castagnani, Ignacio Mántaras y Gustavo Sutter Sneider; los corredores Miguel Simioni, Andrés Williams, Guillermo Dutto y Carlos Vergara; y los acopiadores Javier Gastaudo, Juan Manuel Martino y Félix Redolfi.
Por Vicentín, los que dieron la cara fueron Máximo Padoan y Roberto Gianneschi. Vale recordar que Alberto Padóan, otro alto directivo de esa compañía con sede en Reconquista, en el norte de Santa Fe, fue hasta octubre pasado presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
Una muy buena nota publicada el domingo por el suplemento Rosario/12, del diario Página/12, preanunciaba que en esta segunda quincena de enero una pregunta que se hacían las autoridades nacionales y de la Provincia de Santa Fe era si debían intervenir para salvar a la aceitera de capitales nacionales.
“Febrero está a días nomás, y con el segundo mes del año termina la feria judicial. Y cuando se habla del fin de la feria judicial a la gran mayoría de los acreedores les corre un frío por la espalda, porque si el gigante agroexportador de capitales se concursa, profundizará el daño generado desde el 6 de diciembre, cuando comunicó la situación de ‘stress financiero’ que en la práctica no es más que declararse en default, es decir no poder pagar sus deudas en tiempo y forma”, comenzaba el artículo firmado por David Narciso.
La crónica justificaba la preocupación de los funcionarios en un dato no menor: los 18.372 millones de pesos que le prestó a Vicentín el Banco Nación, que representa el 78% de todo su pasivo con entidades financieras locales.
Otro dato clave es que de la aceitera dependen 16 empresas controladas muy relevantes en la economía regional y provincial. “Aunque la dirección sostenga que su estrés financiero no afecta a esas firmas, lo cierto es que muchas de ellas fueron adquiridas, se expandieron o se financian gracias a préstamos garantizados por Vicentín SAIC, cuando no por créditos directos de la casa matriz”, explicó la nota.
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]]>La entrada La láctea La Suipachense ingresó en convocatoria de acreedores se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El primer aviso surgió del último informe mensual de Caprolecoba (los tamberos del oeste bonaerense): “Lamentablemente la empresa Lácteos Conosur (La Suipachense) entró en concurso de acreedores, y renegocia condiciones para tratar de asegurar la continuidad de su abastecimiento”. De inmediato otras fuentes confirmaron la mala noticia (o buena, según la perspectiva que se aplique). Acosada por un pasivo cercano a los 250 millones de pesos, la tradicional firma láctea de Suipacha inició el trámite formal para renegociar esas deudas con sus acreedores.
La noticia debiera ser preocupante especialmente para esa tranquila ciudad ubicada sobre la Ruta 5, a unos 150 kilómetros de Buenos Aires. Es que en la planta láctea trabajan unas 135 personas de modo directo, y habrá otros tantos que lo hacen de manera indirecta, prestando sus servicios a la firma. Por lejos La Suipachense tiene el nombre bien ganado, porque es la principal generadora de empleo en Suipacha.
Los problemas con los cheques rebotados empezaron hace exactamente un año, en enero de 2017. Meses antes, un comunicado de Apymel había advertido que la firma, estaba siendo “acosada”, esa palabra se utilizó, por el Fisco Bonaerense. En rigor, a mediados de 2016 ARBA le inició una demanda por una deuda de 14 millones de pesos y al poco tiempo sufrió un primer embargo sobre sus cuentas bancarias. Luego se sumó la AFIP. Dijo una fuente que conoce de cerca el caso que de los 250 millones de deuda acumulada, el principal acreedor -por lejos- es el propio Estado, con unos 150 millones. Los aportes patronales por el personal ocupado, por cierto, figuran al tope de los incumplimientos.
Dicen que el capital no tiene patria y debe ser cierto. Pero en este caso hay que marcar que los dueños de la firma que operaba La Suipachense, llamada Lácteos Conosur SA, son dos empresarios venezolanos. Si, de la Venezuela de Chávez y Maduro. Llegaron aquí en 2012, cuando compraron la usina láctea al grupo chileno Watts, que la había operado desde los años noventa. Antes, desde su origen, la planta había pertenecido a una cooperativa de productores.
Los hermanos Carlos y Alfredo Fernández, los venezolanos de marras, curiosamente no son chavistas sino que en la intimidad se definen como “anti”. Tampoco hicieron su fortuna con negociados con algún burócrata puesto que su origen es la producción de leche en la rica zona agrícola del sur del lago Maracaibo, en el estado de Zuliá. En 2012, cuando La Suipachense estaba a punto de cerrar, los tentó de probar suerte en la Argentina el ex subsecretario de Lechería Luciano Di Tella, quien primero se asoció con ellos pero un año después les cedió por completo el negocio. Desde entonces, según las fuentes consultadas, los venezolanos han venido inyectando plata de lo lindo para mantener activa La Suipachense.
“El mayor problema que tiene ese grupo es que recibe muy poca leche en relación a la cantidad de empleados que tiene”, describe uno que conoce el negocio y que trae a la memoria el caso parecido de SanCor. En este caso, el sindicato también habría sido una suerte de salvavidas de plomo, pues en todo momento ATILRA se negó a una reducción de la planta que hiciera viable la empresa. Los tamberos, en tanto, se le fueron yendo de a poco y hoy solo le quedan algunos que cobran la leche a los 7 días, de puro desconfiados. Clientes, en tanto, no le faltarían pues Lácteos Conosur está colocando sus productos a las cadenas Wal-Mart y Día.
Ahora, con la convocatoria de acreedores sobre la mesa, habrá que ver cómo sigue esta película. Para algunos, como decíamos al principio, se trata de pisar el freno antes de caer en el abismo y por eso hacen una lectura positiva.
“Una convocatoria te ordena,no te impide trabajar”, explicó un informante que tiene muy claro cómo funcionan algunos curiosos circuitos legales. Si estás bien de papeles pero te atrasás con la AFIP, podés acogerte a una moratoria con plazos exiguos y altísimos intereses, que te terminan hundiendo. En cambio se te convocás, hay quitas de capital, los intereses son mucho más bajos y los plazos de cancelación pueden estirarse hasta ocho o diez años. Argentina se llama. Un país que suele premiar a quienes no cumplen.
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