“Había un accidente y vos llamabas a los bomberos y les explicabas dónde estabas pero nunca llegaba nadie. Que cada establecimiento tenga un número identificatorio es como las casas que tienen calle con nombre y número”, contó a Bichos de Campo Mariela Gallinger, dirigente de Federación Agraria y Coordinadora el área Campo Ciudad de la Municipalidad de Crespo.

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A partir de los censos realizados en 2013 y 2018, las autoridades locales, junto a la extensión rural del INTA de Crespo, efectuaron un relevamiento de 700 establecimientos activos y elaboraron un mapeo donde georreferenciaron a cada uno de ellos.

Todos los datos volcados en el proyecto, que son confidenciales y a los que sólo tienen acceso la Policía, Defensa Civil y los hospitales y ambulancias, se tradujeron en números de placa que cada productor colocó en la tranquera de su establecimiento.

“Un vecino vio humear una tapera, llamó a los bomberos y llegaron tan rápido que evitaron que se queme un trigal. La georreferencialidad le dio seguridad al productor y a la familia rural. Se sintieron contenidos y tenidos en cuenta”, aseguró Gallinger y agregó que esta iniciativa de desarrollo territorial también sirvió para desalentar el vandalismo rural.

En este sentido, Ricardo Decarli, jefe de la agencia local del INTA, dijo a Bichos de Campo que permanentemente se hacen diagnósticos de las necesidades tanto productivas como sociales presentes en la zona, de manera tal de buscar formular soluciones para resolver problemas.

En 2021 se realizará un nuevo censo para actualizar datos a los que se les añadirán la capacidad productiva de cada campo y se distinguirán los distintos tipos de producción.

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Con esta sentida descripción comienza una carta que los directivos de la Sociedad Rural de Nogoya le enviaron al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, reclamando soluciones imperiosas por el mal estado de los caminos rurales en toda la provincia y en especial en ese distrito.

Allí, cuentan los productores, “hace unos 20 o 30 años atrás contábamos con varios ripios en los caminos troncales, que hoy han desaparecido; con puentes Bailey que fueron colocados provisoriamente y hoy se caen a pedazos; con  alcantarillas rotas o tapadas que hacen que el agua circule por la calle, socavándola”.

Los ruralistas de Nogoyá le remarcaron a Bordet que la Dirección Provincial de Vialidad  no hace su tarea a pesar de que el gobernador “prometió, destine el 30% del impuesto inmobiliario” que recauda del sector a esa repartición. “No sabemos a qué destina los recursos que dice invertir, porque en los caminos estamos seguros que no”, ironizaron con tristeza.

“Los caminos no se arreglarán nunca desde una oficina administrativa y quiénes los transitamos diariamente lo sabemos muy bien. Lo saben nuestros vehículos cuando no resisten más el traqueteo y se rompen. Lo saben los camioneros cuando se quedan encajados. Los muchachos de la trilla cuando no pueden pasar por falta de puentes. Las maestras y enfermeras cuando intentan llegar a sus lugares de trabajo. Los oficiales de las fuerzas de seguridad lo tienen más que claro cuando intentan cuidarnos o impedir alguna desgracia”. Así enumera la entidad rural a los sectores abandonados por la desidia oficial.

La sociedad rural enrolada a FARER y CRA reclamó directamente a Bordet que “disuelva completamente la Dirección de Vialidad de la Provincia. de Entre Ríos, por haber demostrado ser incapaces de desempeñar las tareas para las que fueron convocados, y de este modo poder crear un organismo serio y responsable, formado por técnicos y profesionales capacitados y comprometidos con su trabajo”.

En el mismo sentido se pronuncio Mariela Gallinger, titular de la delegación de la Federación Agraria de Crespo. “Vialidad Provincial no tiene capacidad operativa para el mantenimiento de los caminos rurales en la provincia. Es hora de madurar: Los ciudadanos tenemos la necesidad imperiosa de contar con dirigentes y gobernantes que estén preparados y comprometidos con la sociedad”, afirmó.

Gallinger recordó que “las versiones sobre nombramientos, designaciones y aumentos de sueldos en la DPV, conocidas en las últimas semanas, fueron la gota que rebalsó el vaso. Vialidad Provincial no está cumpliendo hace ya muchos años, sin embargo, significa una carga importante para el gasto público de la provincia. Mientras tanto el sector rural en su conjunto no recibe el servicio que debería”.

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