“Nosotros creemos que la calidad de este año fue una de las mejores de los últimos 20. El productor hoy se sostiene gracias al esfuerzo y compromiso de otros productores y exportadores. Pero también hay que destacar que hemos tenido un aumento de costos en la mano de obra, en los agroquímicos e insumos de envases para la exportación, y en los fletes tanto marítimos como aéreos. Es una campaña que deja un sabor un poco amargo en cuanto a que el calibre y la calidad no van a llegar a compensar el aumento de costos”, comentó Adolfo Storni, gerente general de la empresa Extraberries, a Bichos de Campo.

En Argentina la producción de cerezas se divide en dos etapas. La primera comienza a fines de octubre en las provincias de Mendoza, Río Negro y Neuquén, que en este año en particular culminó de forma anticipada por cuestiones climáticas, con una merma productiva del 40%. Los precios, la calidad y el calibre de la fruta, por suerte, se mantuvieron y todo lo obtenido se exportó en forma áerea a los mercados que todavía no registraron la entrada de los primeros contenedores chilenos (el principal productor mundial).

La segunda etapa involucra a las provincias de Chubut y Santa Cruz, específicamente a las localidades de Sarmiento, Gaiman, Trelew y Los Antiguos, que culminan con su exportación a finales de febrero. La misma se envía eminentemente de forma marítima hacia los tres bloques de clientes más importantes: Estados Unidos, Europa y China. Este año, los buenos números registrados en la zona sur del país revirtieron la caída de las provincias del norte, por lo que el saldo total es positivo.

Pero el problema que hoy enfrenta la producción nacional de esta fruta se vincula más a la tasa de renovación de las plantaciones, que es prácticamente inexistente.

“Argentina cuenta con 2.500 hectáreas en producción. No llegamos a las 50 hectáreas por año plantadas, por lo que se renueva solamente el 2%. Nosotros competimos contra Chile que está cerca de las 400.000 toneladas producidas. Vamos a llegar a las 7.000 toneladas. Sólo tenemos el 2,5% de lo que tiene el país vecino y sin embargo con ese pequeño volumen tenemos un lugar en el mercado, somos apreciados por los consumidores y exportadores. Argentina necesita renovar 250 hectáreas por lo menos y si fueran 500 mucho mejor. Hoy es bastante limitada la inversión”, explicó Storni.

Si bien la innovación en las cerezas no es tan extendida como en otras especies frutícolas, existen nuevas variedades tempranas y tecnología que se podría aplicar en el sector. Para los productores, el país tiene la oportunidad y las condiciones de colocar 10.000 nuevas hectáreas en producción, distribuidas en las cinco provincias e incluso en zonas por fuera de ellas, pero lo que faltan son las condiciones.

“La inexistencia de créditos, de rentabilidad y el sobrecosto que tenemos a la hora de producir y exportar hace que esa enorme oportunidad que nos está brindando el mundo no la podamos aprovechar. El país sufre la falta de consistencia macroeconómica, agravada por otras cuestiones que son clásicas y que venimos hablando todos los años, como la falta de crédito a largo plazo para hacer nuevas plantaciones e inversiones; el acceso a los mercados con los acuerdos de libre comercio; los aranceles; el crédito fiscal que no podemos recuperar y por el cual sostenemos la necesidad de una ley de cuenta única tributaria, donde podamos compensar los créditos fiscales que se generan”, afirmó el empresario.

Según las estimaciones realizadas por el sector, con 10.000 nuevas hectáreas se podría llegar a un piso de no menos de 500 millones de dólares netos de exportación.

“Estamos hablando de una inversión cercana a los 300 millones de dólares. Es un muy buen negocio porque en diez años generaríamos casi 3 mil millones de dólares de exportación, además de desarrollo local y empleo”, concluyó Storni.

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Sus integrantes son en su mayoría descendientes de productores italianos de las quintas ubicadas en el sur de La Plata, que buscaron que la tradición de este cultivo no se pierda. Si bien ya lograron obtener su indicación geográfica, todavía creen que hay mucho camino por recorrer para aumentar el consumo de esa hortaliza, que sigue siendo extraña para muchos consumidores.

“Hoy no falta producción. Tenemos mucho más de lo que sale al mercado, pero hay que trabajar para que se conozca el producto. Se consume cerca de las capitales y en el interior a veces no llega. Es importante estar en todo el país”, dijo Adriana Ricceti, integrante del grupo Alcachofas Platenses, a Bichos de Campo.

Gracias a sus inmigrantes primero y luego a la acción de este grupo, la zona hortícola de La Plata se constituyó como la cuna del alcaucil en el país. Sus condiciones climáticas favorables, con altos índices de humedad, hicieron que la producción se arraigara, mientras que la tecnificación del cultivó provocó que aumentaran considerablemente los rendimientos por hectárea. Pero el consumo –que se da por completo en el mercado interno- no acompañó ese crecimiento.

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Para los productores locales, el mayor problema es que existe una falta de información por parte de la población general, que en muchos casos desconoce cómo se consume el alcaucil o incluso lo desconoce. Por eso el grupo elaboró dos estrategias que buscan revertir esta situación. Adriana fue una pieza clave en ese proceso.

En primer lugar se trabajó durante seis años en el armado de un protocolo de producción, que fijara las condiciones básicas de manejo. Eso les permitió conseguir luego la primera indicación geográfica vegetal de parte del Ministerio de Agricultura en 2016.

“En los cultivos hortícolas es muy difícil diferenciar el producto, por eso trabajamos con empaques diferenciados. El protocolo no sólo tiene en cuenta las etapas de la producción sino que hace mucho hincapié en la tipificación para que el consumidor identifique el producto final que va a recibir”, comentó Ricceti.

El segundo hito fue la recuperación de la vieja fiesta del alcaucil, que los inmigrantes realizaban en esa zona, y que todavía se continúa realizando en otras partes del mundo. La misma supone una instancia de acercamiento al consumidor, para que conozca no sólo el manejo del cultivo, sino la forma consumirlo. Del evento participan muchos referentes de la gastronomía que dan cuestas de las múltiples recetas de las que puede participar el alcaucil.

“Antes se consumía con la hojita y la vinagreta, o los típicos escabeches. Con el acercamiento de la gastronomía su preparación ha variado. Hay postres dulces con alcaucil, dulce de alcaucil, flanes, se lo incorpora a pizzas, empanas, sándwiches de miga, etc.”, aseguró la productora y agregó que esto también ayuda a reforzar el conocimiento de sus bondades nutricionales.

“Es sano comerlo. Es alto en fibra, hepatoprotector, tiene muchas propiedades para personas con diabetes. Necesitamos que se consuman más kilos por habitante por año”, sostuvo. Pero en este camino también es necesario el apoyo de las autoridades.

Hay que ponerle corazón para producir corazones más grandes: El agrónomo Gonzalo Villena se especializó en el alcaucil y nos revela sus secretos

-¿Qué haría falta desde el Estado?- le preguntamos a Ricceti.

-Del Estado nos falta todo. No tenemos caminos, tenemos mala comunicación y en la parte de agregado de valor necesitamos créditos a tasa cero para poder arriesgarnos a una inversión, que mínimo es un proyecto de diez años en adelante. Con los financiamientos propios no se llega.

Para la productora, el agregado de valor sería una forma de estabilizar el consumo durante el año, ya que en aquellos momentos en donde el alcaucil no se pudiera consumir en fresco, existirían otras opciones industrializadas como las conservas o los procesados que utilicen esta hortaliza.

“Ahí sí podemos trabajar sobre que la gente lo incorpore a una dieta cotidiana. Si lo consumís dos veces al año no llegas a que se vuelva un hábito. También nos ayudaría a salir a los mercados externos. El alcaucil en fresco es poco competitivo y tenemos  mercados cerca como el brasilero. La logística del fresco es costosa y no tiene una larga vida post cosecha”, indicó Ricceti.

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En primer lugar, obtuvo dictamen favorable la Ley de Acceso a la Tierra, una iniciativa apoyada por la Unión de Trabajadores de la Tierra y avalada por los entonces ministros Luis Basterra y Daniel Arroyo, que busca crear un Fondo Fiduciario de Crédito para la Agricultura Familiar (CREPAF), una susrte de plan Procrear para el sector.

Su principal objetivo es facilitar el acceso a créditos para la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas a familias de la agricultura familiar. Si prospera, el Fondo Fiduciario durará 50 años y su patrimonio estará formado por recursos del tesoro nacional, tierras o inmuebles del estado, ingresos obtenidos por emisiones de valores fiduciarios de deuda, entre otros recursos.

Los beneficiarios deberán estar registrados en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) y tener como ingreso económico principal a la actividad agrícola, pecuaria, forestal, florícola, pesquera, acuícola o apícola.

“El proyecto propone un sistema de créditos blandos al estilo PROCREAR pero para el sector rural, con el cual las familias pequeñas productoras puedan acceder a tierras para producir alimentos de un modo sustentable y habitar en una vivienda digna”, dijo Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT.

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Además se propone la creación de un Comité Ejecutivo formado por un representante del Ministerio del Interior, de Economía, de Agricultura, de ANSES, de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y del INTA, que se encargará de planificar y presupuestar las acciones del fondo, pedir recursos al tesoro nacional, instrumentar el proceso de inscripción y determinar un criterio para el acceso a inmuebles.

Dicho comité establecerá además un sistema de puntajes para ordenar a los aplicantes, y en él tendrán prioridad de selección las mujeres, los jóvenes y quienes tengan conocimientos previos en agroecología.

En caso de que la ley se sancione, la AABE tendrá un plazo de 180 días para analizar la totalidad de los inmuebles del estado, tanto de uso público como privado, que estén por fuera de las urbes.

El proyecto, que obtuvo el visto bueno en las Comisiones de Legislación, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto y Hacienda, no fue sin embargo acompañada por Juntos por el Cambio, que emitió un dictamen de minoría a favor de otra iniciativa similar pero presentada por un legislador del PRO. Durante la firman del dictamen, consideraron que la propuesta oficialista tiene un “enfoque asistencial por parte del Ministerio de Desarrollo Social” y que los créditos otorgados deberían ser de “trazabilidad de la agricultura familiar”.

En este sentido, el apoyo de la oposición fue para el proyecto que busca crear un Programa Nacional de Financiamiento para la Agricultura Familiar y las Economías Regionales (PRONAFER). El mismo busca promover y desarrollar la actividad productiva de los agricultores familiares y los pequeños productores de las economías regionales, a través de la asistencia financiera de bancos con recursos provenientes del Ejecutivo. Esta propuesta busca ser instrumentada a través del Fondo Cooperativo para el Desarrollo Agroempresarial (FONDAGRO).

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Los créditos otorgados podrán ser destinados a la incorporación de maquinaria, equipos y capital de trabajo, a las inversiones prediales o a los costos de acceso a la tierra. Además, la autoridad de aplicación designada establecerá los instrumentos necesarios para prestar asistencia técnica a los beneficiados por esta línea crediticia.

Por otro lado, la iniciativa establece que el Poder Ejecutivo tendrá facultades para establecer un régimen que fije la obligatoriedad de la compra de productos de la agricultura familiar, por una cuota porcentual de hasta el 30%.

Finalmente, Diputados avanzó también con el tratamiento del proyecto titulado “Marcha al Campo”, que propone un reordenamiento y repoblamiento de tierras fiscales, para movilizar fuerza de trabajo ociosa y activar proyectos productivos de personas y grupos familiares vinculados a la agricultura.

La iniciativa implica la realización de un relevamiento de tierras fiscales para distinguir entre aquellas de orden nacional, provincial y municipal. También supone la realización de un censo para definir el sujeto social objetivo y determinar mediante encuestas sus necesidades.

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Las tierras serán cedidas en comodato, es decir que nunca dejarán de ser propiedad del Estado, y en extensiones de no más de 150 hectáreas. El objetivo es evitar que estos proyectos fracasen a mediano o largo plazo. Por tal motivo, los beneficiarios deberán realizar una capacitación vinculada al trabajo cooperativo, y a la conformación de unidades de trabajo y producción.

Se prevé el otorgamiento de una renta básica por localización para acompañar a las familias y generar condiciones de infraestructura básicas para su radicación (vivienda, acceso a servicios públicos, etc.)

Desde el oficialismo indicaron que este reordenamiento “permitirá repoblar y desarrollar el interior del país, mejorar caminos rurales, asegurar la salud y la educación, industrializar en origen, incentivas la soberanía alimentaria, mejorar las condiciones de la ruralidad y de la conservación ambiental”.

A diferencia de los dos primeros proyectos, la ley de Marcha al Campo aún debe continuar su trabajo en comisiones, por lo que todavía no está lista para ser discutida en el recinto.

La entrada Pusieron quinta a fondo: En menos de 24 horas el Congreso avanzó con tres proyectos sobre agricultura familiar y acceso a la tierra se publicó primero en Bichos de Campo.

¿Qué pasó? La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján (ADUNLu) denunció que hay interés por lotear y privatizar parte de los terrenos que conforman el campo de la Universidad, para construir viviendas. ¿Y quién impulsa ese proyecto? Otros dos gremios de la Institución: la Asociación de Trabajadores de la UNLu (ATUNLu), es decir el sector no docente, y de manera sorpresiva otro gremio docente de la universidad –mucho más pequeño que el primero y de una Federación distinta- que es ADIUL.

Esta no es la primera vez que la Universidad afronta una situación del estilo. Ya en 2016 se realizó la expropiación de una parte del terreno para dar paso a la Autopista de la Ruta 5. Si bien la Institución recibió un resarcimiento, para los proyectos educativos implicó un gran impacto por la división del territorio.

Luego en 2011, los mismos gremios que hoy piden el loteo enviaron una petición muy similar a la actual al Consejo Superior de la Universidad, pero que terminó por ser rechazado. En esta oportunidad, sin embargo, hay más incertidumbre ya que si bien la iniciativa todavía no fue revisada, el próximo diez de noviembre habrá elecciones que darán paso a un nuevo rectorado y los docentes temen la decisión de las nuevas autoridades.

“Lo que estamos pidiendo es que el campo de la universidad, que es un campo experimental dedicado a la docencia, investigación y extensión continúe con ese fin. Ellos apuntan a que no se produce, pero lo cierto es que el campo tiene una función productiva y no debe tener un destino para el uso habitacional. La Universidad estaría funcionando como una inmobiliaria que vende terrenos”, dijo a Bichos de Campo Federico Vita, secretario general de ADUNLu y docente de microbiología agrícola en esa Institución.

El campo de la Universidad tiene una extensión de 254 hectáreas, de las cuales hay intensión de privatizar un 8%, es decir poco más de 20 hectáreas.

En la totalidad del territorio hay albergados todo tipo de proyectos educativos de distintas carreras. Cuenta por ejemplo con un área para ensayos experimentales de cultivos, una de horticultura, de riego, de fitopatología y una para trabajos forestales.

“Tiene también un predio de 10 hectáreas donde se está trabajando en la plantación de un jardín botánico, para el cual se están trayendo especies y recuperando otras perdidas de la zona del Río de La Plata, la costa rivereña y la región pampeana. Hay además áreas de recuperación de flora y pastizales nativos”, indicó Vila.

Dentro del campo existe incluso un tambo con 150 animales en producción, un galpón de maquinaria y hasta un laboratorio en el cual se estudia el comportamiento de la ardilla de vientre rojo, Callosciurus erythraeus, que se ha declarado como plaga en la provincia de Buenos Aires.

Y como si esto fuera poco, dentro de la Universidad funciona desde hace 25 años una estación meteorológica que lleva registros de la temperatura del suelo, de la calidad del aire, de la humedad y que cuenta además con un punto de referencia del Grupo de Estudios de la Radiación Solar (GERsolar).

“Es un punto de referencia a nivel nacional e internacional para el cumplimiento de las normativas internacionales en la medición solar. Una urbanización alrededor de ese punto, o cambiar de lugar ese punto, sería un problema grave para toda la investigación que se viene haciendo en los últimos 20 años”, afirmó Vila.

Un dato interesante y que puede ser clave para el desenvolvimiento de esta situación, es que el campo de la Universidad de Luján fue donado por la familia Alvear para actividades de desarrollo social, teniendo en cuenta que esa Institución cuenta con la carrera de Trabajo Social.

“Por eso en el campo de al lado de la Universidad funciona el Instituto Alvear de menores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Si bien del campo hacen uso otras carreras específicas, vemos ahí una dificultada legal porque podrían llegar a reclamarlo. Por eso estamos pidiendo el acta de donación para tener información precisa de esa situación”, explicó el docente.

Ahora bien, ¿dónde entran los créditos Procrear en este asunto? En primer lugar hay que decir que se trata de un programa que comprende distintas líneas de crédito a tasas subsidiadas y de alcance federal, para el desarrollo territorial, urbano y habitacional. Recientemente se ha lanzado una segunda edición del mismo, que está actualmente recibiendo postulaciones.

El Procrear cuenta con dos líneas de crédito para asociaciones sindicales y afiliados a gremios: se trata de las líneas 1 y 3. La primera tiene como condición la posesión de un terreno propio, y la segunda es para aquellos que no cuenten con tierra propia. Es allí donde inicia el conflicto: parte de los miembros de la Universidad consideran que hay extensiones improductivas del predio que deberían ocuparse, y para eso proponen que la Institución las entregue y que mediante las erogaciones del Procrear se construyan allí nuevas viviendas.

“Lo que nosotros estamos diciendo es que si vos querés hacer un barrio, hacé los estudios de prefactibilidad. Tienen que ser lugares donde vos extiendas el entramado y la malla urbana. No podés hacerlo en el medio del campo. Ahí vos tenés que llevar luz, cloacas, etc. Entonces tiene que ser en todas las zonas limítrofes donde del otro lado del alambrado haya tejido urbano”, sostuvo Vita.

-¿Pero es eso posible?- le preguntamos al secretario.

-Sería posible si en esas zonas no hubiera proyectos. Ahí hay un problema: ya hay proyectos aprobados y plata entregada. Entonces la pregunta mía es: querés hacer un barrio, lo vas a hacer en un lugar donde hay un proyecto educativo, ¿vas a comprar un campo en otro lado para que se pueda continuarse con ese proyecto?

-¿Se han puesto en contacto con algún dirigente de la provincia?

-Con la provincia no nos hemos comunicado. Estamos intentando hacer una reunión con el intendente local porque es el que más directamente se beneficiaría al recibiría un barrio que no tiene planificado hacer. Sí estamos en contacto directo con la Secretaria de Hábitat del Ministerio de Infraestructura de la Nación que es la que implementa el Procrear.

El panorama al momento es incierto. La petición fue presentada pero todavía no se ha escuchado ningún comentario de las autoridades y las discusiones al interior de cada agrupación se han mantenido de forma muy hermética. Por lo pronto, hoy los miembros de ADUNLu realizarán un encuentro en el campo de la Universidad con la comunidad educativa y los vecinos de Luján, para hacer visible esta problemática.

La entrada Ensayos en peligro: Docentes de la Universidad de Luján denuncian que hay interés por urbanizar parte del campo universitario a través de créditos Procrear se publicó primero en Bichos de Campo.

Esta semana el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, prometió –en su afán de lograr un acercamiento con el agro luego de la derrota experimentada en las elecciones primarias obligatorias– que esa restricción sería ahora eliminada.

Domínguez promete un combo de medidas para descomprimir la relación con el agro que incluye la flexibilización del cepo cárnico

Esta tarde el BCRA informó que se eliminará esa restricción crediticia de facto para empresas agrícolas, pero, curiosamente, la misma estará condicionada a inversiones ganaderas.

“Las pequeñas empresas con actividad agrícola podrán acceder a las líneas de crédito de fomento a la inversión y formación del capital de trabajo”, informó hoy el directorio del BCRA a través de un comunicado. Primera duda. ¿La medida abarca sólo a las pequeñas y deja afuera a las medianas? La respuesta es sí: las medianas quedaron “afuera”.

El detalle no es menor: la normativa vigente indica que una pequeña empresa agropecuaria, para ser considerada como tal, no debe superar una facturación los 116 millones de pesos, mientras que una mediana tiene un tope de hasta 1099 millones de pesos.

“Los créditos podrán destinarse a proyectos de inversión para la implantación de pasturas (incluye labores, semillas y fertilizantes, entre otros); maquinaria agrícola para la producción ganadera; la compra de reproductores machos y hembras; y mejoras de infraestructura predial como alambrados, aguadas, bretes, corrales y mangas, riego, entre otras”, señala el comunicado.

En lo que respecta al uso de la línea para capital de trabajo, que tendrá una tasa nominal del 35%, el BCRA estableció que “se podrá aplicar a la compra de animales para engordar; los insumos y servicios relacionados con tecnologías de reproducción; y los insumos y servicios vinculados a la implementación de planes sanitarios. Los productores podrán acceder a las líneas de financiamiento productivo cuando estén destinadas a incrementar la capacidad productiva de carne y/o leche bovina”.

Entonces, ¿los créditos tomados por empresas agrícolas –agrícolas, sí, agrícolas– solamente van a poder usarse para realizar inversiones ganaderas? La respuesta es un rotundo e increíble sí.

“Cuando los beneficiarios cuenten con un acopio igual o superior al 5% de trigo y/o soja, deberán comprometerse a que el pago de las obligaciones emergentes del crédito se origine primariamente en la venta del acopio de al menos dicho excedente hasta cubrir la obligación”, finaliza el comunicado.

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Los créditos tendrán una tasa subsidiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) del 21% anual y podrán destinarse a capital e inversiones. La línea forma parte de la decisión del gobierno de llenar de dinero barato la economía local antes de las elecciones de medio término.

Un comunicado de prensa del organismo indicó que esa línea para la producción primaria agrícola otorgará créditos que podrán destinarse a inversión productiva o capital de trabajo de hasta 882.000 pesos en el caso de monotributistas (según su categoría) y de hasta 3,0 millones de pesos o hasta 3 meses de ventas en el caso de autónomos y sociedades.

Los préstamos subsidiados tendrán un plazo de hasta 60 meses con un período de gracia de seis meses, aunque en el caso de los créditos para capital de trabajo, el plazo será de hasta 36 meses. En todos los casos, estarán respaldados por Garantizar SGR y el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR).

Danza de créditos: Después de avícolas y feedlots, se esperan anuncios de financiamiento barato para la producción porcina

Para acceder a esta línea de financiamiento, los productores agrícolas deberán tener Certificado MiPYME vigente al momento del otorgamiento del crédito, estar inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) y en la AFIP.

En la AFIP deberán figurar en alguna de las siguientes actividades: cultivos de papa, batata y mandioca; tomate, bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto; hortalizas de hoja y de otras hortalizas frescas; legumbres frescas; legumbres secas; frutas cítricas; manzanas y peras; frutas tropicales y subtropicales, y producción de huevos.

¡Minga de créditos a los productores de soja, trigo, maíz o girasol! Ya sabemos bien que son acaparadores.

El Ministerio de Kulfas explicó que esta línea “se enmarca dentro del paquete de medidas del Programa PyMEs en Góndolas que promueve la diversificación de la oferta de productos en grandes supermercados, a través de la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas”.

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¿Cómo conviven allí el campo y el kirchnerismo?

Hace cinco meses, luego de muchos años de trabajar para la empresa Corteva, el agrónomo Patricio Ballesty decidió dejar su puesto en esa multinacional para asumir, a pedido de Ustarroz, el cargo de director de Producción de Mercedes. A él le hicimos esta pregunta y con mucha tranquilidad Ballesty contestó que agro y kirchnerismo son dos actores totalmente reconciliables.

“Es lo que intentamos hacer. Hablando con todos los ministerios provinciales y nacionales, observamos que es infinita la cantidad de herramientas que hay (a disposición de los productores). Simplemente hay que gestionarlas y a veces lo que falla es eso”, dijo Ballesty a Bichos de Campo.

Mirá la entrevista completa a Patricio Ballesty:

Luego de trabajar durante 11 años en la industria semillera, Patricio decidió pasar a trabajar en el sector público reemplazando al ex director de Producción Marcelo Denápole, quien se jubilaba. “Venía del ámbito privado, de trabajar en Corteva Agriscience, y siguiendo un llamado interno de cambiar la realidad decidí pasarme a la política”, explicó.

“Estamos en un lugar estratégico muy importante, a 100 kilómetros de la Capital Federal, con autopista, con 105 mil hectáreas donde hay diversas explotaciones agropecuarias y un sector industrial muy planificado y cada vez más desarrollado. En Mercedes también hay montones de industrias metalúrgicas”, remarcó, sobre su área de trabajo.

Ballesty cree en el kirchnerismo. Para él no es un problema sino una virtud que el desarrollo agropecuario de la zona deba ser orientado por kirchneristas. “Si algo tiene el kirchnerismo aquí en Mercedes es que transformó la realidad de la ciudad en un cortísimo tiempo. Ustarroz ingresó como intendente en 2015 y dio vuelta la ciudad a través de su gestión”, manifestó, convencido.

También marcó que, por el contrario, “durante los 4 años del macrismo la línea no era directa para bajada de fondos. Pero en esta gestión se mostró que con gestión y honestidad se puede lograr mucho”.

Según el director de Producción de Mercedes, contra lo que usualmente se supone existe bastante política pública al servicio del productor agropecuario. “Hay créditos a tasas subsidiadas, hay subsidios, hay formas de capacitar técnicamente a las empresas y de certificarlas con normas de calidad y normas productivas. Está lleno de recursos y muchas veces no llegan” a las empresas agropecuarias, resaltó.

Lo azuzamos. Pero Ballesty aclaró que para acceder a estas herramientas no es necesario estar afiliado a La Cámpora.

“De hecho yo no tengo ninguna afiliación política. Sí tengo un acercamiento ideológico grande pero no tengo un partido político”, explicó. Y agregó: “Es más, durante el conflicto de las retenciones móviles en 2008 yo estuve protestando debajo de los puentes y hasta me llegué a considerar anti kirchnerista”.

-¿Y entonces qué te llevó a cambiar de opinión?

-Empecé a leer más, a salirme del ruido de los medios y a sacar mis propias conclusiones, y comprobé que se gestionaba para producir más y para tener más soberanía. Ahí empezó a cambiar mi forma de pensar.

-¿Y qué les dirías a los productores, que suelen seguir siendo tan opositores?

-A los productores les digo que se acerquen a los cuadros políticos, a las gestiones que van funcionando y que desde las bases pidan cambios en la política y que se trabaje bien.

Ballesty no niega que el campo y el kirchnerismo duermen en camas separadas, aún conviviendo irremediablemente bajo el mismo techo. Pero aseguró que -en ese contexto- lo mejor es “tener un diálogo sincero y buscar la forma de reconciliarlos”.

“Las herramientas están. El productor se caracteriza por su creatividad y por salir a flote de todas. Me cuesta ver que un sector tan audaz como el campo esté en contra de las políticas de este gobierno”, aseguró.

¿Y se pueden hacer cosas en la función pública?

El funcionario mercedino describió que en este momento de su gestión “estamos implementando un análisis de perfil productivo”, porque “queremos conocer qué hacemos y cómo lo hacemos, qué problemáticas tenemos, de dónde sacamos las materias primas y dónde las vendemos. Conociendo bien esto, podremos luego hacer un Mercedes pujante con cada vez más valor agregado y lo más verde posible. Ahí tenemos un desafío con las producciones periurbanas. Queremos también una industria cada vez más desarrollada”.

Trabajando en Corteva, Ballesty recorrió el país e incluso llegó a radicarse en Indianápolis, Estados Unidos, donde ocupó roles gerenciales. En los últimos años se dedicó a investigar la biodinámica y se especializó en el asesoramiento a productores agroecológicos y orgánicos para que encuentren formas de producir dentro de modelos sustentables.

La entrada Patricio Ballesty cortaba rutas en 2008, pero ahora asumió un cargo en el municipio más kirchnerista: “Me cuesta ver que un sector tan audaz como el campo esté en contra de las políticas de este gobierno” se publicó primero en Bichos de Campo.

Por eso volvió a mirar mejor la gacetilla. Y resultó ser que quien prestaría esa cantidad de dinero al sector agroalimentario argentino no sería el BICE sino el BCIE, que no es otra cosa que el Banco Centroamericano de Integración Económica. Sí, mundo patas arriba. Los países de América Central prestándole plata a la Argentina.

“En apoyo a su país miembro extra regional”, dice la gacetilla, el Banco Centroamericano aprobó el llamado “Programa de Recuperación y Desarrollo Rural Post-emergencia”.

Como otros préstamos internacionales del FIDA o el Banco Mundial, ese dinero será administrado por el Ministerio de Agricultura, que implementará este programa con la esperanza de “impactar positivamente en 458 MIPYMEs y 123 organizaciones productivas de la zona rural, así como el otorgar 2.235 créditos que se traducen en casi 7 mil beneficiarios”. A su vez, según los cálculos oficiales, “habrá un impacto positivo en 4.700 familias por medio de la generación de empleos directos, 157 nuevos emprendimientos y el asesoramiento y capacitación a 700 jóvenes”. Tiremos cifras, que total después nadie controla si se cumplen.

El presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, señaló: “Con este financiamiento el BCIE contribuye con los esfuerzos de la República Argentina en lograr una economía más inclusiva, en particular en las zonas rurales, al consolidar actividades agro-productivas, agroindustriales y de servicios que generen mayores ingresos y empleo para la población rural”.

El director por Argentina y Colombia en el BCIE se llama Maximiliano Alonso y es él quien gestionó exitosamente este financiamiento. Queda claro tras leer sus declaraciones que el dinero será utilizado en los programas para pequeños y medianos productores que lleva a cabo el Ministerio de Agricultura, y que ponen el acento en jóvenes, mujeres y economías regionales, sobre todo si además practican la agroecología y tienden a la inclusión.

“Estamos comprometidos con el desarrollo de las economías regionales del país teniendo en cuenta el ambiente, la ecología y un nuevo modelo de productividad con inclusión social. Nuestro objetivo es cooperar y fortalecer la producción agropecuaria de emprendedores rurales, especialmente jóvenes y mujeres que trabajan la tierra en toda la Argentina”, dijo Alonso.

Como sea, según el BCIE, el crédito está dirigido a financiar capital de trabajo, logística, infraestructura, emprendimientos de jóvenes y mujeres y la incorporación de tecnología. Además, permitirá brindar asistencia técnica para la formulación de proyectos de agricultura sustentable.

Las condiciones del financiamiento de este entidad fueron establecidas a 20 años plazo con cinco años de gracia y con la tasa LIBOR más 240 puntos.

El miércoles pasado, el ministro Luis Basterra participó de una reunión con 30 países de la región latinoamericana en busca de fórmulas para hacer frente a los desafíos que dejará el Covid. Allí también participaron los representantes de este sorpresivo BCIE que se ha convertido en nuevo acreedor externo de la Argentina.

La entrada Mundo loco: El Ministerio de Agricultura logró nuevo financiamiento externo por 50 millones de dólares desde… los Países Centroaméricanos se publicó primero en Bichos de Campo.

En comunicación con Bichos de Campo, Daniel Costamagna, ministro de Producción de Santa Fe, indicó que el proceso de selección se hará a través de “un equipo interdisciplinario de profesionales de las ciencias agrarias y económicas, que van a funcionar en el Ministerio, en articulación con el BNA, a los fines de que llegue al productor lo más rápido posible”.

“No va a haber una discriminación por actividad pero sí prioridades hacia aquellos sectores que entendemos que están necesitando un mayor apoyo. Un crédito sirve si llega en tiempo y forma, sino no sirve”, afirmó el funcionario.

El monto de la línea de financiamiento será de 26.500 millones de pesos y estará destinado al sector ganadero, lechero, agrícola, porcino, avícola, legumbres, apicola, frutihorticola, acuícola, arrocero, industria, servicio y equipamiento hidrovial. Las tasas serán subsidiadas no solo por la Nación sino también por el gobierno local. La única exclusión es la de aquellos productores que no hayan vendido toda su cosecha de soja o trigo, reteniendo más del 5% de la misma.

Habrá generoso financiamiento del Banco Nación para los productores de Santa Fe, pero siempre condicionado a que no guarden sus granos

El ministro santafesino explicó que el financiamiento tiene el objetivo de generar empleo, arraigo rural y un mayor desarrollo de los procesos productivos, fundamentalmente en péquelas localidades del interior de la provincia.

“Lo importante de esto no es solamente para los rubros tradicionales como la carne, la leche o los granos, sino que es en toda la diversidad productiva potencial que tiene Santa Fe”, aseguró.

Bichos de Campo consultó además por la situación particular que afronta el sector lechero y por posibles incentivos que pudieran destinarse a esos productores desde la gobernación. Costamagna sostuvo que el apoyo a la lechería se está dando a través de un fuerte estímulo a la exportación, que busca mejorar la posición económica del negocio.

Comentó a continuación que a través del programa “Camino de la Ruralidad”, la provincia ha destinado más de 100 millones de pesos al  mejoramiento de caminos, que repercute de manera indirecta en la producción tambera.

Sobre los temas de agenda:

• En relación a la prórroga del régimen de Biocombustibles, el ministro dijo: “Hemos sentado una posición muy clara junto al senador Roberto Mirabella y el Secretario de Industria. La producción de biodiesel está dentro de la matriz productiva de Santa Fe. Tenemos el 80% de la capacidad productiva instalada de biodiesel del país, por lo que esperamos que llegue a buen término”.

Ver también: El sector privado de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos advierte que la desintegración del programa de biocombustibles generará una “pérdida de miles de puestos de trabajo”

• Sobre el recurrente debate por una normativa que regule las aplicaciones de agroquímicos, Costamagna sostuvo que debe ser tratado de manera interdisciplinaria entre el Ministerio de la Producción, de Salud y el de Medio Ambiente, teniendo en cuenta que “los componentes medioambientales hoy más que nunca van a ser barreras paraarancelarias en los mercados externos”.

Foto: Campo en Acción

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El anuncio se formalizó en un acto del que participó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que aprovechó para pegarla un palo a la gestión de Mauricio Macri por la gestión del BNA frente a la aceitera Vicentin, que ingresó en default con deudas con la entidad crediticia oficial  por una cifra bastante similar a la que ahora se le prestará a las Pymes. “Estas posibilidades las brinda el Banco Nación, que por suerte dejó de lado la pura especulación financiera, para apoyar proyectos productivos que luego se puedan transformar en un proyecto de vida”, señaló Cafiero.

“Para la provincia no es un día cualquiera; es un día muy importante”, resumió el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que valoró la asistencia financiera del BNA a todos los sectores productivos. “Este acuerdo no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia de desarrollo productivo” para la provincia, la región y el país, acotó.

El presidente del BNA, Eduardo Hecker, reivindicó el rol del mayor banco público del país como una herramienta fundamental para “fortalecer la producción y generar puestos de trabajo” en la provincia, y recordó además que el financiamiento es posible porque “el Banco Nación reconstruyó su capacidad crediticia para la ejecución de proyectos de inversión y crecimiento en todo la Argentina”.

En ese sentido recordó que en 2020, durante toda la pandemia, el BNA brindó asistencia financiera por más de 250 mil millones de pesos a pymes, emprendimientos productivos, de servicios y comerciales de todo el país,

Los ejes principales del programa específico firmado con el gobierno de Santa Fe apuntan a financiar inversiones y capital de trabajo para incrementar la productividad, obtener mejoras en los procesos productivos a través de la incorporación de tecnologías y avanzar en la transformación de granos en alimentos.

Los productores ganaderos, porcinos y avícolas podrán solicitar sumas que no superen los 15 millones de pesos. También se contempla financiamiento para pequeñas y medianas empresas lecheras y para los arroceros, por montos de hasta 5 millones. Además la provincia podrá avanzar en armar parques industriales, con un monto máximo de 60 millones de pesos cada uno.

La tasa de interés dependerá del destino que se le vaya a dar a los fondos y, además, está diferenciada para cada uno de los sectores: 24% para inversión y 28% para capital de trabajo, de acuerdo a su encuadramiento en la Comunicación “A” 7240, del BCRA, relacionada con la “Línea de financiamiento para la inversión productiva de MiPyME”.

El BCRA extendió la línea de crédito a tasas subsidiadas: Pero las empresas agrícolas tienen que haber vendido el 95% de la soja y el trigo para poder acceder al beneficio

Para aquellos que no estuvieran incluidos en esa disposición, la tasa de interés combinada se estableció en 34% TNA Fija para los primeros 3 (tres) años y BADLAR más 6 puntos porcentuales (PPA) para el resto del período. El Ministerio de Producción de Santa Fe, bonificará 3, 5 u 8 PPA durante los primeros 36 meses, para inversiones, y durante los primeros 12 meses, para capital de trabajo y/o gastos de evolución.

La Comunicación “A 7240” del BCRA es la que impone restgricciones de acceso a los productores que decidan guardar un poco de su cosecha de soja o trigo, ya que aclara que aquellas empresas inscriptas en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) en carácter de “Productor”, excepto que estén categorizadas como micro-empresas, deberán tener vendido el 95% de su cosecha de trigo y soja para poder recibir este tipo de financiamiento.

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