La primera gran conclusión de este reporte es que la pandemia por Covid 19 aumentó el hambre y la inseguridad alimentaria en todo el mundo.  Y, en este contexto, América Latina y el Caribe no fueron la excepción: el porcentaje de personas que sufren hambre en la región pasó del 8.3% en el bienio 2017-2019 al 8.9% en 2018-2020, lo que significa que alrededor de 57.6 millones de personas tienen hambre.

“Los datos del SOFI 2021 implican un retroceso de por lo menos 20 años, es decir, que la región volvió a los niveles de hambre que tenía en el año 2000”, resumió Tito Efraín Díaz, representante interino de la FAO en Argentina. Y advirtió: “Los niveles de inseguridad alimentaria moderada y grave pasaron de 32.3% a 34.8% en el mismo período, lo que significa que 225.8 millones de personas no tuvieron acceso suficiente a los alimentos”.

Al mismo tiempo, la crisis alimentaria también se reflejó en un aumento del sobrepeso como consecuencia de la mala alimentación y el incremento en el costo de los alimentos, sobre todo de los saludables.

En este escenario, la Argentina también sufrió las consecuencias de la pandemia sobre la seguridad alimentaria, pero sus indicadores son mejores que los del promedio de los países de Sudamérica. Pese a los esfuerzos del Gobierno nacional y las provincias, la subalimentación pasó aquí del 3.5% al 3.9% de la población (es decir, 1.7 millones de personas que se clasifican en condición de hambre) y la inseguridad alimentaria afectó al 35.8% de la población (unas 16 millones de personas).

“El hambre y la inseguridad alimentaria golpearon más fuerte a las mujeres, los niños y niñas, las comunidades rurales y los pueblos indígenas, confirmando la alta vulnerabilidad de estos grupos sociales relacionada a los niveles pobreza”, explicó Díaz. “Sin embargo, aunque estas cifras son preocupantes, hay motivos para anticipar que Argentina superará esta situación dado que está desarrollando un conjunto de medidas de política social y económica para hacer frente a esta crisis”, consideró.

Algunas de estas medidas son la ampliación de la cobertura de la tarjeta Alimentar, los programas de alimentación escolar, los programas focalizados en mujeres y jóvenes y el fortalecimiento de redes de agricultores familiares proveedores de programas de compras públicas que garantizan el acceso a los alimentos a miles de personas en situación de vulnerabilidad con énfasis en territorios y comunidades vulnerables.

Además, la Argentina ha iniciado el proceso de actualización de las Guías Alimentarias con foco en la sostenibilidad, instrumento de apoyo a políticas de seguridad alimentaria y nutricional que definen las dietas saludables y orientan políticas sectoriales. Mención especial para la FAO merecen las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias que lograron mantener las economías locales y garantizar la provisión de alimentos para la gran mayoría de los argentinos en las zonas urbanas y rurales.

“Desde la FAO reconocemos el esfuerzo del Gobierno, de los agricultores familiares y de los pequeños y medianos empresarios del campo para garantizar el abastecimiento de alimentos pese a las dificultades y restricciones impuestas por la pandemia”, determinó Díaz.

“En el marco del Acuerdo de cooperación firmado entre el presidente Alberto Fernández y el director general de la FAO, QU Dongyu, para apoyar la recuperación económica del país, trabajamos en alianza con nuestros colegas del Sistema de Naciones Unidas junto al Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, en un conjunto de políticas y programas de seguridad alimentaria y nutricional, y de producción sostenible de alimentos que hacen parte del Plan Argentina contra el Hambre”, explicó el funcionario internacional.

Al mismo tiempo el nuevo representante destacó que la FAO, como agencia implementadora de un gran proyecto financiado por el Fondo Verde del Clima, trabaja de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en la protección de los ecosistemas y la adaptación del sector agropecuario y forestal al cambio climático.

“Todo esto contribuirá a recuperar la economía, la senda de la erradicación del hambre y permitirá impulsar sistemas agroalimentarios eficientes, sostenibles e inclusivos, con base en el conocimiento científico y las innovaciones tecnológicas disponibles”, sintetizó Díaz.

Luego explicó que “garantizar el acceso a alimentos saludables a toda la población y consolidar el liderazgo de Argentina como país productor y exportador de alimentos comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible son las metas del país que apoyamos con la agenda de cooperación de la FAO en Argentina”.

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“Reconocemos el apoyo humanitario fundamental brindado por el PMA, que se hizo más urgente a la luz de la pandemia de Covid-19 y otras crisis. Por ese motivo, nos comprometemos a no imponer prohibiciones o restricciones a la exportación de productos alimenticios comprados con fines humanitarios no comerciales por parte del PMA”, señala el documento.

Como es previsible, la declaración –difundida este jueves– fue firmada por muchos de los principales exportadores mundiales de alimentos, tales como Australia, Brasil, Canadá, EE.UU., la Unión Europea, Nueva Zelanda, Paraguay, Reino Unido, Ucrania y Uruguay.

Pero en la lista faltan dos grandes exportadores mundiales de alimentos: Argentina y la Federación Rusa, dado que, precisamente, se trata de naciones que implementan derechos de exportación y restricciones operativas para concretar ventas externas de productos agroindustriales.

Además de Brasil, Uruguay y Paraguay –que integran el bloque del Mercosur junto con la Argentina–, otras naciones latinoamericanas que firmaron la declaración fueron Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Jamaica, México, Perú y Santa Lucía.

Brasil, por su parte, indicó que la declaración firmada ayer “está en línea con el compromiso del país en el marco del G-20 de continuar trabajando con las organizaciones internacionales para coordinar acciones e identificar y compartir buenas prácticas para facilitar los flujos internacionales de bienes y servicios necesarios para responder a la pandemia”.

“Brasil también ha seguido de cerca las discusiones a nivel de la OCDE sobre el impacto de Covid-19 en la seguridad alimentaria, en las que se destacó la capacidad del país para mantener sus compromisos mundiales de suministro de alimentos sin interrupciones. Así Brasil confirma su compromiso de promover la seguridad alimentaria no solo en el territorio nacional, sino en todo el mundo, ayudando a alcanzar el Objetivo número dos de Desarrollo Sostenible” de Naciones Unidas, añadió en un comunicado oficial.

En el contexto de la pandemia de Covid-19, Brasil comprometió raciones de alimentos, en el marco del PMA, para 5000 niños de 6 a 59 meses en Namibia y 1220 refugiados de la etnia peul (fulani) en Malí, además de 4000 toneladas de arroz para Líbano y otras 4000 para Mozambique.

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas distribuye, según asegura la propia organización, unas 15.000 millones de raciones de alimentos por años en las naciones menos favorecidas del mundo.

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