En diciembre de 2017, la Corte había ordenado a las administraciones de La Pampa y Mendoza que establecieran en 30 días un “caudal hídrico apto” en el río Atuel para moderar los efectos ambientales y económicos que sufre La Pampa por la escasez de agua en esa cuenca. Pero esa iniciativa nunca prosperó. Más que vencido el plazo, el máximo tribunal consultó al Instituto Nacional del Agua (INA), que consideró razonable la circulación de 3,2 metros cúbicos por segundo.

El conflicto entre las provincias comenzó en 1947, con la construcción de la represa El Nihuil en Mendoza, que afectó a las especie autóctonas y a pobladores del oeste pampeano, que tuvieron que emigrar por el impacto ecológico.

La Pampa recurrió a la justicia y en 1987 obtuvo un fallo favorable de la Corte señalando que el río era interprovincial y que debía terminar el daño derivado para el territorio pampeano. Sin embargo, nada ocurrió hasta que en 2014 se inició un nuevo juicio que generó la directiva de la Corte para que se fijara un caudal negociado entre ambas provincias.

A lo largo de 2018, ambas provincias hicieron sus ofertas pero proponiendo caudales muy lejanos entre sí: mientras La Pampa reclamaba 4,5 metros cúbicos por segundo, Mendoza ofrecía 1,3 metros, y ante esa falta de solución consensuada, la Corte zanjó que debe pasar 3,2.

“El caudal de 3,2 metros cúbicos constituye un valor medio diario de referencia, el cual deberá ser debidamente monitoreado a fin de evaluar si cumple con los requerimientos mínimos del hábitat en la zona afectada de la provincia de La Pampa, tanto en lo relativo al mantenimiento de la biota y salinidad, como a los niveles freáticos”, señaló el tribunal.

Frente a este fallo, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, calificó de “histórico” el veredicto.

“El fallo de la Corte es histórico y trascendental, establece un mínimo de caudal permanente que Mendoza tiene que garantizar a los pampeanos por el río Atuel, por eso lo primero que vamos a demandar, es que suelte el agua porque además la Corte ratificó que el río no es de Mendoza sino de toda la cuenca”, afirmó el mandatario en conferencia de prensa.

“La lucha por la soberanía hídrica es una bandera que nos atraviesa a todos los pampeanos, más allá de las ideologías políticas y hoy es un paso judicial trascendental que damos a partir de éste fallo, algo que sin duda alguna, tiene que enorgullecernos a todos”, remarcó, según un cable de la agencia Télam.

También el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, celebró esta definición. “Es una muy buena noticia, pues resuelve la situación del la cuenca del Río Atuel por el camino del diálogo y garantiza el derecho al agua”.

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Lo que debía votar la instancia más alta de la justicia entrerriana era si mantenía o no las nuevas restricciones que un camarista había impuesto a pedido de una ONG ambientalista y del gremio docente de la provincia, y que dejaba virtualmente fuera de producción (al menos de la manera convencional) unas 300 mil hectáreas ce campos en la provincia.

Finalmente, la corte suprema votó y ratificó la vigencia del Decreto 2239/19, que había emitido en agosto el gobernador Gustavo Bordet como modo de zanjar esta controversia, que ya lleva varios meses y ha recorrido varias instancias judiciales. En ese decreto, el gobierno de Entre Ríos estableció que las aplicaciones en torno a escuelas rurales se podrían realizar -bajo ciertas normas de control- en un radio de 100 metros, cuando el método sea terrestre.

Minutos antes de conocerse el fallo, los díscolos productores de la Federación Agraria filial Crespo, que fueron los convocantes a la protesta de la semana pasada, habían pedido audienciaon el presidente del Superior Tribunal, Emilio Castrillón, quien les pidió disculpas por las demoras en el fallo laudatorio que reclamaban los chacareros.

“Los tiempos en la producción se terminaron, no hay más espera. El daño ocasionado es impensado, estar en la incertidumbre es la peor situación porque no nos permite planificar, ni salvar los cultivos y tampoco producir. Es una vergüenza nacional que hasta hoy no esté resuelto este problema”, había advertido antes Mariela Gallinger, presidenta de esa filial de FAA, que amenazaba con cortar la Rura 12. Por fortuna, al poco rato se conoció el nuevo fallo.

En este nuevo veredicto la Suprema Corte entrerriana le ordenó al Poder Ejecutivo provincial que corrija el lugar desde donde se contabilizan las distancias: en vez de contar desde el casco de las escuelas deberá hacerlo desde el límite de los establecimientos educativos. Además exhortó al Poder Legislativo de Entre Ríos a tomar intervención y dictar una legislación definitiva en esta materia.

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Unos 380 productores trabajaban los campos que fueron quedando bajo el agua. “Los mejores y más productivos campos del país”, recuerda María Soledad Aramendi, una joven dirigente rural santafesina. Pero no son solo esos productores los afectados por ese enorme forúnculo de agua enclavado en el centro del país. La enorme presión que ejerce La Picasa ha elevado las napas. En toda la región circundante los campos se encharcan y los caminos rurales se vuelven intransitables.

Los productores se han convertido casi en expertos en hídrica: saben que los problemas más graves comienzan cuando la laguna supera la cota 105,75 metros sobre el nivel del mar. Ya había sucedido a fines de los ‘90, con una primera gran inundación que duró hasta 2001. Y volvió a suceder desde fines de 2015 y hasta la actualidad. Los foráneos se enteran cuando las aguas de La Picasa cortan la estratégica Ruta 7, que une Buenos Aires y Mendoza, el Atlántico y el Pacífico. La cinta asfáltica fue elevada casi 3 metros luego del primer episodio, pero no fue suficiente. La laguna siguió creciendo y volvió a cortarla. Recién hace un par de meses, con el calor y ante la falta de lluvias, comenzó a bajar. Pero por evaporación, unos pocos centímetros.

Estas pocas semanas de alivio permitieron que Luis Torno, productor tambero y esposo de Mirtha, pudiera en octubre volver a ingresar a su campo después de dos años. Sí, dos años. Todavía tiene 160 de las 220 hectáreas bajo agua. El resultado ha sido demoledor: se le murieron 47 vacas de hambre y su producción de leche se achicó violentamente, de 5.500 a 1.500 litros diarios.

¿Por qué comenzó a crecer el tamaño de La Picasa? Los vecinos de esta zona han husmeado en todo tipo de archivos y sospechan que el origen de este drama fue un convenio firmado en la década de los ´90 por Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Las tres provincias involucradas se comprometieron a trabajar en conjunto para “ordenar” una cuenca de 550.000 hectáreas que comenzaba más allá de la cordobesa Laboulaye y terminaba en Junín, en la provincia de Buenos Aires. Todo quedó en los papeles y luego de eso nunca se hicieron las cosas de manera coordinada ni hubo reuniones.

Pero el acuerdo habilitó a que Córdoba hiciera una serie de canales para conducir las aguas que bajaban por su territorio y que naturalmente debían encontrar un cauce de salida hacia territorio bonaerense. En medio, dicen los productores, Santa Fe hizo poco y nada. Y La Picasa comenzó a transformarse en un depósito al que le entraba agua que no salía.

Omar Maurizi, productor con campos en Diego de Alvear, nos muestra una de las dos salidas proyectadas luego de la primera inundación, la llamada “Alternativa Norte”. Debería evacuar 5 metros cúbicos de agua por segundo, pero nadie cree que sea así, porque aparece semi-bloqueada, repleta de obstáculos y la estación de bombeo nunca funcionó correctamente: hoy está inundada. Algo parecido sucede con la “Alternativa Sur”, que está taponada y no expulsa nada. En definitiva, La Picasa no baja.

La falta de balance es evidente. Maurizi dice que en lo peor de esta inundación desde Córdoba llegaban a ingresar hasta 70 metros cúbicos por segundo. “Era una guasada”, resume.

“Santa Fe nunca nos cuidó y entonces nos agarraron de boludos. En Córdoba cortaron un médano y no solo nos inundaron sino que además nos levantaron un metro más la cota de rebalse de la laguna”, explica con pocas pulgas Edgardo Bou, cuyo campo está 4 metros bajo el agua desde la primera inundación. En aquel momento, su familia le buscó la vuelta y se hicieron pescadores: compraron lanchas y redes que les permitieron mantenerse por varios años. “Pero yo soy productor, no pescador”, se resiste Bou.

La Corte Suprema de Justicia, un mes atrás, convocó a las tres administraciones provinciales a una audiencia pública, a raíz de un recurso presentado por Buenos Aires para evitar que este mar de agua dulce sea desagotado hacia su territorio, como naturalmente debería suceder.

A esa reunión también concurrió el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartua, quien sostuvo que la mejor salida que ellos ven es construir un desagote hacia el Paraná, una obra de 200 kilómetros de largo que costaría $10.000 millones. Los vecinos de La Picasa sienten que sería una nueva tomada de pelo, porque llevaría años y podría dar lugar a negociados.

Esperan que el más alto tribunal ponga límites al despilfarro y ordene a Nación y las provincias que lleven a cabo un proyecto serio. También imploran que la Corte se haga eco del pedido de Mirtha: “Que no entre más agua”.

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