Recientemente, mediante el decreto 549 del 23 de junio pasado, el gobierno decidió abrir la exportación de cueros por 60 días. Es decir, hasta mediados de agosto. El argumento era que se habían acumulado demasiados cueros en las plantas de faena debido a la caída de las ventas por la crisis del Covid-19. Pero hay quienes piensan diferente.

“Se trata de un traje a medida de las curtiembres, que tienen cuero estoqueado y que son las únicas que conocen cómo funciona el mercado mundial de ese producto”, explicó Alberto Berardi presiente de la Cámara de la Industria Cárnica de Entre Ríos.

En diálogo con Bichos de Campo, el referente de la industria de la carne entrerriana explicó cómo impacta en las cuentas de las empresas el cepo al cuero en la actualidad. ”Años atrás se llegó a recibir 1 dólar por kilo de cuero (cada pieza pesa cerca de 25 kilos), pero ahora los frigoríficos consumeros, empresas medianas y chicas están pagando (en vez de cobrar) entre 0,05 y 0,10 centavos de dólar, entre el flete y el salado del cuero en una barraca”. A las piezas que no compran los curtidores se las sala como manera de evitar que se pudran.

Pero ahí no se termina el problema, porque después algo hay que hacer con esos cueros. “En algún momento hay que disponer de su entierro en cavas, cuya construcción para 2.000 a 3.000 cueros cuesta entre 150 y 200 mil pesos. Una hora de una pala mecánica cuesta entre 5 y 8 mil pesos”, detalló Berardi.

El dirigente agregó que en Entre Ríos “algunos frigoríficos tienen salado el stock de cueros de los últimos meses, y se calcula que hay 180 mil cueros en las barracas”.

La pérdida es doble. No sólo no tiene valor el producto sino que además hay que poner dinero para su procesamiento y almacenaje, sin contar con el perjuicio ambiental que se genera al enterrarlos, aún cuando se tomen todas las medidas necesarias para que el entierro en cavas perjudique lo menos posible a las napas.

Cuentan los industriales de la carne que con el ingreso de dinero que antes generaba la venta de ese subproducto, y de otros como el sebo o el expeller (que actualmente tampoco tienen referencia de precios según las fuentes de la industria frigorífica), se pagaban costos fijos, incluyendo los salarios. Pero también con ese pago, que en la jerga se llama “recupero”, se podía pagar mejor la hacienda o evitar que subas intempestivas en el mercado ganadero no fueran trasladadas en su totalidad o inmediatamente el precio de la carne.

Cuando el cuero valía más dinero, la queja por no poder exportar era permanente, pero el ingreso aunque bajo permitía sobre llevar la situación. Pero en los últimos años, entre la baja mundial del cuero y la imposibilidad de exportarlo, la situación se volvió inviable para los frigoríficos.

Toda esta crisis en torno al cuero, y tras el decreto oficial de mediados de junio, motivó que la Mesa de las Carnes enviara una carta al ministro de Agricultura, Luis Basterra. Allí se dice que “solo podrán en dicho plazo (de 60 días) llevar adelante exportaciones los que tengan mercadería estoqueada, sólo curtiembres, dejando fuera del alcance del beneficio de la norma las empresas frigoríficas, las cuales no pueden tener stock de cueros pues generan consecuencias ambientales, sanitarias y operativas indeseadas”.

El bloque que dirige Dardo Chiesa, ex dirigente rural, recordó al ministro que “hoy los cueros se tiran, se entierran, van al CEAMSE, o son retirados por las curtiembres, en forma selectiva, sin precio ni condición. En este marco, la pérdida de valor del cuero se traslada al precio de la carne”.

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“Desgrávase, desde la entrada en vigencia de esta medida y hasta el 31 de diciembre de 2021, del Derecho de Exportación fijado (…)” sobre las exportaciones de cueros salados o wet blue, que son los cueros que tienen apenas el primer grado de elaboración luego de la faena de los bovinos y antes de su ingreso a un proceso industrial de curtido. “La desgravación establecida en el párrafo anterior se aplicará a un límite máximo de 2 millones de unidades correspondientes a las mercaderías detalladas”, estableció el artículo 1° del decreto, que además de Macri firmaron Marcos Peña y los ministros Luis Miguel Etchevehere, Dante Sica y Hernán Lacunza.

El segundo artículo aclara que la desgravación de los cueros sin curtir regirá solamente para las retenciones tradicionales que penalizan ese producto (que, como la soja, nunca dejó de tributar altos derechos de exportación) desde la época de la dictadura de Agustín Lanusse, a principios de los años ’70. Es decir que los cueros sin procesar seguirán tributando, como cualquier otra mercadería, los 4 pesos por dólar establecidos en septiembre de 2018 por el mismo gobierno macrista.

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Los derechos de exportación para los cueros sin procesar se fijan con una fórmula extraña confeccionada a medida de las curtiembres, ya que aunque nominalmente ese tributo se ha ido reduciendo hasta 10%, la alícuota se establece sobre el valor de los cueros en el mercado internacional, que es el doble del pagado en la Argentina. Así las retenciones efectivas llegan hasta el 40% y hacen prohibitiva cualquier negocio efectivo. En consecuencia, los frigoríficos que son dueños de los cueros se ven forzados a venderlos a un pequeño grupo de curtiembres que les imponen un precio de ruina.

El argumento de los sucesivos gobiernos para preservar este régimen de protección a la industria curtidora es que se debe evitar la fuga al exterior de la materia prima (los cueros) para añadir aquí el valor agregado al producto. Pero lo que sucede no es eso: las curtiembres realizan aquí solo los primeros procesos industriales del curtido (los más contaminantes) y venden las piezas enteras al exterior, sin añadir demasiado más valor que ese. Parten de obtener una materia prima mucho más barata que en el resto del mundo, pero sin servir de soporte a una verdadera industria marroquinera o de calzado.

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Según fuentes de la industria curtidora consultadas por el diario La Nación, mediante este mecanismo la industria frigorífica y los ganaderos (dueños iniciales de los cueros) realizan una transferencia de unos 100 millones de dólares anuales a los curtidores, entre los que talla especialmente la empresa Sadesa, la poderosa curtiembre multinacional de la familia Galperin. Luego ese sector industria exporta cueros curtidos -fundamentalmente hacia China- por unos 1.000 millones de dólares anuales. La estadística la lleva la Cámara de la Industria Curtidora (CICA), que además realiza los controles de calidad. Pero las cifras no son públicas en la web institucional de ese sector.

Con este trasnochado decreto de último momento, Macri habilitó una cuota minúscula para exportar cueros sin curtir y tratar de romper esta lógica del negocio. Es minúscula porque el cupo de 2 millones de cueros sin curtir hasta diciembre de 2021 (es decir para los próximos 24 meses) equivale solamente a la producción de 2 meses (la faena supera levemente el millón de cabezas por mes). Pero además, como la desgravación de retenciones se aplicará hasta que se liquide esa cantidad de cueros, lo más probable es que se aplique sobre el stock de cueros que ya está en poder de los frigoríficos. Habrá que verificar bien en los próximos meses quiénes son los beneficiarios de esta medida tardía.

El macrismo, en definitiva, dejará el poder sin resolver lo que en la Mesa de las Carnes se le reclamaba tanto: que ponga fin al régimen de protección de los curtidores. Solo habilitó una cuota equivalente a menos del 10% del volumen del mercado, para que algunas empresas fuguen hacia el exterior con sus cueros sin curtir y escapen de la cacería en el zoológico que realizan los curtidores, más allá del color de cada gobierno.

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Macri, primero a través de su ex ministro de la Producción, Francisco “Pancho” Cabrera, y luego con la gestión de su sucesor, Dante Sica, había prometido varias veces emprenderla contra este régimen histórico. Incluso para enero de 2019 había asegurado que bajaría a la mitad las retenciones a los cueros, cosa que nunca sucedió. Ahora solo abrió una pequeña ventanita para escapar de este sistema.

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En la última reunión de la mesa de las Carnes, el pasado 20 de noviembre, Macri renovó esa promesa. Incluso funcionarios de Producción, ahora a cargo de Dante Sica, llegaron a decir delante del presidente que el 1 de enero se reducirían de 10% a 5% ese derecho de exportación, y que luego se produciría una baja gradual de 0,5% cada mes, de ese modo en 10 meses se acabaría la protección para las curtiembres. 

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Entre los frigoríficos hay preocupación porque a 20 días de la segunda promesa presidencial y a solo 20 días de la fecha fijada para su implementación todavía no hay novedades concretas.

“No hay nada escrito. Ya van cuatro encuentros con técnicos y en la última reunión participó el secretario de Industria, Fernando Grasso, pero no hay nada de nada”, dijeron a Bichos de Campo referentes de la industria frigorífica, que sospechan que mientras a ellos les demoran las medidas las curtiembres negocian otro esquema para no perder todos los beneficios.

Hace varias décadas que el sector curtidor goza de este esquema que impide a los frigoríficos exportar por su cuenta el cuero crudo. No solo existen derechos de exportación que deprimen el valor local de los cueros y abaratan la materia prima para la industria, sino que además este tributo se aplica sobre el valor FOB de Chicago, que es mucho mayor. Por eso su incidencia real es de hasta 50% sobre el precio que cobran las plantas faenadoras de vacunos. Esto en un contexto de fuerte caída del precio de este subproducto a nivel mundial, ya que las automotrices lo están reemplazando por productos sintéticos.

 “Si bajan las retenciones pero no modifican el precio sobre el cual se calculan, es lo mismo que nada, porque además después hasta podrían aumentar ese valor”, indicó un empresario de la carne que también se fue con gusto amargo de la última reunión con Industria.

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Para los frigoríficos la lucha por el cuero es fundamental porque -más allá de la caída de su valor- la suma del ingreso de los diferentes subproductos de la faena de bovinos les sirve para pagar costos fijos de la planta, como los salariales, sobre todo en las que prestan el servicio de faena a terceros.

Antes los rumores de cambios en la política de protección al sector curtidor (de potente lobby a juzgar por los beneficios logrados durante tantos años), los empresarios de las curtiembres no se habrían quedado de brazos cruzados. Las versiones indican que ya habría pedido al Gobierno una compensación por la pérdida que les implicaría la quita de retenciones.

Según esos trascendidos, los curtidores estarían negociando un reintegro sobre la exportación de cuero curtido. Si ese reintegro se calcula en 3% de un total exportado de 600 millones de dólares (que es lo que suman este año las venas al extranjero de cueros curtidos), les permitiría embolsar entre 18 y 20 millones de dólares.

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