¿Son situaciones comparables? Bichos de Campo hizo esta pregunta a Miguel Schiriti, presidente de la Cámara de la industria y el Comercio de Carne de la República Argentina (CICCRA). De un saque, el industrial manifestó que la comparación que hizo Cristina le causó “enojo e indignación”.

“No puede ser que alguien que es referente del país genere división entre los argentinos y mienta de manera descarada como lo hace”, bramó Schiariti.

Escuchá la entrevista completa:

Schiriti dejó en claro que la vocera del presidente Joe Biden habló de la realidad de los Estados Unidos, un país que tiene 330 millones de habitantes y donde ocho grandes grupos frigoríficos manejan el abastecimiento de carne, con enormes problemas y discusiones con los productores de ganado. La situación, explicó, dista mucho de lo que sucede en la Argentina.

“La vicepresidenta no es una persona muy culta, pero a pesar de eso sabe que en nuestro país hay 225 mil productores agropecuarios, 4.500 compradores de la carne que producen esos productores y alrededor de 80 mil carnicerías (No se sabe el número exacto por que los controles del Estado son muy malos). Después de eso vienen las personas que convalidan o no el precio”, enumeró. Los lugares de faena, en tanto, llegan a casi 400 frigoríficos y mataderos.

“La oligarquía ganadera quedó en la historia, porque el 75% de los productores ganaderos son pymes”, acotó.

Schiariti luego acusó a Cristina de querer instalar la idea de que hay una corporación responsable de la suba de los precios del alimento, de modo de esconder la falta de políticas favorables para el aumento de la producción.

Ya no hay dudas: La estrategia estadounidense de acusar al sector cárnico como responsable de la inflación recibió el aval de Cristina

Según el industrial, el aumento de la carne en el mes de noviembre se dio en gran parte por culpa del denominado “Plan Platita”, que provocó un aumento de la demanda de carne de la población. Frente a eso “pasamos por 4 días de lluvias, lo que hizo que el ingreso a Liniers sea reducido”, explicó. Schiariti cree que, de todos modos, “esta suba en los precios duró pocos días y en algunos casos no llegó a impactar en el mostrador”.

¿Qué puede sucede de acá en más? El Presidente de CICCRA admitió que para que se normalice la oferta de la carne vamos a tener que esperar al mes de marzo de 2022, porque las recrías de hacienda a pasto están siendo muy largas y lo que antes se producía en 120 días en un corral, ahora hay que esperarlo hasta 10 meses.

Además, consideró que no hay un acuerdo de precios con la industria frigorífica y los supermercados, como argumenta el secretario de Comercio Roberto Feletti. Por el contrario, disparó que “la industria frigorífica es chantajeada con (un aumento de ) las retenciones y se adapta a lo que le piden. Por el lado del supermercadismo, utiliza la carne para intentar aumentar las ventas en los días previos a las fiestas”, aseguró.

Por último, Schiariti defendió su idea de elevar le peso mínimo de faena de modo de traccionar rápidamente hacia una mayor producción de carne. Explicó que los argentinos faenamos en los últimos 20 años unas 12 millones de cabezas promedio al año, y explicó que si se lograra aumentar en 3 o 4 años en unos 100 kilos el peso promedio de faena, se llegaría a 600 mil toneladas adicionales de carne con el mismo stock bovino de la actualidad.

La entrada Miguel Schiariti se enojó con Cristina y la acusó de querer buscar afuera del gobierno un culpable de la suba de la carne: “La oligarquía ganadera quedó en la historia”, remarcó se publicó primero en Bichos de Campo.

Jaque a la dama. Esta quizás sea la mejor noticia para el agro y para todos los argentinos tras la elección de medio término. El Senado es clave para muchas discusiones que tienen que ver con la actividad agropecuaria. Para empezar, allí anida la posibilidad de topes para que el Poder Ejecutivo fije arbitrariamente el nivel de las retenciones a la exportación. Ahora habrá que negociar y conciliar para que las cosas prosperen, especialmente si se tiene en cuenta que el proyecto de Presupuesto Nacional 2022 contempla la posibilidad de modificar alícuotas de derechos de exportación hasta el final del mandato de Alberto Fernández.

En principio, en el Senado habrá 35 legisladores del Frente de Todos, que vería reducido su participación en 6 escaños. Es el producto del resultado electoral en seis de las ocho provincias que renuevan a sus senadores este año: Chubut, La Pampa, Corrientes, Mendoza, Santa Fe y Córdoba. El Frente de Todos solo ganó en Tucumán y Catamarca, reteniendo allí el tercer senador en puja.

Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 14, 2021

La oposición nucleada en Juntos por el Cambio tendrá 31 sillas. Y quedarán 6 senadores que pertenecen a partidos provinciales, quienes podrían actuar para un lado o para el otro, según la situación. Entre ellos se cuenta el ex gobernador rionegrino Alberto Weretilneck y la cordobesa Alejandra Vigo, quien es la esposa del gobernador Juan Schiaretti, que prometió pelear para que desaparezcan las retenciones agropecuarias que afectan a su provincia.

La lista de los 72 legisladores que integrarán el Senado hasta 2023 es la siguiente, de acuerdo con la agencia oficial Télam. En el nuevo escenario el oficialista Frente de Todos mantendría 35 senadores, mientras que el frente opositor Juntos por el Campo tendría 31 senadores.

Bloque del Frente de Todos:

-Adolfo Rodríguez Saá (San Luis)
-Eugenia Catalfamo (San Luis)
-Silvina García Larraburu (Río Negro)
-Martín Doñate (Río Negro)
-Maurice Closs (Misiones)
-Nora Giménez (Salta)
-Sergio Leavy (Salta)
-José Mayans (Formosa)
-María Teresa González (Formosa)
-Edgardo Kueider (Entre Ríos)
-Claudia Ledesma de Zamora (Santiago del Estero)
-Gerardo Montenegro (Santiago del Estero)
-José Neder (Santiago del Estero)
-Cristina Del Carmen López Valverde (San Juan)
-José Uñac (San Juan)
-Ricardo Guerra (La Rioja)
-Oscar Parrilli (Neuquén)
-Silvia Sapag (Neuquén)
-Mariano Recalde (CABA)
-María Inés Pilatti Vergara (Chaco)
-Antonio Rodas (Chaco)
-María Eugenia Duré (Tierra del Fuego)
-Matías Rodríguez (Tierra del Fuego)
-Guillermo Snopek (Jujuy)
-Juliana Di Tullio (Buenos Aires)
-Ana Ianni (Santa Cruz)
-Marcelo Lewandowski (Santa Fe)
-Carlos Espínola (Corrientes)
-Lucía Corpacci (Catamarca)
-Guillermo Andrada (Catamarca)
-Carlos Linares (Chubut)
-Daniel Bensusán (La Pampa)
-Pablo Yedlin (Tucumán)
-Sandra Mendoza (Tucumán)
-Anabel Fernández Sagasti (Mendoza)

Interbloque de Juntos por el Cambio (31):

-Roberto Basualdo (San Juan)
-Pablo Blanco (Tierra del Fuego)
-Esteban Bullrich (Buenos Aires)
-Gladys González (Buenos Aires)
-Eduardo Costa (Santa Cruz)
-Alfredo De Angeli (Entre Ríos)
-Stella Maris Olalla (Entre Ríos)
-Mario Fiad (Jujuy)
-Silvia Giacoppo (Jujuy)
-Humberto Schiavoni (Misiones)
-Luis Naidenoff (Formosa)
-Roberto Basualdo (San Juan)
-Julio César Martínez (La Rioja)
-Martín Lousteau (CABA)
-Guadalupe Tagliaferri (CABA)
-Víctor Zimmermann (Chaco)
-Pablo Blanco (Tierra del Fuego)
-Eduardo Vischi (Corrientes)
-Gabriela Valenzuela (Corrientes)
-Flavio Fama (Catamarca)
-Luis Juez (Córdoba)
-Carmen Álvarez (Córdoba)
-Carolina Losada (Santa Fe)
-Dionisio Scarpin (Santa Fe)
-Ignacio Torres (Chubut)
-Edith Terenzi (Chubut)
-Daniel Kroneberger (La Pampa)
-María Victoria Huala (La Pampa)
-Germán Alfaro (Tucumán)
-Alfredo Cornejo (Mendoza)
-Mariana Juri (Mendoza)

Independientes:

-Juan Carlos Romero (Salta)
-Lucila Crexell (Neuquén)
-María Clara del Valle Vega (La Rioja)
-Magdalena Solari Quintana (Frente Renovador de la Concordia de Misiones)
-Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro)
-Alejandra Vigo (Hacemos por Córdoba)

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También lejos quedaron el ministro de Economía, Martín Guzmán, y hasta el propio titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez. Solo 2,6% de los productores  considera que las políticas para el sector se definen en esa cáscara vacía. Perdón, en esa cartera.

Domínguez, que asumió en Agricultura hace algunas semanas, luego del resultado adverso para el gobierno en las PASO, muestra para la mayoría de los encuestados una pobre imagen, ya que un 65,7% de ellos consideró su desempeño como “malo o muy malo”, otro 24,6% lo evaluó como “regular” y solo el 5,1% de los encuestados lo calificó de “bueno o muy bueno”.

Otra forma de evaluar las expectativas puestas sobre el nuevo ministro de Agricultura, fue consultando a los productores sobre  qué margen de maniobra consideran que tendrá Domínguez para hacer lo que se propone. “Aquí un contundente 82% de los encuestados consideraron que podrá hacer poco o nada de lo que se proponga, y solo un 8% considera que podrá hacer todo o bastante de lo que se propone”.

De nuevo, la sombra de la vicepresidenta.

En su encuesta mensual, Amplificagro además preguntó a los productores cuál era su principal preocupación de acá a un año. Laa palabra más mencionada fue “Inflación” con el 25% de las primeras menciones, seguidas por “clima” (en alusión clara a la posibilidad de una sequía) y “economía”.

En un contexto donde las restricciones en la importación de ciertos productos repercuten en la disponibilidad de ciertos insumos para la actividad agropecuaria, se consultó como se siente afectado por esta coyuntura. El 63,7% dice verse algo o muy afectado, mientras que un 34,8% manifestó bajos niveles de afectación.

La entrada Le preguntaron a los productores quién define la política agropecuaria. Y un 85% contestó sin dudar que es Cristina se publicó primero en Bichos de Campo.

Ese beneficio a las petroleras que produjeran y refinaran más se creó a través del decreto 2014/2008, firmado por la propia Cristina Kirchner el 25 de noviembre de 2008, junto a Sergio Massa, Carlos Fernández y Julio De Vido. La medida creó un programa llamado “Petróleo Plus” que fue derogado en 2015 y otro llamado “Refinerías Plus”, que perduró hasta nuestros días y fue la excusa para otorgar ahora este exención fiscal inédita, que deja a YPF Agro en mucha mejor condición para exportar granos que a las cerealeras tradicionales.

En una medida insólita, el gobierno descontará retenciones a las petroleras que exporten productos agroindustriales: YPF será la gran beneficiada

Curiosamente la Mesa de Enlace, tras conocerse esta medida a favor de las petroleras, se apuró a denunciar que se trataba de “un nuevo destrato en una larga lista de decisiones que miran al campo solo al tiempo de recaudar y lo someten a condiciones de desigualdad con otras actividades productivas”. Pero lo que los ruralistas desconocían es que ellos también están en condiciones de reclamar beneficios tanto o más millonarios que los que obtuvieron los extractores de hidrocarburos.

De hecho, fuentes extra-planetarias dijeron a Bichos de Campo que tanto Alberto como Cristina -en un intento por recuperar el voto rural y torcer la voluntad electoral de la mayoría de los argentinos antes del 14 de noviembre- están analizando seriamente devolver miles de millones de pesos a los productores agropecuarios, en un programa pendiente de ejecución también desde fines de 2008 y que -como el Refinería Plus- jamás fue derogado.

La Comisión de Enlace alertó que el “incentivo manifiesto a las petroleras rompe toda condición de igualdad con las empresas agroindustriales”

Un mes después de haber sancionado la iniciativa a favor de las petroleras, en rigor, Cristina firmó otro decreto de necesidad y urgencia, el DNU 2315/2008, en el cual se crearon los Programas “Trigo Plus” y “Maíz Plus”, que estaban destinados a incentivar la siembra, cosecha y comercialización de ambos granos. Fue el 30 de diciembre de 2008. Además de Cristina firmaron Sergio Massa, Carlos Fernández y Debora Giorgi. Es decir, funcionarios que son parte de la actual gestión de gobierno.

¿Qué disponía ese plan de estímulo a los productores agrícolas?

• En principio definía un Volumen de Producción Base de 13 millones de toneladas para el Programa “Trigo Plus” y de 15 millones de toneladas para el Programa “Maíz Plus”.
• Luego establecía que habría un  incentivo fiscal para los productores individuales de ambos granos que consistiría en “un monto que se determinará por cada 1 millón de toneladas de Producción Plus distribuido entre todos los productores en proporción a su participación en dicho incremento, en función de lo declarado como producción base”.
• Esa cifra de incentivo fiscal que iba a determinar el Poder Ejecutivo si el agro excedía la llamada Producción Base de trigo y maíz iba a poder ser aplicada por los productores “como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias o, en su caso del componente impositivo del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes”.

Eso era lo que definía a grandes trazos la generosa medida dictada por Cristina, en términos muy semejantes a la que ahora se invocó para favorecer a las petroleras, en especial a YPF.

El decreto en cuestión jamás fue derogado. Por el contrario, los diversos organismos que debían instrumentar la generosa medida a favor de los productores se apuraron a reglamentar la orden impartida por la ex presidente (ahora vice) a los pocos días: la ex ONCCA y la AFIP sacaron resoluciones reglamentarias el 9 de enero de 2009. Luego, en diciembre de 2009, hasta el propio Congreso Nacional declaró la “validez” del DNU firmado por Cristina un año antes.

Con la firma de Ricardo Echegaray, la AFIP incluso que “a los fines de lo dispuesto la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) remitirá a esta Administración Federal la nómina de los sujetos beneficiarios y el monto real del incentivo fiscal de cada productor”. Solo había que hacer los cálculos y ya: el crédito fiscal para los agricultores permitiría descontar elevados montos del pago de Ganancias y del Monotributo, como ahora la petrolera estatal podrá utilizar su crédito fiscal para descontar de retenciones.

Nunca tan claro que, como en aquel caso de las petroleras y su plan Refinerías Plus, el Poder Ejecutivo contrajo un compromiso con los productores de ambos cereales. También en esta caso han pasado los años y todo deberá ser recalculado. Pero la informatización y la acumulación de datos de cada uno de los chacareros en la AFIP ha mejorado mucho, e incluso ahora se dispone de un Sistema de Información Simplificada Agrícola (SISA) que permite definir con exactitud cuánto produjo cada uno de los beneficiarios en las últimas campañas. De allí a definir cuál será el crédito fiscal de cada productor hay un periquete.

Nunca nadie derogó estos decretos y resoluciones. Por el contrario, el Congreso ratificó la vigencia de los Programas Trigo Plus y Maíz Plus, en los términos fijados por Cristina. Por eso es injusto el apresurado pronunciamiento de la Mesa de Enlace criticando la aplicación del programa Refinerías Plus para la sacrificada industria petrolera. Desconocían los dirigentes de las cuatro entidades agropecuarias que el gobierno formado por la vicepresidente Kirchner y su presidente Fernández está estudiando muy seriamente cumplir con aquella promesa que hizo 13 años atrás a los productores de granos.

Y sí, es cierto por más que le pese a los desestabilizadores dirigentes del campo: Alberto y Cristina, Cristina y Alberto, están dispuestos a honrar esta deuda del Poder Ejecutivo con el sector al igual que lo hicieron con las petroleras. Porque para ellos no hay hijos y entenados.

Solamente falta calcular los montos del crédito fiscal que corresponderá a los productores, que promete acumular una suma multimillonaria. ¿Por qué? Pues porque las cosechas de trigo y maíz -más allá de un año accidentado por la sequía o por las intervenciones de Guillermo Moreno- han crecido mucho respecto de las Producciones Base fijadas en 2008 como el objetivo a superar.

En el caso del maíz se iba a establecer una suma de crédito fiscal por cada  millón de toneladas que superase las 15 millones de toneladas de cosecha. Pues bien, hay que calcular el beneficio por más o menos 45 millones de toneladas, ya que el propio Ministerio de Agricultura calcula que ahora la cosecha llega a 60 millones.

En el caso del trigo, le Producción Base fijada en 2008 había sido de 13 millones de toneladas. También en esta caso el crédito fiscal será abundante, pues la cosecha podría llegar este verano a 21 millones de toneladas.

Los contadores especializados en agro creen que, en base al exitoso crecimiento de las cosechas propiciado por los programas Trigo  Plus y Maíz Plus, será tanto el crédito fiscal que tendrán disponible los productores a partir de ahora, que no deberían pagar Ganancias por al menos 417 años seguidos. la recaudación se resentirá un poco, pero a Cristina no parece importarle demasiado eso, pues está empeñada en cumplir con su palabra. Como debe ser.

La entrada Los ruralistas no entendieron nada: Después de eximir de retenciones a las petroleras, el gobierno se dispone a descontar miles de millones en Ganancias a los productores se publicó primero en Bichos de Campo.

La “vaca viva”, que muchos utilizan como sinónimo de bioeconomía, o la economía a partir de recursos naturales renovables (los del agro, claro), está siendo sopapeada por todos lados. Vaca mala, yo te ordeño más de lo que vos me podés dar, aunque te debilites demasiado., al punto de la inanición Yo líder popular, hago con los productores lo que se me plazca.

En el acto de cierre de campaña, Cristina Kirchner, la vicepresidenta, defendió la implementación de los cupos a la exportación, una postal repetitiva de viejas fórmulas que aplicaron los gobierno de ella y él, su marido Néstor, entre 2003 y 2015. Defendió poner un cepo tanto como defiende las retenciones, un impuesto absurdo -por dañino- para los países parecidos a la Argentina.

Disfruta Cristina con los cepos, tanto como disfruta de pelear con cuatro maltrechos dirigentes rurales de la Mesa de Enlace. Cristina se siente fuerte cacheteando a los que producen y a sus pobres dirigencias. Insultando. Prohibiendo.

Cristina es líder en tanto somete a los demás. No cuando los hace crecer.

“Dicen que en realidad las vacas que se iban para afuera eran todas vacas viejas. Entonces en el campo tenemos un geriátrico en lugar de producción vacuna”, afirma la ex presidenta en el cierre de la campaña electoral, mostrando una vez más una enorme ignorancia. Habló con la autosuficiencia de los que están acostumbrados a que todos aplaudan sus ocurrencias. Que triste es pensar que desde hace años Cristina casi que no escucha críticas honestas. ¡Callate pelotudo! Solo loas vacías surgen de los suyos.

Nadie va a atribuir la fortísima derrota electoral de Cristina, y de su ex crítico tenaz devenido a presidente, Alberto Fernández, al cepo a la carne vacuna. Ni a las retenciones. Ni al desprecio por quienes producen. Es mucho más grande el arco del rechazo que se expresó en estas elecciones PASO, donde  el oficialismo parecía tener que conformarse con un 30% de los votos a nivel nacional, y entonces cosechaba un 70% del rechazo del electorado. Es mucha la bronca. Bufan los productores, bufan las familias, bufan los jóvenes, bufan los viejos que se acuerdan que la Argentina era distinta -aunque siempre problemática- antes de Cristina.

Ese 30% de votos -orgulloso pese a todo frente al 70% de aversión- no es otra cosa que el volumen de adhesión habitual que se considera la base del kirchnerismo. Y es generoso, sabiendo que dos de cada tres que conforman esa base lo hacen por intereses utilitarios, ejecutivos o legisladores, empleados serviles de la política. Cristina los contrató -gobernadores inclusive- durante muchos años. Pero sin vacas muertas y con las vacas vivas sometidas por ellos mismos, sin dinero, la indocilidad y traición parecen estar a la vuelta de la esquina. Hay muchos que dicen que el kirchnerismo no es posible sin plata.

Los resultados de la contienda electoral (solo una previa del 14 de noviembre) muestras resultados catastróficos: El kirchnerismo (y sus rastreras variaciones massistas, albertistas, sindicalistas, comunistas y hasta peronistas) pierde en Jujuy, en Salta, en Chaco, en Corrientes, Misiones, Entre Ríos, en La Pampa, en Córdoba, en San Luis, en Mendoza, en Tierra del Fuego, en Chubut, en la ciudad de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires.

Hasta en Santa Cruz perdía Cristina. Y Máximo. Y Alicia Kirchner.

¿Habla Cristina? ¿No habla Cristina? A la mayoría que no la votó, o mejor dicho a la mayoría que la rechazó con su voto, la verdad es que si habla o si no habla ya le importa demasiado poco. Macri aprovecha el triunfo sonoro de la oposición y sí habla, se le monta encima a la indignación de la gente: Dice que “hoy empieza el final del populismo”, como si no hubiera gobernado cuatro años y no haya sido responsable del regreso de Cristina y de los suyos. Hoy empieza el final del populismo por segunda vez, afirma quien fracasó en la primera.

Macri no importa. Solo molesta su nula capacidad de autocrítica. Se chocará con mil paredes, pero la gran derrota es ahora la de Cristina.

Las vacas viejas, o conserva, o manufactura, tan despreciadas ellas por quienes no las crían ni las conocen, están demostrando ser mucho más generosas que los políticos que nos gobiernan.

“Va…cayendo gente al baile”, dicen esas queridas vacas que ya han servido a la patria porque han sido bien servidas (¿Cristina podrá entender esta redundancia?).

Invitan las vacas viejas a Cristina a retirarse doméstica a su gran geriátrico, que es amable con quienes ya están de vuelta, como ellas. Crucemos los dedos porque esta vez, por fin y para siempre, sea así.

Cristina ha demostrado a través de los daños que puede ser muy dañina para quienes solo producen. Y para sus vacas.

La entrada Va ca… yendo gente al baile: Parece que Cristina será bien recibida en el geriátrico de las vacas se publicó primero en Bichos de Campo.

Así lo indicó la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en referencia al cepo exportador cárnico. Las declaraciones, realizadas durante el cierre de la campaña electoral de las PASO, están bastante reñidas con la lógica más elemental.

La “guita en las arcas” se supone que refiere a la generación de divisas por medio de las exportaciones, algo que, precisamente está restringido por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

En los últimos dos años, según datos oficiales, se perdieron casi 165.000 empleos en el sector privado, algo que, sumado a la aceleración inflacionaria, perjudicó de manera notable la capacidad adquisitiva de los argentinos. Difícilmente ese fenómeno esté relacionado con el negocio cárnico. Lo que sí está relacionado es la pérdida de salario nominal que están experimentando miles de obreros del sector frigorífico por el cepo cárnico.

En la ganadería ocurre algo muy particular: la “fábrica” del sector puede transformarse en mercadería comercializable en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, si se destruye la rentabilidad del sector, se atenta contra la capacidad productiva y, en algún momento, eso se traduce en escasez, y con la escasez viene la suba de precios estructural de la hacienda que, lamentablemente, termina perjudicando a los consumidores. Eso ya sucedió en el pasado reciente.

“Sí, es cierto porque la Argentina podía tener los ingresos, pero lo que tenemos que explicarle a la gente entonces es que no van a poder comer carne, porque la tenemos que exportar y no tienen la plata los argentinos. Pero no disfrazarla y decir que es una medida equivocada o de enojo con el campo. Con nadie. Obvio que si yo tengo vacas quiero poder venderlas al precio dólar y es obvio que tal vez gane menos. El problema es qué hacemos: ¿te dejamos que vos ganes menos, lo que quieras, y que nadie coma carne? Pero esto es lo que tenemos que discutir y no tiene que enojarse nadie pero no hay que disfrazar la discusión”. Cristina textual.

En la industria cárnica ocurre algo muy particular: se compra un insumo que debe desarmarse para fabricar múltiples productos, algunos de los cuales son más aptos para el mercado interno, mientras que otros son bien recibidos en muchos destinos externos. Hay cortes para todos y todas. Aquellos que conocen un frigorífico por dentro saben que no existe antagonismo alguno al respecto, a menos que alguien quiera introducirlo por motivos ideológicos.

Si a los argentinos no nos alcanza el dinero para vivir, es porque el valor de la moneda argentina se viene depreciando año tras año, es decir, no es que “suban” los precios de las cosas, sino que los papeles de colores que tenemos en el bolsillo van a camino a valer menos que la tinta con la que están impresos.

Justamente, restringir las exportaciones con el propósito de intentar que el dinero alcance es disfrazar el problema, dado que el problema no es el déficit de oferta de carne, sino la inflación, que no es otra que un impuesto indirecto que el Estado aplica a la población.

“Viendo LN+ estaban discutiendo el tema de la carne. Decían que es una mala medida del gobierno, porque no se entiende, que son vacas de conserva. En realidad las que se iban para afuera eran de conserva, vacas viejas. ¿Así que todas las que se iban en la exportación eran viejas? Bueno, mirá. Entonces me parece que en el campo tenemos un geriátrico en lugar de producción vacuna, porque China, que es el gran jugador, el gran jugador que está jugando ahora, se lleva el 75% de lo que produce la exportación. El 75% de lo que se exportaba en carne, hasta que Alberto tomó la medida, iba a China.”. Cristina textual.

El “corned beef “ era el producto cárnico bovino que generaba el mayor requerimiento de mano de obra al integrar a la industria frigorífica con la de la hojalata. Era un alimento reconocido y demandado en mercados europeos y africanos. Era una manera de valorizar una categoría denominada “vaca conserva” porque, precisamente, se hacían conservas de carne con la misma. Pero esa industria colapsó en la década pasada con la primera intervención del mercado cárnico vacuno instrumentada entre 2006 y 2015. Algunos le siguen diciendo, por costumbre, “vaca conserva” a la vaca de descarte, pero lo cierto es que ya no se producen más conservas cárnicas.

En el campo hay un “geriátrico” de vacas luego del cepo cárnico que impide fundamentalmente exportar cortes congelados a China elaborados con vacas de descarte. Antes del cepo, esa categoría tenía un precio muy atractivo, por lo tanto, los rodeos de cría y lecheros tenían incentivos para renovarse a un gran velocidad, de manera tal que, año tras año, eran más productivos y eficientes. Así que el crecimiento de la edad promedio de los rodeos es culpa de la política de Alberto y Cristina. Y también son culpables de la alegría de los ganaderos y frigoríficos uruguayos, que aprovecharon la “retirada” argentina para hacer grandes negocios. Felicitaciones.

El último adiós al bife: Una nueva intervención del mercado de hacienda generará un “efecto rebote” infernal en los precios de la carne

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El planfeto digital contenía el logo peronista y la frase “Unidos Podemos”, y resaltaba los puntos del “Plan Federal Brigadier López”. Pero según informaron desde el área de prensa de ambos candidatos, se trata de una “fake news”. Una noticia falsa.

Agustín “El Chivo” Rossi, ex ministro de Defensa de la Nación, encabeza la lista “La Santa Fe que queremos”, una de las opciones del Frente de Todos en esa provincia, que disputará un lugar en las elecciones de octubre el próximo 12 de septiembre, cuando se realicen las PASO. Su compañera de fórmula es Alejandra Rodenas, vicegobernadora santafecina, y  Óscar “Cachi” Martínez la completa como precandidato a diputado nacional.

En la vereda de enfrente está la lista del gobernador Omar Perotti, avalada por el Poder Ejecutivo. Tiene como precandidatos a senador nacional a Marcelo Lewandowski, actual senador departamental por Rosario, y a María de los Ángeles Sacnun, actual senadora nacional y mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner en esa Cámara. La completa Roberto Mirabella  como precandidato a diputado nacional.

Dicen las malas lenguas que Alberto Fernández le pidió a Rossi que no participe de la elección, pero El Chivo hizo oídos sordos y decidió presentarse igual. Acto seguido el primer mandatario expresó abiertamente su apoyo a la lista de Lewandowski y desde entonces la tensión en Santa Fe se corta con cuchillo.

En ese contexto es que empezó a circular el flyer de campaña que vinculaba a Rossi y a su fórmula con una iniciativa para ocupar tierras improductivas y podes así colonizarlas. “De ahí a al reforma agraria, un pasito”, deben haber pensado muchos.

Luego de los episodios del año pasado con la toma de la estancia del ex ministro Etchevehere en Entre Ríos, más otras ocupaciones de campos incluso en ciudades de Santa Fe, como Reconquista, esta ppopuestaque despertó las alarmas en más de un productor agropecuario. Ese punto era acompañado por otros que promovía la “migración inversa” para evitar los éxodos de los jóvenes a las ciudades y favorecer el arraigo territorial.

En el folleto, estas falsas propuestas de campaña aparecen enmarcadas en el “Plan Federal Brigadier López”, que en verdad si existe. Se trata de un proyecto de ley presentado por Oscar Martínez en octubre de 2020, durante su gestión como diputado provincial en la Cámara de Diputados de Santa Fe.

¿Pero entonces los puntos son ciertos?

Bichos de Campo se contactó con el área de prensa de Martínez desde donde indicaron que si bien es cierto que el precandidato presentó un proyecto que lleva ese título, el mismo no fue formulado en ese sentido.

“Nadie se tiene que preocupar”, afirmaron. Explicaron a continuación que la propuesta busca fomentar la producción de pequeños productores, haciendo un uso sustentable y racional de tierras que no estén siendo usadas, pero que bajo ningún aspecto se promueve la usurpación.

Mirá el proyecto completo acá:

Según su artículo 12, las tierras que formarán parte de este patrimonio serán inmuebles del Estado Nacional, Provincial o Local, que sean cedidos por ellos. También se agregan los “Inmuebles pertenecientes a los/as particulares y que sean adquiridos bajo cualquier modalidad a sus poseedores o propietarios por el Estado Provincial para la implementación del Programa que se instituye por la presente”.

A continuación informaron que el flyer en cuestión formaba parte de una operación política electoral que ninguno de esos puntos formaba parte de la plataforma de campaña de Martínez o de Rossi.

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Con ese artículo, el segundo del Decreto 427/2021, el gobierno cumplió con su amenaza de una estatización parcial de la concesión de las tareas de dragado y balizamiento de la Hidrovía, la principal vía de salida de las exportaciones del sector agropecuario argentino hacia el mundo, el ducto por el cual pasan el 75% de las exportaciones nacionales y también buena parte de las importaciones.

El primero artículo del decreto es casi una admisión de lo mal que está planeada esta aventura estatista de una gestión que cada vez es menos de Alberto Fernández y más de Cristina Fernández de Kirchner, quien desde el Instituto Patria y otras usinas de pensamiento político, vino dando forma a este tipo de audacias administrativas.

En ese artículo se le concede a la AGP una función para la que no fue creada y que no tenía: el organismo encargado de manejar las concesiones del puerto de Buenos Aires de golpe y porrazo ahora podrá “asumir la concesión de obras y/o la administración, prestación de todo tipo de servicios de mantenimiento y operación de las vías navegables que se le otorguen y/o se le encomienden, realizando los actos que le corresponda ejecutar en tal carácter, por sí o a través de terceros”.

Nada en este gobierno es permanente ni duradero, ya se percibe. Como todo el mundo sabe que la AGP no está en condiciones operativas de dragar el río Paraná para asegurar la navegabilidad de los grandes buques que ingresan allí para buscar los granos y subproductos de la Argentina, pues ni siquiera tiene una miserable draga, el decreto firmado por Fernández, su jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y el ministro de Transporte que reemplazó al fallecido Mario Meoni, llamado Alexis Guerrera, pone plazos a esta aventura estatista: 12 meses en principio. Posiblemente en ese periodo se convoque a una nueva licitación internacional, como debería haberse hecho desde un principio. +

Pero posiblemente no. “La AGP en calidad de concesionario deberá celebrar, siguiendo los principios y lineamientos de su propio régimen, las contrataciones necesarias para garantizar la navegabilidad de la Vía Navegable Troncal, manteniendo el actual nivel de prestación del servicio”, se instruyó a ese organismo. Señal clara de que también podría imponerse un sistema donde el Estado recauda pero subcontrata las tareas con otros, posiblemente el mismo concesionario que ahora.

El contrato de concesión a celebrar con la Administración General de Puertos, un ámbito donde tallan fuerte sindicalistas como los del SOMU, los de Dragado y Balizamiento o el propio camionero Hugo Moyano, tendrá en principio una duración de doce meses a partir del plazo de 90 días establecido por la Resolución N° 129/21, que prorrogó de facto la concesión del dragado a la empresa Hidrovía SA, formada por la empresa belga Jan de Nul y la local EMEPA.

En los hechos, la AGP ahora debería salir a subcontratar el servicio de dragado y balizamiento de ese canal navegable, y muy probablemente tome los servicios de la propia Jan de Nul hasta resolver la cuestión de fondo: ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno con la hidrovía?

En los hechos, la diferencia con lo que sucede ahora es que será el Estado, a través de la AGP, el que comience a cobrar el peaje a cada uno de los buques que ingresan al río Paraná para cargar o descargar mercaderías en territorio argentino.

Ese cobro estaba en manos de la concesionaria Hidrovías desde 1995, cuando Carlos Menem decidió privatizar el dragado del lecho del río y su balizamiento para que los barcos nos e salgan del cauce. Muchos años después, en su segundo mandato, la ahora vicepresidenta Cristina Kichner decidió renegociar el contrato y estiró su vida útil hasta 2021, incluso autorizando una suba en dólares de los peajes a cobrar. Ahora es la propia Cristina la que mas a impulsado, a través de su acólitos, una estatización parcial. En el medio, Gabriel Romero, el empresario que ancabeza EMEPA, reconoció haber pagado millonarias coimas para esa renegociación.

Bichos de Campo ya había anticipado que esta sería la estrategia oficial el 4 de junio.

Alerta Hidrovía: El gobierno borró todo lo escrito hasta ahora y planea una estatización parcial de la principal vía exportadora del país

Hay dos cosas novedosas que establece el nuevo decreto. Por un  lado habilita la posibilidad de “delimitación de los ríos, canales, zonas, tramos, trazas y/o secciones en las que se conformará o segmentará la Vía Navegable Troncal, para que dichos tramos en cualquier momento se puedan afectar o desafectar respecto del alcance y el objeto del contrato, total o parcialmente, con relación a los distintos servicios que se prestan en los mismos”.

Por otro lado, promete un proceso “para la eventual revisión de tarifas y/o peajes, contemplando la participación u opinión de los usuarios, entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago”.

Es decir que respecto de la situación actual, además del Estado cobrando podrían aparecen nuevas cabinas de peaje (metafóricamente, porque no existen tales en el río y lo que se envía es una factura a los buques que lo recorrieron) y el valor de ese recorrido. Usualmente, el costo final de dicho peaje es descargado por las empresas navieras y las exportadoras en los productores y otros dadores de carga.

Un guiño a los trabajadores  vinculados a las tareas de dragado y balizamiento es que el gobierno instruyó a la AGP para que “mediante los contratos que celebre como concesionario de la concesión otorgada por el artículo 2° del presente decreto, incluya como condición la incorporación del personal que, a la fecha de finalización de la actual concesión, se desempeñare en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo  1366/14, prestando servicios para la misma.

“El presente decreto entrará en vigencia en el día de su publicación”, define en su quinto artículo el decreto de marras.

Así las cosas, ahora mismo, mientras usted lee esta crónica, ya pasó a manos estatales la autopista fluvial por la que sale el grueso de la mercadería que luego genera las divisas que tanto necesita la Argentina para sobrevivir en medio de una economía desquiciada.

Ahora habrá que ver qué hace el Estado con ella.

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La ex presidenta, ahora en la vicepresidencia, compartía en ese momento su tarea de gobierno con Alberto Fernández, que hoy es presidente. En aquel momento histórico, como jefe de Gabinete, Alberto se la pasaba largas horas negociando con la Mesa de Enlace no solo sobre las retenciones a la soja sino también sobre los cupos de exportación que el gobierno había impuesto a las exportaciones de carne, en especial a las de vaca conserva. El grupo JBS, que en 2005 había comprado el Swift de Rosario y otras plantas frigoríficas en la Argentina como esa de Pontevedra, había sido uno de los más favorecidos por el sistema de ROE aplicado por Guillermo Moreno y Ricardo Echegaray, quien por entonces estaba en la ex ONCCA.

Desde el primer cierre de las exportaciones de carne de marzo de 2006, estos dos funcionarios se habían especializado en cerrar la canilla de exportación provocando que se desplomara el valor de la vaca conserva, como está sucediendo ahora con este nuevo cepo exportador, que ya desplomó los precios un 20%., En 2008, los frigoríficos la compraban en gran cantidad a precios de remate y luego conseguían los permisos para exportar a valor internacional. En ese marco los empresarios brasileños de la familia Batista anunciaban la reapertura de la ex planta de CEPA. Y Cristina, la presidenta lo celebraba.

No duró mucho la cosa. Las políticas aplicadas por la “experta” en vacas conserva provocó una masacre en la ganadería. Por este tipo de manejos de las exportaciones de carne -que se repiten casi con exactitud nuevamente en estos días-, la Argentina perdió 10 millones de cabezas bovinas y muchos mercados. Con el correr de los años el grupo de Swift solo conservó habilitada su planta ubicada en Gálvez, al sur de Rosario, y cerró todas las demás. Incluida la de CEPA Pontevedra, una de las mejor equipadas para hacer carnes cocidas.

Desde julio de 2011 que allí, en la planta reinaugurada por Cirstina, no hay faena. Solo se utiliza alguna vieja caldera para el procesamiento de grasas.

Carlos Menem ingresó a la historia de decadencia argentina con una frase tristemente famosa: “ramal que para, ramal que cierra”, afirmó hablando de los ferrocarriles. A esta altura a Cristina Kirchner bien le cabría una frase del tipo “frigorífico que inauguro, frigorífico que cierra”. Y es que prácticamente todas las plantas que habilitó durante sus dos mandatos están hoy cerradas. La única excepción es una planta de pollos perteneciente al empresario Alfredo Coto.

En julio de 2012, por ejemplo, Cristina puso en marcha el frigorífico entrerriano San José (o ex Vizental), que había cerrado en 2010, celebrando por teleconferencia la creación de 90 puestos de trabajo. Pero no había pasado ni un año que ya estaba echando gente. Con el nombre de Procesadora Ganadera Entrerriana esa planta recién pudo reabrir en enero de 2018.

El 8 de agosto de 2015, la ex presidenta inauguró por teleconferencia el frigorífico de la cooperativa de trabajo Frigorífico Uriburu Limitada, ubicada en la localidad de Uriburu, al noreste de La Pampa, y que había quebrado dos años antes. La experiencia duró solo tres años, pues le cooperativa debió cerrar sus puertas en marzo de 2018, dejando a 30 trabajadores en la calle. Recién en 2020 esa planta pasaría a manos de otro grupo privado que piensa rehabilitarla.

El 13 de febrero de 2013 la especialista en vacas también se dio tiempo para participar de la inauguración de un frigorífico modelo. Se llamaba Santa Elena y había sido construido en la localidad de Gobernador Costa, en plena estepa de Chubut, por un amigo de la familia Kirchner, el empresario Cristóbal López. Tenía capacidad para faenar 1.000 ovinos y 250 bovinos, pero duró muy poco tiempo. En abril de 2015 ya estaba cerrado y nunca más volvió a recuperarse.

Una comparación de las plantas frigoríficas que faenaron bovinos en 2006, antes del primer cierre de las exportaciones de carne y 2015, cuando terminó el segundo gobierno de Cristina, muestra que las fábricas de carne cayeron de 172 a 137 en esos diez años. Es decir, de punta a punta se perdieron 35 establecimientos industriales.

Algunos nombres de las empresas que cayeron por esos años son muy caros para quienes conocen a fondo el negocio de la carne. Cerraron frigoríficos como el ex Finexcor (hoy reabierto como Ciaber), el Lafayette (hoy Santa Giulia); Consignaciones Rurales SA; La ganadera Nueva Escocia, Col-Car SA; Látigo, Amancay, Lawacaloc; Villa Olga; Estancias del Sur; Tomás Arias; Frigorífico Tinnacher; varias plantas del grupo mattievich, Carnes Huinca; Mafrisan, Alimentos Magros SA; Frigorífico del Oeste; Baires Meat; Carnes de Victoria SA; Frigorífico Toba, Mar Yi SA, y varios más.

La misma comparación, pero ahora contra 2020, permite inferir que aunque algunas plantas frigoríficas pudieron ser recuperadas con la apertura de las exportaciones en el gobierno de Cambiemos, aunque el número finalmente no se modificó tanto. El año pasado quedaban 136 establecimientos de faena en funcionamiento.

Entre las nuevas víctimas de la falta de una política de ganados y carnes que estimule una mayor producción figuraban la cooperativa Yaguané, considerado alguna vez el frigorífico más grande de América Latina; otra cooperativa llamada La Victoria; el mencionado frigorífico de Uriburu y también otro en General Acha; el frigorífico industrial Pehuajó; Carnes Rionegrinas SRL; etcétera.

Volvamos a Pontevedra, a la presidenta “experta” en vacas conserva. Entre aplausos, mientras sostenía el duro conflicto por las retenciones móviles con el campo, Cristina se refirió a uno de los acuerdos a los que había arribado esos días Alberto Fernández con la Mesa de Enlace para habilitar la exportación de 10 mil toneladas de ese tipo de carne mediante cupos o ROE a los frigoríficos que como ése tenían capacidad de hacer termoprocesados. “Esto no es a favor de tal o cual frigorífico, esta es una política a favor de todos los argentinos para lograr mayor generación de trabajo”.

“Lo cierto es que acá nos encontramos en un espacio de trabajo, de transformación y además de articulación entre el mercado interno y la exportación”, celebraba aquella Cristina que ahora, trece años después y siempre junto a Alberto, está volviendo a establecer un cepo a las exportaciones de carne vacuna.

No hace falta ser brujo para adivinar las consecuencias…

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Nos encantaría poder desmentir este especie, pero no podemos. No tenemos elementos para hacerlo. Por el contrario, algunos hechos y datos que se concatenan, permiten sospechar que puede que hasta sea cierto. Por suerte Florencia Kirchner parece encontrarse bien y fuera de peligro. La hija de la ex presidenta Cristina Kirchner, de 30 años de edad y que ya estuvo muchos meses bajo atención médica en Cuba, ingresó el martes por la noche al sanatorio Otamendi, donde le drenaron un absceso (acumulación de líquido infectado en el cuerpo). Fue dada de alta el viernes y ya se encuentra con sus familiares.

Pero en esa sucesión de días, toda la atención de Cristina se concentró en su hija menor, como debe ser. Y según las fuentes consultadas por Bichos de Campo, esa fue la razón por la cual dentro del gobierno se paralizó casi por completo la discusión sobre la veda exportadora dictada el 20 de mayo pasado, a instancias de los sectores más duros de la coalición de gobierno y a regañadientes de los más conciliadores.

La carne, recordemos, subió cerca de un 75% el último año, y hay sectores ultras del kirchnerismo que consideran que eso se resuelve cerrando el flujo exportador, pese a que hacia allí solo se dirige el 28% de la carne producida y pese a que una experiencia semejante entre 2006 y 2009, en el gobierno de Néstor y con Alberto Fernández como su jefe de gabinete, condujo a la peor masacre ganadera que se recuerde, con la desaparición de 10 millones de cabezas bovinas en un lapso muy corto de tiempo.

Falta apenas una semana para que venza el plazo de 30 días dispuesto por el Poder Ejecutivo: eso sucederá el domingo que viene. Por lo tanto el gobierno tiene tres opciones: o deja caer el cepo a las exportaciones y todo regresa a la normalidad; o lo extiende por un nuevo periodo de tiempo; o establece nuevas regulaciones sobre las exportaciones de carne. Para la segundo y tercera opción, queda claro, urge tomar definiciones.

Uno de los datos que abonan la hipótesis de que será Cristina quien tenga la última palabra en este asunto surge de escuchar las últimas entrevistas concedidas la semana pasada por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, o la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. Cada vez que los periodistas les preguntaron qué iba a suceder con el cierre de las exportaciones de carne, quedaba claro que ambos funcionarios no tenían nada nuevo por decir, pues ya no dependía de ellos la decisión.

Que no hay nadie en el Gabinete de Alberto que tenga suficiente peso como para decidir sobre este asunto salta a la vista: el miércoles de la semana anterior el propio Presidente recibió en su despacho al Consejo Agroindustrial Argentino y le prometió habilitar una vía de negociación. Los inistros Kulfas, Martín Guzmán, Luis Basterra y hasta el secretario de asuntos estratégicos Gustavo Beliz, escucharon esa promesa. Pero después de eso el secnadie movió un dedo para discar el número de los dirigentes del bloque agroindustrial.

Recomendamos escuchar la entrevista que este domingo realizó Juan Martín Melo, en el programa radial CNN Campo, al presidente del Consorcio ABC, Mario Ravettino, el único dirigente del sector privado que ha venido manteniendo negociaciones regulares con el gobierno en nombre de los grandes frigoríficos exportadores nucleados en esa entidad.

Ravettino contó lo que todos ya sabemos: que días atrás acercaron al gobierno -por vía de Kulfas- una segunda propuesta para volcar unas 12 mil toneladas mensuales de cortes más baratos al mercado local, pero que todavía están todavía esperando una respuesta oficial. El tema, dijo el dirigente industrial, está siendo analizada en el máximo nivel de gobierno. O lo mismo es decir, esperando que Cristina tenga tiempo para debatir cómo se continúa.

“El día viernes hablé con el ministro Kulfas, que es la única persona con la que nos hemos reunido, y me dijo ‘Mario, es inminente la respuesta’. Es decir que se está analizando al máximo nivel. Si va a hacer lo que nosotros queremos, no sabemos”, confesó el presidente del Consorcio ABC.

La duda que manifestó Ravettino es la misma que tenemos todos, y que dependerá mucho del humor que tenga la vicepresidenta y lo que pueda negociar con ella los otros referentes de la coalición: su hijo Máximo Kirchner, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el presidente Alberto Fernández, quien últimamente viene dando muestras de alineamiento con las posiciones del kirchnerismo más intransigente.

De allí los temores: “Sé que hay otras propuestas de un sector del gobierno que tiene características más duras, que directamente está considerando la imposición de ROE (los viejos permisos de exportación que autorizaban Guillermo Moreno y Ricardo Echegaray),  o de incrementar las retenciones (que ahora son del 9% y podrían ser elevadas por decreto al 15%)”, admitió el empresario. Luego admitió que en la carpeta de opciones también figuran la prohibición de algunos cortes para exportación o la imposición de cupos de exportación por “un mes o un mes y medio”.

Como sea, Florencia no estuvo bien y su madre debió ocuparse de ella estos días. Ahora se siente mucho mejor y quizás tengamos definiciones la semana que comienza. Los creyentes pueden rezar un poco, así podemos sacarnos las dudas.

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