El comunicado de este sector de la oposición surgió luego de que el martes pasado, conocidas ambas resoluciones del Ministerio de Agricultura y del de Desarrollo Productivo, se realizara una jornada en la Fundación Alem destinada a analizar esta nueva ofensiva de las autoridades sobre el sector agropecuario, que ya provocó la reacción de la Mesa de Enlace. En esa ocasión expusieron el coordinador del área agropecuaria del partido Luis María Migliaro, el consultor Víctor Tonelli y el ex titular de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, la ex ONCCA, Marcelo Rossi.

La Mesa de Enlace se declaró en alerta: Los ruralistas acusaron a Alberto de montar “una puesta de escena para confundir a la opinión pública”

La Resolución 60 firmada por Luis Basterra, establece antojadizas exigencias para los exportadores de granos, carne vacuna y lácteos que no tengan planta. Los obliga, por ejemplo, a identificar a quién le van a vender y a qué precio hasta con un año de anticipación a cada negocio. Por otro lado, la Resolución 3/2021, firmada por e propio Basterra en conjunto con Matías Kulfas, establece la creación de un registro de Declaraciones Juradas de Exportación de Carnes (DJEC), que a todos en el sector recordó a los ROE que administraban en su momento Guillermo Moreno y Ricardo Echegaray, y que fueron eliminados por Cambiemos ni bien llegó al gobierno.

“Visto el impacto y consecuencias de las nuevas medidas tomada por el Gobierno Nacional, sobre las carnes y la exportación, desde la Unión Cívica Radical advertimos que sus contenidos solo aportaran complicación a todo el complejo agroindustrial, afectando inmediatamente a la producción ganadera, a los mercados de carnes y granos”, señaló el comunicado de los radicales, para quienes “se crea mayor burocracia y concentración, falta de continuidad e incoherencia con la política exterior del país”.

Luego de advertir que esa mayor burocracia, como ya sucedió en el pasado, podría degenerar en casos de corrupción, la UCR planteó que no se puede culpar de los niveles de pobreza reinantes en el país a la producción de carne y granos ni a la exportación de ambos productos. “Sabemos muy bien que son otros los motivos que la producen esta situación”, dijeron los radicales.

“Las medidas tomadas, como ya ocurrió, no solo no tendrán el impacto positivo sobre el asalariado sino que, además, afectarán la inversión, la producción, la productividad, la generación de saldos exportables y las divisas que imperiosamente requiere el frente externo de la economía”, evaluaron.

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“Muchos nos quejamos del accionar de la Justicia y acá se hizo un acto de justicia, recuperando este campo de la corrupción de la política. Era un campo comprado con plata mal habida”, contó Miguel Ruberto, periodista agropecuario de Entre Ríos y líder del equipo de Campo en Acción.

Esta provincia, históricamente caracterizada como una tierra de colonias, arrastra experiencias de loteo y distribución de tierras entre sus habitantes desde hace muchas décadas. En ese entonces era común entregar campos para que las propias familias los desmontaran e invirtieran en hacer alambrados, casas, etcéteras. Pero hace rato que no se producía un proceso como el de Guardamonte.

Mirá la entrevista completa a Miguel Ruiberto:

El de Guardamonte se configura como una experiencia de colonización que avanza luego de haberse promulgado en 2019  la Ley Provincial 10.664, que dejó conformada la Colonia Productiva. Organizado en parcelas productivas, en ese predio de 2.164 hectáreas se están radicando desde 2020 un grupo de familias productoras seleccionadas luego de presentar sus correspondientes proyectos, que fueron evaluados por una comisión mixta de la que participaron técnicos del INTA, de la Universidad y hasta dirigentes locales de la Federación Agraria .

Los nuevo colonos podrán llevar a cabo proyectos ganaderos (buena parte de la colonia es monte),  apícolas (Guardamonte queda muy cerca de Maciá, la capital nacional de los productores de miel) y también hortícolas (las fracciones más chicas, de chacras, ya eran cultivadas).  Tendrán la posesión de la tierra por dos años y que luego podrán acceder a la misma pagando un crédito de largo plazo (20 años) con tasas a valor producto. Esto luego de una evaluación para certificar que su proyecto productivo evolucione.

Ruberto, que conoce bien la zona, contó a Bichos de Campo que en las tierras que hoy comprende la Colonia Productiva Guardamonte, varios años antes de este actual proyecto, se intentó desarrollar una mega granja de cerdos, pero sin mucho éxito. Pero de aquella experiencia quedaron 50 casas de muy buena calidad de construcción, que aguantaron los años de abandono.

Hoy esa infraestructura alberga a las 20 familias productoras rurales y a otras 20 familias de fuerzas de seguridad afincadas. Además se relocalizó allí a varios vecinos de Guardamonte. Una de las casas, además de un predio de más de 100 hectáreas, se le asignó a la Escuela Agrotécnica de Maciá.

“Se presentaron proyectos de ganadería, apicultura y horticultura. Es un proyecto y sueño de vida. En una provincia donde el éxodo ha sido muy grande, esto es un modelo que creo que tenemos que apoyar. Si bien va a depender de las propias familiar, el Estado tiene que acompañarlas para que la gente encuentre atractivo seguir viviendo en el campo”, aseguró Ruberto.

Mirá el programa completo sobre esta experiencia:

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Aquella modificación trajo cola: el personal del Senasa que se dedicaba a inspeccionar las bodegas de todos los barcos para certificar que no trajeran ratas u otras plagas extrañas al país, fue corrido para poner en su lugar un sistema de certificadoras privadas que no iban a ingresar a todos los buques sino a una parte de ellos, abaratando los costos para los operadores privados y reduciendo las posibilidades de que el personal público cayera en la tentación de la corrupción.

En marzo de este año, luego del cambio de gobierno, con el regreso del peronismo al poder, se especuló con que habría una marcha atrás en este aspecto. Pero eso finalmente no sucedió: este jueves el Senasa confirmó que las firmas certificadoras seguirán siendo las responsables de seguir con el procedimiento ideado por la gestión de Cambiemos.

“Se acredita que el funcionamiento del sistema garantizó el cumplimiento de los requisitos mínimos esenciales para la recepción de granos, sus productos y subproductos en bodegas y tanques”, definió la Resolución del Senasa que en vez de volver todo a fojas cero, y devolver la potestad del control a los funcionarios del Senasa, insiste con un manejo pseudo privatizado de los controles, como había decidido el macrismo. .

Entre las justificaciones de esta decisión, las nuevas autoridades de Senasa reconocieron que “los operadores y usuarios manifestaron que el mismo (por el sistema implementado en 2017) brindó una mejora notable en el ambiente de operaciones, redundando en un aumento de la transparencia y la integridad y en un avance en el comercio internacional de granos”.

De vuelta Senasa con la cantinela de la corrupción en los puertos: Preparan un nuevo sistema para controlar las bodegas de los buques graneleros

Pero el Senasa, dirigido por Carlos Paz, consideró que antes de bendecirlo había que hacer algún retoque al sistema de control de cargas en los puertos cerealeros, en especial para “determinar claramente los procedimientos de supervisión que ejecuta el Senasa con respecto a las entidades certificadoras”.

Por eso, en una resolución publicada en el Boletín Oficial, y luego de confirmar el “Procedimiento de supervisión del Sistema de control de aptitud de carga de bodegas y tanques de buques y barcazas para exportación de granos, sus productos y subproductos”, el organismo sanitario definió en el artículo 2 de la normativa un “Procedimiento de Selección de Buques” a ser inspeccionados.

Además, en el punto 4, se definió que las empresas certificadoras que harán el trabajo de control “!debe proceder a realizar la verificación in situ del cumplimiento de los requisitos establecidos” para los buques cerealeros “con la intervención exclusiva de verificadores acreditados ante el Senasa”.

Antes de expedir un certificado de “aptitud” para cada caso, “las entidades certificadoras deben confeccionar un Informe de Inspección que contenga fotografías, video filmaciones y todo otro registro, en cualquier tipo de soporte tecnológico, donde se observen y registren las instalaciones supervisadas”.

“Estos documentos probatorios deben ser mencionados en el informe y quedar a disposición de la autoridad de aplicación para cuando esta lo requiera. Las imágenes y las filmaciones deben mostrar claramente las instalaciones inspeccionadas, sus proporciones y características”, definió el Senasa, guardandose para si la posibilidad de revisión de un permiso.

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El Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y calidad Agroalimentaria) acaba de informar que elaboró un nuevo proyecto normativo para “fortalecer la inspección de bodegas de los buques graneleros”. Lo presentó esta semana ante representantes de las cámaras portuarias, indicando que la iniciativa “significa un avance para reducir la corrupción”.

Es lo mismo que decía Senasa hace dos años, con el gobierno de Cambiemos. En aquel momento, la gestión de Ricky Negri modificó el sistema de control de bodegas en los puertos de Rosario argumentando que los niveles de corrupción eran enormes. El responsable de la Regional Centro de esa gestión, el contador Cristian Cunha, llegó a declarar que “durante años se pagaron 1.200 millones de pesos en coimas” a los inspectores del Senasa, que cobraban “hasta 20.000 dólares” para habilitar los buques a la carga.

Ahora la nueva gestión de Senasa, que es del mismo signo político de la que había sido denunciada por corrupción, dejó entrever que la corrupción se produjo cuando la anterior gestión del Senasa modificó las reglamentaciones que ahora volverían a modificarse. Es un trabalenguas. Un insólito en el que la gente de a pie no sabe a quien creerle: a los viejos o a los nuevos. Los corruptos son los que ganan seguro con estas idas y vueltas de parte de un Estado que debería ser siempre el mismo, pero que va mutando.

Lo cierto es que ahí vamos de nuevo. “El Senasa elaboró un proyecto normativo que busca fortalecer los procedimientos de inspección de bodegas de buques en el marco de la certificación fitosanitaria para la exportación de productos de origen vegetal. El director nacional de Operaciones del Senasa, Juan Ángel Cruz, presentó el proyecto ante representantes de las cámaras de la actividad portuaria durante un encuentro celebrado en la sede del organismo”, se informó en un comunicado.

En la reunión, Cruz realizó un abordaje general de los contenidos del proyecto y recibió el compromiso de las cámaras de realizar sus aportes para optimizar la operatoria. “A pesar de que el Senasa cuenta con un procedimiento de consulta pública, es importante la presentación de proyectos normativos de manera directa, donde las partes asumen compromisos de participación”, comentó Cruz al término del encuentro.

La gacetilla del Senasa citó declaraciones de María Rebizo, de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), que participó del encuentro y afirmó: “La reunión fue muy positiva y permite continuar trabajando de manera articulada entre el sector público y privado en la mejora del sistema de inspección de bodegas”.

Y agregó: “Esto significó un avance importante en la reducción de casos de corrupción reconocido por la Red Marítima Anticorrupción y una mejora en la eficiencia para la exportación, manteniendo el control de la inocuidad de los productos que exportamos y las condiciones fitosanitarias certificadas por el Senasa. Analizaremos el proyecto de norma que nos fue compartido para hacer llegar nuestros comentarios al respecto a las autoridades del Senasa”.

En 2018, una modificación semejante se produjo con la gestión anterior. De la manod e Negri y de Cunha, un reconocido militante del PRO en la zona de Rosario, se intervinó la regional Santa Fe del Senasa y se desbarató a los viejos inspectores del Senasa en el puerto rosarino. A cambio se impuso un sistema de controles de bodegas en el que los controles pasaron a manos de certificadoras privadas.

A través de la resolución Resolución 693-E/2017, el Poder Ejecutivo habilitó a que los certificados sanitarios sean emitidos por “entidades privadas u otras instituciones debidamente registradas a dicho efecto”. Además, a diferencia del criterio histórico en el que se controlaba la totalidad de los barcos, se decidió examinar solo a aquellos cargueros que se dirigirían a países que exigían sí o sí ese tipo de inspecciones sanitarias.

Esto, en su momento, fue bien recibido por el sector privado, incluyendo a las empresas que conforman Ciara-CEC. Los trabajadores del Senasa, en tanto, repudiaron la ofensiva de Cambiemos.

Aquella decisión desencadenó una denuncia penal que presentó el diputado provincial Carlos Del Frade contra el presidente Mauricio Macri por el delito de “traición a la patria”. Según sus cálculos, ese “relajamiento en los controles” significó una transferencia de 1.100 millones de pesos para las empresas privadas en perjuicio de los gobiernos nacional y provincial.

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“Acompañamos a aquellos líderes que actúan en marcos de valores, porque muchas veces líderes sobran, lo que faltan son instituciones que den marco de valor, construyendo bien común en lugar de promover intereses sectoriales y corporativos”, reflexionó en Bichos de Campo Carlos March, el director de Comunicación Estratégica de Avina.

March dijo que los problemas de América Latina no son de idelología, que no es más que una forma de organizar ideas para alcanzar el bien común. El problema viene cuando se desvía el objetivo de llegar a ese bien común. “Ideología sin valores es corrupción, y eso es lo que pasa en Latinoamerica, una de las regiones del mundo con mayor índice de corrupción según la ONG Transparencia Internacional”, explicó.

Mirá el reportaje completo a Carlos March:

Según March, en la Argentina, “al no haber una institucionalidad que haga de la corrupción un delito, se genera la cadena en donde tenés un negocio que se convierte en negociado, luego el negociado en corrupción, la corrupción en impunidad y la impunidad en ostentación. Esa progresión nefasta termina destrozando el bien y los recursos públicos”.

El periodista y ex director de la fundación Poder Ciudadano explicó que “un 40% de la economía argentina funciona mal. Ahí tenes un problema de la dirigencia empresaria. Tenés política en donde la corrupción manda. Sindicalistas que están hace 50 años en la silla, y que están lejos de defender a la clase trabajadora. Todo eso lleva al deterioro institucional”.

Y entonces, ¿cuál es el remedio? “No es uno solo. Hay que combinar una serie de factores. Por un lado hay que potenciar los liderazgos que se muevan en marcos de valor, pero al mismo tiempo hay que generar una institucionalidad que permita potenciar a ese líder para construir proyectos de largo plazo”.

Bichos de Campo encontró a March en Pergamino, en el marco del conflicto con los agroquímicos y las denuncias cruzadas entre productor y vecinos. Por eso juzgó que en este caso “no hay confianza en las instituciones. Entonces, en lugar de generar un sistema de certezas en la sociedad democrática, terminamos cayendo en una cuestión de fe, en donde creemos o no creemos a una parte o a la otra”.

“No hay instituciones. Ahí es cuando se cruzan la palabra del productor con la del ambientalista, y nadie intermedia. Y cuando aparece un intermediario, como por ejemplo, un informe o análisis que dice que el glifosato no tiene impacto o que el agua no está contaminado, nadie lo cree”, resumió el estado de cosas.

March recordó el conflicto de 2008 por las retenciones, que hizo que la sociedad le diera su apoyo al campo, y dijo que “el agro se articuló con el tema de la 125, pero por una cuestión reactiva, para defenderse de modo corporativo, y no para plantear qué modelo de desarrollo agropecuario queremos en Argentina. Entonces, se incrementó el espanto en ese momento, y la gente se agrupó”.

Pero luego remarcó que “esa misma unidad lograda para rechazar una medida que los perjudicaba, no continuó para desarrollar o pensar un verdadero modelo agropecuario. Fue sólo algo de corto plazo. Con un horizonte de sólo dos años es complejo construir normativa y política pública a futuro”.

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El reclamo de estas viejas deudas por parte de aceiteras, feedlots, molinos harineros y avícolas -que fueron generadas por decisión de Moreno y de su socio político, el ex jefe de la ONCCA y la AFIP Ricardo Echegaray-, quedó expuesto este jueves en el Boletín Oficial, donde la Secretaría de Agricultura publicó la Resolución 21/09.

Esa norma dispone varias cosas respecto de una “significativa” deuda reclamada por empresas privadas al Estado. Por un lado, da por cerrados los “procedimientos administrativos originados a partir de la presentación de solicitudes de compensaciones al consumo interno”. Es decir cierra los expedientes abiertos que todavía reclaman pagos pendientes.

Pero además Agroindustria suspendió por 180 días corridos los pagos por los expedientes que sí prosperaron, al tiempo que dispuso las cosas para realizar durante ese lapso una “auditoría integral” sobre todo el universo de dinero que le reclaman las empresas beneficiadas.

¿Qué quiere decir? Que hay una enorme suma de dinero en juego que los privados todavía le reclaman al Estado por las compensaciones de la desaparecida Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA), a pesar de que esta fue cerrada por Cirstina Kirchner en febrero de 2011, hace ocho años.

Ver Los “cuadernos del agro” todavía no aparecen, pero sí existen listados…

¿De cuánto dinero hablamos? En Agroindustria se excusaron de dar a conocer ese dato fino y solo dijeron que era una suma “muy significativa”. Pero otras fuentes oficiales hablan de bastante más de 2.000 millones de pesos y de hasta 3.000 millones. Es mucha plata. Y todo gracias al flamante candidato a presidente.

¿Qué tiene que ver Moreno con esto? Bueno, que el ex secretario de Comercio manejo junto con Echegaray, entre 2007 y 2011, fecha de disolución de la ONCCA, los pagos de 10.850 millones de pesos en compensaciones a diversos sectores alimenticios que supuestamente debían vender a cambio de esos subsidios los alimentos más baratos en el mercado interno. En total, según registros del Banco Nación, se dictaron 4.332 resoluciones de pago. La firma formal la tenía Echegaray y quienes lo sucedieron en la ONCCA, como Emilio Eyras y Juan Manuel Campillo. Pero en Comercio, Moreno tenía una botonera propia para habilitar o negar esos desembolsos.

El ex secretario mimado de Néstor y Cristina se hizo cargo por completo de este programa millonario de subsidios cuando Echegaray, cercado por las denuncias de corrupción en el manejo de estas compensaciones, perdió el control de la ONCCA y este organismo fue reemplazado por la UCESCI.

La Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno fue creada por Decreto 193 el 24 de febrero de 2011. Era un engendro jurídico que formalmente dependía de tres Ministerios. Pero en la práctica era Moreno quien daba las órdenes. Esa oficina se instaló en el mismo edificio de Diagonal Sur donde el ahora candidato tenía sus oficinas. Manejaba no solo las compensaciones remanentres, sino también los estratégicos permisos de exportación de granos, carnes y lácteos (los ROE).

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Fue Moreno, y no otro funcionario, quien desde la UCESCI negoció con las empresas alimenticias el pago de las deudas acumuladas por compensaciones que no había llegado a ser canceladas por la ex ONCCA. A muchas les ofreció bonos del tesoro, según admitieron a Bichos de Campo algunos empresarios. Lo cierto es que los pagos se discontinuaron y esa deuda quedó flotando. Hasta ahora.

El asunto le estalló en las manos ahora a los funcionarios de Agroindustria porque el gobierno de Cambiemos decidió, a partir de innumerables modificaciones en la estructura de ministerios y secretarías, la disolución de la UCESCI (que dependía formalmente de Producción, Hacienda y Agroindustria) y que sus funciones y asuntos pendientes volvieran a la órbita de Agroindustria, de donde Moreno y Echegaray se las habían llevado muchos años antes. Con las obligaciones volvieron los expedientes. Y las viejas deudas.

Cuando manejaba la UCESCI, Moreno jamás ordenó una auditoría sobre la justicia de esos reclamos de pagos pendientes, a pesar de que muchos de ellos están sospechados de tener un origen viciado por completo de corrupción. En la ex ONCCA, por cierto, se demostraron todo tipo de irrregularidades que nunca fueron investigadas por la justicia. Por ejemplo:

• Hubo subsidios que se otorgaron a empresas que no existían. Un caso es el del changarín Benjamín Tapia, de Mar del Plata, al que le pagaron 1 millón de pesos como supuesto dueño de un feed lot).
• Hubo pagos a empresas que inflaron artificialmente sus operaciones, como el feedlot Paseo Lagunas, de Carlos Casares. Cobró 7 millones de pesos en tres días como si tuviera un feed lot de más de 10 mil animales, cuando apenas tenía corrales para 400/500 cabezas.
• Y hasta hubo casos de funcionarios que montaron sus propios establecimientos para cobrar compensaciones, como el propio Ricardo Echegaray, que en Punta Alta montó un feed lot llamado “Hacienda Argentina SA”, al que manejaba con testaferros y que tenía como dirección legal un departamento de Palermo propiedad de su esposa.

Con esta nueva resolución, firmada por el secretario de Agricultura, Guillermo “Willy” Bernaudo, Agroindustria rechaza continuar con el proceso administrativo de los pagos pendientes y manda todo a una auditoría integral que demandaría seis meses.

La resolución incluye muchos argumentos que desaconsejan al Estado el pago de estas deudas sospechosas. Para Agroindustria, por lo pronto, las empresas que todavía hoy reclaman esas deudas viejas por compensaciones no tienen “derechos adquiridos” pues el régimen de compensaciones no existe desde 2011. “No existiendo acto administrativo alguno, con carácter de firme o estable, que haya reconocido el derecho al cobro de las compensaciones, los interesados carecen de un derecho adquirido a su percepción”, argumentan los abogados oficiales.

Añaden que “pretender que la Administración, luego de derogado el régimen que la facultaba a disponer compensaciones, continúe haciéndolo, sin ningún parámetro normativo vigente que la habilite para ello, importaría quebrantar el principio de juridicidad en el obrar administrativo”. En este punto, la resolución pone énfasis en que los reclamos vigentes provienen sobre todo de dos industrias alimenticias: los molinos y las avícolas.

Para justificar la necesidad de someter los pagos pendientes a una nueva auditoría, Agroindustria argumenta que “la operatoria de la ex-ONCCA, que diera lugar al reconocimiento de gran parte de las compensaciones que nos ocupan, resulta actualmente objeto de investigación en sede penal”, dando a entender que no todas las causas judiciales han sido cerradas por completo.

“En sede penal se investiga si (…) se configuraron prácticas irregulares y presuntamente delictivas, y en cuya virtud se habrían otorgado compensaciones a quienes no cumplían con los recaudos normativos previstos al efecto”, añade la resolución, que refiere concretamente al caso del changarín Tapia. “En concreto, en la Causa N° 16023/2008-TO1, del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, se tuvo por probados casos de defraudaciones para el cobro de compensaciones a través de maniobras”.

Además, la Secretaría hace mención a sus propias actuaciones frente a los reclamos de pago. Dice que en sede administrativa se detectaron los siguientes casos con presuntas irregularidades:

• supuestos de feed lots inexistentes, feed lots “cáscara” y feed lots sin matrícula;
• molinos harineros que recibieron compensaciones por productos no previstos como objeto de las mismas;
• acopiadores que no cumplían con el recaudo de ser productores;
• faenadores que no comercializaban carnes en el mercado interno;
• casos en los que se pagaron en concepto de compensaciones montos mayores a los que correspondía sin que se hubiera solicitado a posteriori la devolución de lo pagado en exceso;
• casos con dictámenes producidos por asesores jurídicos que no integraban el servicio jurídico que debía intervenir; y casos sin informes legítimos de precios internos.

En definitiva, la estrategia oficial concluye: “habida cuenta de las investigaciones realizadas por la justicia y los casos detectados en sede administrativa, es necesario llevar a cabo una auditoría integral para dirimir si los actos administrativos de reconocimiento de compensaciones fueron dictados de conformidad con el ordenamiento jurídico”.

El equipo jurídico del secretario Luis Miguel Etchevehere, en medio de este entuerto jurídico, no se priva de avisarle a Moreno que una posible denuncia penal podría enturbiar su flamante campaña electoral. Los seis meses de auditoría deberían concluir a mediados de agosto, días antes de las elecciones.

“Ante la posible verificación de irregularidades y la posible comisión de delitos, es inexcusable la obligación en que se halla el Estado, de suspender los efectos de actos emitidos en tales condiciones que exigen poner en ejercicio la potestad de policía del Estado referente a la prevención y represión de los delitos”, se advierte.

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Sucedió con la maquinaria agrícola, donde el INTA comenzó llevando una multitud de fabricantes a Caracas y luego los negocios se repartieron entre unas pocas empresas que se afincaron allá. Sucedió con la venta de arroz cáscara, que se inició gracias a gestiones de la federación de productores de arroz de Entre Ríos pero terminaron en manos de una empresa desconocida llamada Bioart, que pertenecía a un grupo de jóvenes empresarios santafesinos (los hermanos Vignati) ligados a Julio De Vido.

Entre los negocios que algunos empresarios del agro local hicieron en Venezuela, uno de los más desconocidos e intrigantes ha sido sin duda el de la exportaciones de vacas lecheras de la raza Holando Argentina. También en este caso la cosa pintaba al principio como muy ventajosa para el sector lechero argentino. Pero quien terminó haciendo la mayor parte de los envíos fue finalmente quien se convirtió en el principal ladero empresario del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Hablamos de Ider Peretti, el ruralista K que fue también presidente de la CGE (Confederación General Económica) y condujo otras entidades creadas por Moreno.

Ver A pedido de Moreno, Ider Peretti se recibió de “experto en inventar sellos de goma”

Suele decirse que el acercamiento de Peretti al kirchnerismo se produjo a partir de este negocio de exportación de vaquillonas a Venezuela. En realidad, estas conversaciones con Caracas no lo tuvieron al principio como protagonista. La primera venta de vacas lecheras se produjo en febrero de 2005 y fue presenciada nada menos que por el mismísimo Hugo Chávez. Un año antes, en 2004, el presidente venezolano había sellado los primeros acuerdos comerciales con su par argentino, Néstor Kirchner.

El embarque de los primeros animales se realizó, en medio de un gran despliegue de funcionarios, en el puerto bonaerense de Dock Sud. La carga fue de 878 vaquillonas preñadas que se habían vendido a una cooperativa lechera bolivariana en un monto cercano a 1 millón de dólares. Según las versiones de aquella época, el promedio de la operación fue de 900 dólares por animal. Chávez, que ocupó un lugar preferencial a un lado de la manga por la que los animales ingresaban en las bodegas del buque Zebu Express, prometió en ese acto que muy pronto se iban a importar 2.000 animales adicionales.

Como se dijo, Peretti no tuvo nada que ver con aquel primer envío. Las vaquillonas fueron vendidas por el Centro de Inseminación Artificial La Elisa (Ciale), una empresa líder en el negocio de la genética bovina. Los animales provenían de Trenque Lauquen, Arrecifes y Capitán Sarmiento.

La exportación de animales en pie de razas lecheras era toda una novedad: no había registros de ellas en 50 años. Por eso, el hecho fue muy ponderado por los empresarios del sector ganadero. “Para la Argentina es muy importante, porque la capacidad de exportar genética de este tipo no tiene techo”, explicó al diario La Nación el presidente del Ciale, Ricardo Smith Estrada.

Pocos meses después, en noviembre de 2005, Venezuela hizo otro pedido: esta vez quería 1.500 animales, en una operación que representaría para el país negocios por 1,5 millones de dólares. La petición fue hecha por el ministro de Agricultura venezolano, Antonio Albarrán, al entonces subsecretario de Agricultura, Javier de Urquiza, y al presidente del Senasa, Jorge Amaya. Junto a Carlos Cheppi, titular del INTA y luego embajador en Venezuela, eran el tridente agropecuario que había hecho campaña para Néstor en la elección de 2003.

En agosto de 2006, la Argentina cumplía seis meses de su último foco de aftosa registrado en Corrientes, y en el Ciale se aprestaban a concretar esa segunda exportación a Venezuela. Jorge Cabezas, gerente de la empresa, señaló entonces a la prensa que se proyectaba el embarque de un segundo lote de 1.500 vaquillonas Holando, y que los animales serían provistos por unos 80 criadores de las diferentes cuencas lecheras.

En aquellas declaraciones, Cabezas indicó que el valor de cada vaquillona sería de entre 700 y 800 dólares. “No son animales de primer nivel sino vaquillonas buenas de rodeos generales, ya que buscan ejemplares de esas características por una cuestión de costos”, explicó. A la par de este negocio, Ciale comenzaba a explorar una segunda vía de negocios, que era la exportación de animales de la raza carnicera Brangus. Los contactos fueron confirmados entonces por la Asociación Argentina de Brangus.

Pero esas vetas de nuevos negocios para los ganaderos argentinos de buenas y primeras se abortó. Y a partir de allí los envíos a Venezuela fueron realizados con exclusividad por el entonces titular de la Sociedad Rural de Morteros. Para concretar estos envíos, Peretti trabajó a la par de su esposa, la abogada Daniela Borgogno, quien manejaba una firma dedicada a los remates de hacienda en esa cuenca lechera cordobesa.

Según surge de los archivos periodísticos, un segundo embarque se concretó en noviembre de 2006 y fue finalmente de 1.700 vaquillonas provenientes de la cuenca lechera de Morteros. Según Peretti, los animales se adaptaron tan bien a las condiciones climáticas y productivas de Venezuela, que “los amigos venezolanos nos visitaron nuevamente, llevándose 1.600 vaquillonas de primer nivel genético, de gran tamño y calidad en su mayoría preñadas”.

El tercer envío, por esas 1.600 vacas lecheras, se concretó en julio de 2007 y allí Peretti se mostraba exhultante, y hasta contaba a la prensa todos los detalles del negocio. Los animales fueron trasladadas en 26 camiones doble piso y 11 camiones simples desde Córdoba, bajo un riguroso operativo de seguridad. Ya en Buenos Aires fueron cargados sobre el buque Friesian Express, de bandera filipina, que partió rumbo al golfo de Maracaibo.

“La operación concretada por Sociedad Rural de Morteros, a través de las firmas consignatarias Daniela Borgogno y Cía SA y Ferias Grimaldi Santa Fe SA, les permite obtener un precio promedio de 800 dólares por vaquillona, involucrando a una importante cantidad de productores tamberos”, se informaba entonces. Las vacas se consiguieron en la zona de influencia de Peretti, que iba desde Selva, en Santiago del Estero; a Porteña y Marull, en Córdoba; y hasta Sunchales, en Santa Fe.

Luego no hubo más difusión pública de esos negocios, aunque se sospecha que podría haberse concretado algún otro envío. Lo cierto es que todo se cortó cuando en abril de 2010 el embajador argentino en Caracas, Eduardo Sadous, denunció la existencia de una “embajada paralela” y deslizó que funcionarios argentinos y venezolanos reclamaban suculentas coimas por el intercambio de productos. El embajador, que después terminaría procesado por falso testimonio (lo cual no es constancia de nada), indicó que los retornos podían ir del 15 al 20%. Y hasta mencionó a un tal Eduardo Cavanagh, un supuesto mintermediario que se habría quejado ante él porque algunos funcionarios lo habían dejado afuera del negocio de la exportación de vacas Holando Argentina.

En abril de 2010, luego de esas denuncias, el sitio La Política Online informó que entre 2006 y 2007 se realizaron en total cinco embarques de hacienda con destino a Venezuela. “La casa consignataria encargada de la mayor parte de las operaciones fue Daniel Borgogna SA, que pertenece al presidente de la Sociedad Rural de Morteros, Ider Peretti y a su esposa”, informaba el portal.

Según este artículo, una fuente cercana a dichas operaciones, que evitó identificarse, contó que “para poder exportar hacienda a Venezuela había que pagar una comisión de entre un 20 y 25%. Muchos no estaban de acuerdo y preferían no participar”. También apuntó la nota que cada una de las cinco operaciones que se llevaron a cabo representó un negocio de aproximadamente 3 millones de dólares.

“Las fuentes aseguraron que por cada animal vendido, el gobierno chavista pagó precios superiores a los valores de mercado. En ese momento, Venezuela abonó entre 750 y 800 dólares por animal, mientras que el precio ofrecido en la Argentina era en el mejor de los casos de 400 dólares”, informó LPO. Los tamberos, está a la vista, eran el pato de la boda.

Hasta aquí la historia de un negocio que siempre estuvo cargado de sospechas. Lo que sigue ahora es una copia del presupuesto que la propia Daniela Borgogno envió a la diplomacia bolivariana. La cotización de cada vaquillona de exportación es aquí muy superior a las cifras que se manejaban hasta ahora:

Como se verá en este presupuesto, el valor individual para la exportación de 1.600 vaquillonas presupuestado por Borgogno al señor Juan Carlos Giménez, el agregado comercial de la embajada venezolana en Buenos Aires en los últimos años, es de 2.660 dólares CIF, incluyendo los gastos del flete marítimo hasta Puerto Cabello y la alimentación de cada vaca a bordo durante los 14 o 15 días de traslado. Sin el flete (700 dólares), el valor por animal era de 1.960 dólares. En ese caso, la suma total de la operación sería de más de 3 millones de dólares.

En el mismo presupuesto, la esposa de quien con el correr del tiempo se transformaría en la mano derecha del secretario Moreno también le pone precio a los toros: 6.760 dólares por cada puro de pedigree y 4.760 dólares por los puros controlados.

La pregunta, a esta altura, es quién ordeñaba a quién.

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Primer paso: Hay que definir una consigna tribunera

Para empezar hubo que definir una consigna política altisonante que sirviera para justificar todo lo que habría de llegar: en este caso, Moreno instaló todo bajo el paraguas de “defender la mesa de los argentinos”. En un país que siempre rebalsó de alimentos, a Moreno se le ocurrió que había que restringir las exportaciones de ciertos productos bajo el supuesto objetivo de que así estos llegarían más baratos a los hogares. No sucedió eso sino lo contrario: esta política desalentó la competencia en el mercado y acható los precios pagados a los productores, beneficiando a ciertos intermediarios. Con el correr de los años, los precios no bajaron sino que estallaron porque faltaba producción: el trigo tocó máximos históricos en 2013 y la carne lo había hecho antes, en 2010. Pero poco importaba porque el latiguillo siempre sonaba muy lindo.

Segundo paso: Hay que crear un Registro

En el caso de las exportaciones reguladas de ciertos alimentos que producía la Argentina, entre 2008 y 2015 hubo ROE (Registro de Operaciones de Exportación) de tres colores: los ROE Rojos regulaban las ventas de carne vacuna y fueron los primeros de todos; los ROE Verde se aplicaron para los granos básicos y sus derivados; y los ROE Blanco se incorporaron después para regular los productos lácteos. En total, todas las mercaderías reguladas sumaban exportaciones por unos 30.000 millones de dólares anuales. Estos ROE se crearon a título estadístico, pero muy rápido se convirtieron en un obstáculo para las empresas: si no tenías el permiso, no exportabas.

Tercer paso: Hay que apoderarse de la botonera

Funcionario mimado por Néstor Kirchner pero también por Cristina (al menos hasta la llegada de Axel Kicillof al gabinete, a fines de 2013), Moreno no siempre tuvo el control de los ROE. Desde 2008 (año del conflicto con el campo por la Resolución 125) y por tres largos años tuvo que compartir esa botonera (literalmente había dos computadoras desde donde se destrababan los ROE), con el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegeray. Pero tantos eran los casos de corrupción alrededor de ese funcionario, que Cristina decidió eliminar la ONCCA en febrero de 2011. En su lugar se creó la UCESCI, un organismo que dependía formalmente de tres ministros (Economía, Agricultura y Producción), pero cuyos titulares nunca se reunieron. En los hechos, pero no en los papeles, esta área que debía administrar los ROE dependía de Moreno. Su mesa de entradas se ubicaba en el noveno piso del mismo edificio de Diagonal Sur donde funcionaba la Secretaría de Comercio. Allí se presentaban las empresas interesadas en un ROE Verde. Luego del trámite, según un instructivo publicado en aquel momento, se obtenía “la autorización de la exportación mediante el ‘desbloqueo’ de la Declaración Jurada de Venta al Exterior del Sistema María (DJVE-SIM)”. Lisandro Tanzi, un “allegado de Moreno”, fue el primer titular de la UCESCI.

Cuarto paso: Hay que conseguirse un empresario amigo

El ruralista cordobés Ider Peretti fue el principal ladero empresario que tuvo Guillermo Moreno a lo largo de su extensa gestión en Comercio. Se conocieron luego del conflicto agropecuario de 2008 y desde allí fueron inseparables. Moreno lo puso al frente de la primera entidad empresaria que decidió crear para hacer negocios desde el Mercado Central (la Corporación Argentina de Productores, creada en 2011) y lo impulsó para presidir una entidad histórica, la Confederación General Económica (CGE), a partir de diciembre de 2012. Ese mismo año, Peretti fue una pieza clave para el armado de dos giras comerciales a Angola.

Quinto paso: Hay que crear una cámara

Ya hemos contado que, además de la CAP, Ider Peretti fue el primer y único presidente de una segunda cámara empresaria impulsada por Moreno: la Cámara Argentina de Productores y Exportadores de Cereales (Capeco), que nació en junio de 2012 y funcionaba en el mismo edificio de la CGE, en Rivadavia al 1100. Hasta ese momento, los exportadores agrícolas (tanto las multinacionales como las empresas locales) estaban nucleados en la unificada Cámara de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). Pero Moreno decidió que había que tener un espacio que represente a los exportadores del campo “nacional y popular”. Por eso la primera medida fue forzar a las cooperativas vinculadas históricamente a Coninagro (ACA) y la Federación Agraria (AFA), y a algunas empresas nacionales, como AGD, de Roberto Urquía, a sumarse a la flamante cámara presidida por su ladero, Peretti.

Sexto paso: Hay que crear un cupo dentro del cupo

Moreno, a través de la UCESCI, debía administrar los pedidos de cupos para exportar granos y subproductos que reclamaban las exportadoras nucleadas en Ciara-CEC. En los casos favorables, les extendía el ROE Verde que necesitaban para destrabar luego cada embarque en la Aduana. Pero a comienzos de 2013, el funcionario decidió alterar las reglas de juego y creó un “cupo dentro del cupo”, pues dispuso que el 25% de los permisos de exportación para trigo y maíz (no así para la soja) fueran a parar a manos de los socios de la flamante cámara CAPECO, presidida por su amigo Peretti. Fue todo de palabra, porque jamás se firmó un decreto presidencial o resolución ministerial que brindara sustento legal a tal decisión. Los cambios, bajo un supuesto beneficio para los pequeños productores, fueron anunciados por el propio ruralista K tras una reunión con Moreno en marzo de 2013. “El trigo que quedará en la mesa de los argentinos saldrá de los grandes productores”, mintió Peretti, apelando a la muletilla.

Séptimo paso: Hay que privatizar el reparto de ROE Verde

Ya tenemos los Registros, también manejamos la botonera. Ya decidimos que parte de los permisos de exportación o ROE Verde iban a destinarse a los socios de una cámara nac&pop creada unos meses antes y presidida por un empresario conocido y apañado. Lo que hacía falta en este punto era crear un mecanismo rápido para distribuir esos permisos de manera ágil y efectiva. En este punto del proceso, Moreno consintió una “privatización” del reparto de ROE Verde que debía, en teoría, realizar desde la UCESCI. Pero allí, donde está la botonera del Estado, unos pisos arriba del despacho de Moreno, no se hacía demasiado, pues las listas de empresas beneficiadas llegaban directamente elaboradas desde las dos entidades que ahora agrupaban a las cerealeras. En la mesa de entradas los empleados había dos listas, ocultas al público: una llegaba de Ciara-CEC y la otra desde CAPECO. Los empleados que recibían formalmente los pedidos solo tenían que mirar a ver si la empresa que quería exportar estaba en algunas de esas dos nóminas. La de Ciara-CEC siempre se repetía, pues los exportadores tradicionales optaron por el concepto de “past-performance” (antecedentes de exportación) y para no pisarse los callos entre ellos mantenían los porcentajes de años anteriores. La lista que Peretti enviaba desde CAPECO sí se modificaba de modo constante e incorporaba a muchas caras nuevas: comienzan a figurar allí empresas que nunca antes habían exportado trigo y maíz, que no tenían elevadores ni contrataban barcos. Que solo actuaban como un “pasamanos” de esos permisos. Estos son dos ejemplos de aquellas planillas privadas que definían un cupo oficial de exportación:

Octavo paso: Hay que habilitar una ventanilla paralela

Para iniciar un trámite, en la UCESCI solo chequeaban las listas de ROE Verde enviadas por las dos cámaras privadas, la histórica y la nueva, apadrinada por Guillermo Moreno. A lo sumo, pedían otros requisitos, como la matriculación respectiva de cada firma ante diversos organismos, como la ex ONCCA o la Aduana. Pero todos sabían que había que llegar hasta allí con los cupos cocinados de antemano: cada empresa iniciaba el trámite formal sabiendo cuánto trigo o maíz le iba a tocar. En el caso de los socios de CAPECO, la mayor parte de quienes pedían ROE Verde y quienes podían dárselos se producían en el cuarto piso del viejo edificio de la CGE, que presidía el propio Peretti. Y la principal interlocutora del “exportador” era la esposa del empresario, una mujer espigada llamada Daniela Borgogno. ¿Había pagos irregulares por figurar en el listado de CAPECO? Eso es algo que debería investigar la justicia, pero el sentido común y algunos testimonios indican que sí existían y que podían varias entre 2 y 8 dólares por cada tonelada por exportar, dependiendo de cada momento del mercado y del cultivo. El trigo tenía cupos más bien exiguos y por lo tanto cotizaba más caro. El maíz, más abundante, dejaba márgenes más chicos para especular. De todos modos, CAPECO distribuyó casi 7 millones de toneladas de maíz en las campañas 2013/14 y 2014/15. Y por lo menos 650 mil toneladas de trigo en el ciclo 2014/15.

Noveno paso: Hay que maquillar posibles pagos irregulares

Un empresario ligado al corretaje de granos reconoció, pidiendo estricta reserva de la fuente, haber dejado dinero en CAPECO a cambio de los permisos para exportar unas cuantas miles de toneladas de maíz de la campaña 2014/15. “Incluso me hicieron un recibo haciendo figurar ese aporte como el pago de publicidad para la exposición de lechería de Morteros, que también organizaba Peretti”, relató. Aunque no tuvieran nada que ver con la lechería, fueron varios los “sponsor” involuntarios que desfilaron por la Muestra Internacional de Lechería (MIL) y en la Primera Feria Lechera de las Américas realizadas en el predio de la sociedad rural cordobesa que presidieron alternativamente Peretti y Borgogno. Según otros testimonios, esos recibos improvisados también se justificaron en muchas ocasiones como cuotas societarias para CAPECO, una cámara que no llegó a completar su proceso legal de creación y que se extinguió -sin dejar casi rastros- a fines de 2015, ni bien se confirmó que el kirchnerismo sería derrotado en las elecciones y debía dejar el gobierno. Los ROE Verde, en rigor, fueron eliminados por el presidente Mauricio Macri a los pocos días de su asunción.

Décimo paso: No hay que dejar rastros, y mucho menos estadística

Las empresas que recibían ROE Verde a través de este curioso sistema de reparto privatizado eran informadas por la ex UCESCI (ese organismo también fue eliminada por la gestión macrista) unas pocas horas durante la tarde de cada día hábil, pero con el anochecer esos archivos desaparecían de los registros oficiales. La Secretaría de Comercio que presidía Moreno se vio forzada a publicar por esos breves lapsos los nombres de las firmas a las que les asignaba el cupo de exportación por una exigencia de las grandes multinacionales de Ciara-CEC, que reclamaron al menos esa pizca de transparencia luego del escándalo que en 2009 involucró a una empresa llamada SIPEA, que de buenas a primeras recibió gran parte del saldo exportable de trigo de ese año de manos de Echegaray y la ex ONCCA. Pero la publicación era fugaz y los nombres no se acumularon en planillas oficiales y mucho menos en una estadística: pese a que fueron millones de toneladas, el Estado Argentino casi no podría informar hoy con precisión cuántos ROE Verde concedió y a qué empresas. De todos modos, el negocio agrícola tuvo algo de suerte, ya que de a ratos se podía espiar esos nombres. En el caso de la industria frigorífica, que recibía los ROE Rojo para exportar carne vacuna, la información siempre se mantuvo oculta.

En fin, vamos por partes, como diría Jack…

Luego de una filtración de documentos internos desde la CGE, Bichos de Campo publicará en las próximas horas el listado de empresas “asociadas” a CAPECO que recibieron los ROE Verde de esa cámara presidida por el empresario amigo del funcionario amigo, que debía repartir esos permisos de exportación. Sería bueno preguntarles a cada una de ellas cómo lograron conseguir esos salvoconductos.

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Peretti, quien acaba de ser denunciado penalmente por el nuevo presidente de la CGE, Oscar Gentili, por haber dejado un caos financiero inexplicable en esa entidad (la causa recayó en el juzgado federal de Rodolfo Canicoba Corral), digirió muy rápido la noticia del triunfo de Cambiemos: a los pocos días estaba haciendo una oferta de compra por un campo de casi 1.200 hectáreas llamado “El Vasco”, que está ubicado en la localidad de Suardi, en el límite entre Santa Fe y Córdoba. Muy cerca de allí queda Morteros, un pueblito cordobés desde donde Peretti y su mujer, Daniela Borgogno, construyeron su pequeño imperio. El matrimonio pasó de manejar la única sociedad rural kirchnerista del país a convertirse en el principal brazo de Moreno para operar en el mundo empresario.

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El 21 de diciembre de 2015 Macri ya había asumido en su cargo y ponía fin a 12 años de gobiernos kirchneristas. Los tiempos para la huida de la CGE se aceleraban. Borgogno, la esposa de Peretti y su mano derecha en el manejo cotidiano de la CGE, redactó una oferta de compra para adquirir ese campo. Había que frotarse los ojos al ver la cifra que se ofrecería por el Establecimiento El Vasco: unos 3.500 dólares por hectárea, equivalentes a más de 4 millones de dólares.

La oferta de compra se realizó a través de la empresas Mundo Gen SRL, una firma creada por Peretti en noviembre de 2013, justo cuando Moreno dejaba la Secretaría de Comercio para recalar varios meses como agregado comercial en Italia. Mundo Gen SRL tiene como objetivo principal el manejo de la cabaña y el tambo del ruralista K. Pero también se utilizó para canalizar negocios que muchas veces involucraban dinero público. Por ejemplo, resulta muy vidriosa la relación entre esa firma y un centro de genética construido en el predio de la Rural de Morteros que se levantó con subsidios oficiales y jamás funcionó a pleno. Se lo llamó “Néstor Kirchner” y fue inaugurado por Cristina Fernández de Kirchner en septiembre de 2011.

Ver Milagroso: hay rastros de vida en el centro genético Néstor Kirchner

De eso hablaremos más adelante. Lo concreto por ahora es que a través de Mundo Gen SRL, según documentos a los que accedió Bichos de Campo, el empresario más leal a Moreno pensaba en ofertar más de 4 millones de dólares por ese campo de Suardi.

La operación se concretó a fines de febrero de 2016 y fue confirmada por los vendedores de la propiedad (que pidieron reserva de su identidad) y en documentos oficiales de la Provincia de Santa Fe. De todos modos, el valor final en dólares fue muy inferior. El precio de compra declarado finalmente en la escritura fue de 15,5 millones de pesos, que para ese momento equivalían a 1 millón de dólares. Hay que recordar que ni bien asumió, el gobierno de Mauricio Macri provocó un sinceramiento cambiario que llevó el valor de la divisa a 15,5 pesos dos meses más tarde.

Mundo Gen SRL, la empresa compradora, está formalmente integrada por Peretti y la hija de su mujer. La abogada Borgogno no figura en la sociedad debido a que ya había enfrentado varios problemas financieros con sus sociedades: Daniela Borgogno y Cia, fundada hace 20 años y dedicada a la intermediación con ganado, prácticamente dejó de operar por las deudas acumuladas. Y la más reciente Daniela Borgogno SRL, creada en 2010 en reemplazo de la primera, no muestra acceso al crédito bancario y hasta le han venido rebotando cheques por falta de fondos en los últimos meses.

En el caso de Mundo Gen SRL, no contaba con financiamiento bancario hasta casi un año después de la compra del campo “El Vasco”. Recién en marzo de 2017 comenzó a tomar créditos del Banco Nación, que llegaron a un techo de 2,5 millones de pesos a mitad de ese año. Para septiembre pasado, el pasivo que el principal operador empresario de Guillermo Moreno mantenía con la banca pública ascendía a 1.773.000 pesos, aunque venía cancelando las cuotas con regularidad.

Como sea, a su salida precipitada de la presidencia de la CGE, justo con el cambio de Gobierno, Peretti y Borgogno contaban con dinero suficiente como para adquirir casi 1.200 hectáreas de campo. ¿Cómo habían podido reunir semejante cantidad de efectivo? A partir de la denuncia penal que pide investigar el “vaciamiento” de esa entidad empresaria, la justicia federal podría comenzar a hacerse la misma pregunta.

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Pero en la CGE no se vendían caramelos. Tampoco chocolatines. Como demostraremos en los próximos días en Bichos de Campo, allí Peretti y su esposa, Daniela Borgogno, hacían por lo menos un ostentoso tráfico de influencias. Tan grande era el intercambio de favores, que el agrupamiento empresario fundado por José Ber Gelbard en tiempos del primer peronismo se convirtió en los últimos años del kirchnerimso en una suerte de “secretaría de Comercio paralela”. A partir de esta denuncia, el asunto podría ser investigado ahora por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

“Vengo a denunciar que en el año 2015 se autorizó el cierre del ejercicio económico de forma fraudulenta, puesto que dentro del ámbito de la CGE se elaboró el documento del memorial y estados contables con cierre el 31 de diciembre con severas deficiencias en lo que respecta a la documentación respaldatoria”, comienza la denuncia de Gentili. Así, el actual presidente de la CGE, que sucedió a Peretti en abril de 2016, luego del cambio de gobierno, expone con toda crudeza lo que se encontró al llegar al cargo. Dice que no halló “documento alguno que sustente los importes expuestos en los estados contables”. 

Gentili reconoce que él mismo integraba aquella comisión directiva presidida por Peretti y que habría fraguado todos los balances. Pero de inmediato afirma: “Es necesario dejar en claro que los principales y absolutos responsables directos sobre el manejo de los fondos de la institución son quienes firmaron al pie en la Memoria y Estados Contables 2015”. Menciona al propio Peretti, al secretario general Néstor Lombardi, al tesorero David Selser, y al contador que los asesoraba, Roberto Fabián Medina.

“Sr. Fiscal, podrá evidenciar un manejo fraudulento de esta Confederación, y que el mismo no se podría haber llevado a cabo sin la conformación de un grupo de personas asociadas de forma ilícita con el exclusivo fin de utilizar esta entidad para encubrir dichas maniobras delictivas”, afirma la denucnia penal.

Para tomar dimensión del asunto, vale recordar que Peretti era un ignoto productor que presidia la Sociedad Rural de Morteros  hasta que fue tocado por la varita magica de Guillermo Moreno. En pleno conflicto con el agro, se convirtió en el único ruralista que se declaraba kirchnerista, a punto de simular un atentado contra Moreno (la justicia demostró que el incendio de un galpón había sido accidental) en la sede de su entidad; o lanzar vivas a los gritos para Néstor Kirchner durante el masivo velorio del ex presidente.

Aunque antes habia participado de las sospechosas exportaciones de vacas lecheras a la Venezuela de Hugo Chávez, su gran premio a tanta fidelidad llegó en 2010, cuando gracias a la influencia de Moreno llegó al mando de la CGE. En los años subsiguientes, Peretti asumió la conducción de otras dos entidades creadas ad hoc por Moreno, la CAP (Confederación Argentina de Productores), que funcionaba en el Mercado Central, y la CAPECO (Cámara de Exportadores de Cereales). Esta última ocupa una parte importante de la denuncia penal, pues operaba en el mismo edificio de la CGE en la calle Rivadavia al 1100, que es considerado un monumento histórico nacional. 

“Es de aclarar que esta cámara nunca formó parte como asociado de la CGE y sus negociaciones fueron rotuladas de polémicas, como consecuencia dela íntima relación entre el señor Peretti y el entonces secretario Moreno”, dice la denuncia. En rigor, por acuerdos que nunca fueron refrendados en el Boletín Oficial, CAPECO comenzó a distribuir cerca del 25% del total de los permisos de exportación o ROE Verdes para trigo y maíz, por cifras millonarias.

Este es uno de los posibles tráficos de influencias que debería investigar el juez Canicoba Corral. La administración formal de esos ROE dependía de la Secretaría de Comercio de Guillermo Moreno, pero sin que mediara resolución alguna éste le cedió parte de su administración a CAPECO, que presidía su amigo Peretti. Los ROE necesarios para exportar comenzaron a circular entre decenas de empresas sin antecedentes de exportación. En el medio agropecuario era vox pópuli que esos permisos podían llegar a costar hasta 20 dólares por tonelada.

Otra posible vía de ingresos para esta “secretaría paralela” eran las Declaraciones Juradas de Importación (DJAI), que también dependían de Moreno y la AFIP. En el cuarto piso de la CGE, la esposa de Peretti, Daniela Borgogno, recibía los pedidos de muy diversas empresas para destrabar sus importaciones, y era ella misma quien luego pedía liberar las DJAI. De estas modalidades hablaremos en los próximos días.    

Por lo pronto, el actual presidente de la CGE no duda en denunciar que “un hecho concreto tendiente a los movimientos fraudulentos generados bajo el nombre de la CGE es aquel que se desarrolló entre el año 2013 y marzo de 2016, momento en que funcionó la CAPECO”.

La contabilidad paralela y desordenada de CAPECO parece ser casi tan informal como la que Gentili denuncia para la propia CGE. “La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Agricultores Federados Argentinos (AFA) efectuaban ingresos y egresos dinerarios de la CGE sin ser socios de la entidad y ningún vínculo comercial que haya sido aprobado por la comisión directiva”, denuncia el empresario.

Ambas cerealeras, según relatan sus propios directivos, sufrieron una suerte de apriete por parte de Moreno y se integraron a CAPECO ya que habría sido esa la única manera que les había dejado el funcionario para acceder a los cotizados permisos de exportación de trigo y maíz. La denuncia de Gentili sugiere que, como contraprestación por estos ROE Verde, aportaban dinero en la entidad que presidía Peretti. Como siempre, sin papeles.  

“Los movimientos fraudulentos generados por una asociación ilícita que se ocultaba tras el velo de la Confederación, ocasionó que esta CGE quedara en banca rota, sin poder hacer frente siquiera a los gastos mínimos indispensables de sustento para el normal desarrollo de la propia actividad”, relató Gentili, que se transformó así en uno de los pocos empresarios en señalar con nombre y apellido posibles maniobras delictivas perpetradas por Moreno cuando estaba en el poder, valiéndose de Peretti y de una entidad empresaria que en manos de este empresario dejó atrás todos los brillos que había acumulado en su historia.

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