Recordemos: en un primer tramo de este proceso devaluatorio, el dólar primero subió de 18 a 26 pesos. Entonces, frente al déficit fiscal eterno y en el marco del acuerdo con el FMI, hubo un conjunto de funcionarios y analistas que hizo fuerza para detener el cronograma de reducción de los derechos a la exportación de la soja.

Ver Al final tocarán las retenciones a la soja, pero apuntando a la industria aceitera y tratando de resguardar al productor

Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda y el encargado de hacer el ajuste, se puso a la cabeza de quienes impulsaban esa alternativa, que era resistida por Mauricio Macri, quien muchas veces manifestó su desacuerdo con la filosofía de las retenciones (“Ningún país serio castiga a quienes exportan”, solía repetía) y se negaba a alterar sus promesas de campaña a los productores. 

Fue en el medio de esta puja que Etchevehere y su equipo encontraron una fórmula que dejó más o menos conformes a todos en el gobierno, pues finalmente se eliminó el diferencial histórico de 3 puntos de retenciones que castigaba las exportaciones del poroto de soja y “premiaba” las ventas de los derivados de la molienda. Fue una solución política, porque esa medida era pedida por un sector de la dirigencia rural (que consideraba que la industria aceitera era subsidiada por los productores) y a la vez porque permitía a Dujovne recaudar algunos pesos más sin alterar las promesas de Macri, su jefe.

Esa decisión se anunció -junto a la reducción de los reintegros y la eliminación del fondo sojero- hace apenas diez días. Pero ya quedó vieja, porque en un segundo tramo de esta devaluación, el dolar pasó a valer 31, 32 y hasta 40 pesos en algún momento de esta alocada semana.  Los precios de la soja rápidamente superaron los 8.000 pesos por tonelada, reflejando la mejora del tipo de cambio. Todos volvieron a mirar para ese lado. 

Ver Es palabra de Macri: No se altera la rebaja de retenciones a la soja

Las devaluaciones funcionan así: encarecen el precio local de los bienes exportables que cotizan en dólares, y eso permite a los productores licuar parte de sus costos, en especial los de insumos de producción nacional y los salariales. Pero los costos de insumos o servicios que cotizan en dólares también se elevan de inmediato. Y en la agricultura hay mucho de eso. Por eso hay que analizar cada actividad agropecuaria con un prisma particular. Hay algunas  que sienten un impacto favorable. Pero otras pierden, porque tienen costos en dólares pero venden su producto final en pesos. La lechería es el ejemplo más frecuente. 

Como sea, lo que hemos estado viviendo en la Argentina en los últimos dos meses es un proceso de fuga de grandes capitales (que salen de posiciones en bonos o papeles de deuda para refugiarse en el dólar, que sacan sin escollos del país) financiado por los propios argentinos, a costa de un mayor endeudamiento (muchas de las reservas vendidas por el Banco Central corresponden a préstamos externos, en especial los del FMI) y un severo empobrecimiento, por el impacto de la propia devaluación sobre los salarios en pesos.

Enfrente puede haber sectores productivos que se beneficien con la mejoría del tipo de cambio, pero son los menos en el amplio mosaico productivo que ofrece la Argentina. Es cierto que los precios de los granos como la soja sienten el impacto de inmediato. De todos modos, recién los productores están por comenzar a sembrar la soja d ela campaña 2018/19. Es decir que de entrada enfrentarán una suba de los costos, antes de ver las mieles de este proceso económico con la cosecha de mediados del año que viene. 

Como sea, ya hay un coro de economistas, políticos y analistas que afirman que debe volver a revisarse el esquema de retenciones agrícolas. Voces amigas del campo lo piden, como la del economista Carlos Melconian, a quien Macri escucha con atención. Voces “enemigas” también lo piden, como la del ex titular de la UIA, José Ignacio de Mendiguren. La presión sobre la soja vuelve a ser visible. 

Ver Manual para entender por qué en el Gobierno no se ponen de acuerdo sobre las retenciones

Etchevehere y su equipo íntimo solo pudieron disfrutar de su pequeño éxito contando los días con el dedo de una mano. 

En agosto, las retenciones a la soja bajaron 0,50% -según el cronograma de baja implementado por el gobierno- y a partir del 1° de septiembre deberían ubicarse en 25,5%. Si todo siguiera igual, a fin de año las retenciones a la soja deberían bajar a 24%, deberían confluir en febrero con los 23 puntos pagados por los derivados (harina y aceite), y a partir de allí seguir descendiendo para cerrar el gobierno de Macri, en diciembre de 2019, en 18%, en todos los productos. Todo eso, si seguimos igual.

Pero ese esquema quedó de nuevo bajo revisión. La devaluación llegó de nuevo, violenta e injusta. Como dice el título de la nota, se está produciendo una nueva y masiva fuga de dólares del país, que será pagada por la gilada, pues a los argentinos de carne y hueso se le dinamitará el poder adquisitivo del salario y además quedarán más endeudados, financiando con créditos externos los caprichos del mercado. 

Y en el medio, desde la horfandad en la que nos deja este proceso, todos vuelven a mirar hacia los productores, los únicos empresarios argentinos que no pueden fugar, porque tienen los pies atados a sus campos. NO pueden llevárselos.

A los políticos que esquivan su propio ajuste poco les importará que no sea lo mismo cosechar soja en Salta que en Pergamino, o que no sea igual el resultado de un pequeño chacarero de 200 hectáreas que los balances de los grandes grupos de siembra. Poco importa que las retenciones sean filosóficamente un impuesto “retrogrado”, que se cobra a unos (los exportadores) pero terminan pagando otros (los productores).

Tampoco importa que el mundo esté en guerra comercial, que Estados Unidos vuelva a subsidiar a sus prpios productores como en os peores días de la guerra de subsidios en los años 80, o que los precios de la soja estén en los niveles más bajos de los últimos diez años, ya que se acercan peligrosamente a los 300 dólares por tonelada, muy lejos de los 600 dólares que llegaron a tocar durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Tampoco importa discutir un esquema impositivo superador, que le cobre más a quien más gana. No importan ni los productores y ni las circunstancias del negocio agrícola. Al parecer, de nuevo los argentinos nos quedaremos sin margen como para decidir las cosas con buenos fundamentos. 

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¿De qué hablamos cuando hablamos de retenciones o, como es correcto llamar a ese tributo, de derechos de exportación (DEX)?

En principio hablamos de un “impuesto distorsivo”, al decir de la inmensa mayoría de los economistas y de todos los políticos que integran la actual alianza que gobierna la Argentina.

• Distorsivo porque es una imposición que se cobra a unos (los exportadores) pero que terminan pagando otros (los productores, por vía de un descuento compulsivo en los precios).
• Distorsivo porque se aplica sobre el margen bruto de una actividad (es un % de descuento sobre un valor FOB de exportación) y no sobre sus ganancias o sobre la rentabilidad o sobre el nivel de actividad.
• Distorsivo porque castiga por igual (con un descuento semejante) al pequeño productor de 20 hectáreas y a la gran empresa agrícola que trabaja 1 millón de hectáreas. No es progresivo ni apunta a generar equidad..

El gobierno de Mauricio Macri, compartiendo esta idea de que los DEX son un impuesto distorsivo que termina dañando los tejidos productivos, comenzó eliminando todas las retenciones vigentes. Lo hizo no solamente para favorecer al agro o a las mineras, como repite el cocoliche opositor, sino a todos los sectores que exportaban, incluyendo a la industria que pagaba 5%.

Ver: “Todas las opciones están sobre la mesa”

Solo quedó la soja en la gatera, ya que era responsable del mayor aporte de DEX al fisco, unos  7.000 millones de dólares en los mejores años, y la política local no podía prescindir de ella. En ese caso, el Gobierno primero bajó las retenciones de 35% a 30%, Y de modo aletargado, en enero pasado se puso en marcha un cronograma de reducción de medio punto mensual del tributo, que comenzó en 30% en enero y debía terminar en 24% en diciembre próximo.

Digo “debía” porque ahora que la Argentina se volvió a acercar al FMI se habla con mucha fuerza de que este cronograma sería interrumpido por las autoridades económicas. Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, ahora ministro coordinador, no dice ni que sí ni que no. Siembra dudas y así altera a todos los que deben sembrar trigo ahora y soja y maíz en unos pocos meses. ¿Suben o bajan? ¿Siembro más o siembro menos?

Si la decisión oficial fuera suspender el cronograma de reducción de las retenciones a la soja, éstas quedarían en 27,5%. Es decir, de cada 100 dólares por exportaciones de soja, 27,5 dólares irán a parar a manos del Estado. Esto equivale, como bien analizó días atrás el sitio Valor Soja, a unos 175 dólares por hectárea, siempre y cuando los productores puedan obtener un rendimiento de 20 quintales luego de la seca y el posterior temporal.

Ver en Valor Soja: Los productores golpeados por el combo sequía + lluvias torrenciales que logren cosechar 20 qq/ha de soja pagan 175 u$s/ha de retenciones

La bibliografía económica que justifica este tipo de impuestos lo hace argumentando que las retenciones actúan absorbiendo “las ganancias extraordinarias” de una prodigiosa región pampeana, compensando así con las desventajas naturales que presentan las economías regionales. Puede ser un punto atendible en aquellos años en que existan realmente ganancias extraordinarias en la región pampeana, pero no es lo que sucede ahora, cuando una feroz sequía se llevó 30% de la cosecha esperada de soja y otra buena porción de la de maíz. La Bolsa de Comercio de Rosario acaba de calcular los daños en 7.500 millones de dólares, que son dos o tres veces la rentabilidad histórica (antes de impuestos) de todos los productores de esta región productiva. ¿De qué ganancia estaríamos hablando este año?

Y, además, ¿por qué hablamos tanto de retenciones? ¿Será porque los productores se quemaron demasiadas veces por leche? ¿O será porque son fáciles de recaudar y significan dinero fresco para el Estado? Pero lo cierto es que además de ser un impuesto distorsivo resulta ser de poca significación en las cuentas públicas nacionales. Tomemos el año 2017 y las cifras oficiales de la AFIP para analizar este asunto:

• Se recaudaron en total 2.578.000 millones de pesos.
• Por vía del IVA ingresaron 765.336 millones de pesos, el 30% del total.
• Los impuestos de la Seguridad Social sumaron 704.177 millones de pesos, o sea el 28%.
• El Impuesto a las Ganancias generó ingresos por 555.023 millones de pesos, lo que representó el 22%.
• El impuesto al Cheque aportó 172.800 millones de pesos, lo que significó un 6,7% del total.
• Finalmente, por los llamados impuestos aduaneros (la mayor parte provinenen de las retenciones a la soja) se recaudaron solo 66.121 millones de pesos, apenas 2,5% del total.

¿Vale la pena hacer tanto barullo por el 2,5% de la recaudación total de impuestos del Estado Nacional? ¿Solucionaría el déficit fiscal el hecho de congelar las retenciones en el actual 27,5%? ¿No sería mucho más costoso enviar una señal negativa (muy negativa) a los actores del principal sector productivo del país? Son todas preguntas y cálculos que deberían estar haciendo por estos momentos quienes no se animan a desmentir que una suba de las retenciones (o al menos un congelamiento de los DEX a la soja) figure dentro del menú de opciones que manejan para achicar el déficit.

Alguno dirá que la devaluación de la moneda engrosará sobremanera los ingresos esperados este año por retenciones, respecto de los 66 mil millones de pesos de 2017. Aunque es cierto que habrá más pesos por cada dólar que ingrese por la exportación de soja y sus derivados, el impacto de la mejora cambiaria será relativo, porque habrá mucha menor disponibilidad del grano (20 millones de toneladas menos) respecto de un año atrás, y por consiguiente lo más probable es que caigan los volúmenes de exportación.

Por el momento los productores llevan vendidas 19 millones de toneladas de soja sobre una cosecha que sería de 35 millones en la campaña 2017/18. Faltan 16 millones por vender, o 24 millones de toneladas si consideramos la soja que está sin fijar precio. Con un precio FOB cercano a los 400 dólares por tonelada, lo que queda por vender son 24 millones de toneladas valuadas en cerca de 10.000 millones de dólares.

Si el gobierno decidiera finalmente congelar las retenciones en el 27,5%, obtendría una recaudación por esa soja disponible de 2.750 millones de dólares, que al tipo de cambio actual supondrían ingresos en pesos por cerca de 65 mil millones. En cambio, educir medio punto ese tributo como se prometió sería devolver poco más de 12 millones de dólares por mes a todos los productores.

Pero esa sería poca plata por el daño que provocaría la decisión, una pésima señal a los chacareros que siguen confiando en la palabra presidencial.

Cuando ganó las elecciones para suceder a Néstor Kirchner, en octubre de 2007, Cristina Fernández iba a gobernar primero con DEX a la soja exactamente idénticos a los vigentes ahora, del 27,5%. Pero en ese momento la voracidad fiscal de aquella pareja provocó que antes del cambio de mando (en noviembre) Néstor subiera ese tributo primero a 35% y que Cristina luego intentara (en marzo de 2008) con el engendro de la Resolución 125 elevarlas a 44%.

Hay que recordar todo lo que se perdió en la Argentina desde ese momento para entender por qué le molesta al sector tanto manoseo como el se viven por estas horas.

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Chiesa abrió la jornada realizada en la Bolsa de Cereales sin el acompañamiento que esperaba y se anunció hasta último momento: el presidente Mauricio Macri faltó a la cita pues se encontraba a unas pocas cuadras de allí, en la Casa Rosada, pero firmando un convenio de competitividad con el sector nacional de biotecnología, que es mucho más “cool” y moderno que el ruralismo.

Quizás por ese faltazo, el titular de CRA no se ahorró reclamos. En relación a la reforma impositiva que impulsa el Poder Ejecutivo, Chiesa expresó que el sector espera ser escuchado y también pidió que la reforma sea integral. “Se deben tener en cuenta tanto los impuestos nacionales como los provinciales y municipales, porque la billetera del productor es siempre la misma”, advirtió.

De todos modos avaló la política oficial en al menos dos aspectos.

Uno fue el manejo discreto del tipo de cambio. “No hay que buscar la competitividad sólo en el precio del dólar, hay que buscarla en todos los valores. Un aumento del dólar también impacta en los costos dolarizados del productor”, razonó.

Dos fue las obras públicas que ahora se estarían finalmente haciendo. “Sabemos que se está trabajando bien sobre este tema, pero el productor que tiene el agua por las rodillas necesita las soluciones ya mismo. El sector agropecuario aporta, y aporta mucho, y algo le tiene que volver”, finalizó Chiesa.

Sin Macri y tampoco sin el ministro Ricardo Buryaile, de viaje en el exterior, la ocasión fue propicia para el debut en público del flamante jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria y ex economista de Coninagro, Daniel Asseff, aunque aún sin nombramiento formal. “Somos conscientes del sacrificio que están haciendo. Les pedimos que no aflojen. Estamos recorriendo un camino que es difícil pero que seguro nos llevará a la competitividad que necesitamos”, les dijo a los productores de CRA.

Luego lo previsible cuando se habla de competitividad:

El economista José Luis Espert dijo que “no hay que transar con el déficit fiscal”.

David Miazzo, de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), mostró como los precios del pan, la carne y la leche se ensanchan a cada paso de la cadena. Y razonó: “Si queremos ser el supermercado del mundo nuestros productos no pueden estar más caros en el mercado interno que los que se pagan en Dubai o París”.

Otro economista, Rodolfo Santángelo, opinó que tras las PASO el gobierno tendrá la oportunidad de relanzar su gestión y podrá “trabajar en una agenda pro-inversión, pero tiene que ir de la mano de la agenda del déficit fiscal”.

A continuación, Silvina Campos Carlés, pidió a los productores no envalentonarse con la mejora de la situación económica. “El financiamiento puede ser una mochila para la producción”, les advirtió.

Y así… todos mirando de la tranquera para afuera.

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