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]]>La promesa oficial fue que la medida se iba a prorrogar, pero por ahora no hay novedades del tema y por eso la industria frigorífica arrancó con los reclamos correspondientes.
La exportación de cueros salados (un primer proceso industrial para evitar su pudrición) no es un negocio brillante, aunque sí permitió la recuperación del valor de este importante subproducto ganadero y además resolvió un problema sanitario y ambiental, ya que en tiempos en que los curtidores no querían absorberlo, se lo estoqueaba a la espera de que alguna curtiembre los retirase o se lo enterraba, lo que implica un riesgo alto de contaminación.
Según datos de la Asociación de Frigoríficos Industriales de Córdoba, en esa provincia se paga 22 pesos el kilo de cuero de novillos y entre 7 y 8 pesos el de vacas. En Santa Fe el valor es levemente inferior.
En el Consorcio de Exportadores ABC informan un precio similar, 24 centavos de dólar que -al tipo de cambio oficial- equivales a 21/22 pesos por kilo. Estimando un peso promedio de 25 kilos, por pieza el ingreso de los frigoríficos es de 600 pesos por unidad.
El empresario Franco Brunetti, que tiene su frigorífico en Salta, difundió una carta dirigida al coordinador de la Mesa de las Carnes, Dardo Chiesa, en la que le pide se solicite información a las autoridades respecto de los efectos de la apertura de las exportaciones de cueros sin curtir que tuvo vigencia parcial en 2020.
En esa carta, Brunetti pone de manifiesto los beneficiosa que resultó la medida. También contó cuánto cuero salado se exportó el año pasado, quién lo vendió y cuál fue el ingreso de divisas.
Los datos relevados por Brunetti indican que del negocio exportador de cueros salados en 2020 participaron un total de 49 operadores, entre los que se destacan curtiembres, exportadores de cueros y grandes frigoríficos. En un gráfico que acompaña su carta, destaca el caso de 17 empresas que exportaron 3,6 millones de piezas. Pero en total, de acuerdo a sus cálculos hechos en base a datos de la Aduana, se vendieron al extranjero 4,2 millones de cueros por 27 millones de dólares.
La estadística, dijo Brunetti, da cuenta de varias cuestiones.
Por un lado, que el Estado se benefició con el ingreso de divisas y que esas ventas compensaron lo que recaudaba por la retención adicional, que era de 8 millones de dólares. Según su lectura, en definitiva el gobierno no cobraba ese dinero porque esa restricción hacía inviable el negocio.
Por otro lado, refleja que de la venta al extranjero de cueros salados también participaron curtiembres, que decidieron no agregarle valor a esa mercadería porque ya contaban con la suficiente materia prima para su negocio. Brunetti considera entonces que no debería existir limitante alguna para que la liberación del mercado sea permanente.
Las cuentas indican que si se exportaron 4,2 millones de cueros salados (frente a una faena de 14 millones), cerca de 10 millones terminaron en las curtiembres que tendrían capacidad para procesar un máximo de 9,5 millones.
Además, los frigoríficos con la extensión de esa medida resolverían varios de sus problemas. Con los valores que hoy tiene el cuero, que son bajos en términos históricos -pocos años atrás se pagó más de 1 dólar el kilo y hoy apenas se llega a la cuarta parte de ese precio-, las fábricas tienen un ingreso por kilo de 600 pesos, que alcanza y sobra para hacer frente al costo del salado, que es de 200 pesos.
Esto les evita el gasto de mantenimiento en los galones y la incertidumbre respecto de qué hacer con esa mercadería, que más de una vez terminó bajo tierra, enterrada.
Por eso las cámaras empresarias de la industria frigoríficos, aunque en voz baja, siguen reclamando la eliminación de los aranceles a la exportación de cueros sin curtir y la liberación del mercado.
Brunetti dijo que si las empresas que participan del negocio tuvieran la posibilidad de tener permanencia y ser proveedores habituales y confiables del mercado global, tendrían las posibilidad de vender más cueros a mejores valores. Esto redundaría en beneficios para el Estado por cuanto entrarían más dólares, de la industria y de la producción y del consumidor ya que le permitiría pagar mejor la hacienda o evitar con ese ingreso traslados al precio de la carne en el mostrador.
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]]>La iniciativa de Vara, que ya tiene estado parlamentario pero deberá esperar a que el Congreso se digne comenzar a sesionar, apunta a permitir en ese lapso de 180 días que se puedan desagotar la acumulación de cueros bovinos que se registra actualmente en la industria faenadora.
Los cueros comenzaron a sobrar por todos lados en los frigoríficos desde que, al inicio de la cuarentena obligatoria, las más importantes curtiembres dejaron de ir a retirarlos como era costumbre. Pare evitar este congestionamiento, el gobierno declaró de inmediato a la industria del curtido como una “actividad esencial”, pero no obtuvo resultado. Las empresas de ese sector se amparan en en el argumento de que nadie quiere más cuero en el mercado internacional, y que por lo tanto no tiene sentido seguir operando.
En este escenario, muchos frigoríficos comenzaron a deshacerse de los cueros crudos por otras vías, como enterrarlos en el campo o en el predio del Ceamse, que habilitó la recepción de ese subproducto. Pero esta operatoria también es costosa y muy complicada. En otras plantas comenzaron a salarlos, como un modo de evitar que se pudran y así poder conservarlos.
Los diputados de Juntos por el Cambio apuntalaron el proyecto de Vara, que solicita al Poder Ejecutivo Nacional que “se suspenda por el plazo de 180 días el derecho de exportación adicional que pesa sobre los cueros crudos, salados y Wet blue, previsto en el Art. 4° de la Resolución 537/92 del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos”.
Hay que fijarse el año de aquella resolución, 1992, para notar que desde hace casi treinta años la Argentina aplica una retención a las exportaciones de cueros sin procesar. El argumento de esta norma, que ha sido prorrogada varias veces por todos los gobiernos, es que la materia prima sea procesada dentro del país. Pero la verdad es que todo ha terminado amañando una cartelización de la industria curtidora, que se hace de los cueros a precios muy por debajo de los del mercado internacional. Incluso, en los últimos meses, los frigoríficos pagaban a los curtidores para que se lleven la mercadería. Pero ahora ni eso funciona.
La apertura del candado impositivo que impide a los frigoríficos exportar por ellos mismos y no tener que depender del humor de las curtidoras fue una alternativa que se barajó varias veces como recurso para desagotar el mercado local de los cueros excedentes. Incluso, al final del gobierno de Mauricio Macri se habilitó una cuota libre de estas retenciones, pero que nunca fue reglamentada e incluso fue derogada por la nueva gestión. En las próximas horas, Vara iba a mantener conversaciones con el ministro Luis Basterra para convencerlo de revisar esta posición a favor de unas pocas curtiembres.
“El avance de la Pandemia CoVid19 ha profundizado y agravado distorsiones e ineficiencias generadas en el mercado de los cueros que afectan de manera directa a la industria frigorífica. En esta coyuntura, se evidencia en todos los frigorificos una acumulación de cuero vacuno fresco o salado sin procesar, que genera problemas de almacenamiento, pone en riesgo al medio ambiente y erosiona el resultado económico de las plantas de faena y, en consecuencia, la provisión de carne en nuestro país en cuanto a volúmenes y precio”, explicó el diputado correntino en su proyecto de resolución, que cobró estado parlamentario el 13 de abril bajo el expediente 1293-D-2020.
Concretamente, como remedio a esta situación, los diputados opositores reclamaron que se suspenda la vieja resoluciónd e 1992 que “dispuso un derecho de exportación adicional a los cueros antes señalados, a partir de un arancel del 15 %, que además se estima sobre una base imponible que se calcula sobre el precio del cuero salado de novillo marcado (Butt Branded Steer) en el mercado de Chicago (tres veces más que el valor FOB de un cuero argentino). Y en el caso del Wet blue con un adicional de U$s 16 sobre dicha base”.
En los hechos, esta fórmula traída de los pelos instaura una barrera arancelaria a la exportación directa desde los frigoríficos, que llega al 40/50%.
“El gravamen adicional hace inviable la exportación de esta mercadería, y su suspensión en la coyuntura expuesta, sería un alivio a esta compleja situación”, señaló Vara.
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