Algunos operadores sospechan que esta demora se debe a que este avance en términos sanitarios implicaría mayores costos y posibles aumentos para el producto final: la carne. Por eso se propone analizar alternativas, como la implementación de brazos mecánicos que permitan aliviar la carga de las medias reses a los trabajadores, sin necesidad de adecuar todas las instalaciones y el transporte de carne.

La resolución 10, norma conjunta de los ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura, estableció ahora nuevos plazos para que los frigoríficos de tránsito federal presenten un plan de adaptación de las instalaciones, obtengan un crédito si lo necesitan y hagan las obras correspondientes. Para los provinciales o municipales el plazo de gracia llega al año.

La impresión que tienen muchos es que “se hace que se hace”, cuando la realidad es que se pateó la pelota para adelante con la intención de no mostrar que no se hizo lo necesario y comprometido. Además el troceo va en contra de los intereses del gobierno, ya que invertir en la infraestructura frigorífica, en la logística de los camiones y en el aumento necesario en el personal necesario para erradicar la media res, impactará en el costo de la carne que supuestamente se pretende controlar.

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Como sea, ahora hay nuevos plazos y requisitos. Y si bien industriales y matarifes dijeron que están de acuerdo con la esencia de la medida, pusieron algunos reparos respecto de los requisitos para su entrada en vigencia.

Daniel Urcía, de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra), explicó que el dinero necesario para adaptar los frigoríficos saldría de los 100.000 millones de pesos que anunció el gobierno para dar créditos en el marco del Plan GanAr.

Urcía dijo que el tema será motivo de debate en el Observatorio de la Carne Vacuna creado esta semana, ya que “consideramos que debe haber plazo único porque si no se estaría beneficiando a unos sobre otros y que si alguno no llega con los tiempos se analice una prórroga, pero que sea sólo una excepción”.

Consideró además que es necesario “convocar a las provincias para que se comprometan en la instrumentación, porque son la autoridad competente. Ya vimos lo que pasó en los 90 cuando Buenos Aires, donde se encuentra el mayor centro de consumo del país, se negó a aplicar el Corte por lo sano, que justamente pretendía avanzar en este sentido”, recordó.

El referente industrial agregó que la medida busca beneficiar a los trabajadores, que ahora deberán manipular piezas menos pesadas. Pero apuntó que “su salud se protege también con el uso de medios mecánicos sin importar si es media res o el trozo supera los 25 kilos”.

Urcía agregó que no se puede descartar que haya subas en el precio de la carne porque esto implicará más costos logísticos y laborales. La medida implicará sumar cámaras de frío, gasto en energía, contratar personal y modificar el sistema logístico, ya que los cuartos ocupan más lugar en los camiones que las medias reses.

En el mismo sentido se expresó Ariel Morales Antón, de la Cámara de Matarifes. El abastecedor evaluó que “la medida va a sumar al negocio de la carne en términos de inocuidad y salubridad del producto, pero además beneficia al trabajador, no se puede seguir cargando medias reses. Creemos que va en el buen sentido”.

Pero añadió sus reparos: “Esto va a implicar contratar más personal para el transporte, usar más camiones porque el espacio de los trozos es mayor al de la media res, además de adaptar los camiones a este nuevo producto. Hay que ver también qué pasa con la trazabilidad de nuestros cortes que van a quedar en el frigorífico”.

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“Vamos a tener costos mayores a los actuales, tenemos que ver cómo podemos adaptarnos para que el consumidor no sienta el impactado en los precios”, afirmó.

El matarife agregó que se deberían analizar alternativas. “Para evitar esa suba de costos en la industria y en la logística se debería buscar la forma de implementar un mecanismo, una herramienta mecánica que reemplace a la bajada al hombro y de ese modo se evitarían subas en el precio de la carne al carnicero y al consumidor”.

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La minuta del encuentro que trascendió y que aquí publica Bichos de Campo, no sólo explica cómo sería la apertura gradual (con la vaca conserva totalmente liberada, pero con la continuidad de siete cortes prohibidos). También sugiere el documento que con los técnicos de las entidades de productores “se construyó consenso para cada uno de los artículos” de la resolución que regularía la cuestión.

Entonces, la pregunta que cabe hacer es si realmente avalaron los técnicos del ruralismo la propuesta oficial y si tenían el ok de sus jefes, los presidentes de las cuatro entidades. Dirigentes del sector dijeron que la firma de la minuta no significa avalar la propuesta sino simplemente haber dado el presente. Contaron que a lo largo de una extensa reunión ellos hicieron propuestas para mejorar el sistema, que quedaron a consideración del ministro Julián Domínguez y de su equipo.

Como adelantó este medio y de acuerdo a lo que dice la minuta del encuentro, un decreto que quedó a la firma del presidente Alberto Fernández “establecerá una administración de la exportación para determinados cortes de consumo masivo en la Argentina”. Se trata del asado, falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta y vació. La cuadrada se excluyó de la lista previa, porque no tenía tanta demanda en el mercado interno pero era crucial para ciertos destinos de exportación como Israel.

En tanto quedaría liberada la exportación de la carne de vaca de conserva y manufactura. Pero también se dice que “el objetivo es el agregado de valor de la cadena, por lo que se estima suspender hasta diciembre de 2023 la exportación definitiva y/o suspensiva” de reses, medias reses, cuartos delantero y traseros con hueso”.

Este tipo de productos fue vendido a mercados como China por diferentes frigoríficos gracias a la buena demanda de ese país, que luego despostaba las piezas grandes en destino. En principio, se podría decir que limitar la exportación de ese tipo de piezas persigue un objetivo noble.

Pero hay sectores de la industria cuestionaron esa posible medida. Daniel Urcía, de la Federación de Frigoríficos Regionales (Fifra), explicó: “En primer lugar hay que decir que estamos en contra de cualquier restricción. Luego hay que tener en cuenta que se trata de una forma de exportación de empresas que comienzan con la actividad exportadora, pues la inversión necesaria para congelar trozos con huesos es significativa. Cuando se justifica en función del mayor valor agregado se intenta dar fundamento a la restricción”.

El referente industrial agregó que “es necesario volver a la normalidad y que cada uno exporte como le sea conveniente”.

“Si mañana quisiéramos vender sin hueso en el mercado interno sería imposible, ya es complicado el troceo porque faltan instalaciones. En las exportaciones pasa lo mismo, pues hay empresas que comienzan con la venta de trozos y luego van generando la condiciones para hacer los cortes”. Entonces, la instrumentación de esa medida castigaría a empresas de menor tamaño o desarrollo del negocio exportador en favor de otras”, remarcó.

El consultor y ganadero Andrés Costamagna también se refirió a este tema: “No tenemos certezas, se presentaron propuestas y borradores y se usó a la Mesa de Enlace para validar algo en función de cálculos matemáticos. Según esos números el año que viene se podrían exportar 80 mil toneladas más pero son todas expresiones de deseos”, anticipó.

Con respecto al supuesto cupo que tendría cada empresa para exportar el año que viene, el analista consideró: “Entendemos que es un pedido de los frigoríficos que tienen los antecedentes para exportar, lo que dejaría afuera a las plantas nuevas y grupos de productores que este año (desde que arrancó el cepo) no pudieron exportar o vendieron muy poco. Pero no sabemos nada hasta que esté la normativa”.

Veremos. Hay que seguir esperando la letra chica.

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En abril comenzamos por los permisos: el gobierno creó las DJEC (declaraciones juradas de exportación de carne). De ahí en más no saldría ni un solo gramo de carne si no atravesaba ese papeleo, con el que tanto el Ministerio de Agricultura como la Secretaría de Comercio Interior pueden trabar de facto cualquier embarque de carne que ponga en peligro el abastecimiento interno del alimento.

En mayo el presidente Alberto Fernández cerró todas las exportaciones, pero de inmediato ordenó a su ministro preferido, Matías Kulfas, que diseñara un sistema de cupos. Así nació el sistema que concentró el negocio en menos manos, pues se repartieron entre 60 frigoríficos cuotas de exportación equivalentes al 50% del promedio de las toneladas exportadas en el segundo semestre de 2020. De un  plumazo, afuera quedaron los “exportadores sin planta”, grupos de matarifes que habían comenzado a tallar fuerte en el negocio sobre todo de las exportación de carne a China.

La fajina de Kulfas, en acuerdo con los grandes frigoríficos del Consorcio ABC, fue efectiva, pues como ya informó Bichos de Campo, las 19.000 toneladas mensuales de carne por mes que se podían exportar mediante esos cupos se repartieron sobre todo entre los frigoríficos exportadores tradicionales, algunos de ellos extranjeros.

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No se sabe si fue por idiotas o fue a propósito. Nunca se sabrá. Pero tras ese reparto quedaron muchos heridos: hubo plantas cuyo promedio no alcanzaba para llenar un contenedor y otras que habían realizados fuertes inversiones para poder exportar, pero que no recibieron cuota porque sencillamente en 2020 no habían comenzado a hacerlo ya que obtuvieron después de esa fecha su habilitación sanitaria.

Luego siguieron más prohibiciones, a exportar por ejemplo siete cortes de consumo popular (como el asado y el vacío) cualquiera sea su origen. Pero también se habilitaron nuevos cupos: uno nuevo de 3.500 toneladas mensuales de cortes kosher para Israel y otro cupo mensual para la carne de la vaca vieja o conserva que iba a China, que se acumulaba en las cámaras sencillamente porque ese tipo de carne no se consumía localmente. Este último fue luego de la derrota de las PASO, cuando la crisis en el gobierno forzó la designación como nuevo ministro de Agricultura de Julián Domínguez.

Cualquiera pensaría que ya es suficiente: hay DJEC, prohibición de cortes, tres tipos de cupos diferentes… Pero no. Hacía falta todavía más.

Eb los últimos días, en medio de un llamativo silencio, el Ministerio de Agricultura acaba de crear un nuevo cupo de exportación, que podríamos llamar la “cuota justiciera” o “reparadora”.

Esta medida fue revelada por el presidente de la Federación de la Industria Regional Frigorífica (FIFRA), Daniel Urcía, quien había hecho mucha fuerza para que esto sucediera. En la última editorial que escribió para el boletín de su entidad, Urcía informó que “el Ministerio de Agricultura y Ganadera de la Nación corrigió hace pocos días una grave injusticia denunciada por FIFRA desde el comienzo de la restricciones a las exportaciones (20/05/2021) y se le asignó ‘cupo’ a las empresas frigoríficas que habían realizado inversiones pero que no tenían antecedentes de exportación en el segundo semestre del año 2020”.

“Pasaron 6 meses, pero el ministro Domínguez cumplió lo que se había comprometido a la semana de asumir”, celebró Urcía. Cómo no alegrarse si era una discriminación evidente cometida por el propio Estado en el reparto de los cupos de exportación que también había denunciado Bichos de Campo.

Las nuevas cuotas de exportación “justicieras” reparan la injusticia que había cometido la distribución inicial de cupos ideada por Kulfas -y avalada, hay que decirlo, por el silencio del ex ministro de Agricultura Luis Basterra- para con las plantas frigoríficas que no llegaban a llenar un contenedor o que se estaba preparando para comenzar a exportar en 2021, tras realizar inversiones.

Entre los socios de FIFRA que recibieron este nuevo cupo figuran los frigoríficos cordobeses Moldes y el grupo Bustos Beltrán, que tendrán 100 toneladas asignadas para poder exportar. Otro tanto le habría correspondido al frigorífico rionegrino Fridevi. Y al bonaerense King Beef. Algo semejante ocurriría con las plantas que habían recibido un cupo insignificante que ni siquiera les servía para llenar un contenedor de 20 toneladas por mes. En esa situación estaban Frigorífico Rydhans, Visom, Ricardo Bovay e Hijos, Industrias Frigoríficas Sur, Pilotti SA, Jorge Luis Tolosa y Matadero Olivera.

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Estas cuotas justicieras habrían sido habilitadas por Domínguez en los últimos días al amparo del Decreto 700/2021, firmado por Alberto. Allí se dieron ciertas potestades el ministro de Agricultura. Domínguez, quien quedó habilitado a “dictar las normas necesarias para la definición de la metodología por la que se establecerá la asignación de las toneladas exportables” así como “para establecer excepciones”.

No podemos, lamentablemente, informar todavía con precisión cuáles son las empresas beneficiarias con estos cupos correctivos y mucho menos dar detalle de los tonelajes asignados a cada una. Y es que las respectivas resoluciones no fueron publicadas todavía en el Boletín Oficial ni se ha dado a conocer información. Puede presumirse que Domínguez -que suele ser cultor de un alto perfil- prefirió no hacer olas con esta mayor flexibilización del cepo cárnico en medio de la pulseada que sostiene con otros funcionarios de gobierno, como Roberto Feletti, en medio de una escalada de los precios internos de la carne.

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Además debe tenerse en cuenta que esto se dio en un contexto de suba de los valores internacionales de la carne. “La Argentina decidió bajarse del tren en un mercado altamente demandante, sobre todo de parte de China, que sigue teniendo problemas de abastecimiento y que encima dejó de comprarle a Brasil por los casos atípicos de vaca loca”, explicó Santángelo, socio de la consultora Agroideas, durante una charla organizada por la Federación de frigoríficos regionales Fifra.

A partir de 2018, las vacas que se descartan de los campos de cría (porque se considera que ya no pueden quedar preñadas), encontraron un gran cliente en China. Según el analista ganadero, el ingreso que perciben los criadores por su venta significa entre 20 y 40% de sus ingresos totales.

Si bien en las últimas semanas los precios de las vacas se fueron recuperando desde la intervención del gobierno, desde mayo pasado aumentaron entre 9% y 12% cuando la inflación acumulada en estos meses fue de 17%. Los valores de venta de esa categoría de hacienda también perdieron contra la inflación acumulada en los últimos 12 meses.

“Por esas bajas y en función de las vacas vendidas el criador perdió ingresos por 2.700 millones de pesos entre mayo y agosto”, aseguró Santángelo.

Por la intervención oficial en el mercado a través de la implementación de cupos, también hubo pérdidas de ingresos en exportaciones. “Las ventas al extranjero venían creciendo en torno al 20% en el primer cuatrimestre del año para luego frenarse y caer 7% entre abril y junio, y hasta 30% en el acumulado de julio a septiembre”, puntualizó el analista.

Santángelo señaló que por esa baja en las ventas a los mercados internacionales “la facturación se cayó en 425 millones de dólares, suponiendo que desde mayo a esta parte se hubieran podido despachar los mismos volúmenes que en 2020”. En realidad, si nadie interrumpía este comercio, los flujos podrían haber sido superiores en función de la tendencia que se registraba en el inicio del año.

El referente de Agroideas destacó que además esa pérdida se dio en un contexto de suba de los precios internacionales, ya que el valor promedio de la carne exportada en enero era de 4.127 dólares por toneladas y en septiembre llegó a 5.700 dólares. El incremento entre puntas fue del 38% y las pérdidas afectaron a toda la cadena ganadera, ya que el menor ingreso de divisas impacta en todos los eslabones.

Para redondear, el especialista indicó que la intervención que tanto le costó al sector privado finalmente no hizo bajar el precio de la carne al mostrador, tal como pretendía el Gobierno. A lo sumo logró impedir nuevas subas.

En su charla, Santángelo se refirió a las perspectivas de precios para la hacienda con destino a la faena. En tal sentido destacó que por la caída en los niveles de encierre en los feedlots y la recría a la que apuestan algunos productores (para sumar kilos a bajo costo9, la oferta disminuiría pronto y de forma marcada, lo que sería un factor alcista.

Pero como contrapeso remarcó la pérdida de poder adquisitivo del consumidor argentino. Dijo que en ese contexto y a su criterio, las mejoras no serían superiores al 25%.

Finalmente destacó que la gran pregunta es qué va a hacer el gobierno si se dan un salto importante en los valores del ganado y de la carne. Esa es la gran incógnita a develar.

En tal sentido, el titular de Fifra, Daniel Urcía, destacó que la cadena ganadera “requiere de certidumbres para poder desarrollarse, de medidas claras que apuntalen a la producción y a las inversiones tanto en el eslabón de la industria como en el de la producción”-

Además, destacó que los frigoríficos tienen una larga lista de temas pendientes de solución, que deben ser tratados con las autoridades. Por caso citó las cuestiones impositivas que distorsionan el funcionamiento y las finanzas de las empresas.

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En estos días hubo varias reuniones de técnicos de las cuatro entidades que conforman la Comisión de Enlace con Domínguez, lo que se interpreta como un posible avance hacia anuncios concretos al respecto durante la semana que viene.

En tal sentido Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra), indicó a Bichos de Campo que desde el Ministerio de Agricultura solicitaron formalmente el listado de empresas con habilitación para exportar que quedaron fuera del cupo implementado a fines de junio pasado

Sucede que al diseñar el cupo de exportaciones del 50%, los funcionarios encargados de esa tarea tomaron como referencia lo vendido en el segundo semestre del 2020, por lo que algunos frigoríficos que venían por entonces hacienda inversiones para comenzar a despachar un mayor volumen de carne, se quedaron con los “fierros” parados y sin posibilidades de amortizar las erogaciones realizadas.

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“Hicimos la solicitud al ministro Domínguez y en cuatro días tuvimos la respuesta. Si hay un pedido de esas características, entendemos que hay intenciones al menos de resolver el problema”, comentó Urcía.

“Hay empresas que tienen un solo destino, que es China, a las que el cupo y la prohibición de exportar ciertos cortes les pegó más que otras y están además las que se quedaron afuera por no tener antecedes exportadores”, añadió el representante de la industria cárnica, quien hoy viernes entregó el listado solicitado al Ministerio de Agricultura.

El referente industrial, si bien está un poco más optimista, cree que, más allá de lo que se anuncie la semana que viene, el comercio exterior de carne vacuna seguirá siendo regulado por funcionarios del gobierno nacional.

Urcía destacó que es necesario resolver el problema de los cortes de vaca prohibidos para exportar que no tienen aceptación en el mercado interno, lo que hace que los frigoríficos acumulen carne en cámaras con el consecuente incremento de costos y una creciente incertidumbre respecto de cómo y cuándo se podrán vender.

De todos modos, reconoció que el incremento de las exportaciones de agosto –que aumentaron 25% respecto de julio– y la notable mejora en el precio de la carne que pagan tanto China como Europa por la cuota Hilton, contribuyen a mejorar la situación de las empresas afectadas por el cepo exportador.

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“Mientras el Gobierno centra su preocupación en el precio de la carne, a las industrias frigoríficos les preocupan una lista larga de tema que se requieren resolver para hacer más eficiente y competitivo al sector y que ayudarán a combatir la evasión. Son cuestiones que desde hace tiempo forman parte de una agenda desatendida por las autoridades”, indicó Urcía en un informe de su entidad.

Por cierto, la gestión de Luis Basterra en Agricultura y Matías Kulfas en Producción concentró sus esfuerzos en el control de los precios internos de la carne reduciendo a la mitad las exportaciones, pero en estos dos primeros años de gobierno de Alberto Fernández abandonó muchos otros frentes abiertos que el sector, a través de la Mesa de las Carnes, venía trabajando con el Estado Nacional, especialmente en tiempos de Cambiemos. 

El titulare de FIFRA, que agrupa a empresas de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos especialmente dijo que ya no quedan fundamentos sólidos como para justificar la política de cierre de las exportaciones. “Los argumentos que motivaron tal decisión se desvanecen por su propia realidad”, indicó.

“Los datos de faena nos demuestran que el mercado local está muy bien abastecido en cantidad y los precios están estables. Después de la segunda quincena de junio (cuando se dio el último aumento importante) no hubo incrementos aunque el país continúa con un ritmo de inflación del orden del 3% mensual por lo que, seguramente, en algún momento se hará necesaria una recomposición de los precios”, explicó el directivo industrial.

Para Urcía, hay que sacar solamente la lupa del tema de los precios de la carne y retomar una agenda “que también afecta o impacta en los costos y por ende en los precios”. Los temas pendientes, según esta Federación, son los siguientes: 

• Que la alícuota del IVA sea pareja de 10,5% para toda la cadena. “Esta cuestión se discutió en el ámbito del Consejo Agroindustrial Argentino y con funcionarios del Poder Ejecutivo con quienes se acordó dar solución al servicio de faena y a los insumos de los engordes a corral unificando la alícuota en el 10,5%”.

• Dar marcha atrás, como ya habían pedido los mataderos, en el troceo o cuarteo obligatorio de las medias reses, que debería empezar a regir en enero próximo. “La salud de los trabajadores bien puede ser cuidada por el uso de medios mecánicos, como se hace habitualmente en muchos lugares”, opinó Fifra, que recordó que “hay más de 200 mataderos en el país que no cuentan con instalaciones adecuadas para hacer el troceo y de los restantes muchos no poseen capacidad de frio suficiente para almacenar su producción”.

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• Implementar un régimen impositivo más sencillo para las carnicerías, de modo que se sumen a una formalización masiva de su actividad y acepten facturar por la carne. La mayoría de los carniceros son monotributistas, pero facturan más de lo que deben y deberían figurar como Responsables Inscriptos. Por eso eligen la informalidad. FIFRA considera que mientras no se resuelva estos seguirá habiendo un alto índice de evasión en el sector.

• Urcía también pidió un acuerdo de Nación con las provincias para un régimen de alícuotas de Ingresos Brutos para carnes unificado. Sugirió una alícuota única del 1% en el comercio minorista y de 0,5% para industrias y matarifes abastecedores.

• Dijo que también se requiere de un acuerdo con las provincias para establecer un régimen de habilitación sanitaria unificada en el tipo A de la ley Federal Sanitaria de Carnes (Decreto Reglamentario 4238/68), eliminando luego de un plazo de 2 años los tipos B y C y dejando únicamente excepciones para zonas sin acceso de caminos transitables, únicamente zonas remotas e inhóspitas, por razones de salud humana y bienestar animal las instalaciones precarias deben ser cerradas definitivamente.

• Se necesita realizar una reforma de la Ley de Marcas y señales incorporando los dispositivos electrónicos como alternativa.

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• Recordó que el acceso de los feedlots a los créditos a tasa subsidiada en el Banco Nación para la compra de maíz para hacienda en engordes a corral “se ve severamente limitado por una normativa del Banco Central respecto de la tenencia de soja y trigo”. Esa norma, que obliga a no tener stocks en poder del rpoductor, “también deja fuera a los Matarifes y Frigoríficos que requieren inscripción como comprador de grano para consumo propio en RUCA”.

• Fifra insistió con un viejo reclamo: La eliminación de retenciones a la exportación de cuero crudo salado. “El año pasado temporalmente se logró que se quitaran las retenciones a la exportación de cueros crudos salados lo que generó que muchos frigoríficos hicieran contactos y exportaciones concretas. Lamentablemente la dispensa se discontinuó volviendo al régimen anterior que hace que sea económicamente inviable la actividad por la distorsión que generan la retención y la referencia a precios del extranjero”, explicó la entidad.

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• Obviamente, Urcía solicitó que se levante las restricciones a las exportaciones. O que al menos se corrijan las inequidades entre frigoríficos que generó esa medida.

“En definitiva, urge la necesidad de retomar la agenda de temas pendientes y dar respuestas concretas a las demandas del sector. La resolución de estos hará más competitiva y eficiente a una actividad vital para la economía argentina y mejorará la composición de precios que tanto preocupa a las autoridades”.

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Dos cámaras de la industria frigorífica, Fifra y Unica, presentaron un pedido de audiencia al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y al de Agricultura, Luis Basterra. Consideran que con la prórroga “no se da solución, entre otras cuestiones, a la situación de las plantas con muy pocos antecedentes o nulos de exportación en el periodo base (segundo semestre 2020), como también la situación de las plantas que tienen como único destino China”.

En las cartas enviadas a los ministros los industriales explicaron que “ambas entidades representamos empresas frigoríficas Pymes de capitales totalmente nacionales, las cuales desde el Decreto 408/2001 han sufrido las consecuencias más perjudiciales de la medida”.

Sucede que el decreto 408 del 23 de mayo determina que el cupo de exportaciones será del 50% del promedio mensual de exportaciones del segundo semestre de 2020, con el agravante de que además hay un listado de siete cortes prohibidos, lo que complica la integración de la media res. Esto es, que algunos cortes tengan un destino y otros cortes vayan a otros mercados.

Además se dejó fuera de ese cupo a las cuotas 481, la Cuota Hilton, la de 20 mil toneladas para Estados Unidos, la de Colombia y más recientemente se estableció un cupo especial de 3.500 toneladas de cortes kosher por mes a Israel.

Esta metodología, dicen desde Fifra y Unica, beneficia sobre todo a las grandes empresas del sector, mayormente nucleadas en el Consorcio ABC, que es la organización que llevó adelante las negociaciones con el gobierno, en especial con el ministro Kulfas, mientras que se perjudicaba a empresas de menor tamaño, con menos mercados abiertos y que en los últimos habían apostado con inversiones al acceso a nuevos mercados.

“Fifra y Unica consideramos que la situación, más allá de ser nociva y perjudicial para toda la industria, perjudica notoriamente a los pequeños frigoríficos regionales y de capitales nacionales que hicieron inversiones y no cuentan con los antecedentes de exportación necesarios, y a las empresas que solo tienen como destino China que están limitadas al 50%”, argumentó la nota a los ministros.

Daniel Urcía, el titular de Fifra, dijo que “la medida tal como la tomó el gobierno indudablemente beneficia a las grandes empresas. Los más grandes tienen más espaldas para sortear estos obstáculos y a los pequeños o medianos frigoríficos que vienen al día con los bancos y pusieron sus fichas en el desarrollo del negocio de la exportación pueden incluso llevarlos a la quiebra”.

En definitiva, para los frigoríficos representados por estas cámaras el cepo podría ser mayor al 50% debido a que tienen cortes prohibidos y se les vuelve menos viable el negocio, mientras que otros más grandes lograron un cepo de prácticamente el 65% gracias a la suma de las cuotas que quedaron fuera de la excepción.

Urcía agregó: “Toda la cadena ya explicó que la restricción es una política nefasta, pero la carne más cara la tuvimos en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández. Hoy es la más barata de la región. El problema está en el poder adquisitivo de la población, que es responsabilidad de la gestión de gobierno”.

Con respecto a la evolución del precio de la carne, e directuivo industrial afirmó que a futuro lo ve subiendo porque las medidas desalientan las inversiones a nivel de la producción. Así se repetiría lo que pasó en 2009, cuando se liquidó hacienda por las políticas oficiales. Luego de eso la carne subió de forma abrupta en 2010 y 2011.

Urcía, por eso, cree que el Plan Ganadero no tiene perspectivas de llegar a buen puerto: “No hay plan posible que pueda sostener la producción cuando tenemos un bien no se puede comercializar. No se puede promover lo que se prohíbe. El problema de fondo no es la carne sino la gestión de gobierno”.

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“Para que sea creíble ese plan, tenemos que partir de la base de que haya libertad de comercio y restringiendo exportaciones no es un buen comienzo para cualquier plan de estímulo que busque que el sector crezca, que haya inversiones”, aseguró Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas de Argentina, entidad que representa a las empresas de la región central del país (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos).

Urcía recordó que, en el marco de negociaciones realizadas con el Gabinete Económico del gobierno nacional, se habían consensuado diferentes políticas que jamás se implementaron. “Es el gobierno el que está demorado en eso. Hoy se paga impuesto a las Ganancias por la simple tenencia de hacienda, cuyo valor cambia por el efecto de la inflación, cuando en realidad se tienen las mismas existencias sin que se genere ganancia alguna”, explicó a Bichos de Campo.

Otras de las políticas solicitadas corresponden al IVA “para que el servicio de faena, como otros insumos y servicios, tengan una alícuota de 10,5%” y no del 21%, que termina generando saldos de IVA a favor de las empresas que luego no se recuperan”.

Por otra parte, destacó que “en la parte industrial el plan no habla nada del estatus sanitario y sí del sistema de comercialización de carne, pero si no partimos de la base de contar con un estándar sanitario único, eso no sirve”.

Escuchá la entrevista completa acá:

El titular de Fifra dijo que en muchas provincias hay multiplicidad de mataderos sin las condiciones laborales, higiénicas ni sanitarias necesarias y que esas empresas no necesitan del “desarrollo tecnológico” que menciona el plan oficial, sino “del compromiso político y ejecución” para que puedan contar con una caldera, sistema de frío y cerco perimetral.

“Cuando ves que Chaco tiene 40 mataderos y comparás eso con su población, existencias ganaderas y mirás lo que faenan, entonces es posible ver que nunca van a crecer porque no tienen escala y las condiciones seguramente son paupérrimas en lo laboral, sanitario y fiscal”, sostuvo.

Como esa base tecnológica no está disponible en muchas regiones argentinas, Urcía no cree posible que se pueda poner en marcha el cuarteo de las medias reses que el gobierno pretende implementar en 2022.

La resolución 4/2021 de los ministerios de Agricultura, Trabajo y Desarrollo Productivo establece que a partir del 1 de enero próximo la carne vacuna deberá salir de los frigoríficos en trozos de hasta 32 kilos. Menciona también la subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa pondrá a disposición de las empresas líneas de financiación para la adecuación a esa exigencia.

Pero nada de todo eso sucedió hasta el momento y quedan apenas unos pocos meses para la entrada en vigencia del sistema, en el medio dos elecciones, que suelen ser prioridad en la agenda política.

“La línea de crédito para la adecuación no está disponible y si no tengo las condiciones de infraestructura no puedo hacer el cuarteo. Estamos hablando de que hay mataderos que operan sin caldera y sin frío, es decir, no hay condiciones para hacer el cuarteo”, afirmó.

“Todos los camiones están preparados para transportar medias reses, también hay que readecuar eso; si no nos ponemos a trabajar, el 1 de enero no van a estar las condiciones para hacerlo y vamos a empezar con las prórrogas o generando más asimetrías entre los que cumplen y los que no, y eso es lo que queremos evitar; se tiene que hacer esto de manera equitativa, que no genere tampoco competencia desleal”, agregó.

También se refirió al cierre de exportaciones de carne vacuna y a las perspectivas del mercado ganadero. “El cepo a la exportación generó una desestimulo tremendo y hay muy poco interés por la actividad; si bien se sostienen los valores de la invernada para reposición de planteles existentes, no hay inversores externos ni más gente que quiera apostar a la ganadería”.

Con respecto al mercado ganadero, Urcía dijo que al menos por los próximos meses no espera cambios en las cotizaciones de la hacienda. “Veo un mercado local estabilizado en consumo y demanda, por lo que no visualizo a futuro movimientos de precios en categorías del consumo, sino que estarán estabilizadas y en tal caso movilizadas por la inflación que el Estado busca atribuir a otros sin hacerse cargo que es su responsabilidad”.

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Bichos de Campo habló con algunos de los referentes de la cadena cárnica para conocer de primera mano alguna mirada adicional a la postura unificada presentada al gobierno, el cual, antes de fines de agosto deberá decidir si continuará aplicando el “cepo cárnico” de acá a fin de año o si levantará la medida que es lo que desea toda la cadena.

Alberto Fantini, secretario general de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne, expresó que, aunque él se siente parte del Frente de Todos y está alineado con el gobierno de Alberto Fernández, reconoció que “medidas como éstas sólo nos llevan a perder fuentes de trabajo. El gobierno tiene que recapacitar y entender que esto no nos sirve. Debemos negociar juntos en una salida: empresarios, trabajadores y consignatarios”.

Muchos trabajadores cárnicos, luego de la medida aplicada por el gobierno, comenzaron a trabajar en el régimen de garantía horaria, lo que implica que están cobrando 30% a 40% menos que lo correspondiente, algo que, en un contexto inflacionario, implica un problema grave para las familias que viven de ese ingreso.

Juan Santillán, de la consignataria Lanusse-Santillán y Cia. S. A., y titular de la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, dijo que “sacando los intereses particulares de cada una de las entidades, perdió el país en su conjunto porque tuvimos menores ingresos de divisas”.

No es fácil que el ciudadano promedio entienda la importancia de tal concepto, pero es clave, porque una nación sin acceso al crédito internacional y con un “cepo cambiario” y una crisis económica que impide el ingreso de inversiones externas, sólo puede abastecerse de divisas por medio de las exportaciones. Y una restricción, en ese sentido, tiene muchas consecuencias negativas, una de las cuales es, precisamente, quitar “poder de fuego” al Banco Central (BCRA) para contener las presiones cambiarias y, por extensión, inflacionarias.

Daniel Urcía, presidente en Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), indicó que “la reunión fue muy importante porque mostró a toda la cadena de ganados y carnes representada en una posición uniforme”.

“La medida del gobierno es inadecuada y requiere una revisión. A su vez, la apertura reciente de un cupo de carne kosher a Israel es insuficiente y no se contempló el caso de plantas sin antecedentes ni los cortes excluidos que tienen como único destino a China”.

El hecho de impedir las exportaciones de carne congelada a China, que se elaboraba fundamentalmente con la categoría de vaca conserva, generó un problema enorme no sólo a frigoríficos dedicados a abastecer ese mercado, sino a decenas de miles de criadores y tamberos que, gracias a la demanda asiática, pasaron a tener un ingreso muy interesante con la venta de esa categoría, además de promover renovaciones más intensivas de los planteos para hacerlos más eficientes, lo que representaba un círculo virtuoso que funcionaba como un auténtico “plan ganadero”.

En tanto, Fernando Herrera, director de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (Apea), manifestó que “faltando tan solo catorce días para que venza el plazo sobre los cupos exportables que impuso el gobierno, nos juntamos para mandar un mensaje claro no sólo al gobierno para que revea esta medida, sino también a toda la sociedad, porque acá, como dijimos en el comunicado que enviamos, perdimos todos”.

Los precios de algunos cortes vacunos populares cayeron un poco, pero la inflación presente en el resto de los alimentos, productos y servicios de la economía es tan elevada que el consumo interno sigue planchadísimo en términos históricos. Lo que implica que, tanto daño –presente y futuro, porque el cambio de expectativas está promoviendo un proceso de desinversión en ganadería– no justifica la implementación del “cepo cárnico”, a menos, claro, que el mismo haya sido instrumentado con un propósito político orientado a generar una ampliación de la “grieta social.

“Perdimos todos”: La proclama de toda la cadena cárnica para pedirle a Alberto Fernández que levante el cepo exportador

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Tal como anticipó Bichos de Campo, la denuncia la hizo primero el sindicalista Alberto Fantini en la reunión que tuvieron los actores de la cadena cárnica con el ministrio Matías Kulfas y el titular de la ex ONCCA, Luciano Zarich, el viernes por la tarde. La situación irregular fue ratificada ahora por Daniel Urcía, el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales de la Argentina (FIFRA), que representa plantas de faena de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

“El decreto 408 ocasiona una serie de gastos, porque va a haber que desarmar contenedores debido a la exclusión que se hizo de algunos cortes que tenían permisos aprobados anteriores al cese (de exportaciones) y que ahora hay que bajarlos del contenedor”, señaló el directivo industrial.

Luego relató que el gobierno se mostró intransigente “más allá de que explicamos que esos cortes de asado de vaca vacío o matambre que se pretende para cacerola son de vaca tipo conserva, que se produce para China y que no es apta para la cocina argentina. (Los siete cortes) quedaron excluidos no solo parar futuros embarques, la medida es retroactiva”, enfatizó Urcía.

Escuchá el reportaje con el presidente de FIFRA:

Urcía explico con claridad que, a partir de esta decisión oficial, hay contenedores de carne en los puertos o en depósitos fiscales a los que ahora hay que “bajarlos y desarmarlos” porque contienen cortes que ahora está prohibido exportar. Esos siete cortes son asado, tapa de asado, vacío, matambre, cuadrada, falda y paleta. Pero también se prohibió enviar al extranjero medias reses o cuartos con hueso.

“Anoche tuvimos una reunión con funcionarios del ministerio de Desarrollo Productivo y nos dijeron que la decisión del gobierno no hay posibilidad de revisarla”, lamentó Urcía.

El titular de FIFRA dijo que esta actitud intransigente produce daños económicos, incrementa los costos e imposibilita a las empresas aportar cortes a precios subsidiados al mercado interno. “Todo el valor agregado de producir ese contenedor que ahora hay que desarmar es tirado a la basura, es costo para la empresa, para el titular de la carne, es algo absolutamente improductivo. Pero lo planteamos y nos encontramos con un frontón”, agrego el dirigente empresario.

Luego indicó que genera una fuerte preocupación que las políticas oficiales terminan atacando a los sectores que generan riqueza y trabajo. “Esta es una cadena donde se genera valor agregado y trabajo que evita el éxodo a las ciudades. Somos reconocidos en el mundo por nuestra producción y teniendo la posibilidad de crecer y agregar valor, esto es como pegarse un tiro en el pie, da mucha bronca y provoca desanimo en los actores que deben seguir tirando de la actividad”.

En cuanto al volumen de carne que debería ser revisada y desarmada, el gremialista Fanitini dijo en la reunión que sumarían unas 7 mil toneladas, pero el cálculo de Urcía es muy superior: “Se habla de entre 15 y 20 mil toneladas que están en ese contexto, veremos…”

“Pero por la respuesta de anoche no hay solución, cada empresa decidirá qué hacer. Algunas ya dijeron que entre 3 o 4 semanas hay que parar porque seguir produciendo sin poder salir (a los mercados internacionales) genera un cuello de botella. Por eso Fantini manifestó su preocupación. Acá no hay intenciones de ningún empresario de afectar al trabajador, pero el Estado te empuja a reconfigurar tu estructura en función de lo que te dejan hacer”, explicó el industrial.

La respuesta que dieron los políticos a la situación de los trabajadores es más de los mismo: subsidios: “Los funcionarios dijeron que le van a encontrar una salida al trabajador, será algún subsidio, lo que implica precarizar el trabajo. Tenés una actividad que puede pagar genuinamente a sus trabajadores y la alternativa es esa. La verdad que salí muy preocupado porque uno no pierde la esperanza de construir un país mejor”, manifestó el dirigente empresario.

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A Urcía le consultamos también por el Plan Ganadero que el gobierno pretende tener definido en un plazo de menos de 30 días. Pero también se mostró escéptico. “Discutir un plan ganadero con restricciones (a las exportaciones) es empezar marcha atrás. De todos modos vamos a aportar y a plantear consideraciones como la generación de estímulos y fomento a la ganadería de mediano, largo plazo y también de corto plazo, porque si hoy no mejorás el nivel de encierre de los corrales no va a haber hacienda para la faena a fin de año. El engorde está en reconfiguración, se necesitan créditos blandos para la compra de animales o alimento. Es la única forma de lograr que los corrales se llenen”.

Luego agrego que además “planteamos mejorar las condiciones impositivas de faena sobre la tenencia de animales, la reducción de IVA al servicio de faena, el régimen simplificado para el carnicero”.

“Son temas que desde hace años venimos sosteniendo y que se los hemos presentado. Ahora vamos a insistir y esperemos tener cabida y que sea todo inmediato, porque si la constitución de esta comisión es para pasar los 30 días y no hacer nada, serán solo más dilaciones”.

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