La entrada Acceso a la información pública: Todavía hay 138 juicios que reclaman millones al Estado por las compensaciones de la ex ONCCA ¿Qué empresa los impulsan? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Tan malos fueron los resultados de esa experiencia que en febrero de 2011 la propia ex Presidenta disolvió la ONCCA por decreto, sin mayor explicación. “Muerto el perro, se acabó la rabia”, debe haber pensado Cristina. De paso, con esa definición, cooperó para que uno de sus principales alfiles, el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, quien mantenía control sobre la ex ONCCA, tuviera que dar explicaciones a la justicia, pues bien probado estuvo que una parte importante de todo ese dineral se destinó a alimentar uno de los circuitos de corrupción más escandalosos de aquella gestión.
Pero el perro nunca murió. Sigue ladrando y amenaza con volver a mordisquear los dineros públicos.
Un pedido de acceso a la información pública efectuado al Ministerio de Agricultura por parte de Bichos de Campo, y que fue contestado en tiempo y forma por esa cartera, reveló ahora que, a diez años de la disolución de aquel cuestionado organismo, existen por lo menos 138 juicios en los que empresas de diferente fuste reclaman al Estado el pago de compensaciones pendientes de aquella política, que no solo resultó muy costosa e ineficiente sino que además dejó parte de la cuenta sin pagar.
La información remitida por Agricultura identifica por primera vez a los molinos, feedlots, aceiteras, frigoríficos y hasta productores de trigo que continúan litigando contra diversos organismos para cobrar esos dineros largamente adeudados. Las cifras exactas de ese millonario pasivo se desconocen, pero se saben multimillonarias. Extraoficialmente se hablaba de un saldo de unos 3.000 millones de pesos que, en caso de fallos adversos, todavía deben ser actualizados por las tasas de inflación que superaron largamente el 2.000% durante todos estos años.
Aparte de las costas y todo ese fiambre.
Está claro que Cristina, Echegaray y el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, le siguen costando muy caro a todos los argentinos a pesar del paso de los años. Moreno, que siempre dice actuar como un defensor de los intereses populares, es uno de los grandes responsables de este complicado enjambre judicial. ¿Por qué? Porque un organismo que estaba a su cargo, la UCESCI, heredó los expedientes de la ex ONCCA luego de que la disolviera Cristina en 2011. Y sus abogados casi nunca respondieron a los reclamos que hacían las empresas privadas que reclamaban por sus deudas.
Este es el listado, por orden alfabético, de las empresas que mantienen juicios:
listado de emprsas que iniciaron juicios a la ex oncca
Hay muchas empresas de gran porte que litigan por las deudas de la ex ONCCA. Por ejemplo, los molinos Morixe y Lagomarsino, o las empresas agrícolas Los Grobo, Nidera Semillas y AdecoAgro, También las alimenticias Molinos Cañuelas y Molinos Río de la Plata. Pero la mayoría de los casos corresponden a feedlots, que cobraban compensaciones por el maíz que compraban para engordar a los bovinos, como estrategia para bajar los precios de la carne.
El de los corrales de engorde fue uno de los sectores más beneficiados por los subsidios de Moreno, Cristina y Echegaray, pero también uno de los que más sospechas de corrupción despertaban. Sabido es que hubo feedlots que no existían que cobraron dinero, otros que inflaron sus existencias ganaderas. También hubo casos en que los subsidios se desviaron a nombre de indigentes y es vox populi que existían una “ONCCA Paralela” donde se cobraban coimas para destrabar los pagos. Hasta se sospechaba que el propio Echegaray iba a cobrar los subsidios que correspondían a un feedlot creado en 2009 en la localidad de Punta Alta, su ciudad de origen. El domicilio legal de la firma era un departamento propiedad de su esposa.
Justo es reconocer que el gobierno de Alberto Fernández -y de Cristina- heredó el problema de la gestión de Cambiemos, que primero se propuso investigar a fondo cada reclamo antes de proceder con los pagos reclamados, pero luego fue pateando la definición. Finalmente cayó derrotado en diciembre de 2019 y el asunto le explotó en manos de la nueva gestión a cargo de Luis Basterra. En octubre de 2020, Agricultura contrató como asesor a uno de los abogados dilectos del Instituto Patria, Eduardo Barcesat, y una de las explicaciones fue que iba a dedicarse al análisis de estos expedientes.
El pedido de acceso a la información pública que fue positivamente respondido por la cartera de Basterra ahora quita las sombras respecto de la identidad de quienes reclaman, pero no sobre las cifras en juego ni sobre la estrategia que adoptarán las autoridades nacionales frente a los planteos judiciales.
Pero en la respuesta oficial se advierte que lo más probable es que todos debamos hacernos cargo de este muerto.
“De acuerdo a los registros obrantes en el Sistema Único Informático para la Gestión Judicial (SIGEJ), que resulta de uso obligatorio para los servicios jurídicos con juicios a cargo del Estado Nacional, surgen un total de 138 juicios en trámite, por reclamaciones de compensaciones”, se informó a Bichos de Campo.
Los abogados del Minagro también avisaron que lo más probable es que el Estado termine pagando frente a los fallos adversos. “Debido a que en la República Argentina el control de constitucioalidad es judicial, en aquellas sentencias donde pudo haber condena, conforme a derecho, se ejecutará la decisión según lo haya decidido el propio juez y la Cámara Federal de la que dependa, o cuando se expida en definitiva la Corte Suprema”, establecieron.
¿Y cuánto pagarán? ¿La cifra original o una actualizada? También es un tema abierto. “En lo que sea materia de diferendo judicial, el mecanismo de actualización será el que entonces el fije en definitiva la sentencia, en el sentido antes indicado”. Y lo mismo con las costas y los plazos: “Todo aquello que haga a los trámites de pago por las causas judicializadas, se hacen conforme las norma procesales y en los términos que la sentencia prevé”.
“No obstante lo anterior, se hace saber que ésta Dirección General está llevando adelante un relevamiento de los expedientes administrativos físicos, tendiente a evaluar el actual estado de dichas actuaciones en el marco de la Resolución SAGYP 21/19. Las tareas allí indicadas, cuentan con las dificultades propias de los protocolos sanitarios imperantes para resguardo de la salud” en el marco de la pandemia, aclararon los letrados del Estado.
¿Será justicia?
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]]>La entrada Nada de IAPI: ¿Qué dice el Plan Quinquenal que negocia la cadena agroindustrial con el gobierno para incrementar el empleo y las exportaciones? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El CAA, en tiempo récord y bajo la mirada desconfiada de las entidades que conformaban la Mesa de Enlace, se propuso hablar con todos los ámbitos institucionales, incluida Cristina como titular del Senado, que podrían apuntalar esta propuesta, que ahora se está redactando bajo el pomposo nombre de “Ley de Reactivación Agroindustrial y Tecnológica, inclusiva, sustentable y exportadora”. Como se ve, tan largo nombre contiene palabras útiles para que todos se puedan sentir contentos y armar su discurso de apoyo a la iniciativa. La expectativa de los agroindustriales es que pueda ver la luz antes de fin de año.
Con el aval de Cristina, que alentó a los representantes del CAA a avanzar en la formulación del proyecto de ley, ya se comenzó a escribir el trazo grueso de una ley que tendría vigencia desde el día de su aprobación en el Congreso y hasta el 31 de diciembre de 2026, es decir más allá del gobierno de Alberto Fernández. Por eso sería como una suerte de Plan Quinquenal. Su objetivo básico es crear un marco institucional estable para que los sectores de la agroindustria puedan recibir nuevas inversiones que generen más exportaciones y empleo. La palabra clave es estabilidad fiscal por hasta 15 años, más retenciones 0% para las nuevas exportaciones y otros estímulos impositivos para quienes pongan plata para producir más.
Según fuentes confiables para Bichos de Campo, en la redacción de esta ley marco, que tiene por ahora más de 30 artículos, estuvo participando el agroeconomista preferido de Alberto, Gabriel Delgado, que ya desafectado de la aventura de la intervención de Vicentin ahora fue convocado y trabaja codo a codo bajo el paragüas del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para trabajar en la formulación de este acurdo con el principal sector generador de divisas.
La iniciativa política del CAA ya recibió también el aval de varios minsitros del gabinete (Felipe Solá, Luis Basterra, Matías Kulfas y Mario Meoni) y varios gobernadores (Juan Schiaretti, Omar Perotti y Jorge Capitanich, entre otros).
Con letra entonces de la cadena agroindustrial pero clara intervención de Delgado en la redacción…¿Qué dice este ambicioso proyecto de ley?
En el artículo 1° crearía “el PLAN NACIONAL DE FOMENTO DE LA INVERSION Y DE LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES ALIMENTARIAS” y define sus principales cometidos: “Promover el incremento de la inversión y de la producción con destino exportación de los distintos actores que forman parte de la cadena agroindustrial y forestal, a fin de mejorar la competitividad sectorial mediante el aumento en las inversiones y el consecuente incremento en los volúmenes de producción exportados”.
En ese artículo también se definen los beneficiarios de las medidas que puedan tomarse y “atendiendo a las restricciones presupuestarias del Estado Nacional”. Solo serán estimuladas: a) las nuevas inversiones; b) las ampliaciones comprobables en la capacidad productiva de las inversiones existentes; c) la modernización de la maquinaria agrícola y los equipos de procesamiento agroindustrial d) los incrementos demostrables en los volúmenes exportados en el caso de los productos de menor valor agregado; e) los cambios en la calidad, atributos o presentación, de alimentos diferenciados con destino exportación; y f) la adopción y escalado de desarrollos tecnológicos alcanzados por el complejo científico-tecnológico público nacional en el área de alimentos y bebidas y en biotecnología; g) las inversiones en bienes y procesos en gestión ambiental que reduzcan las emisiones de gases efecto invernadero en producciones animales y vegetales.
El Artículo 2º define que para lograr los objetivos planteados y otros objetivos secundarios “la Autoridad de Aplicación podrá formular planes específicos.
El Artículo 3º define con mayor precisión los campos de interés donde deberían volcarse las nuevas inversiones: Inversiones en procesamiento de productos vegetales y animales; Riego; de Contratistas en maquinaria nacional e informática; para la generación de energía en finca; conectividad rural; sistemas de seguridad; robótica, automatización y sensorización; agricultura de precisión; en consorcios que mejoren la logística, la conectividad o la administración del agua; en logística de exportación de productos procesados de origen vegetal y animal; en la adopción de desarrollos tecnológicos alcanzados por el complejo científico tecnológico público nacional.
También define que el plan “promoverá la compra de semillas fiscalizadas y de nueva genética; de bioinsumos; de fertilizantes orgánicos e inorgánicos y la compra de Seguros índices o de productos derivados climáticos”.
El Artículo 4° define los beneficiarios: personas humanas y jurídicas constituidas en la República Argentina o habilitadas para actuar aquí, que además podrán ser fideicomisos, fondos comunes de inversión, universidades nacionales, organismos provinciales y hasta sociedades del Estado, como YPF Agro a modo de ejemplo.
El Artículo 5° dispone la duración del plan, hasta el mencionado 31 de diciembre de 2026.
El Artículo 6º crea un Registro Nacional “en el que deberán inscribirse quienes deseen acceder a los regímenes creados por la presente Ley y las disposiciones contenidas en su reglamentación”.
El Artículo 7º define que podrán inscribirse en ese Registro “quienes realicen actividades agrícolas, agroindustriales, de producciones orgánicas y agroecológicas, pecuarias, acuícolas, pesqueras, forestales, hidrobiológicas, las empresas prestadoras de servicios para el agro y cualquiera otra comprendida en los objetivos del presente régimen”.
El Artículo 8º acxlara que quienes se inscriban deberán presentar “Proyectos de Inversión y Desarrollo compatibles con los objetivos enunciados”, los que serán evaluados por un Comité de Selección.
Luego viene el capítulo de los posibles beneficios para los nuevos inversores.
El artículo 9º define que los mismos “gozarán de estabilidad fiscal por el término de hasta quince (15) años, contados a partir de la fecha de la aprobación del proyecto de inversión o expansión de exportaciones respectivo”.
“La estabilidad fiscal significa que los beneficiarios o los sujetos comprendidos en el presente Plan no podrán ver incrementada su carga tributaria nacional total determinada al momento de su solicitud de adhesión al Registro Nacional mencionado”, aclara el texto preliminar. Esa estabilidad sería aplicable al IVA y al impuesto a los Cheques “a los fines de las actividades incluidas en el presente Plan”. Pero “la estabilidad fiscal alcanza al resto de los tributos nacionales” y a “la carga tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincias y municipios en la medida de su adhesión a la presente Ley”.
El Artículo 10° dispone además una “desgravación para Impuesto a las Ganancias” si las inversiones apuntan a alguno de estos servicios o insumos: fertilizantes orgánicos e inorgánicos, insumos biológicos, semillas autógamas fiscalizadas y contratación de seguros índice. El beneficio sería que se podrán descontar en el resultado fiscal a los fines del Impuesto a la Ganancias un porcentaje especial y adicional del 50% de las facturas correspondientes”.
El Artículo 11° establece además un Régimen Especial de amortización acelerada, a los fines del Impuesto a las Ganancias, aplicable a los bienes de capital adquiridos por los inversores, siempre que tengan que ver con los objetivos. El siguiente artículo define cómo se podrán acoger los beneficiarios a este régimen.
El Artículo 13º, en tanto, determina un marco especial para apelar al diferimiento en el caso de venta de hacienda bovina (carne o leche), ovina, porcina, caprina, equina, de camélidos, bubalina. En estos casos habrá que adherir a un Plan Ganadero provincial vigente.
El artículo 16° se mete en el asunto más ríspido de la agenda agropecuaria, las retenciones. Si las exportaciones crecen, los productos agropecuarios exportados más allá del punto de partida no las pagarían.
“Fíjase, hasta el 31 de diciembre de 2026 un Derecho de Exportación del cero por ciento (0%) a la exportación para consumo de las mercaderías comprendidas en la presente Ley y siempre que se trate de exportadores que incrementen el volumen de las mercaderías exportadas con respecto al promedio del último trienio calendario inmediato anterior a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de exportación para consumo, en los términos y condiciones que al respecto establezca la Autoridad de Aplicación”, define ese artículo, que seguramente será muy discutido. .
Además en el Artículo 17º se determina que el gobierno “deberá establecer, para que rijan hasta el 31 de diciembre de 2026, reintegros impositivos para todas las mercaderías de exportación para consumo, comprendidas en el Anexo de posiciones arancelarias del nomenclador MERCOSUR”. Dicha devolución de impuestos debería calcularse “en base a la metodología de cálculo correspondiente y teniendo en cuenta el grado de procesamiento, en un plazo no mayor a los 60 días”.
El Artículo 18° insta al gobierno a “un programa de trabajo para reducir y eficientizar los costos fobbing” para estas actividades.
El Artículo 19° define además que “las empresas beneficiarias gozarán, para cada uno de sus trabajadores en relación de dependencia debidamente registrados y afectados a los proyectos objeto de la presente Ley, de una detracción en las contribuciones patronales”. Y pone énfasis en “las empresas beneficiarias, que hubieren contratado a mujeres, personas transexuales y personas con discapacidad”.
El Artículo 20° crearía un “Régimen Nacional de Promoción de la Inversión en Bienes de Capital del Sector Agroindustrial”, el cual contempla un plan canje integral dirigido a la adquisición de maquinarias y tecnologías de procesamiento nueva/os de origen nacional. Esto, además de maquinaria agrícola, incluiría camiones, camionetas, maquinaria paras plantas de procesamiento y otros bienes de capital.
Hay otro régimen especial propuesto en el Artículo 21°. Sería el PROGRAMA DE GARANTIAS FINANCIERAS PARA EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES, que estaría “destinado a garantizar a los beneficiarios de los estímulos que se crean por la presente Ley, un marco de previsibilidad y sostenimiento para las inversiones proyectadas y el fluido acceso al capital de trabajo requerido”. Los siguientes artículos tienen que vr con el funcionamiento de ese subprograma.
Un tercer programa se define a partir del artículo 24: Es el PLAN NACIONAL DE FOMENTO DE LA INVERSION Y DE LAS EXPORTACIONES AGROFORESTALES. “Tendrá como cometidos primordiales promover el incremento de la inversión y de la producción con destino exportación de los distintos actores que forman parte de la cadena agroforestal”, define el proyecto. Habrá que ver como compatibiliza este capítulo con la Ley 25.080 de Promoción de los Bosques Cultivados, que está en vigencia.
Hay otro plan adicional que todavía está en veremos en este proyecto, y que apuntaría a el desarrollo de la Biotecnología en al sector de alimentos y forestal. Propondría la creación de una “Agencia Nacional de Biotecnología” y define sus misiones. También la creación de un Fondo Nacional de Promoción de la Biotecnología Nacional con partidas presupuestarias y proyectos que estimulen el despliegue de tecnologías estratégicas o de vanguardia.
Tampoco están numerados todavía una serie de artículos de esta posible Ley Marco que apuntan al fortalecimiento de los organismos públicos vinculados al sector y que promueven mayores presupuestos u autonomía para la Agencia de Inversiones, la Cancillería, el Senasa y el INASE.
“Establécese la obligatoriedad de implementar una Matriz de Trazabilidad a los efectos de la identificación y trazabilidad electrónica de las producciones animales y vegetales amparadas bajo los beneficios de la presente Ley”, argumenta otro artículo todavía a medio escribir.
En el anteproyecto, uno d elos artículos finales determina quién será la autoridad de aplicación del presente régimen. No, no sería el ministerio de Agricultura. “La Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Desarrollo Productivo, quien dictará todas las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias”, dice el texto. Golpe de gracia para Paseo Colón, que sin duda perderá muchas de sus atribuciones.
Artículo 34°: Las disposiciones de la presente Ley entrarán en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 35°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
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